Diez negritos y la justicia

No es que al gobierno le crezcan los enanos, como dicen los castizos, sino que le disminuyen alarmantemente los negritos. Los diez negritos de la famosísima novela de A. Christie (más de cien millones de ejemplares vendidos) de universal conocimiento. En la isla del Negro, los "negritos" desaparecen por asesinato; en el gobierno de Sánchez, por dimisión.

La ministra navega aguas turbulentas. El gobierno afirma que es un intento de chantaje de Villarejo, cosa verosímil pues parece ser a lo que el hombre se ha dedicado con variada fortuna. Chantaje, dice Sánchez, como el que intentó con Juan Carlos I. Es mentar la soga en casa del ahorcado pues olvida mencionar que el PSOE vetó la comisión de investigación sobre el personaje, con lo que dio por bueno el chantaje pues quien no tiene nada que ocultar no teme investigación alguna. O sea, en realidad, fue mentar la soga en casa del no-ahorcado.

Sánchez ha respaldado a su ministra. Es su deber. No quiere decir nada. También lo hizo con los dos dimisionarios anteriores. La ministra se defenderá sola. Es posible que el clima que el convivio grabado delata, (quizá con abundante trasiego de alcohol), sea un evento aislado y excepcional en las vidas de los comensales. Pero esos "Lola" y "Balta" y el nivel general de los comentarios son muy de lamentar. En fin, el mal gusto y la falta de educación no son delitos. Pero dejan mal parados a los representantes del poder judicial y sus amigos.

Al margen de lo que suceda con la ministra de Justicia, esta, la Justicia (no solo la ministra) tiene un problema agudo de prestigio que ataca la base de su legitimidad sobre la que, por cierto, descansa el Estado. Porque un Estado sin justicia, dice San Agustín no es más que una banda de ladrones. Y está feo señalar.

El enfrentamiento entre la jueza de instrucción del caso "Máster", Rodríguez-Medel y la Fiscalía del Tribunal Supremo, es incomprensible. El Teniente Fiscal, Luis Navajas, se niega a investigar a Casado, siendo así que su caso es idéntico al de las otras tres imputadas. Sin duda tiene poderosas razones pero el golpe para el prestigio de la justicia es tremendo. Además, involucra a la Fiscal General del Estado, María José Segarra. Si respalda tamaña aberración acabará con el escasísimo respeto que aun pueda tener la justicia española. 

Aunque esta parece dispuesta a cumplir la tarea por su propia vía. Además del proceso penal, claramente inquisitorial, hay otro civil de carácter confiscatorio contra los supuestos organizadores de la consulta del 9N d 2014, Mas, Ortega, Rigau que ahora reactiva el Tribunal Supremo. Es la enésima muestra de la voluntad de entendimiento y diálogo del Estado que predica Sánchez: la persecución de los disidentes por todos los medios, la venganza, el castigo a las generaciones venideras.

¿Alguien espera justicia del poder judicial español en relación con Catalunya?

Sánchez, que te pierdes

No cabe estar más de acuerdo: Quebec es un ejemplo de que la política puede buscar soluciones. Hubiera dicho mejor que "el Canadá es un ejemplo, etc", porque si el Canadá hubiera actuado como la España de Sánchez, Quebec no sería ejemplo de nada. Pero no importa. Se entiende su buena fe. Quebec... y Escocia, que también es ejemplo de lo mismo.

Anda Sánchez explorando las vías del diálogo y la política. Y tratando de dar crédito a sus intenciones. De ahí los debates sobre los indultos, que tanto interesan a los medios. Se trata de encajar el diálogo "dentro de la ley" con la "empatía". La fórmula, en realidad, es un globo sonda: tantear a los independentistas para saber si aceptarían negociaciones con la promesa de un indulto en el caso de que haya sentencias condenatorias.

Por si acaso, los guardianes del PP ya pretenden prohibir la nefanda práctica de indultar delincuentes (salvo que sean corruptos) y hacerlo por ley avant la lettre pues, de momento, no hay ningún condenado por rebelión ni sedición.

El independentismo no puede aceptar esta propuesta porque no puede admitir la existencia de presos políticos por más que las autoridades se obstinen en llamarlos de otra manera. Lo suyo, por tanto, es seguir adelante en la construcción de la República. Sánchez tiene una ocasión de oro para explicitar en qué consisten sus propuestas políticas que tan bien han comenzado, tanto y para tan largo prometen, pues sigue hablando de años y años. Simplemente, un indicio: ¿de qué orden es esa propuesta política?

Si Quebec y Escocia son ejemplos de algo es de la forma pacífica, democrática y clara de resolver un conflicto idéntico al que hay entre España y Catalunya. Y lo han resuelto con una fórmula sencilla que el Estado español se niega a emplear contra toda razón y derecho: un referéndum de autodeterminación en Catalunya, pactado, legal, vinculante, con observación internacional y sin secuelas negativas sea cual sea el resultado.

Lo que ni veo es cómo Sánchez va a convencer a las demás fuerzas parlamentarias a seguir esos ejemplos. Más probable parece que dichas fuerzas obliguen a Sánchez a seguir un camino contrario a los ejemplos de Quebec y Escocia.

La política de la venganza

No deja de tener chiste: quienes más delincuentes indultaron en su tiempo, a cientos, casi todos condenados por corruptos, ahora se oponen a indultar a otros posibles delincuentes. Por si no estuviera claro qué delincuentes les gustan o les convienen y qué otros no les gustan ni les convienen. Nada de indultos a sediciosos y rebeldes y una lástima que no se pueda imponerles la Perpetua. 

La propuesta es puramente simbólica, a modo de aviso. La ley no es algo que, a diferencia del PSOE, detenga al PP cuando tiene la mayoría necesaria ara derogarla. Si impone este criterio no es por su eficacia sino por el valor ejemplificador que tiene. La derecha tolera y hasta justifica la corrupción; la rebelión, no; nunca. Prrimero, la autoridad; luego, la honradez. 

Coincide esta petición con unas declaraciones del campo socialista en pro del indulto. La delegada del gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, es partidaria de esta gracia a los  políticos presos siempre que lo soliciten.. Se refiere a los presos políticos. Vaya barullo que tiene la señora en la cabeza. No es frecuente dar indultos a quienes no lo solicitan. Pero esto es lo de menos. Lo más espantoso, sostiene la derecha, es que ya se esté pensando en indultar a unos delincuentes condenados en firme por sedición y rebelión. Ello demuestra la complicidad subterránea entre los separatistas y el gobierno entreguista y antipatriótico de Pedro Sánchez.

Aterrorizado el gobierno ante la sospecha de tamaña villanía ha corregido las declaraciones de la fogosa delegada. Las ministras Montero y Batet han dicho lo evidente: que no cabe hablar de indulto si aun no hay sentencia y que se respeta el poder judicial. Hasta Cunillera se ha corregido a sí misma, negándose a los futuribles.

Para los independentistas estas consideraciones son gratuitas. Partimos de que los presos/as políticos/as han de ser liberadas sin juicio y el procedimento anulado. No ha lugar a indulto  porque no puede haber lugar a condena. Diga lo que diga el gobierno sobre el Poder Judicial, es obvio que este proceso es una farsa en el sentido de que se trata de una causa contra el independentismo disfrazada de proceso penal. Disfrazada porque, además de las innumerables irregularidades de forma y fondo se basa en acusar a unas personas de un delito que no han cometido puesto que no se da el requisito esencial de la violencia.

No cabe aceptar más solución que la anulación del procedimiento y la liberación de los presos políticos. Cualquier otro solo puede darse apoyado en la intensificación de la represión sobre Catalunya. Y esta encontrará respuesta cada vez más masiva y decidida. Hasta que a la desobediencia se sumen las instituciones y haya un conflicto de competencias más agudo si la ciudadanía insiste, por ejemplo, en que se debe liberar a los presos políticos. 

En cualquier caso, de llegarse a la celebración del juicio y las condenas, tampoco ha lugar a la petición de indulto. Para que haya indulto, el condenado debe arrepentirse de su delito y los/as condenados/as catales/as no han cometido delito alguno. El delito pueden estar cometiéndolo quienes los/as han encarcelado. 

Está claro. Será la República la que las libere.

"Que veinte años no es nada"

El ministro de Asuntos Catalanes, José Borrell, se ha tomado a pechos eso de combatir la hegemonía del relato independentista en el exterior. Sigue presentándose como ministro de Asuntos Exteriores, título oficial, pero solo habla de Catalunya donde quiera que vaya. ¿Un acto de la Cámara de Comercio de España en Nueva York titulado Latinoamérica, Estados Unidos y España en la Economía Global? Él habla de Catalunya.. ¿Una conferencia del Centro Jean Monnet de la Universidad de Nueva York sobre los problemas de la Unión Europea? Él sigue hablando de Catalunya. Sí, es un ministro de Asuntos Catalanes. Más concretamente, un ministro anticatalán de Asuntos Catalanes. Puede parecer extraño, pero Catalunya está acostumbrada a que los gobiernos españoles se constituyan en contra de ella.

Y ¿qué dice el ministro de AACC en su mucho hablar? Que siente como su deber impedir la pérdida de Catalunya; que se trata de una cuestión existencial. Quiere decir esencial. Los existencialistas dejaron a los dogmáticos muy descolocados. Y como es una cuestión "existencial", él ha decidido retornar a la política. No miente; simplemente no sabe lo que dice. Jamás ha dejado la política; a lo que ha vuelto ahora es a ser ministro.

Y este neoministro dice que va a contrarrestar el relato independentista, hoy triunfante, pero falso, con el verdadero, que trae él en las alforjas. No obstante, para echar realismo al objetivo y no suene a elixir de la eterna juventud, pide veinte años para resolver "la cuestión catalana". Si el hombre es la medida de todas las cosas, según Protágoras, esa solución queda  peligrosamente cerca del más allá.

No nos detengamos en futesas. ¿En qué consiste el relato triunfante? En la habitual melopea de falacias e incongruencias con que el unionismo español pretende ocultar que, como dice Iu Forn, entre la unidad de España y el Estado de derecho, España ha escogido la primera, mandando bravamente el Estado de derecho al basurero de la historia. Es decir, la misión del ministro es inventar un relato que convierta la oligarquía autoritaria española y su cleptocracia en un Estado de derecho contra toda evidencia. Porque el problema no es que sea difícil luchar contra las imágenes de policías a palos con gente pacífica. El problema es que los jueces, parlamentarios, partidos y medios de comunicación del Estado están a la altura de esos policías, cosa que ha visto todo el mundo. El problema es que un país con presos políticos no puede ser un Estado de derecho por mucho que pregunte indignado el ministro si la gente sabe qué es un preso político. Pregunta estúpida, con permiso del señor conferenciante, porque sí lo sabemos y porque lo sabemos, sabemos que los Jordis y compañeros/as son presos/as políticas/os. Y lo sabe todo el mundo. El ministro, también. 

En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley y en España lo está el rey. Y no merece la pena seguir con el contrarrelato del ministro de propaganda española que tiene curro por delante si, además, como parece, pretende también contrarrestar la Leyenda Negra.

Nadie recordará al ministro la vieja distinción de Ortega entre la España oficial y la España real. Pero es oportuna. Él, el ministro de Asuntos Catalanes es la España oficial. La España real es un gobierno socialista a punto de emplear el 155 en Catalunya; una oposición a la que esto le parece una concesión y exige la intervención directa; unos "jarrones chinos" que ya están pidiendo la supresión de la autonomía; unos medios dedicados a la censura y manipulación y al intento de acallar a los medios plurales; unos jueces que tienen prejuzgadas a centenares de miles de personas como delincuentes por ser independentistas; una causa general política contra el independentismo que promete ser tan increíble como los procesos de Moscú.

Ignoro hasta qué punto esta cuestión abruma al ministro que habla de veinte años como en el tango. Cuando salga de la España oficial y se encare con la real comprenderá que su empeño solo oculta su frustración, que también le revela el tango: "tengo miedo del encuentro/con el pasado que vuelve/a enfrentarse con mi vida."

En veinte años, ministro, los independentistas en Catalunya estarían en torno al 55% solo por razón del envejecimiento natural de la población. Pero no debe cundir la alarma. Al paso que va todo Catalunya será independiente mucho antes. ¿Si se cambia el paso -preguntan los "dialogantes" del PSOE- se cambiarán los tiempos? Por supuesto. Queda por ver si para retrasarlos o acelerarlos.

De jueces y reyes

Las primeras autoridades en algunas sociedades humanas, antepasadas de las nuestras, fueron jueces y reyes. Está en la Biblia. Por eso no hacía falta mencionar el tercer estamento, el de los sacerdotes. Estos se reservaban el reino de los cielos (y buena parte del de la tierra, a ser posible, toda) y el siglo quedaba a cargo de los jueces y los reyes. Estos para ejercer un poder justo y aquellos para administrar la justicia en nombre de ese poder. Ya desde el comienzo dieron problemas y así han seguido hasta hoy. 

El rey Felipe VI, de su padre mejor es no hablar, ha dado abundantes pruebas de animadversión hacia Catalunya. Su famoso discurso del 3-O, por el cual se le han pedido disculpas reiteradamente, fue una pieza de altanería, autoritarismo y desprecio por ignorancia de las víctimas del 1-O. Era sin embargo de esperar en quien, en su discurso de entronización aseguró en gesto de magnanimidad el derecho de los españoles a sentirse españoles como les diera la gana pero no, en absoluto, pues ni lo mencionó, el derecho a no sentirse españoles. Desde entonces se han sucedido muchos acontecimientos, pero todos se resumen en un hecho: el rey de España es rey en Catalunya en contra de la voluntad de una mayoría de catalanes/as.

Los jueces ya venían avisando hace tiempo de qué pie cojeaban. En concreto del pie "atado y bien atado" del franquismo. Ahora se sabe que el célebre juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona había estado investigando el 1-O desde el primer momento, a pesar de haberlo negado públicamente. Se sabe también que la provisión de plazas en sitios estratégicos (Llarena en el Supremo, por ejemplo) se hace por procedimientos altamente cuestionables. La administración de justicia tiene un sesgo fuertemente franquista y corrupto. Por si había alguna duda se destapa ahora un chat de la magistratura, más o menos al amparo del CGPJ en el que los intervinientes dejan claro que consideran el independentismo no como una ideología con el mismo derecho a existir que las demás siempre que, como es el caso, sea no violenta, sino como un delito. 

Los jueces aplican la "justicia" del rey y lo hacen sin escrúpulos, aun sabiendo que, al enjuiciar un conflicto con el independentismo, cometen prevaricación pues son jueces y parte. A la vista de este chat, que las redes ya han bautizado aviesamente como forojueces por las barbaridades que en él se leen, y que es de esperar actúe ya en todas las instancias europeas pertinentes, Catalunya no puede esperar justicia en los tribunales españoles. 

Watergate, el triunfo de la libertad de expresión

Ramón Cotarelo (2018) Todos los hombres del presidente. Valencia: Tirant Lo Blanch.

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La editorial valenciana Tirant Lo Blanch tiene una  estupenda colección, llamada Cine y Derecho, hecha de monografías sobre películas analizadas desde una perspectiva cinematográfica, jurídica y política. El extenso catálogo abarca filmes muy conocidos y de todo tipo. En ella acaba de publicar Palinuro un breve ensayo sobre la película de 1976, dirigida por Alan J. Pakula, Todos los hombres del presidente. Robert Redford y Dustin Hoffman dan vida a Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos intrépidos reporteros del Washington Post que destaparon el "Watergate", un caso de encubrimiento que acabó con la brillante carrera de Richard M. Nixon, obligándolo a dimitir bajo amenaza de inhabilitación en un juicio penal. El único presidente de los 45 del país en verse en esa situación.

Para escribirlo he leído algunos libros, informes, documentación, memorias e historias; he vuelto a ver la película y también un documental sobre ella producido en 2013 por la empresa de Robert Redford (quien también había producido la peli) con todo tipo de material y entrevistas a los protagonistas de la historia que seguían vivos, All the President's Men Revisited. Cuando una película genera un documental que interesa a la gente 35 años después es que es tan genial como Los tres mosqueteros, que inauguró la moda de los "veinte años después". Aunque aquí, los mosqueteros eran dos. Tres, si se cuenta al hombre en la sombra, Garganta profunda, el que encarriló decisivamente a los reporteros con su famosa indicación: follow the money. Hasta 2005 no se reveló que  Garganta Profunda era Mark Felt, el segundo del FBI. Y solo se supo porque él mismo lo dijo. Woodstein mantuvo el secreto. Eso es guardar la confidencialidad de las fuentes.

El film toma como base la mitad del libro de Woodward y Bernstein, tras unos episodios rocambolescos con el guión y resulta apasionante por sí mismo. Sumergirse en el ambiente de los medios hace 50 años es una gran experiencia que genera melancolía. De haber existido los móviles o Google, esa historia hubiera sido muy distinta. Y la informática hubiera ahorrado muchas horas de febril examen de miles de facturas o búsquedas desesperadas de nombres y direcciones en la guía de teléfonos. Las máquinas de escribir, los teléfonos de bakelita, ni un solo ordenador en las mesas de la gran redacción. Otro mundo. Pero con el mismo espíritu. Todos los hombres del presidente es un gran homenaje a la prensa de papel y, al mismo tiempo, el canto del cisne de esta, devorada por los audiovisuales e internet.

La brillantez de la película oscurece los méritos del libro, que son muchos. El primero de todos, su estilo. Escrito a cuatro manos, acusa las dificultades del procedimiento que vence con holgura. No es ficción, tampoco es reportaje. Es casi un cuaderno de notas de una especie de patrulla o expedición sobre el logro de un objetivo. Es deliberadamente soso, narrado en tercera persona singular, pero refiriéndose a cada reportero por su nombre, eliminando consideraciones ideológicas o declamatorias y relatando las cosas como iban sucediéndose. Un libro crudo que narraba los hechos que conducirían a la mayor crisis política de los Estados Unidos.

La contraportada del libro concluye la presentación del modo siguiente: "...el mayor combate que la prensa ha librado jamás contra el poder político, empeñado en desacreditarla, chantajearla y encubrir los delitos. Y esta es la historia que cuenta la famosa película de Alan J. Pakula. Fue el presidente de los EEUU el que había intentado ocultar sus fechorías. La repetida intervención del Tribunal Supremo, dando la razón a la prensa, obligando al presidente de colaborar con la Justicia y defendiendo la libertad de prensa fue un hito en la larga carrera de la humanidad por la libertad de expresión y la lucha en contra de la inmunidad del poder y la tiranía. Su eco se hizo sentir en todo el mundo y sigue siendo un ejemplo del valor de la prensa libre."

No es de extrañar que Woodward y Bernstein (a los que llamaban "Woodstein" por ir siempre juntos) sean los arquetipos de periodistas que las generaciones posteriores tratan de imitar. Son la representación de la verdad en el dicho de Thomas Jefferson de que entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno eligiría sin duda lo segundo. 

El independentismo es un derecho; no un delito

No, en verdad. Lo delictivo es considerar (y tratar) el independentismo como un delito.

Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Esperando a los bárbaros, a propósito de la anunciada manifestación de muy y mucho españoles el próximo 29 de septiembre en la Plaça de Sant Jaume, para homenajear a los efectivos que repartieron estopa el 1-O con el glorioso resultado de más de mil heridos/as. Sí, exactamente los bárbaros de Kavafis (que, al final, llegan) y Coetzee. Puede parecer un poco duro decir esto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en cualquier Estado civilizado del entorno lo sería. Pero España no es un Estado civilizado en el sentido de la tradición occidental. Quizá en algún otro que se me escapa. La prueba es la exclusiva de hoy de elMón.cat titulado El "¡A por ellos!" judicial sobre lo que dicen jueces y magistrados en su foro de internet sobre el independentismo catalán. Si después de leerlo alguien cree que la columna es dura, podemos debatir. Esos policías y guardias civiles vienen a Catalunya a cumplir órdenes, indicaciones, deseos de unos funcionarios judiciales que, por el odio que desprenden, están radicalmente inhabilitados para la función jurisdiccional.

Simple y llanamente, pasando por encima de todas las declaraciones de derechos, la conciencia jurídica de la época, la doctrina universalmente admitida y la jurisprudencia planetaria, estos "jueces" y "magistrados" consideran que una ideología política independentista esencialmente pacífica, no violenta, es un delito.

¿Qué justicia cabe esperar en España?

Aquí el texto del artículo en castellano:

Esperando a los bárbaros

Para el próximo 29 de septiembre hay anunciada una manifestación españolista en la Plaça de Sant Jaume. Esta convocada por Jusapol, una organización teóricamente concebida para apoyar la equiparación salarial de las policías estatales con las autonómicas. No obstante, como se ve, también incita a la acción política directa en un clima de crispación y enfrentamiento con el obvio ánimo de intensificarlos puesto que, para esa fecha, la plaza estará ocupada por los independentistas en apoyo al gobierno del MHP Torra.

La manifestación se hace en apoyo y homenaje a los agentes de la guardia civil y la policía nacional que el 1-O se dedicaron a aporrear salvajemente a la población pacífica con un saldo de más de mil heridos que todo el mundo ha podido comprobar. Es imposible imaginar un propósito más colonial y provocador. Los mismos que cometieron los actos vandálicos aquel día y por los cuales ya hay media docena de ellos imputados en los tribunales, o sus compañeros, pretenden humillar de nuevo a las víctimas, imponiendoles su indeseada presencia en homenaje a los apaleadores y sosteniendo que tienen un objetivo común cuando el suyo fue aniquilar por la fuerza bruta el de los otros y sisn conseguirlo, por cierto.

La responsabilidad de los convocantes y de las autoridades que no impidan esta planeada agresión a la convicencia ciudadana será enorme. Porque no se trata del ejercicio legítimo del derecho de manifestación de unos ciudadanos normales con un punto de vista propio. Se trata de una manifestación convocada por una asociación de funcionarios armados a la que se invita a acudir a otros funcionarios armados y sin que esté claro ni garantizado que a ella no concurran estos de paisano pero con armas y con intención de provocar altercados y violencia como ya se ha demostrado suficientemente que hacen en otras ocasiones. Y sin que lo esté tampoco que, al final, no se sucedan actos de vandalismo y agresiones a los ciudadanos en Barcelona como indefectiblemente sucede al cabo de las manifestaciones de la derecha nacional española.

Porque esta se sumará encantada a la convocatoria con sus cutters, sus palos y sus trajes de Ku-Klux-Klan, sus VOX, sus SCC, sus Democracia Nacional y otras organizaciones fascistas o parafascistas. Se trata por tanto de una convocatoria intimidatoria, para hacer ver a los catalanes una vez más a palos cuánto se los quiere en el Estado que los oprime.

En realidad, esta convocatoria es el segundo acto del “¡A por ellos!”

Y deja en el aire la duda de si el gobierno controla los aparatos represivos del Estado. Está claro ya que a los jueces, no. Resta por ver si controla a las fuerzas de seguridad o si, por el contrario, es un juguete en sus manos. Cierto que el orden público en Catalunya es competencia de la Generalitat, pero, teniendo en cuenta que quienes vienen a la provocación serán agentes de todo el Estado, cabe preguntarse qué hará el gobierno. Cabe preguntarse qué harán esos 600 piolines destacados en Catalunya por el ministro del Interior Marlaska, del que cabe esperar intenciones aun más agresivas y contrarias a las libertades que de su antecesor, el inefable Zoido.

Si no se prohíbe esa provocación, pensada para que estalle un conflicto peor en Barcelona y se justifique una intervención con o sin 155, la generalitaat, es de esperar, vigilara el orden público y evitará la violencia con todos los medios a su alcance. Es su deber No se puede dejar a la población pacífica de Barcelona a la espera de qué sucederá cuando lleguen los bárbaros.

Al escrupuloso y eficaz cumplimiento del deber de protección de la tranquilidad ciudadana de la Generalitat que, es de esperar, tomará medidas para impedir los excesos que los manifestantes tratarán de cometer se sumará la respuesta de una población movilizada y muy consciente de lo que estsá en juego. Es claro que deebe mantenerse la visión general del conflicto España/Catalunya como aparece ante el mundo: la revolución catalana es esencialmente democrática y pacífica. La violencia viene siempre de fuera; la traen las fuerzas de represión, de uniforme o de paisano y sus ayudantes y colaboradores civiles que están en todas partes, incluido el gobierno, como lo demuestra la presencia en él de Borrell quien raro será si no hace acto de presencia.

Es muy probable que, complementariamente a la acción pública defensiva de la Generalitat se sume una actitud generalizada de indiferencia de la población y aislamiento de los violentos. Lo que ha dado en llamarse un “Tortosa”. Será difícil porque, como muestra la experiencia, estos vienen a atacar directamente y será preciso acumular toneladas de paciencia y resistir la indignación que estas provocaciones despiertan.

Hay que esperar tranquilamente a los bárbaros y dejarlos pasar en medio de la indiferencia general.

La anormal normalidad

Casi parece un juego de palabras o, más hispánicamente, un empeñarse en mantener el fuego mientras se pierde el huevo. A primeros de agosto publicaba Palinuro un post titulado La Normalidad, comentando la consigna del gobierno de actuar siempre en el marco de la normalidad que había venido a establecer. Normalidad con presas y exiliados políticos, aunque hayan traído a las primeras cerca de sus domicilios. Imposible. Lo dijimos entonces y lo reiteramos ahora. En el mes y medio transcurrido, ni un atisbo de normalidad. Esta solo existe para el gobierno y sus aliados. Los de Podemos no asistieron a la manifestación de la Diagonal en la Diada porque rompía la "normalidad", a lo que Colau añadía horrorizada que facilitaba la "unilateralidad" cuando, como todo el mundo sabe, lo normal es la bilateralidad.

Pero los hechos, es obvio, son tozudos; en especial los hechos penales. Entre el bautizo de la "normalidad" del gobierno y su entierro ayer en las declaraciones del PDeCat, ha mediado un mes en el que la tal "normalidad" ha convivido con dos procesos contradictorios que la han triturado. 

En el Estado, la "normalidad" ha convivido con un defensa atípica de la judicatura española en el exterior a cargo del gobierno, una cascada de informaciones sobre irregularidades en todo el proceso político por el 1-O o instrucción de Llarena, un ataque sin precedentes del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a las jurisdicciones europeas, singularmente la alemana y la belga, una nueva negativa belga a extraditar a un acusado en España, Valtonyc,  unas inefables declaraciones a la BBC del ministro de Asuntos Catalanes, Borrell, de inmediato falseadas por el interesado al llegar a España y recurso de este para torpedear las delegaciones exteriores de la Generalitat (Diplocat). De la "normalidad" no quedan ni las burbujas, salvo que se admita como normal el sistemático torpedeo de la acción de la Generalitat.

Dice Borrell que está ganando la "batalla del relato" en el exterior. Cerrando delegaciones y siendo incapaz de justificar la existencia de presos políticos en España. Reconoce que la existencia de estos presos no ayuda al entendimiento. Le hace eco la ministra Batet diciendo lo mismo: mejor sería que no hubiera presos políticos. Ellos dicen "políticos presos", pero eso forma parte del empeño borgoñón en el fuero. No es que fuera mejor, sino que es la única forma de empezar a entenderse. Pero ahí están, anclados en esa "normalidad" profundamente anormal y de la que no consiguen salir igual que los invitados de El ángel exterminador, porque son incapaces de reconocer la verdad: que mientras haya presos y exiliadas políticas, no habrá normalidad. 

Los y las presos/as y exiliados/as políticos/as han dado al movimiento independentista un símbolo por el que luchar, la libertad; y un objetivo práctico que lograr, la libertad de sus dirigentes democráticamente elegidos e injustamente encarcelados. 

Si en algún momento los estrategas unionistas pensaron en quebrar la unidad del bloque independentista, con las últimas decisiones del PDeCat de retirar la moción con el PSOE y rechazar de plano la "normalidad" constitucional, ya habrán perdido la esperanza. La unidad, la pieza esencial de la armadura independentista se mantiene sin falla, incluso en medio de alborotadas polémicas sobre puntos tácticos.

La hace invulnerable la posición de Oriol Junqueras cuando zanja el asunto de modo incuestionable: si el Estado no acepta un referéndum pactado de autodeterminación tendrá otro 1-O, que puede ser cualquier otro día, por cierto.  

Tampoco se crea que ese referéndum goza de universal aceptación en el independentismo; hay sectores, singularmente la CUP, que lo rechazan por entender que ya se hizo el 1-O. El asunto es complicado. Pero valga el que se hizo entonces o el que se repita ahora, por mor de la legalidad (española) y la opinión (europea), nadie duda ya de que es, y fue siempre, la única solución, la sencilla forma de resolver la crisis, como se hizo en Escocia. 

Hay más. Al ser el referéndum de Escocia pactado con el Estado británico y vinculante, este se comprometía a no obstaculizar el reconocimiento internacional de una Escocia independiente. Digan ustedes eso a los políticos unionistas españoles, dispuestos a gastarse millones del erario para comprar voluntades en las cancillerías extranjeras y evitar la tentación de un reconocimiento de la República Catalana.

El referéndum es la forma más limpia de proceder, la que despeja las controversias sobre mayorías/minorías, la que resuelve todas las crisis y deja menos secuelas conflictivas. Maravilla que lo que se consigue en unas horas mediante un pacto en Escocia, resulte más difícil de alcanzar en España que la maravillosa manzana de Samarcanda, de las Mil y una noches, que curaba todos los males.  

Y, sin embargo, los cura. 

El 15-M catalán

Lo de los aforamientos o medioaforamientos no es asunto de alto voltaje mediático. Es una de esas reformas que arrastra el Estado español desde siempre, invoca de vez en cuando y no realiza jamás, como la reforma militar, o la de las relaciones iglesia-Estado, o la de la administración, o la del sistema electoral. Business as usual. Podían los medios haber encontrado algún espacio para informar de la que se está armando en la Plaça de Sant Jaume. Pero no hay modo. No es que no sepan nada de Catalunya; es que no quieren saberlo y prefieren ocultárselo a sí mismos.

La acampada a la vera del Palau de la Generalitat recuerda el 15-M. Analogías y diferencias, cada cual las busque en donde quiera. Pero algo es evidente: el 15-M se hizo en contra del poder político, fundamentalmente el gobierno y el parlamento, pero abarcaba a todos los demás porque era una repulsa al conjunto del sistema político, aunque sin propuesta positiva alguna de programa. Por el contrario, la de la Plaça de Sant Jaume, siendo tan asamblearia, espontánea y sin jerarquía como el 15-M, se hace, por declaración expresa de los participantes, a favor del govern y con la finalidad de ayudarlo a implementar la República Catalana. 

Esto puede entenderse de dos modos: la gente acampa ante la Generalitat esperando instrucciones o imparténdolas. Todo depende de cómo se entienda la dinámica de la revolución catalana y en qué momento se encuentre. Pero lo incuestionable es que hay una unidad de acción entre la gente, la ciudadanía y las instituciones. Es posible que las acampadas hagan pressing al presidente, pero es cierto que el presidente pide reiteradamente que prenda la llama en la pradera catalana y Riera en un ánimo similar, llama a "desbordar popularmente" el marco del Estado. 

En una semana, Torra hará público su programa de gobierno. Entre tanto, todo indica que la acampada crecerá. Y en diez días se producirá una situación parecida a la de la frustrada manifestación españolista del pasado domingo, pero mucho más peligrosa. Una manifestación para el día 29 en homenaje a los policías y guardias civiles que intervinieron el 1-O de 2017 y en la misma Plaça de Sant Jaume que estará por entonces de bote en bote.

Debe de haber pocas convocatorias más provocadoras y desaconsejables que esta.

Revolución catalana

Dele cada cual el nombre que mejor le cuadre: rebelión pacífica, sedición no violenta, golpe de Estado incruento, desobediencia, resistencia. Todo es igual. A veces trabajará más el juez Llarena, si se libra de lo que tiene encima, a veces lo hará la policía o la brigada 155. Es lo mismo: una revolución en la medida en que se cuestiona la legitimidad del sistema político.

El MHP Quim Torra es la máxima representación del Estado en Catalunya. Es el Estado en Catalunya. Un Estado que ataca al Estado. ¿Puede el Estado negarse a aceptar las sentencias de sus tribunales? En principio, no. Pero no hay que echar en saco roto la afición de Torra, hombre de gustos literarios, al surrealismo. 

Extraño que la oposición de derechas no esté ya exigiendo el 155, la detención inmediata de Torra y la ocupación de Catalunya. Está muy entretenida con la cuestión de los CVs falsificados. La de izquierda, con la de la venta de armas a Arabia Saudí. Ambos asuntos de mucho calado, desde luego, pero secundarios en relación con el panorama que se les presenta en Catalunya entre la Diada y la conmemoración del 1-O. 

Ya ayer hubo un avance de lo que cabe esperar con el incidente en la Plaça de Sant Jaume. La decisión de desviar la manifestación españolista autorizada de Sant Jaume a Ramon Berenguer traerá consecuencias judiciales a las que, lógicamente, espera la misma recepción que a las sentencias del Supremo. Pero es un aviso del empleo de un criterio político frente al judicial, que sin duda reaparecerá en la manifestación unionista, ya convocada para el 29 de octubre, en homenaje al 1-O de 2017 desde la perspectiva de la represión.   

En efecto, ¿puede el Estado negarse a aceptar las sentencias de sus tribunales? Está claro que no. Pero ¿puede el Estado imponerse a unos políticos y gobernantes dispuestos a ir a la cárcel o el exilio por defender pacíficamente sus ideas? Tampoco. Y todavía menos si esas políticas y gobernantas cuentan con el apoyo de una mayoría social dispuesta a seguirles a donde sea. 

Torra es representativo de una generación que ha roto la tradición política del nacionalismo acomodaticio en cualquiera de sus formas para apostar sin ambages por la independencia. Y eso ha pillado con el paso cambiado a los sabios unionistas que traían sus alforjas cargadas de catalanismo político, Cambó, el seny, la conllevancia, el peix al cove y otras originalidades. Los representantes de esta generación, entre los que hay políticos profesionales y políticos accidentales, se encuentran en todos los partidos y grupos profesionales y religiosos, en todas las asociaciones civiles y profesionales y en todas las actividades de movilización popular.

Lo que tiene ante sí el gobierno español es un dilema mortal: o impone el orden por la fuerza antes de nada, preventivamente, o deja hacer y ha de imponerlo sancionadoramente siempre a la fuerza, pues ha perdido la posibilidad de conseguir el libre acatamiento de los ciudadanos. Y en cualquiera de los dos casos, Europa no tolerará un Estado autoritario en su seno. 

Solo hay una forma de salir del dilema, mediante el referéndum de autodeterminación que vuelve a reclamar Oriol Junqueras con toda razón y motivo, pues no hay otra.

Sin pausa y con prisa

El barullo mediático habitual de la Corte impide que la opinión pública española se haga idea de lo que sucede en Catalunya, la única zona del Estado en que este tiene planteada una crisis constitucional que amenaza su supervivencia. Hay algo de suicida en esta actitud. No solamente se oculta o falsea la información sobre el proceso independentista sino que se substituye por una bazofia de escándalos a base de títulos falsos de los dirigentes, ventas de armas a tiranías, latrocinios eclesiásticos y la sempiterna Gürtel de mil cabezas. Todo se ventila luego en un tumulto de ataques, insultos, declaraciones agresivas, tertulias insoportables, patrañas y postverdad en un clima de exasperación que afecta a los dos partidos de la derecha. Incapaces de admitir haber perdido una moción de censura, actúan como torpedos del sistema que dicen defender.

En resumen, la opinión pública española no sabe nada de Catalunya. Tampoco el gobierno. Y esto es más peligroso. Una opinión pública ignorante y parcialmente manipulada apoyará una política represiva, aunque ese apoyo no la hará más legítima. Lo preocupante es lo que pueda hacer un gobierno desconocedor de la realidad o mal aconsejado por sus prejuicios catalanófobos, al estilo de Borrell.

En ambos casos llama la atención la gran ignorancia de la evolución de los asuntos catalanes y, sobre todo, de la política independentista, tanto la institucional como la popular. Desconocen todo: sus objetivos, motivaciones, medios, apoyos y ritmos. El gobierno presume mucho de talante dialogante y de haber propiciado alguna reunión o acercamiento, como la habida hace unas fechas entre la ministra Calvo y la consellera Artadi. Pero es obvio que no hay diálogo. A la ignorancia, la parte española añade la incomunicación. Y la incapacidad para resolver un problema heredado del PP, los presos políticos, a pesar de haber criticado por errónea la "judicialización del proceso".

Digo la parte española porque la catalana, en cambio, sí se mantiene muy informada de la política de la otra por la cuenta que le trae. Participa en ella, toma partido, pretende condicionarla, teje acuerdos siempre mirando por los intereses de Catalunya. Y traslada luego la información a la política catalana para adelantar la causa independentista.

Así las cosas puede ser un gran descubrimiento para la opinión pública española y sus políticos comprobar que el proceso independentista funciona como un reloj. Hace años que, ante el evidente fracaso del Estado español, el independentismo como movimiento y la Generalitat como institución tomaron la iniciativa y desde entonces no la han perdido. La revolución catalana ha progresado poco a poco, a base de prueba y error, fabianamente, pero de forma muy organizada, hasta poner al Estado en una posición imposible.

La Diada se interpreta como la renovación del mandato del 1-O de 2017 y ha alimentado la prominencia mediática de que goza el independentismo internacionalmente. Igualmente se ha reafirmado esa robusta unidad de JxC, ERC y CUP que los unionistas están locos por romper. Si se añade que se encuentra ante un Estado a la defensiva, sin propuestas, ni proyectos, con un gobierno en precario, se comprende que aquel acelere el ritmo, apriete el paso, tenga prisa. Es ahora o nunca. Por eso anuncia Quim Torra el programa de su gobierno para el próximo 25 de septiembre. Y ¿hay alguna duda de que será un programa rupturista?

Son diez días. Pero en diez días en  Catalunya puede pasar cualquier cosa. Hoy mismo, si no yerro, en la plaza de Sant Jaume, ocupada por independentistas, se anuncia una manifestación españolista en contra de la inmersión lingüística. Ayer hubo noticias contradictorias: si los Mossos iban a desalojar o no. Al final, la Consellería de Interior hizo saber que no se desalojaría. Ante la primera noticia, las acampadas se declararon en desobediencia. Al final no la hubo porque tampoco habrá desalojo.

Ahora solo queda esperar los acontecimientos. Quizá sea en uno de estos instantes cuando salte la chispa que encenderá pacíficamente el país, según desea el MHP Torra o ese desbordamiento popular para romper con el Estado que  propugna Carles Riera.

Puede ser. Y, cuando salte la chispa, saltará muy alto.

La aporía del independentismo

Cualquiera que haya seguido el proceso independentista dará fe de que se ha desarrollado de acuerdo con muy cuidadosas y escalonadas previsiones. Se han cubierto etapas planificadamente y se han ido designando con muy pensados nombres medidas jurídicas, políticas, orgánicas, mediáticas, como la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana; el correspondiente Consejo Asesor para la Transición Nacional; los lemas "de la ley a ley", "de la autonomía a la preindependencia" "de la preindependencia a la independencia". Todo en el habitual piélago de recursos y contrarrecursos del gobierno central. Lo que no merma la impresión de que se trata de un proceso, un itinerario, un viaje, una transición, cuidadosamente planteada en sus etapas. 

Pero, a medida que estas se suceden y, por tanto, retrasan el logro final, se vienen a la memoria las aporías de Zenón. Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. El independentismo nunca llegará a la República pues siempre tendrá una etapa por delante. Los estrategas siempre tendrán una razón (o se verán forzados a invocarla) para justificar otra postergación, otro aplazamiento. 

Habiendo llegado hasta aquí, dos cosas son obvias: a) el cumplimiento del mandato del 1-O pone a la Generalitat en curso de colisión con el Estado; b) la colisión puede darse en cualquier momento no previsto y tener consecuencias  muy negativas, aunque no necesariamente igual de negativas para ambas partes. 

Las dos saben que se encuentran en una especie de empate inestable y desigual. El Estado no tiene más propuesta para Catalunya que el retorno al statu quo; la Generalitat no acepta nada que no sea la autodeterminación de los catalanes. Inestable y desigual. En cierto modo, hay una dualidad de poderes, aunque asimétricos: el Estado controla el territorio de Catalunya, pero no su población e instituciones. La Generalitat está apoyada por la población y las instituciones, pero no controla el territorio. La ventaja material es del Estado; la moral, de la Generalitat. Lo que hace democrático un gobierno no es su control sobre un territorio, sino ser libremeente aceptado por la población. 

Los independentistas conocen esta ventaja y Quim Torra en especial enfoca la tarea de la Generalitat como la implementación de la República de facto, en tanto se produce su proclamación de iure. Pero lo más probable es que esa proclamación de iure, que implica ruptura con el ordenamiento jurídico español provoque un conflicto. De ahí que se retrase, porque, aunque los dirigentes anuncien que la independencia requerirá sacrificios, nadie está interesado en adelantarlos. 

Los habrá. La situación creada en la Plaza de Sant Jaume tiene el valor de un experimento de laboratorio para ver la complejidad y el carácter crítico del momento: las acampadas lo están en tanto se implementa la República, pero la orden de los Mossos de desalojar es para hacer sitio a una manifestación el domingo en contra de la inmersión lingüística. Los independentistas lo viven como una doble provocación: se les niega su libertad de expresión y se ataca la lengua catalana. Triple, si se tiene en cuenta que un sector de los Mossos apoya la manifestación contra la lengua. Parece todo preparado para provocar un incidente.

Estos enfrentamientos serán cada vez más frecuentes. El Estado no puede obligar a la fuerza a la mayoría de la población a aceptar una forma de gobierno que rechaza. Pero, al mismo tiempo está obligado, él sí, a intentarlo porque no puede aceptar el incumplimiento de la ley y la desobediencia sistemática en una parte de su territorio. 

Lo característico de estos enfrentamientos es que se ventilan en la calle, a través de acciones populares que pueden estar planificadas o no. Las personas acampadas en Sant Jaume, según mis noticias, lo están a título personal. Pero eso no quiere decir nada en cuanto a la obligación a su vez de las entidades independentistas de proteger y hacer suyas las iniciativas populares. 

El hecho de ventilarse en la calle, en la agitación de una sociedad muy movilizada, hace que sus consecuencias sean imprevisibles. Todos los proyectos, planes, etapas, quedan aquí en suspenso y se acepta que puede haber un resultado no previsto. La República puede surgir en un momento toda entera y resplandeciente como Palas Atenea de la cabeza de Zeus pensante o bien como una Marianne en las barricadas de Delacroix. 

Porque, como escribió Marx, otro que sabía mucho de barricadas, "los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio". 

Desde luego. En Catalunya hay que contar con la gente. Y confiar en ella.

Hoy, Palinuro presentador de libro en Girona

Pues, sí, en el café Le Bistrot, (Pujada de Sant Domènech, 4), a las 12:30 participo en la presentación de un libro de Laura Reixac, titulado Girona a traç de llapis, que es una mena de guía de la ciudad. Comparto presentación con la alcaldessa, Marta Madrenas, la autora y la editora de Llibres del Segle, Marta Costa-Pau. Todas muy en su lugar. El único que desentona es un servidor, un recién llegado.

Un recién llegado, claro. Y ¿qué es lo primero que hacemos al llegar a un lugar? Procurarnos una guía. Pero, desde el advenimiento de Google maps, las guías han tenido que reinventarse, como todo el mundo. Su valor ya no reside en orientarnos, porque eso lo hace mejor el GPS; ahora reside en desorientarnos, en invitarnos a visitar otros mundos con el pretexto de la guía, las leyendas de la ciudad, sus dimes y diretes, los usos de las y los vecinos. Y eso se puede hacer también con gracia, dibujo y sentido del humor, como en este libro.

En fin, que nos vemos en Le Bistrot.

Mañana, Palinuro de libros por Girona

Pues, sí, en el café Le Bistrot, (Pujada de Sant Domènech, 4), a las 12:30 participo en la presentación de un libro de Laura Reixac, titulado Girona a traç de llapis, que es una mena de guía de la ciudad. Comparto presentación con la alcaldessa, Marta Madrenas, la autora y la editora de Llibres del Segle, Marta Costa-Pau. Todas muy en su lugar. El único que desentona es un servidor, un recién llegado.

Un recién llegado, claro. Y ¿qué es lo primero que hacemos al llegar a un lugar? Procurarnos una guía. Pero desde el advenimiento de Google maps, las guías han tenido que reinventarse, como todo el mundo. Su valor ya no reside en orientarnos, porque eso lo hace mejor el GPS; ahora reside en desorientarnos, en invitarnos a visitar otros mundos con el pretexto de la guía, las leyendas de la ciudad, sus dimes y diretes, los usos de las y los vecinos. Y eso se puede hacer también con gracia, dibujo y sentido del humor, como en este libro.

En fin, que nos vemos en Le Bistrot.

El síndrome de la escalera del ministro

Creo haber leído a un ufano presidente Sánchez que su ministro de Asuntos Exteriores (aka Asuntos Catalanes), Borrell, contrarrestaría el relato independentista en el exterior, cosa de la que España anda necesitada. Pues si le sale la cosa como en la entrevista reciente en la BBC, la independencia de Catalunya es cuestión de días. 

Llevado de su soberbia, su inconsciencia, su afán de aparecer como lo que no es, Borrell reconoce claramente que Catalunya es una nación. Así, a secas. Y da a entender al periodista que con todas sus consecuencias, cosa que este recalca porque, obviamente, deja al descubierto la mala fe del nacionalismo español.

Se da cuenta del patinazo de inmediato y trata de recoger velas hablando de "secesión" en lugar de autodeterminación con una falta de lógica evidente pues autodeterminación y secesión no son sinónimos y coetáneos sino consecutivos y causales. Pero no le basta; tiene que retractarse públicamente. ¡Que no le tomen al pie de la letra, por Dios! Y, a su regreso a España, va corriendo a Onda Cero a recitar el síndrome de la escalera precisando que Catalunya es una nación cultural, pero no política, etc. Es doctrina oficial española, más o menos opinable. Lo no opinable es que Borrell mintió en la BBC por quedar bien; por tarambaina. Y vuelve a mentir cuando acusa a los medios de tergiversar sus palabras. Es imposible. Borrell dice claramente que, para él, Catalunya es una nación. 

Esa contradicción le importa poco. El ministro tiene el encargo de vencer la hegemonía independentista en la imagen exterior de España, encargo que coincide con sus más firmes convicciones. Sale dispuesto a vencer cueste lo que cueste. Llega bien asesorado con un reciente libro en contra de la Leyenda Negra. Ahí estamos todavía. La más reciente modernización fue un premio, instituido por el PP, dotado con 12.000 euríviris de vellón al mejor artículo sobre España en un medio extranjero. Por supuesto, este gobierno lo ha mantenido. Hay que vencer el relato.

Para cumplir el encargo, Borrell echa mano de la  distinción entre nación cultural y nación política, muy interesante pero inútil a estos efectos. Porque aun admitiendo la validez de los conceptos y la sutil y arbitraria degradación que contienen entre la eficacia de lo cultural y lo político, ¿quién decide cuándo una nación es cultural y cuándo política? ¿Puede ser alguien distinto a la propia nación? Dado que la idea de nación vive en sus componentes, se desarrolla, crece o decrece en el tiempo, ¿qué sucede cuando una nación cultural decide ser nación política? Desde el punto de vista de la propia nación (la perspectiva emic) está en su derecho y espera que se le respeten todos los demás, en concreto, el de dotarse de un Estado.

Desde la perspectiva exterior, española, etic, eso es falso. La nación cultural no puede ser política. Pero carece de argumento convincente en su favor. El resto de la entrevista es una desafortunada repetición  de las falacias gubernamentales españolas sobre la legalidad, la Constitución, su reforma, la división de poderes, el Estado de derecho y las presas políticas. Aquí tuvo otro descuido que le afearán: no precisó que se trata de políticas presas, como quiere la doctrina y dijo preferir que estuvieran en libertad provisional, cosa que tampoco le perdonarán los suyos.

Recurrió igualmente a los habituales embustes sobre las cifras de las elecciones, el 47% famoso, la cuestión de la mayoría, minoría y la Catalunya dividida en "dos mitades", una fábula que el ministro debía tener aun fresca en la retina comparando la asistencia a la Diada con la de la Diada alternativa de C's en la Plaça del rei. Y aquí ya el entrevistador lo deja sin aliento cuando le pregunta por qué no autoriza el gobierno un referéndum para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Y, por supuesto, si el voto independentista no es mayoritario, no habrá secesión.

Ahí está el problema: en que el ministro sabe que el voto independentista es mayoritario y lo será cada vez más. 

España no puede retener Catalunya en contra de su voluntad. 

El día después o la post-Diada

En su discurso hace unas fechas Quim Torra se preguntó en dos ocasiones "¿ahora, qué?" Y él mismo venía a responderse diciendo que la respuesta la daría la gente, la ciudadanía.

Y así ha sido. La Diada atronó con su triple mandato: Independencia, República Catalana y libertad de los presos políticos. Y el Govern se propone actuar en cumplimiento de ese mandato, que reitera el del 1-O y lo pone en curso de colisión con el Estado

En un plan de ataque al Estado injusto, la Generalitat abre el curso con este anteproyecto de ley anunciado por Artadi que tiene un horizonte ambicioso de memoria histórica, comisión de la verdad y justicia post-transicional al margen de lo que esté haciendo el Estado.

Es como si la Diada hubiera renovado su empoderamiento a las instituciones y partidos que las gestionan. Estos, a su vez se sienten injustamente tratados por esa acusación muy extendida de que aumenta la distancia entre un pueblo rupturista y unos políticos pactistas. Para redimirse ponen en marcha ipso facto medidas orientadas a la consolidación de la República como ente de hecho, aunque no de derecho (español), crecientemente rupturistas con el marco constitucional. Reiteran además su unidad de acción. Si el PDeCat ha retirado su desafortunada moción de pacto con el PSOE "dentro de la legalidad" ha sido por el efecto de la Diada. Esa coordinación entre una ciudadanía movilizada y unos dirigentes vinculados por un programa y un mandato es un arma política poderosísima. Los políticos responden ante la gente y la gente responde por los políticos. 

Esta situación paradójica en la que Catalunya resulta tener más estabilidad política que España es la que permite a la Generalitat preguntar a Sánchez si el fracaso de la política de la represión y el miedo del PP, ayer escenificado en una Diada apoteósica, no le hace reflexionar. En otros términos, la Generalitat sigue esperando propuestas concretas del Estado para resolver un conflicto que es imposible negar ni siquiera minimizar. Es el problema de España. 

Pero España no está en condiciones de resolverlo porque se encuentra en el habitual marasmo  de crisis entrecruzadas todas originadas en la corrupción sistémica heredada del franquismo. El veto del PSOE a la comisión de investigación sobre la presunta corrupción del ex-rey Juan Carlos ha barrido de un golpe el último vestigio de legitimidad que le quedaba a esta corona, legado directo del franquismo. 

La corrupción política ha deslegitimado el resto del cacareado Estado de derecho. La corrupción en los tribunales de justicia, como en la Universidad pública, son dos casos específicos de un mal que aqueja a la totalidad del sistema político en el que las instituciones están al servicio de los partidos políticos. Corrupción es asimismo la pervivencia del franquismo en todos los órdenes, desde los arquitectónicos a los nobiliarios, pasando por los presuntos delitos contra la Hacienda pública.

Y corrupción es la desaforada represión de la libertad de expresión que lleva a la cárcel a Pablo Hasel, al exilio a Valtonyc o al calabozo a Willy Toledo simplemente por decir lo que piensan sin causar daño real a nadie. 

Todo ese barullo de atropellos, injusticias, abusos, corrupciones, persecuciones, etc., tiene muy entretenidos a los medios porque llaman a escándalo y también entretenidos a los políticos defendiéndose y atacándose mutuamente en fuegos cruzados. Pero de atención, reflexión y propuestas sobre el mayor problema constitucional del Estado español, hoy en el punto de mira de la opinión internacional, nada de nada. 

El gobierno no está en condiciones de ofrecer nada a Catalunya. Ni el gobierno ni la oposición: Podemos, no participa en la Diada porque el independentismo rompe la "normalidad"; el PP pide el 155; y C's sigue haciendo el ridículo con teatrillos callejeros sin público. Del rey no hablemos. Es el Estado el que ha fallado (a propósito, aquí el texto de mi artículo ayer en elMón.cat. que versa sobre la materia). Cada vez más claramente, es un Estado fallido porque no está en situación de garantizar el imperio de (su) ley democráticamente en Catalunya, esto es, un gobierno voluntariameente aceptado por los gobernados. Solo puede hacerlo a la fuerza con lo que no habrá aceptación sino dictadura, algo difícil de defender en Europa. La votación de hoy en el Parlamento Europeo sobre Hungría es una advertencia.

La medida anunciada por Artadi tiene mucho alcance pues es de carácter soberano. Equivale a enjuiciar el pasado del conjunto del Estado español desde una perspectiva catalana. Jurídicamente no hay objeción puesto que entra en sus competencias. Pero políticamente provocará incomodidad y recelos. Una posible justificación de la Generalitat que, por lo demás, no la necesita, es que actúa en lugar del Estado porque en cuarenta años este no ha cumplido su deber de justicia post-transicional. Si, como sostienen muchos, entre ellos Palinuro, se trata de un presunto crimen de genocidio, este no prescribe y alguien debe acometer la tarea ineludible de hacer justicia a las víctimas, con independencia de si el Estado, finalmente decide cumplir con su deber o no. 

Y así procederá la política de la Generalitat, si entiendo bien la táctica indeependentista: seguir funcionando como una república de hecho hasta el momento de una ruptura que, dadas las circunstancias, parece inevitable. La cuestión es qué forma tomará. Si pacífica o violenta; entendiendo por "violenta" no solamente los actos cruentos sino toda aquella situación en que se emplee la fuerza para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

La voz del pueblo

No se lo esperaban. Realmente no se lo esperaban. Temían una Diada espectacular cuando vieron que se llegaba a los 400.000 inscritos y todos los tramos completos; pero ni por asomo esperaban ver lo que han visto. Lo cual habla en demérito de los informadores y analistas. Y ¿por qué este fracaso colectivo de los medios españoles? Por un desconocimiento pavoroso de la realidad catalana que los afecta a todos, lo que explica su tendencia a la hostilidad de unos titulares interpretativos

Se habían creído las fábulas que venían contando sobre el independentismo, su apoyo social, la unidad del movimiento, las polémicas y diferencias entre sus líderes; contaban también con el cansancio de la gente y, aunque no quieran reconocerlo, con la intimidación que sembraban por las calles las bandas de fascistas encapuchados o sin encapuchar. Cumpliendo con su obligación de informar verazmente, El País se hacía eco ayer mismo de un aviso de la policía de que en la Diada pudiera haber "cierta violencia". Que no hubiera prueba alguna de ello era indiferente; como lo era que los organizadores habían planeado cuidadosamente la defensa frente a cualquier brote de violencia; y como lo era que, a diferencia de las manifestaciones unionistas, en las independentistas, infinitamente más concurridas, jamás hay violencia ni, por lo demás, restos de suciedad y porquería. Otra cosa es que los informantes, en realidad, deseaban que se produjera aquello de lo que avisaban. 

Puestos a fabular, El País interpretaba que la Diada era una cortina de humo para ocultar la división del independentismo. Ese es el nudo gordiano del unionismo, la unidad independentista de acción. Sueñan con la división del movimiento. Y, si no la ven, se inventa. Al extremo de ver división en un acto de afirmación unitaria de cientos de miles, quizá millones de personas, con la misma perspicacia con que Llarena ve violencia en el comportamiento de quienes la sufrieron el 1-O. El presidente Sánchez está también preocupadísimo por la división en Catalunya y, por iluminación divina, sabe que la mayoría de los catalanes no quiere la independencia, sino el autogobierno. Tan seguro está que no necesita probarlo con un referéndum. Referéndum al que, por cierto, la CUP se opone. El unionismo no tiene ni idea de en dónde está. Pero cree saber sobre el independentismo lo que este ignora de sí mismo. Así, Público revela que el independentismo llena la Diagonal para reclamar una República que ya no ve inminente. Y eso después de una marcha al grito de "¡Som República!"

El unionismo debía de creer también que la sociedad catalana aceptaría como  "normal" la existencia de presas y exiliadas políticas catalanas. Ha tenido casi un año para comprobar que no. Al contrario, esa sociedad se viene movilizando sin parar porque no acepta la "normalidad" que dan por cierta todos los partidos políticos españoles y lo ha demostrado masivamente en la Diada, consagrada a la liberación de los presos políticos que, según el gobierno, no son tales, sino "políticos presos".

Lo de los presos políticos es otro episodio de la política berlanguiana. El ministro de Exteriores, Borrell, no se atrevió a emplear ese ridículo juego de palabras de los "políticos presos" ante el periodista de la BBC que lo entrevistaba. En un gesto de soberbia muy típico le preguntó si había oído hablar de la separación de poderes. Es decir, reconocía que hay presos políticos, pero se lava las manos invocando la independencia del Poder Judicial. Que su gobierno esté pagando los gastos de la defensa de un magistrado español en un proceso en el extranjero, incluida la parte de demanda civil privada es una prueba de la división de poderes 

Creer que los catalanes aceptarán como normal que se encarcele injustamente a sus dirigentes democráticamente elegidos es, de nuevo, no saber en dónde se está y con quién se trata. La asistencia masiva a la Diada es en reclamación de la libertad de los rehenes políticos. Los unionistas no ignoran que el 80% de la población catalana no acepta la existencia de presas políticas; como tampoco ignoran que el 80% reclama un referéndum de autodeterminación. Luego hablaremos mucho sobre las cifras de asistencia. El Plural las deja en "miles", vamos, como una manifestación de unionistas. Es un debate inútil, sobre todo en el mismo día en que los unionistas hicieron su Diada alternativa con presencia de sus estrellas Arrimadas y Rivera en la Plaza del rei (muy propio, por lo demás) consiguiendo una asistencia de unas veintitantas personas. Con eso está dicho todo en materia de cantidades y apoyos. 

Insisto, el debate sobre cantidad es inútil. Está claro que hubo cientos de miles, quizá entre uno y dos millones. Pero lo importante es que se trató de una manifestación "con argumento" de una performance masiva, interpretada por el pueblo cuya voz exigió la Independencia, la República Catalana y la liberación de los presos políticos. Una performance visualmente muy impactante que ha abierto los telediarios del mundo entero y ha formulado un mandato renovado a los dirigentes independentistas: lo mismo, la Independencia, la República Catalana y la liberación de los presos políticos.

Los dos pilares sobre los que se asienta el proceso independentista: la claridad de objetivos en el interior y la unidad para imponerlos y la internacionalización en todos los foros.

Es imposible que el Estado español no dé alguna respuesta a la atronadora voz del pueblo catalán en forma de onda sonora. Y, al mismo tiempo, es improbable que lo haga porque carece de repertorio de propuestas y se encuentra en una situación de marasmo.

Mitos y realidades

El establecimiento unionista abrigaba la esperanza de un "pinchazo" en la asistencia a la Diada. Confiaba en que el cansancio y el temor dejaran a la gente en casa y deslucieran el acto. Hicieron lo posible por conseguirlo: provocaciones de todo tipo, callejeras, institucionales, mediáticas en la esperanza de que brotara la violencia, se pudiera intervenir y se suspendiera la celebración. Incluso convocaron una manifestación de viva el rey y viva España el domingo que terminó con las habituales agresiones y ataques de los españolistas a la gente en la calle.

Pero los preparativos de la Diada siguieron y hablaban ya de una asistencia masiva, superior a la de años anteriores. El unionismo cambió entonces de táctica. Si no podía "desinflarse" la Diada de 2018, se desinflaban todas las demás. El País hace un completo análisis de los procedimientos de cálculo de asistencias (las famosas guerras de cantidades) y se pronuncia por el método de la empresa Lynce como el más exacto matemáticamente, basado en el cómputo informático individualizado. Y, de acuerdo con este método, todas las cantidades de manifestaciones anteriores están inverosímilmente infladas. Todas, las de los "malos" como los indepes o las de los "buenos" como los providas o antiabortos. No hay inconveniente en aceptarlo porque se trata de una corrección de perspectiva que afecta a todos por igual y solo se resienten quienes se aferran al mito o el fetichismo de los números: un millón entre millones es lo mismo que cien mil entre centenares de miles.

Hay piulaires independentistas que aplican el método de Lynce. Son los que han cifrado la asistencia a la manifa españolista del domingo en unos 7.800, en donde la Guardia Urbana vio 2.000 los organizadores 400.000.

Bienvenido el método de Lynce para calcular con exactitud la asistencia a la Diada de hoy. La fiabilidad, la verdad en las cantidades es imprescindible. Ningún movimiento que sea preciso hinchar merece la pena. En esta ocasión, los cálculos han empezado ya. Se espera una asistencia masiva a partir del dato de los 400.000 inscritos, más que nunca. Habrá discusiones, pero sobre cifras muy altas y, en todo caso, serán irrelevantes.

El dato definitivo e incontrovertible que abona la esperanza de asistencia masiva es el de los dos millones y pico de votantes el 1-O, en condiciones de riesgo y adversidad, reiterados luego en las elecciones del 21 de diciembre, en condiciones de intimidación, con el 155 y gente en la cárcel y el exilio. Ese es el dato definitivo. Y, sí, lynce o no lynce, dos millones y pico en cada caso.

La Diada de hoy tiene un valor simbólico extraordinario por darse en condiciones de anormalidad, con presos y exiliados políticos. Condiciones que los partidos unionistas, desde el PP a los Comunes-Podem consideran "normales". El MHP Puigdemont se ha volcado en la convocatoria. El MHP Torra reconoce que desde hoy hasta las fechas señaladas de octubre, será la gente la que hable y renueve (o no) su mandato, como se desprende de su afirmación de que será el pueblo catalán el que decidirá si se abren o no las cárceles. Es un contexto fascinante de choque de legalidades y legitimidades cuestionadas y voluntades políticas opuestas. Al tiempo, Oriol Junqueras ha planteado de nuevo la cuestión de la unilateralidad o el referéndum pactado con el Estado.

Ese dilema será el que decidirá la ciudadanía a partir de hoy hasta los aniversarios del próximo mes de octubre. Que se decida a través de un debate y una especie de consigna o por la vía de hecho, en una dinámica de acción/reacción entre el Estado y el independentismo que nadie puede prever, dependerá de cómo se desarrrollen los acontecimientos, a partir de hoy. 

En efecto, señoras y señores de El País, es cosa de millones. Pero no de los que vayamos hoy a la Diada, sino de los que ya han ido a votar dos veces y estamos dispuestos a hacerlo una tercera y crecidos. Todas las opciones están abiertas. Todas conducen a la República Catalana.  

Catalunya I. Las presas políticas

Hace algo más de un mes, Palinuro glosaba la idea de normalidad del presidente Sánchez y se preguntaba cómo puede llamarse "normal" una situación con presas políticas. Simplemente, negando que las haya. Así lo hacía Sánchez entonces y, como se ve, lo reitera Ábalos ahora mismo: no hay presos políticos; hay "políticos presos".

La estupidez de la argucia salta a la vista cuando acto seguido se reconoce que la existencia de "políticos presos" no ayuda a normalizar la situación. ¿Por qué no? Un político preso, por ejemplo, es Eduardo Zaplana. ¿Impide normalizar la situación la existencia del político preso Zaplana? Obviamente, no. ¿Por qué la de los independentistas catalanes sí? Sencillamente, porque no son "políticos presos", sino presos políticos. 

Y así se lo van a demostrar mañana al gobierno cientos de miles, quizá millones de personas. Se lo va a demostrar la sociedad catalana. Una sociedad convencida de que solo la República sacará de la cárcel y hará volver del exilio a las personas que los padecen injustamente. 

Catalunya II. La Diada

No es el presidente Torra. Es la gente. La Diada es fiesta nacional. Los actos los convocan instancias muy diversas con variadas finalidades. La ANC, Ómnium, los partidos indepes convocan una independentista, republicana, por la libertad de los presos y exiliadas políticos. De ella se desmarcan los demás partidos, PP, C's, PSC, Comunes. Y hacen bien si no son independentistas. Aunque nada impediría que se sumaran a la mayoritaria con sus propias consignas, siempre que lo hicieran civilizadamente, sin agredir a los demás.

También pueden convocar su(s) propia(s) Diada(s). Si no lo hacen es por temor a la baja asistencia. En todo caso, ir o no ir a la Diada (que se prevé de Guinness de los Records), celebrarla o no, de una u otra forma es algo voluntario. La idea de que alguien queda fuera de la Diada carece de sentido. Otra cosa sería si la Diada se quisiera "unitaria". Pero, eso, con presos políticos, es imposible.

Todavía tiene menos sentido atribuir a Torra la decisión de quién queda fuera y quién dentro de la Diada, criticándole la falta de neutralidad en sus actos y decisiones. Es obvio que se eligió a Torra MHP de la Generalitat para aplicar el mandato del 1-O de construcción de la República Catalana; no para ser neutral.