Hoy, los de Libertad Digital arrancan diciendo que varios abogados van a solicitar la anulación del juicio. Como es bien sabido, la estrategia de los de la teoría de la conspiración (que están seguros de que jamás podrá probarse en sede judicial pues se la han inventado) consiste en retrasar y, a ser posible, detener el juicio en el que ya ha quedado meridianamente claro que, de intervención de ETA, nada de nada.
También hoy trae El País un magnífico reportaje de Ernesto Ekaizer en el que se explica que hay una colusión entre algunos abogados defensores de ciertos acusados (Basel Ghalyoun y Jamal Zougam) y El Mundo. Así mismo da a entender, sin hacerlo de forma expresa, que es ese medio el que se encarga de abonar los honorarios de los abogados. De ese modo la defensa se utiliza como un mecanismo más en la estrategia de la teoría de la conspiración, pues es la defensa de estos dos acusados una de las que más ha insistido en vincular a ETA con el atentado del 11-M.
Es curioso comprobar hasta qué punto en este proceso confluyen las tácticas jurídicas de unos con las políticas de otros. Y más curioso cómo las tácticas políticas pueden consistir en minar la administración de justicia. Desde el primer momento ha estado claro que el juez Gómez Bermúdez -en quien los de la seudoteoría de la intervención de ETA tenían puestas sus esperanzas- iba a presidir un proceso judicial intachable y desde ese mismo momento ha estado claro también que los partidarios de la conspiración iban a tratar de deslegitimar el proceso y, a ser posible, de anularlo. La finalidad es doble: de un lado, favorecer las expectativas del PP (que, a su vez, cumple con el papel que se le ha asignado de apoyar mediante declaraciones e insinuaciones varias la versión de la conexión etarra) y, de otro, vender más periódicos, aumentar la audiencia. Es de esperar que este nuevo intento de embarullar, retrasar o impedir quede en nada, como en nada han quedado todas las alambicadas invenciones del ácido bórico, la orquesta Mondragón y la furgoneta Kangoo. Entre tanto, el público crítico puede aprovechar para ver hasta qué punto cabe emplear los medios de comunicación como instrumentos al servicio de dudosas políticas de partidos, de intereses electorales de unos y de mecanismos para el enriquecimiento y el aumento de poder de otros.
Visto lo cual, la pregunta inmediata que ha de hacerse todo aquel que lea la información de Libertad Digital es cuánto de lo que lee es información en sentido genuino y cuánto mera expresión de una intencionalidad de la defensa que se urde de consuno con el propio medio de comunicación.
