La sentencia del TEDH dando la razón al recurso presentado por Rafael Vera contra su condena en el Tribunal Supremo español equivale a una oleada marina que afecta de lleno a la Justicia española. Sin efectos jurídicos directos, plantea una cuestión moral que debiera provocar algún tipo de reacción.
De entrada, desde luego, quienes sin hacer ninguna concesión a los GAL defendimos siempre que el proceso contra Vera y Barrionuveo era injusto, ya desde la vengativa instrucción del juez Garzón; quienes pensamos que la sentencia del Tribunal Supremo era injusta porque se condenaba a los acusados sin pruebas materiales incontestables y en base a unos careos entre Sancristóbal y García Damborenea por un lado y José Barrionuevo, ex-ministro del Interior, por el otro, donde el tribunal apreció subjetivamente la culpabilidad de Barrionuevo estamos de enhorabuena, aunque la sentencia sólo afecte al señor Vera, que es quien ha recurrido.
Ya nadie podrá devolver a Vera y Barrionuevo el tiempo que perdieron en la cárcel pero ahora caben varias posibilidades: andar con mayor precaución en el nuevo e inmediato proceso que espera al señor Vera; buscar el modo que jurídicamente sea viable para reponer al señor Vera (y, por extensión, al señor Barrionuevo) en el ejercicio de sus derechos quebrantados y de su dignidad lesionada, con pública exposición de aquel clima de acoso que desde unos medios (siempre los mismos, empezando por El Mundo, como hoy) llevaron a una administración torcida de la justicia, y caiga quien caiga; analizar la función de los medios de comunicación y su colusión con los políticos que llevó a una situación tan irrespirable en la que, en buena medida, la sentencia venía ya preescrita en las intervenciones del poder político. ¿O nadie recuerda al señor Álvarez Cascos, vicepresidente por entonces del Gobierno, declarando que si el Supremo no fallaba en el sentido que a él y a los suyos convenía defraudaría a la sociedad?
Y una última cuestión: ahora resulta que quienes se solidarizaban a las puertas de la cárcel de Guadalajara no sólo no eran cómplices, como han estado insinuando políticos y periodistas de la derecha, sino ciudadanos dignos que protestaban contra los abusos.
No sé cómo, pero hay que hacer algo porque se reconozca públicamente la ignominia de aquellos años y cada cual quede en el lugar que le corresponde. Quienes orquestaron tamaño atropello, desde el juez Garzón, hasta el periodista Ramírez, pasando por los políticos del PP que lo alentaron y se beneficiaron de él, no pueden irse de rositas.
