En los debates sobre la nación suelen volar los insultos, las amenazas y, si se tercia, algo más, apenas se dan comenzados. Basta que un patriota vea que su interlocutor no entiende igual que él la patria común para que intente llegar a las manos. Hay cosas de las que no se puede hablar porque, apenas se mencionan, alguien empieza literalmente a mugir. Por ejemplo: ¿es divisible la patria? Muuuuuuu, muuuuuuu.
Al mismo tiempo la parte esencial del debate político español es sobre cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con la nación. Que si España es una nación, que si no, que si las naciones son Cataluña, País Vasco, Galicia y Castilla, que también Andalucía, Aragón..., que nación de naciones, que el Estado por un lado y la nación por el otro, que el derecho a decidir, la autodeterminación, la soberanía, el vals de las banderas, las competiciones deportivas, la Unidad Militar de Emergencia. ¿Quién da más? Lo único que queda claro a la vista del guirigay es que quienes aseguran muy ufanos que en España no hay un problema nacional no saben de qué hablan.
Precisamente el único problema que tiene la democracia española es el de la organización territorial del Estado. Un problema real y nada baladí. El Estado de las Autonomías no sirvió para contener los programas independentistas sino, al contrario, para acicatearlos. Y ahora volvemos a las andadas con las llamadas "relaciones centro-periferia".
Ayer, cuatrocientos independentistas catalanes protestaron por la visita de don Juan Carlos a Girona. Decían los manifestantes, mientras quemaban retratos del monarca, que éste había dicho que nunca se persiguió la lengua catalana en el Estado. ¿Que no? La ilustración es un cartel de la República, que he sacado de la colección del ministerio de Cultura que traía el otro día InSurGente. En él se ve cómo la autoridad (fascista) multaba con doscientas pesetas de entonces (1938) a dos personas por "hablar catalán de mesa a mesa en el comedor de un hotel" en San Sebastián. La persecución es patente.
No obstante, las manifestaciones de los jóvenes independentistas, que se parecen a los actos de kale borroka no pueden ser motivo de gran preocupación para la autoridad competente.
Mucho más deben preocupar esos desplazamientos de las respectivas burguesías catalana y vasca a favor del soberanismo. Y más el Cercle d´Estudis Sobiranistes que están montando unos intelectuales nacionalistas catalanes con ánimo de crear una casa común en la que pueda convivir todo el nacionalismo, el de CiU y el de ERC, sin excluir otras formaciones. Una de las voces cantantes de esta nueva pulsión independentista es el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señor Alfonso López Tena quien sostiene que, como Cataluña es una nación, debe tener su Estado independiente de España. Muchos comentaristas se han preguntado si es compatible ser independentista y vocal del CGPJ. Es claro que sí. A mi juicio, lo significativo no es que el señor López Tena sea vocal del CGPJ sino que sea notario. Uno tiende a pensar que si un notario avala una opción política, ésta será algo serio. El contraejemplo es la Fuerza Nueva del notario Blas Piñar. Es esa radicalización independentista de la clase media la peligrosa. El independentismo no es reivindicación del radicalismo político sino también objetivo del nacionalismo llamado "moderado".
En concreto, el aspecto más problemático de la intensificación del nacionalismo no español es la insistencia en la celebración de referéndums de autodeterminación. El señor Carod-Rovira quiere celebrar el suyo en 2014, tricentenario de la pérdida de las libertades y fueros catalanes. El señor Ibarretxe quiere convocar en cuanto pueda y, según parece, con independencia de si ETA sigue o no matando. Ese es el aspecto más difícil de tragar del plan del lehendakari, que pretenda ignorar las diferencias reales que se dan en los derechos de la gente según sea nacionalista vasca o nacionalista española en razón de la amenaza permanente de ETA sobre la población civil. No me resulta de recibo que el señor Ibarretxe diga que ETA no va a marcar la agenda política en el País Vasco, cuando es exactamente lo que hace. El señor Ibarretxe tiene que entender que si un solo ciudadano está amenazado, lo estamos todos. Si este irritante asunto de la violencia tan injustificado como primitivo se liquidara definitivamente podría hablarse de muchas cosas, de autodeterminación, de independencia ¿por qué no?
