Parece que sale adelante la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) con apoyo parlamentario unánime o casi unánime. Esta ley, en realidad, viene a ser una modificación, revisión, actualización, corrección y ampliación de otras anteriores, singularmente la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Correo Electrónico de once de julio de 2002. Esto de legislar sobre las nuevas tecnologías es complicado porque es muy difícil predecir qué consecuencias pueda tener una norma sobre todo cuando incide sobre una realidad práctica/tecnica que se desconoce. Y con la LISI no andamos mucho mejor. Por ejemplo, aunque parezca una tontería, lo primero que llama la atención del texto del anteproyecto es que se escriba internet con mayúscula, como si fuera el monte Everest, el museo de El Prado o el presidente Hugo Chávez. Internet es un sustantivo común, una realidad relacional como los flujos turísticos o el proceso respiratorio. A nadie se le ocurre escribir respiración con mayúscula.
Esta falta de familiaridad del legislador con el mundo sobre el que legisla le hace llegar a redacciones sorprendentes por ejemplo cuando en la exposición de motivos se prevé taxativamente que: "...se responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento...". Ya la expresión "motor de búsqueda" es sorprendente en un texto jurídico; pero "link" es algo insólito. No estoy muy seguro de que el legislador sepa qué es un "link" o quizá soy yo quien no lo sabe.
En todo caso el proyecto trae un propósito benéfico que a mi juicio es irrealizable: garantizar cobertura universal en banda ancha antes del treinta y uno de diciembre de este año. Teniendo en cuenta las fechas en que estamos, lo que tarde la ley en entrar en vigor y lo que tarde en ser realmente eficaz, ese plazo es ilusorio.
Todo en la norma respira benevolencia y deseos de que España saque el máximo partido de la red. Quiere fomentar el comercio electrónico e incitar a los ciudadanos a valerse de internet para tratar con los poderes y las autoridades públicas. También es bueno que sea garantista y poco intervencionista. Los proveedores tienen que informar a los clientes de todos los medios que arbitran para combatir virus, troyanos, identificación como "spam", etc. Y sólo los jueces pueden decidir el cierre de una web. Entiendo por tanto que no la administración, lo que está muy bien.
(El mapa original de la imagen, que se encuentra en Data Mining es interactivo).
Por otro lado leo en en el nuevo El País (el de la tilde) que empieza a haber decisiones judiciales sobre los blogs. En concreto, sobre la responsabilidad por los comentarios cuando estos son anónimos o vienen suscritos por un "alias", llamado "nick" en la blogosfera que es bastante perezosa en materia lingüística. Los tribunales (el artículo cita una sentencia en una querella interpuesta por Ramoncín y dos inglesas) tienden a responsabilizar al bloguero por el contenido de los comentarios insultantes cuando son anónimos, salvo que los identifique, cosa harto difícil que sólo puede hacerse a través de la IP de cada ordenata y aun así no es de fiar. Basta con pensar en los que insultan desde los cibercafés. Y bloquear la IP de un cibercafé porque uno de sus clientes te insulta es poco recomendable.
Residenciar la responsabilidad en los blogueros no me parece justo y espero que posteriores y superiores decisiones judiciales establezcan un procedimiento más avisado. En definitiva, por lo demás, los blogueros aburridos de insultos y de trolls pueden recurrir a diversos sistemas para filtrar los comentarios o identificar a los comentaristas, incluso pidiendo una dirección válida de correo electrónico, aunque siempre pueden darte la de una anciana tía.
Esas gentes que se meten como anónimos en los blogs ajenos y dejan comentarios insultantes para el bloguero u otros comentaristas satisfacen su orwelliano minuto de odio diario en pantalla pues, para poder dejar el insulto, primero han de entrar en el blog que odian. Por qué entran en blogs que odian o desprecian es pregunta que sólo los especialistas en neurosis pueden contestar.
A propósito del susodicho periódico El País creo haber leído que van a darlo todo en abierto. A los suscriptores les queda la posibilidad de verlo en PDF. Como no veo gran ventaja en andar con los PDFs creo que voy a darme de baja en la suscripción. Me parece de perlas que la edición digital se financie con publicidad. Ya veremos si es soportable.
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