Incidentalmente, ¿por qué hay una mayoría conservadora en dicho órgano que debiera haberse renovado el pasado 7 de noviembre de acuerdo con la ley 6/1985 de 1º de julio? Obvio: porque el PP tendría que ceder la mayoría en él al PSOE y no quiere hacerlo, con lo que tiene bloqueada la renovación porque pretende valerse de los jueces en el logro de sus finalidades políticas. Ahí es nada contar con el presidente del Tribunal Supremo y una mayoría de fieles seguidores en el órgano de gobierno de la judicatura para otorgar o denegar amparo cuando los conservadores estimen oportuno. Por tres veces ha propuesto la mayoría reaccionaria del órgano al juez Gómez Bermúdez para presidir la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, ante la que ha de verse el proceso por el 11-M, a pesar de que en dos de ellas el nombramiento ha sido rechazado por el Tribunal Supremo porque ese juez aducía méritos que no tenía en el momento de la convocatoria ¿Es adecuado que un juez que presenta papeles amañados a un nombramiento presida una sala que ha de tener tanta trascendencia? ¿Por qué insiste la mayoría reaccionaria en ese nombramiento? Parece claro, ¿no? Porque confía en ese juez. ¡Cómo van a permitir que el órgano se renueve! No podrían seguir haciendo estas maniobras. Porque son maniobras y maniobras que perjudican a la justicia y, por ende, a los ciudadanos.
Cual un solo hombre, vive Dios, ha salido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a amparar a los jueces vascos y a pedir que se los deje trabajar en paz. Como si alguien los hubiera estorbado. Llama la atención que un CGPJ tan dividido como éste entre la minoría progresista y la mayoría reaccionaria hable de algo con una sola voz cuando no lo hace jamás. ¿Cuándo sucede este milagro? Cuando cree que la judicatura está amenazada por afuereños. Es decir, el CGPJ es un órgano corporativo típico.
Así que sale el señor Rajoy a la palestra, en nombre de la derecha, a defender a los jueces a los que juzga atacados, ultrajados, vilipendiados anteayer en Bilbao. Es una pena que el señor Rajoy no escuche lo que dicen de los jueces en la COPE cada vez que estos fallan algo que disgusta a la derecha mediática o se piensan una decisión, existiendo la posibilidad de que fallen en ese sentido. 
Mas no paremos mientes en estas pequeñeces y vayamos al asunto de fondo, que es el prestigio que la judicatura debiera tener entre la ciudadanía y el que realmente tiene. Por razones fáciles de entender, el CIS no incluye en sus baremos una pregunta sobre el prestigio de que gozan las diferentes profesiones en España, esto es, abogadxs, arquitectxs, médicxs, profesorxs, juecxs y es una pena porque nos enteraríamos de cosas suculentas. Como, por ejemplo, que el grado de prestigio de lxs juecxs es bajísimo, probablemente cercano al de lxs políticxs.
¿A qué se deberá que lxs juecxs no disfruten del aprecio y el respeto de lxs ciudadanxs en España, como sí lo hacen en los EEUU, en Inglaterra y otros países civilizados? Básicamente a dos vicios de funcionamiento de la justicia ampliamente percibidos como tales: el activismo judicial y la ley del embudo, todo lo cual sucede, además, en un contexto de clara politización de la justicia y judicialización de la política. El activismo judicial, un defecto muy típico de una actividad jurisdiccional desmedida consiste en que los jueces interfieran en los terrenos reservados a los otros poderes, el legislativo y, especialmente, el ejecutivo, entorpeciendo la labor de éste por motivos que, casualmente, coinciden con los intereses de la oposición, algo que todos los ciudadanos pueden ver cuando, aun en contra de las decisiones expresas del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco llama a declarar al Lehendakari, admitiendo a trámite una querella desaforada.
El segundo vicio es el que se conoce con el nombre popular de "ley del embudo". Hay una clara percepción popular de que existen dos varas de medir en la justicia penal española, según que lxs acusadxs sean nacionalistas vascxs o no. El caso de De Juana Chaos, condenado a 12 años y seis meses por dos artículos publicados en un periodiquito independentista vasco, Gara, es el último conocido y más claro. Que los jueces mantengan en la cárcel a los señores Parot y De Juana, que ya han cumplido sus condenas, pero hayan puesto en libertad a los señores Galindo y Vera, que apenas han cumplido las suyas, habla por si solo. Es decir, los jueces nos defienden de los malhechores, como es lógico; pero ¿quién nos defiende de los jueces?
