La derecha española tiene auténtica pasión por judicializar la política. Nada se le da mejor que intentar instrumentalizar a los jueces para sus fines políticos. Antes lo hacían con los militares, pero eso hoy por hoy no parece posible. Hoy no hay rumor de sables sino frufrú de togas, eclesiásticas o del siglo.
Cuando los socialistas ganaron las elecciones en 1982, al poco tiempo suprimieron el procedimiento de control previo de constitucionalidad de las leyes, mediante el cual la derecha remitía al alto Tribunal todo proyecto legislativo que no conseguía derrotar en las Cortes y, cuando menos, lo aplazaba por una o dos temporadas. El especialista en aquellos recursos previos de inconstitucionalidad era don José María Ruiz-Gallardón, padre del actual alcalde de Madrid. La derecha tildó la reforma/supresión poco menos que de golpe de Estado premonitorio de la dictadura socialista que nos aguardaba. Pero cuando gobernó ella durante ocho años no se le ocurrió reponer la institución de que tanto había abusado en su día.
Por supuesto el resultado de este clima es la politización de la justicia. El señor Aznar es célebre por labrar su carrera política valiéndose de los tribunales. Fue presidente de la Junta de Castilla y León tras embarrancar al contrincante señor Madrid en un proceso judicial en el que por último fue absuelto, igual que ganó las elecciones generales de 1996 tras abrirle al señor González varias vías de agua en forma de procesos judiciales por corrupción y crímenes de Estado.
La actual recusación de la derecha de los tres magistrados considerados "progresistas", los señores Sala, Aragón y Pérez Tremps, es maliciosa e inválida por ser abusiva. La prueba no es que la que aporta para fundamentar la recusación (tres crónicas periodísticas) sea más débil que la que aporta la Abogacía del Estado para fundamentar una recusación anterior, un documento firmado por los dos magistrados recusados. La prueba reside en el intento de bloquear la acción posible del Tribunal, pidiendo que éste considere ambas recusaciones de modo simultáneo.
La judicialización de la política ha llevado al PP a una evidente politización de la justicia por la que resultan perjudicados todos los españoles todos. Ante esto decir que el PP juega irresponsablemente con las instituciones no es especialmente perspicaz. Que juega con las instituiones a la vista está. Pero ¿por qué "irresponsablemente"? Me da la impresión de que la estrategia de desprestigio de las instituciones es deliberada para conseguir una crisis de régimen. Es el efecto del juego del siempregana de la derecha, que vive tan ricamente en democracia y en dictadura mientras que eso no sucede con la izquierda.
