Los fiscales del juicio del 11-M han presentado sus conclusiones, han desgranado las pruebas abrumadoras que sustentan sus peticiones de condenas y los abogados de la defensa y de la acusación han hecho lo propio; algunos de estos han solicitado, además, la anulación del juicio por los más peregrinos motivos. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha estado magistral a la hora de opinar sobre el desarrollo de la vista y de valorar algunas de las estrategias de las defensas y de las acusaciones particulares y sólo cabe suscribir sus palabras.
La verdad judicial se abre paso de modo imparable porque, como suele suceder en estos casos, es sencilla y al alcance de todo el mundo: deseando dar un escarmiento a España por haber apoyado la guerra del Irak, un grupo de islamistas radicales, encuadrado en una célula a la sombra de Al-Qaeda, decidió perpetrar un atentado en Madrid antes de las elecciones de 14 de marzo de 2004. Para ello, se proveyó de dinamita que compró a unos delincuentes asturianos, la transportó a la capital, fabricó los explosivos, los colocó en unos trenes de cercanías en una hora punta, cuando mayor podía ser la carnicería y las hizo estallar. El resultado fue de 192 muertos y 1841 heridos. Se presume que alguno de los autores materiales del atentado se sienta hoy en el banquillo; el resto se suicidó cuando, días después del hecho, se vio rodeado por la policía.
Esos son los hechos que han quedado claros en el juicio. Pero esos hechos no interesaban al PP, partido en el Gobierno en el momento del crimen porque dejan bien a las claras que hay una conexión directa entre éste y la decisión irresponsable y criminal del señor Aznar de embarcar a España en una guerra de invasión injusta y pirata a miles de kilómetros de nuestro país. Por ello este partido, que ya intentó engañar a la opinión pública desde el primer momento sobre la autoría del atentado, atribuyéndoselo a ETA, puso en marcha una vasta campaña con ayuda de sus medios de comunicación (que son muchos), de sus intelectuales orgánicos y sus periodistas afines con el fin de sustituir la verdad por otra fabulación que cumpliera dos objetivos, el máximo y el mínimo. El máximo: sustituir aquella verdad por una historia distinta con otros culpables (ETA especialmente) que lo eximiera de la responsabilidad de haber mentido y le diera la razón ex post facto. El mínimo: de no poder armarse una historia sustitutiva, generar la mayor confusión posible sobre los hechos, obstaculizar su investigación, esparcir infundios y rumores, crear un clima de desorientación, sembrar toda clase de dudas e imposibilitar que la instrucción judicial primero y la vista de la causa después llegasen a buen fin.
Se puso así en marcha una gigantesca campaña que ha durado tres años de mentiras, insidias, falsedades, calumnias, testimonios comprados, puras invenciones, trolas, acusaciones malévolas que no se detuvo ante nada, ni siquiera ante el respeto a las víctimas, y que ahora se viene abajo con estrépito. Estos conspiradores llamaron a lo que se ha revelado la única verdad judicial "la versión oficial", con intención de contraponerle otra que habría de ser la "verdad real". Esta es la hora que de la tal "versión real" no hay ni rastro y sí solamente, intentos cada vez más a la desesperada de ensombrecer las conclusiones que han quedado diáfanas en sede judicial. A la vista de lo sucedido, se me ocurren tres conclusiones:
a) Aunque los dirigentes del PP han dejado de hablar del 11-M, de alimentar dudas, de arrojar sospechas, de exigir investigaciones estúpidas con el fin de retrasar el proceso, queda claro que, como partido de Gobierno y como Gobierno mintió en los días del atentado y como oposición ha seguido mintiendo durante tres años.
b) Los auxiliares en esta innoble tarea, los que han estado difundiendo patrañas, poniendo en cuestión la integridad de las fuerzas de seguridad y de la administración de justicia, van callándose poco a poco prudentemente, pero todavía quedan algunos payasos, dando a la máquina de fabular y esparcir infundios.
c) Precisamente por eso debiéramos ir pensando en hacer algún tipo de homenaje público a los funcionarios de las fuerzas de seguridad, de la administración de justicia y del resto de las administraciones que han intervenido en el esclarecimiento de los hechos y han tenido que estar soportando durante tres años que unos indeseables provistos de periódicos, radios y televisiones hayan estado acusándolos implícita y no tan implícitamente no solo de faltar a su deber, sino de ser responsables de la más espantosa matanza criminal de la historia de españa. Todas estas personas merecen nuestro reconocimiento y aprecio en medida proporcional al desprecio que merecen los sinvergüenzas que han intentado desacreditar su trabajo para obtener beneficios políticos y también económicos.
