En los tiempos de mi ya lejana juventud durante la guerra del Vietnam corría un dicho según el cual "la prueba de que en los Estados Unidos cualquiera puede llegar a Presidente la tenemos en su Presidente". Se quedó corto. Sería más apropiado decir, al menos hoy por hoy: "la prueba de que en los Estados Unidos cualquier imbécil puede llegar a Presidente la tenemos en su Presidente". Un imbécil malintencionado, si es que la expresión no es una redundancia. Porque hace falta ser un rato imbécil y muy malintencionado para obstinarse en ignorar las decisiones del Tribunal Supremo (TS) de los Estados Unidos (que actúa asimismo como Tribunal Constitucional) valiéndose para ello del Congreso y provocando así una confrontación entre el poder legislativo y el judicial, con una irresponsabilidad y un desprecio por la arquitectura democrática del Estado de derecho que sólo puede caracterizar a un neoconservador, la figura humana más próxima a un nazi que yo conozca.
Porque efectivamente, la sentencia del TS del martes en el caso Boumedienne vs. Bush, reconociendo a las personas secuestradas por Bush y sus sicarios en la base de Guantánamo bajo la denominación de "enemigos combatientes" el derecho a las garantías judiciales que la Constitución estadounidense otorga a toda persona bajo la autoridad de los EEUU, empezando por el habeas corpus, es el tercer fallo en este sentido. Los otros dos, de 2004 y 2006, fueron burlados por el Presidente mediante sendas leyes aprobadas en el Congreso (entonces con mayoría republicana) que despojaban de tales derechos a los secuestrados en la base cubana, en donde están sometidos a un régimen de tortura, vigilados por soldados que son verdaderos terroristas. La decisión de 2006 reafirmaba estos derechos frente a la Detainee Treatment Act de 2005, que reconocía a los detenidos sólo el derecho de apelación ante el tribunal del distrito de Columbia en condiciones muy restringidas y esta tercera sentencia anula la Military Commisions Act de 2006 que no solamente legalizaba la tortura sino que despojaba a los "enemigos combatientes" de la garantía de habeas corpus y de todo derecho a proceso judicial legal, asignándolos a unos tribunales militares especiales que se parecían mucho a 
los consejos de guerra de Franco en los primeros años de la dictadura: los inculpados no tienen derecho a abogado, no reciben información sobre las pruebas contra ellos y se les puede juzgar según sus declaraciones obtenidas bajo tortura.
Esa canallada legal que el señor Bush, el que dice que habla con Dios, firmó muy contento el 16 de octubre de 2006 es la que el TS ha anulado con su veredicto del martes. Un veredicto, por cierto, obtenido por cinco votos contra cuatro, los cuatro conservadores, tres nombrados por Mr. Bush y el cuarto, Scalia, por el señor Reagan, otra lumbrera. Estos disidentes, encabezados por el presidente del TS, John Roberts Jr., aducen que el fallo del alto tribunal debilita la seguridad de los EEUU, pone en peligro la vida de los estadounidenses, va contra una norma "generosa" (la ley que autoriza la tortura) y el TS vivirá lo suficiente para arrepentirse de ella; esto es, ha suscrito la base argumental de la presidencia sin invocar razonamiento jurídico alguno, excepto la muy problemática y manoseada sospecha de que, al anular aquella vergonzosa ley de la tortura y dar un buen bofetón al Presidente, el TS está practicando un peligroso "activismo judicial".
Frente a ellos, la mayoría razona de modo impecable por boca del juez Kennedy al sostener que la Constitución y la ley están en vigor especialmente en tiempos excepcionales, que en dichos tiempos nadie bajo custodia de las autoridades de los EEUU está desprotegido por la ley y nadie está por encima de ella, que los detenidos tienen derecho al habeas corpus ante cualquier tribunal de los Estados Unidos y, por último, que "sostener que los poderes políticos pueden activar o desactivar la Constitución según quieran, lleva a un régimen en el que serán ellos y no este Tribunal quienes decidan qué es legal y qué no"; o sea, a la dictadura. Está claro, ¿verdad?
Sin duda. Excepto para el señor Bush que vuelve a decir que acatará la sentencia pero que no la comparte y que tratará de conseguir legislación (¡por tercera vez!) para burlarla. Otra vez a intentar valerse de la Ley para justificar la arbitrariedad del poder político que, al secuestrar a la gente en limbos jurídicos, sustrayéndola al conocimiento de los tribunales, en circunstancias de secreto, está actuando como un delincuente, como un terrorista y un torturador. Por fortuna, el Congreso es hoy de mayoría del Partido Demócrata y aunque no convenga fiarse de este partido más que del Republicano, el hecho de encontrarnos en año electoral y ser la guerra del Irak impopular en los EEUU permite augurar que el señor Matorral, interlocutor de Dios, no se saldrá con la suya.
Le queda además un telediario y su índice de popularidad, el más bajo en la historia de los presidentes de los EEUU, es del 33% en lo referente a la guerra del Irak. A su vez ese 33% es muy alto. En cuanto a su capacidad de gestionar la economía la puntuación que logra es 22% y la valoración general de su mandato está en 28% a favor.
Sin duda, el peor presidente de la historia de los EEUU, un verdadero terrorista y un torturador; un amigo del señor Aznar y un enemigo del señor Rodríguez Zapatero, cosa que ha dado a éste más de un voto en las últimas elecciones.
(La primera imagen es una foto de Toots Fontaine, y la segunda de Smeerch, ambas bajo licencia de Creative Commons).
