El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional por unanimidad la Ley del Parlamento Vasco por la que éste aprobaba una "consulta popular" fijada para el próximo veinticinco de octubre en la que se plantearían dos preguntas al electorado vasco, a saber:
"a) ¿Está Usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre? b) ¿Está Usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?". El TC ha dado la razón a la abogacía del Estado que planteaba su recurso de inconstitucionalidad argumentando en tres vías: la competencia, la sustantiva y la procedimental
El asunto estaba bien claro desde el principio. Resulta incomprensible que no haya habido nadie medianamente sensato en el País Vasco que no haya previsto que la insólita chapuza del señor Ibarretxe no tenía posibilidad alguna de prosperar. O quiza sí lo había y los rastacueros que han empujado al Gobierno vasco a darse esta castaña en el Constitucional estuvieran buscando precisamente esta situación para enarbolar la bandera del victimismo y del perpetuo agravio mesetario al pequeño pero indómito pueblo vascón. El propio señor Ibarretxe podría estar entre ellos. Lleva ya unos días agitando las aguas en previsión de un fallo negativo del TC, avisando de que piensa recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo como particular al que el Estado español ha vulnerado en sus derechos y animando a otros ciudadanos vascos para que hagan lo mismo, arropándose todos en los heroicos jirones de la Ikurriña. No es probable pero sería de desear que se hiciera la luz en las torpes entendederas de este hombre a ver si comprende que, tras hacer el ridículo en el TC todavía puede hacerlo más Estrasburgo si va a impugnar como particular una decisión jurisdiccional que anula por inconstitucional una ley que ha hecho aprobar él mismo como gobernante.
Las razones esgrimidas por la abogacía del Estado son casi de Pero Grullo, con lo que uno puede hacerse una idea de la complejidad real de las pretensiones del Lehendakari y del prácticamente nulo esfuerzo que ha tenido que hacer el TC para refutarlas. Dejo de lado la cuestión procedimental, esto es, la ley del Parlamento Vasco aprobada por un procedimiento de única lectura que también es inconstitucional pero podría ser constitucional sin que ello hiciera constitucionales los otros dos aspectos.
En cuanto al aspecto competencial el señor Ibarretxe pretendía soslayar la expresa prohibición constitucional de que las Comunidades Autónomas convoquen referéndums sin la previa y preceptiva autorización del Estado por arte de birlibirloque sosteniendo que su referéndum no era un referéndum sino una consulta popular. Hétenos aquí en mitad de la polémica medieval de los universales entre dominicos nominalistas y franciscanos realistas, como si por el hecho de cambiarle el nombre a la cosa ésta dejara de ser ella misma. Toda consulta popular que reúna ciertos requisitos es un referéndum dice el TC, y da igual cómo lo llame el lehendakari, que carece de competencia para convocarlo ni va a adquirirla porque lo llame de otro modo.
El segundo punto, sustantivo, muy bien refutado por el abogado del Estado y el TC tampoco era difícil puesto que se desprendía del propio texto de la ley, que en su preámbulo declaraba buscar un "Acuerdo de normalización política en el que se establezcan las bases de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español”. No puede haber una "nueva relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español" por la sencilla razón de que tampoco la hay vieja. Entre el País Vasco y el Estado español sólo puede haber la misma relación que entre la parte y el todo. Pero no una de igual a igual como pretende el señor Ibarretxe. Esto no quiere decir que no pueda haberla pero, para que la haya, es el pueblo español en su conjunto quien tiene que admitir que hay una "pueblo vasco" con "capacidad para decidir". En tanto esto no suceda, querer que suceda sólo puede ser un intento de imposición (que es lo que es esta ley) condenado de antemano al fracaso de una forma bastante ridícula. ¿Por que? Porque si el lehendakari quiere convocar consultas populares dignas de tal nombre tiene que convocar verdaderos referéndums, para lo que, como hemos visto, carece de competencia y, para convocar consultas, por así decirlo de "menor alcance", ya están las elecciones periódicas. Si el señor Ibarretxe quiere saber cuánta gente en el País Vasco apoya una idea u otra acerca de negociar esto o lo otro con estos o aquellos lo único que tiene que hacer es ponerlo en el programa electoral de las próximas elecciones que, después del batacazo de ayer ante el TC esperemos que sean cuanto antes.
Se comprende que luego de este segundo revés del señor Ibarrexte esté éste algo escocido pero, caramba, si pretende salirse con la suya en el marco de la legalidad vigente, ¿por qué no trata de ser un poco más sutil en lugar de querer hacerlo a toda costa como los niños y con una mezcla de fraude e imposición?
Es posible que, aprovechando lo del Pisuerga, ETA pretenda cometer algún atentado para dar por muerta la vía del lehendakari al tiempo que avisa de que el único método es el suyo, el del terror. O sea que, al final, el juguete roto del señor Ibarretxe puede acabar sirviendo para algo: para dar alas a ETA.
