dijous, 12 de juliol del 2018

Demà, Palinuro a Tàrrega

Demà a dos quarts de nou (hehehehe, és per despistar), serem al Teatre Ateneu de Tàrrega per parlar d'Europa i de com Catalunya hi forma part mentre España no está ni se la espera (ho poso en castellà perquè no sé escriure en català una frase tan històrica). Serà una entrevista/xerrada amb Lourdes Cardona, directora de Nova Tàrrega. 

Hi, Lourdes: tots hem d'aprendre el camins d'Europa, que son camíns de llibertat. Potser cal recorrer-los algun dia, com ja han fet els nostres representants.

Europa es el veritable hinterland de Catalunya i no España que l'ha mantingut segrestada durant tants anys, unida per força a un destí sinistre de repressió, assimilació i genocidi cultural. Europa és terra de tolerància, democràcia y respect pels drets dels pobles; España, es el contrari. Ara, quan es preveu una separació entre Espanya i Catalunya, esta recuperarà el lloc que sempre li va correspondre. Està per veure que Espanya maniobri per excloure Catalunya de la UE i està per veure que ho aconsegueixi. És el proper repte.

Ens veiem demà a Tàrrega..


dimecres, 11 de juliol del 2018

Puigdemont el rebelde

El mismo juez que retrasa 24 horas la suspensión de cargo electo para no interferir en las conversaciones políticas entre Sánchez y Torra es incapaz de ver que, declarando en rebeldía a Carles Puigdemont, en realidad, pone en rebeldía a la mayoría del pueblo catalán, que votó por aquel, en definitiva, a la propia Catalunya. Su sensibilidad política está en sintonía con el gobierno y solo con el gobierno. El pueblo catalán es una ficción y, ahora, una ficción rebelde.

La declaración de rebeldía de Puigdemont viene bien al juez porque es lo que más se aproxima a ese delito de rebelión que se ha inventado y no consigue probar por falta del elemento constitutivo esencial, la violencia. Y, ciertamente, si rebelde es Puigdemont, rebelde es la mayoría que lo ha votado. Es más, la rebelión consiste precisamente en esa votación. Un rebelde, al fin y al cabo, es uno que se ha rebelado; o sea, que se ha alzado o intentado alzar violentamente, que ha cometido o intentado cometer el delito de rebelión. De forma que, como dijimos unos posts más atrás, la instrucción no estará acabada en tanto no se procese asimismo a los dos millones trescientos mil votantes de los que, por lo demás, consta nombre, apellidos y domicilio. 

Vaya por donde vaya esta lamentabilísima causa, burla de todos los procedimientos judiciales imaginables, acaba siempre en una situación insostenible y ridícula. Si votar es un delito, los votantes son delincuentes. Preparen campos de concentración. Es ridículo, ¿verdad? Pues más lo es que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Lesmes, pida explícitamente al gobierno de Sánchez que defienda al juez Llarena ante la justicia belga para "salvar la integridad de la acción del Estado" y porque la demanda no es civil, sino que afecta a "decisiones soberanas" del Estado español. ¿Suena? ¿Es preciso seguir? Los jueces españoles piden al gobierno que interfiera en la acción de la justicia belga en función de razonamientos puramente políticos,  invocando la razón de Estado del ambiguo jesuita Botero, quien reconocía que no era sino "razón de intereses". Cuando los jueces anteponen los intereses de Estado a la justicia faltan a su vocación y, si, como es el caso ahora, no consiguen su objetivo, vuelven a quedar en ridículo.

Estos son los que dicen que no hay presos ni exiliados políticos, que son políticos presos. O sea, como Zaplana, Matas (de quien nunca sé si está fuera o dentro), Urdangarin, etc. Llamar con el mismo nombre a esta gente y a quienes están en prisión por sus convicciones es una desvergüenza.

Falta por conocer la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein sobre la extradición de Puigdemont, el rebelde. Hasta ese momento, que está al caer, será bueno contener la impaciencia y no debatir opciones sin fundamento. Aunque se espera una negativa a la extradición, no se debe ignorar la inseguridad de la fortuna en las cosas humanas. Algo sí está claro: sea cual sea la decisión, la estrategia independentista no variará; pero sí lo hará necesariamente y mucho la táctica, según que Puigdemont sea detenido para extraditar o puesto en libertad. Entre tanto, cada cual afine su táctica para ponerla en práctica apenas se pronuncie la justicia alemana.

Porque de eso se trata, de implementar la República catalana según mandato del 1º y el 27 de octubre de 2017. De la asimétrica y muy previsible reunión de Sánchez y Torra no salió nada ni podía salir. El Estado no negocia porque no tiene nada que negociar y porque cree que, si hace un referéndum, lo pierde; cosa bastante probable. No tiene margen de maniobra y está a la defensiva. Su única esperanza es que su adversario se divida y fracase; no ganarlo ni imponerse a él. Sabe que no puede ganar; esspera que el otro pierda. 

Por su lado, Torra mantiene el compromiso del mandato del 1-0 y conserva la iniciativa política. Conservada expresamente la unidad de acción, el margen de esta es muy amplio, pero a costes variados. Tal será el cálculo que sea preciso hacer al decidirse por una u otra opción: el coste. A la vista del que los políticos están soportando y el que los votantes han arrostrado, el umbral del coste es muy alto. Tanto que el Estado español quizá no pueda infligirlo.

Llegados aquí, un país declarado en rebeldía por un juez debe culminarla y, como Napoleón ante Pío VII, coronarse a sí mismo con la independencia, como pueblo libre. 

Nada ilumina más el paso de la historia que los pueblos rebeldes.

dimarts, 10 de juliol del 2018

Escenificación de un desencuentro

El mundillo oficial español se regocija del encuentro y hasta hay quien habla de "deshielo". Era tan bajo el nivel a que habíamos caído que el solo hecho de dialogar, de hablar durante dos horas y media, se considera un triunfo digno de una apoteosis. Hablar entre ellas, lo que hace a las personas ciudadanas, pues, para negarse a hacerlo, es preciso ser bestias o dioses, según Aristóteles. 

Salvadas las alharacas, el contenido de la prolongada reunión es más bien flaco. Grandes nombres, comisiones bilaterales de esto y aquello, paralizadas desde el comienzo de la plaga de M. Rajoy, para negociar transferencias, competencias y otras esencias. Es el concepto de negociación política de Sánchez. Añade, como gesto de buena voluntad la retirada de la batería de recursos del PP contra las leyes sociales de la Generalitat, detenidas, paralizadas, anuladas, suspendidas o desmochadas, según procediera.

Y prou. ¿Autoderminación? No me suena. ¿Presos políticos? No me constan.

Y hasta septiembre. 

Torra, a su vez, cual previsto, pidió la liberación de los presos políticos. Se presentó con el lazo amarillo. Y también pidió un referéndum pactado de autodeterminación. La conocida respuesta es que no cabe en la Constitución. Traducido al román paladino: que no por que no. Es decir, lo que ambos mandatarios escenificaron a la postre fue un desencuentro entre personas civilizadas. No se enfrentaron con violencia ni el uno hizo arrestar al otro y lo envió cargado de cadenas ante el juez Llarena, Némesis de la Justicia. Pero no se pusieron de acuerdo en nada; ni siquiera en ponerse de acuerdo.

Ambos interlocutores salieron como habían entrado y ahora ya saben los dos de primera mano cuáles son las intenciones del otro. El gobierno español mantiene una actitud de cerrado "no" heredada del PP y, al renunciar a hacer una propuesta alternativa, se sitúa en una posición defensiva, en reacción a lo que el independentismo pueda hacer. Desde el momento en que Torra declara no cejar en sus propósitos del 1-0 y 27-0 así como las elecciones de 21 de diciembre está claro que conserva la iniciativa política y lo más probable es que la ejerza en breve.

La iniciativa política da mucha ventaja y ahora se abre un periodo de debate sobre qué forma puede tomar. Ya hay sectores independentistas que recogen el guante de septiembre y lo fijan en la Diada. Una Diada que trascienda todo y sea una inauguración del "nou Estat d'Europa". Pero otros sectores creen que esperar hasta septiembre es aceptar implícitamente el marco autonomista y que es preciso pasar a la implementación de la República, como diría Lluís Llach, de una puta vegada. Parece que es lo que piden también los CDR

¿Hasta dónde puede llegar esa iniciativa? Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, dice que, si se implementa la República, tendremos las llaves de las celda de los presos. Una verdad como un templo pero, como todos los templos, puede caernos sobre la cabeza.  Una vez se conozca la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein, habrá mayor base de juicio para aventurar tácticas de implementación porque la presidencia de la República en el exilio mantiene un perfil bajo a causa de la situación judicial. 

dilluns, 9 de juliol del 2018

Teoría de Catalunya

En los Cuadernos de la cárcel, de Antonio Gramsci, en el 7º, nota 6, de la edición de Einaudi se encuentra una célebre observación que ha hecho correr ríos de tinta en la exégesis marxiana: "En Oriente, el Estado era todo. La sociedad civil era primitiva y gelatinosa. En Occidente se daba un equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y, en el temblor del Estado se observaba de pronto una estructura robusta de la sociedad civil. El Estado solo era una trinchera avanzada tras de la cual había una robusta cadena de fortalezas y cuarteles." Innecesario decir que, a lo largo de esos Cuadernos, escritos en tan difíciles condiciones, se encuentran otras numerosas anotaciones, citas, observaciones que matizan la anterior cuando no lo contradicen. Una razón de más para que la resurrección de la dicotomía Estado-sociedad civil, que procedía de los economistas clásicos y la ilustración escocesa, abriera un horizonte de controversias en el campo del marxismo empezando por Marx en su Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel", que llega a hoy.

Nada raro. La disyuntiva Estado-sociedad civil es el meollo de la teoría gramsciana de la hegemonía, acertado giro con que el filósofo sardo consiguió aunar el espíritu revolucionario del marxismo con la práctica reformista y hasta fabiana de las sociedades capitalistas desarrolladas. Esta doctrina, que fue muy seguida en la segunda mitad del XX acabó convertida en un huero lugar común a partir de 1989 con el hundimiento de los países comunistas. En nuestro tiempo aun la emplea Podemos en un alarde de desconocimiento de sus raíces. Van a buscarlas en algunos países subdesarrollados y cambian así la China o la India por lugares como Bolivia y Venezuela, aunque el enunciado de Gramsci es un sutil quiebro a la espinosa cuestión del modo de producción asiático (el "Oriente" gramsciano), por cuanto, a estos efectos, tan "asiático" es el imperio chino como el inca en América. A este disparate se llega precisamente, al ignorar la importancia de la citada relación Estado-sociedad civil.

En realidad, Gramsci quería actualizar la dicotomía. En los cuadernos hay frecuentes referencias a Hegel y al hecho de que este hubiera contrapuesto su concepción de la eticidad del Estado a la liberal del "Estado gendarme". Una idea que el autor de los Cuadernos recogería en su postulado de un "Estado integral" o "Estado alargado", con el que daba cuenta del creciente intervencionismo estatal en los años 30 del siglo XX, con los totalitarismos y el New Deal. Prolongaba así la crítica marxista a Hegel. La fuerza de transformaación estaba en la sociedad civil en occidente Y de aquí saliéron polémicas como la de Poulantzas y Milliband sobre si la sociedad era capitalista o el capitalista era el Estado.

Marx acababa fusionando ambos términos y lo mismo hizo Gramsci. Su "Estado integral" es la suma de la sociedad política y la civil. La teoría pareció encontrar su triunfo cuando en 1989, las sociedades civiles que se habían desarrollado en los países comunistas en contra del Estado a través de movilizaciones ilegales y clandestinas se rebelaban contra la dominación totalitaria y destruían unos regímenes dictatoriales. Pero en su triunfo, la teoría encontró su fracaso pues no parece que aquellas sociedades civiles, capaces de derribar regímenes despóticos hayan podido luego poner en pie sistemas democráticos aceptables.

A pesar del interés de la teoría, no he hallado casos concretos en que se haya aplicado al caso de Catalunya y, sin embargo, parece pensada para explicarlo. Sabido es por la historia que Castilla, tras unificar y mantener por la fuerza en diversos momentos la unidad de un país al que llamó España, convertida en gigantesca cabeza de un desmedrado imperio, acabó configurando el ejemplo típico del modo de producción asiático o "despotismo oriental" que está en la base de la teoría gramsciana, esto es, una sociedad civil subdesarrollada, miserable, inexistente y un Estado hipertrófico que consumía los escasos recursos colectivos.  


Ese mismo modelo se trasladó a la periferia, a Catalunya, los països catalans, Euskadi y Galicia: estado parásito que saqueaba los recursos sociales y económicos pero con una variante. Aunque en Castilla el Estado “español” saqueaba, la población esquilmada seguía viéndolo como algo suyo pues el Estado llamado “español” ha sido casi siempre mayoritariamente monopolio de los castellanos. Todas las familias castellanas querían que sus hijos vivieran de lo público, que fueran funcionarios, militares o curas, todos ellos mantenidos por los contribuyentes. Nada de dejar entrar a periféricos, sobre todo, vascos y catalanes. Un Estado parásito anula toda posibilidad de florecimiento e innovación de una sociedad civil abrumada por las gabelas, sin iniciativa y que, además, comparte el ideal estatolátrico de sus retoños.

Frente a Castilla, las zonas periféricas, especialmente Catalunya se vieron obligadas a desarrollarse y crecer al margen del Estado. Es notorio que lo que no se dio en España, una revolución industrial, comercial, burguesa, sí se dió en Euskadi y, más profunda y ampliamente, en Cataluña. Fue aquí en donde, por pura fuerza de supervivencia, se produjo una acumulación primitiva de capital y un desarrollo de la burguesía ya desde fines del XVIII que acabó originando una robusta sociedad civil no solo al margen del Estado sino, en muchas ocasiones en contra de él. En Catalunya el Estado español no existía más que para parasitar y esquilmar recursos. Pero sí nació, creció y acabó imponiéndose una robusta sociedad civil, ágil, empreendedora, distribuida por todo el país y muy coordinada. 

Una sociedad civil que, a diferencia de las de los antiguos países comunistas, no solo será capaz de poner fin al Estado español esquilmador, sino también de construir luego una república democrática, próspera, abierta. Y aquí reside el principal problema de ese Estado español, dominado por una oligarquia castellana, nacional católica, parásita y esquilmadora. Y bastante inepta. Un Estado que no ha dudado nunca en recurrir a los medios más atroces para someter a los catalanes y asimilarlos a los castellanos a base de tratar de exterminar su lengua y cultura y prohibir sus instituciones. Y que jamás lo ha conseguido. 

Y menos que lo conseguirá ahora cuando ya está clara la situación: Catalunya lucha por su independencia de este Estado español fallido y despótico que ya no puede responder con el mismo grado de violencia y crueldad con que lo hizo en el pasado, dadas las circunstancias europeas.

Un Estado que, además, es incapaz de comprender lo que tiene enfrente, incapaz de ver que se trata de una revolución apoyada por una sociedad muy desarrollada, interclasista y transversal. Un Estado tan obtuso como los jueces franquistas de que se sirve para contener su hundimiento y que cree que su adversario no es todo un pueblo movilizado, sino un grupo de políticos a los que se puede reprimir, amenazar, encarcelar en la vana esperanza de extirpar el movimiento social que encabezan. 

Por esta profunda incapacidad para entender al otro perdió España su imperio. Y sigue haciéndolo ahora. Sánchez no es mejor que la recua de gobernantes nacional-españoles mesetarios que le han precedido. Por reaccionarios y carcundas que fueran.

La independencia de Cataluña será una realidad más pronto que tarde debido a la robustez de la sociedad civil catalana (la real, no la fake de la SCC) y el carácter gelatinoso del Estado español. Porque España es un caso acabado de despotismo oriental, aunque sea parte de Occidente.

Cuestión de Estado

La España oficial no quiere admitirlo porque su propaganda asimila la reunión de hoy a las usuales bilaterales del gobierno con las CCAA. Normalidad institucional. Diálogo. Normalidad a secas. ¿Cómo? ¿Que hay aquí una cuestión de Estado? Pero, hombre, por Dios, que ha cambiado el gobierno.

Así es. Los titulares de prensa cantan sesgo gubernamental. El gobierno y todo el mundo damos por hecho que nadie vulnerará la ley. Se llama principio de legalidad y presunción de inocencia. Señalar en concreto a Torra lleva implícita una presunción de culpabilidad.

Nadie vulnerará la ley porque nadie quiere vulnerar la ley. Luego vienen los actos de cada cual, al dictado de su conciencia y es entonces cuando se discute si se ha vulnerado o no la ley, qué ley, cómo, quién lo dice, que hace, etc. 

Muestra de sesgo gubernamental trae también Público que titula: Sánchez y Torra se reúnen con el referéndum imposible sobre la mesa. Un título como "mesas separadas". Porque ¿quién ha dicho al diario que el referéndum sea "imposible"? Obviamente, Sánchez, pues Torra va a pedirlo. Desde luego, la rotunda negativa de Sánchez puede hacer imposible el referéndum; pero eso no quiere decir que el referéndum en sí lo sea, cual se desprende del titular. Quiere decir que el periódico ve el mundo con los ojos de uno de los dos poderes asimétricos.

Los medios afirman también que el encuentro de hoy se da en un clima de distensión, propiciado por el gobierno. Pasa por tal el acercamiento de los presos políticos y la continua jaculatoria dialoguista de Sánchez y su equipo que no se concreta en nada. La distensión es un simple ejercicio de ficción perfectamente retratada en la imagen. Mientras el rey mira como si le interesaran los juegos olímpicos, Sánchez, quien afirma que en España no hay presos políticos, explica algo a Torra, quien luce en la solapa el lazo amarillo reclamando la libertad de los presos políticos que según Sánchez no existen. En España no hay presos políticos porque así lo decide quien manda y no existe derecho de autodeterminación porque así lo decide el mismo.

Para paliar la doble negación a las dos cuestiones aquí fundamentales, presas políticas y derecho de autodeterminación, el gobierno ofrece lo que llama diálogo político, esto es, negociaciones sobre políticas públicas en materia de transferencias, competencias, financiación, etc. Y quizá también saque del baúl de los recuerdos una confusa oferta de reforma constitucional para encaminar el país hacia un futuro federal que apenas puede distinguirse de un Estado autonómico.

A su vez, la Generalitat lleva también dos grupos de asuntos. Uno, el de las políticas públicas, que resucita los famosos 45 puntos de Puigdemont ante Rajoy. Política práctica que, al parecer, encarrilan Meritxell Batet y Elsa Artadi. El segundo grupo es el punto 46 de las reclamaciones de Puigdemont, el referéndum pactado. A él se ha añadido la cuestión de la liberación de los presos y exiliadas; su exoneración. Las dos son condiciones del independentismo, de todo el independentismo, y no es previsible que causen mella las esperanzas en el famoso seny autonomista. No es posible considerar normal una situación en la que los dirigentes independentistas están injustamente encarcelados. Y menos aun si, lejos de mitigarse, la represión judicial se incrementara ahora y el juez Llarena impusiera una doble fianza a los procesados en función de sus muy cuestionables cálculos y más cuestionables criterios morales y jurídicos.

Presos políticos y derecho de autodeterminación. Por cierto, no ha lugar a retrotraer otra vez el debate sobre la cuestión de la autodeterminación a las balbuceantes polémicas del principio solo porque haya cambiado el gobierno. Si la portavoz Celáa no se ha enterado aun de que los referéndums de autodeterminación de Quebec y Escocia hacen añicos la doctrina de la inaplicabilidad de ese derecho que reflexione un poco sobre la materia. El referéndum de autodeterminación pactado es inevitable. Ya ha habido cuatro no pactados de hecho y volverá a haber otro si no se pacta antes.

Se entiende la negativa del gobierno a hablar de la cuestión. Al margen de las fábulas de la Constitución y el derecho internacional y las colonias, la pura verdad es que no tiene alternativa alguna que ofrecer a la independencia de Catalunya porque presentarse a un referéndum pidiendo el "no" sin más a la otra parte es perderlo seguro.

Por eso no quiere un referéndum de autonomía pactado. Porque lo pierde. Pero, como aun así, será inevitable, ¿por qué el nacionalismo español no hace una oferta constructiva que pudiera presentar a consideración de la ciudadanía catalana? Es una idea. Por ejemplo, frente a la opción de "Estado independiente en forma de República", el Estado, el nacionalismo español podría proponer una opción de Estado libre, que actualmente tienen Baviera, Sajonia y Turingia en Alemania y podría hacerse también accesible al País Vasco, que ya presentó el Plan Ibarretxe, en el que se mencionaba  un Estado Libre Asociado, como Puerto Rico. En el caso europeo la verdad es que el título es puramente nominal y es dudoso que tanto los indepes catalanes como lo nacionalistas vascos se conformen con una diferenciación puramente terminológica. El Estado tendría que negociar competencias delicadas. 

Pero, en fin, sería una oferta para desencallar una situación que no tiene más salida que el referéndum pactado y vinculante. La cuestión origen de esta batalla que, si se hubiera aceptado hace diez años habría supuesto una derrota del independentismo y, en cambio, ahora promete ser su victoria. 

Salvo que el Estado consiga articular una oferta más satisfactoria que la independencia y salga ganadora en un referéndum catalán entre ambas, pactado y vinculante. Cualquier otra vía es seguir con marrullerías. Resulta ridículo que sea doctrina oficial del gobierno la mentira de que el "no" a la independencia es mayoritario en Catalunya porque suma al "no" explícito los dudosos, nulos y hasta las abstenciones, mientras que los "síes" son solo los síes pelados. Y, más que ridículo, frisa ya en lo grotesco que ese mismo gobierno se niegue a aclarar la cuestión de una vez por todas con un referéndum pactado.

Ya se sabe que tal referéndum, además, incrementaría la presión popular en España para celebrar otro en Monarquía y República. Sería interesante ver cuál ganaría porque no está claro. 


diumenge, 8 de juliol del 2018

¿Qué distensión?

El País vuelve al periodismo interpretativo, si no directamente fantástico. Da por sentada una "distensión con Madrid" que solo existe en la colectiva cabeza de su redacción. Y ese ente de razón abre "fisuras en el independentismo". El País lleva años abriendo fisuras en el independentismo; años tratando de sembrar la desunión en el bloque independentista. Con los flacos resultados que se ven.

En el fondo, esa división entre "inmovilistas y pragmáticos" (tan inventada como la de la distensión) pretende introducir la consabida fisura entre la dirección política del movimiento y su base popular. Un llamamiento a un hipotético sector más autonomista del movimiento para que, obtenidas algunas ventajas cuantificables, se separe de aquel y, por fin, se rompa la temible unidad. Es el recurso a la puta y la Ramoneta que tanto se denigra en el independentismo. Los estrategas del gobierno central siguen yendo muy por detrás de los hechos y sin comprenderlos. 

No hay sectores autonomistas en el bloque indepe. Están en otros partidos. El independentismo se proclama "transversal" lo que, en román paladino, quiere decir que los burgueses se han hecho independentistas también y un apreciable sector del establishment cultural, empresarial, eclesiástico, etc. ERC ha sido siempre republicana e independentista y la CUP nació como un independentismo revolucionario y radicalmente democrático. Transversal quiere decir transversal. Todas las clases y todos los sectores. 

Pero lo que mantiene esta unidad es la presión popular. Eso es lo que los gobiernos españoles no comprenden y se niegan a ver la revolución catalana como una cuestión política. El PSOE en la oposición reprochaba al PP haber judicializado el asunto y proponía un enfoque político. Una vez en el poder ha seguido la vía judicial y llama enfoque político a una negociación de carácter administrativo de políticas públicas, sin afectar el marco general de legalidad/legitimidad del sistema, o sea, lo que el independentismo cuestiona. 

Sin embargo los más de dos millones de ciudadanos que votaron bajo las porras el 1-O de 2017 y volvieron a hacerlo en las elecciones impuestas el 21 de diciembre del mismo año quieren seguir adelante con lo que votaron. Quieren implementar la independencia en forma de República. El presidente Torra tiene ese mandato y a cumplirlo va a Madrid mañana. De no conseguirse nada el gobierno está sobre aviso de que se seguirá adelante con la Declaración de Independencia del 9N de 2015 y la actualización de la legislación. 

Tan sobre aviso está que ya tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad pertinente. Lo mismo que hizo en parecida circunstancia el PP. Seguro que obtiene el mismo resultado: el Tribunal Constitucional anulará por unanimidad la resolución del Parlament resucitando el 9N de 2015. Un bucle. De seguir las cosas así, el actual govern puede ir a hacer compañía al anterior. Es obvio que esta no es la solución.

En un arranque de realismo, El País reconoce que los dos puntales del independentismo son los presos políticos (él los llama políticos presos, vamos, como Zaplana) y el peso de la Generalitat. Pero no sabe interpretarlo. Tanto el factor simbólico, pero muy real, de los presos políticos, como el muy real pero también muy simbólico de la Generalitat, dependen de la movilización social a través de la desobediencia pacífica. Una sociedad movilizada que se ve agredida día a día por bandas fascistas contra las que las instituciones españolas apenas actúan con el poco disimulado deseo de que haya violencia en Catalunya que justifique una intervención gubernativa. Es una revolución democrática de nuevo tipo que no se puede detener con los procedimientos al uso del poder.

La prueba será el resultado de la entrevista de mañana: ambos gobiernos acordarán seguir trabajando en las tarea administrativas de la parva política y la Generalitat continuará implementando sus planes republicanos e independentistas por su cuenta. En qué momento esos dos polos, gobierno central y govern volverán a chocar, dependerá del alcance y profundidad de las medidas del govern y la correlación de las fuerzas políticas del resto del Estado. Ese nuevo choque volverá a poner en cuestión la crisis constitucional que vive España y no se alcanza otra solución que el reiteradamente pedido referéndum pactado de autodeterminación. 

dissabte, 7 de juliol del 2018

Puertas al campo

La escenificación de la cuerda de presos aún no ha terminado. Quedan tres, Forn, Rull y Turull, que serán trasladados el próximo miércoles en la conducción de presos al Noreste, cuya escala de distribución es Zaragoza. Aquí hacen todos parada y fonda y de aquí se distribuyen a distintos destinos, unos a Soria o más al interior, otros por Aragón y otros siguen camino a Barcelona. La escala cabe la Virgen del Pilar, matrona de España, como Santiago es su patrón, no es una sutil forma de humillación a los presos separatistas, sino un protocolo administrativo penitenciario. Bastante humillación e injusticia es que estén presas gentes inocentes por maniobras políticas insostenibles.

Con el acercamiento de los presos políticos, Sánchez se aplicaba la sabiduría de Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio en elegantísima traducción de Ana Martínez Arancón: "una república o un príncipe debe aparentar que hace liberalmente aquello a que le obliga la necesidad". Debe aparentar, sin duda, para actuar con la virtú maquiavélica; pero no siempre lo consigue. Ahora, por ejemplo, no. El traslado de los presos era un deber de carácter jurídico, moral. Incluso era una exigencia política pues sitúa a la Generalitat ante una triste realidad: su autoridad es delegada y no soberana ni originaria, ya que se ve obligada a custodiar a unos líderes independentistas cuya liberación reclama.

Pero a más a más, héteme aquí que estos hirsutos pictos vuelven a alzarse actualizando la declaración de independencia del 9N de 2015, anulada a toda prisa por el Tribunal Constitucional por unanimidad. ¿Y cuál es la reacción del gobierno de la izquierda dialogante? Enviar el asunto ipso facto al mismo Tribunal Constitucional para que aplique el antecedente. Se recordarán con melancolía las reiteradas declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que la judicialización del procés había sido el error del PP y lo que correspondía era entenderlo como un asunto político y darle una solución política. Justo lo mismo que hace él en su primera decisión: derivar el asunto a la vía judicial.

Bueno, judicial exactamente, no. Los tres órganos que intervienen en la impugnación de marras son políticos: el gobierno, por ser gobierno; el Consejo de Estado por ser un conciliábulo de estantiguas; y el Tribunal Constitucional por ser un mentidero de amigos de este gobierno y el pasado. Con estos medios cabe declarar contrario a la Constitución el Antiguo Testamento. Tampoco hubiera sido mejor el resultado si se produjera una "judicialización" reala, pues los jueces españoles son todavía peores,  más parciales y esquinados que los políticos que les dan las órdenes.

La portavoz y ministra de Educación, Celáa, justifica la impugnación aseverando que no obsta para que el gobierno continúe superdispuesto al diálogo político. Pero partiendo del principio de que el derecho de autodeterminación no existe porque no lo reconoce nadie en ninguna Constitución. Y menos que nadie, añadimos nosotros para su solaz, aquellos países que se independizaron sin esperar a que nadie les reconociera el derecho de autodeterminación y llegaron a grandes potencias, como los Estados Unidos. Sin despreciar las decenas de países que son hoy Estados independientes, como la India, en ejercicio de un derecho de autodeterminación que nadie les reconocía y menos que nadie, la metrópoli colonial que, por supuesto, estaría de acuerdo con la ministra Celáa en que el derecho de autodeterminación no existe.

Tiene usted razón, ministra, a ese derecho de autodeterminación le ocurre lo que a todo en la vida: que no existe hasta que existe. ¿Y quién lo hace existir? La voluntad de la gente. En este caso, la voluntad de 2.060.000 votos independentistas en Cataluña, equivalentes al 47,8% del electorado, que no es poco. Probablemente sean ya más como reacción a la absurda actitud del nacionalismo español empeñado en sostener que el independentismo es minoritario y el no independentismo mayoritario pero negándose a permitir un referéndum que aclararía está cuestión de una vez por todas. 

Porque de no reconocerse el derecho de autodeterminación y no admitirse referéndum alguno, el carácter político del diálogo anunciado con alharacas para el lunes consistirá exactamente ¿en qué? La ministra Celáa no ha sabido o querido especificar los temas que tratará Sánchez en su próxima conversación con Torra. Probablemente no hay temario preparado, fuera de cuestiones relativas a infraestructuras, transferencias, financiación... los 45 puntos de Puigdemont. Pero es difícil sostener que estos asuntos sean "políticos". Al menos no en el sentido de definir una situación de normalidad, exactamente aquello que anhela el gobierno central y no podrá conseguir mientras haya presos políticos y no se negocie un referéndum para ejercitar ese derecho que no existe. 

divendres, 6 de juliol del 2018

Orden republicano

El acercamiento de las presas políticas catalanas, siendo un acto de justicia inicuamente retrasado y no completo, pues lo justo sería liberarlos y exonerarlos como personas inocentes que son, plantea una situación nueva en Catalunya.

Que no ha lugar a su procesamiento se echa de ver en que, no habiendo habido violencia, no se han dado los delitos que se les imputan. Pero, aun en el supuesto de que hubiere delito, que la convocatoria y celebración de un referéndum el 1-O de 2017 fuera un delito, sería preciso imputárselo a los convocantes, organizadores y coadyuvantes, esto es, a los dos millones trescientas mil personas que, al votar, consumaron el delito. Dos millones trescientos colaboradores necesarios en el delito. Esa sí que sería una macrocausa.

Ya en serio. La presencia de los presos políticos catalanes en cárceles de Catalunya, vigilados por la Generalitat, genera una situación moralmente muy difícil para el independentismo. Los presos y exiliadas siguen siendo un símbolo y su liberación el requisito de todo diálogo. Y, al tiempo, se da la necesidad de gestionar los asuntos corrientes. El gobierno central quiere ver la situación como "normal"; pero el independentismo no puede aceptar como normal el encarcelamiento de sus dirigentes. Por eso se dan dos formas de entender la situación. Una de ellas requiere proceder sin más en la vía unilateral. Tal cosa supone hacer efectiva la Repúblicana Catalana ya y nada mejor para ejercer la soberanía que liberar a los presos políticos. Crisis, conflicto y casi segura aplicación de un renovado y más duro artículo 155 con previsibles nuevos procesamientos, encarcelamientos y, quizá, exilios.

La otra vía, que se hizo oír ayer pide contener la reacción popular a la llegada de las presas y ajustarse a las orientaciones de la ANC y Ómnium. Contención, pues, a los CDRs. ¿Con vistas a qué? A no obstaculizar el esperado encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra en el que, según la vicepresidenta Calvo, habrá un diálogo sin cortapisas. Algo es algo. Por supuesto, se admitirá que el MHP Torra hable de autodeterminación y se adelanta que se rechazará la idea, el concepto y la práctica. Además se hablará de los otros 45 famosos puntos de Puigdemont a Rajoy hace tres años. Y hasta es posible que se sienten las bases para futuras negociaciones, en aspiración de Elsa Artadi.

Pero lo esencial es que pueda hablarse de todo. Ya solo con eso, los bonachones del independentismo, PDeCat y ERC, votan a favor de la renovación del consejo de RTVE propuesta por PSOE/Podemos. Se puede hablar de autodeterminación. Sin duda, un avance. Pero no he leído ni oído en parte alguna que también vaya a hablarse de los presos políticos. Los/las presas/os exiliados políticos son el auténtico obstáculo a toda normalización y no las especulaciones sobre el derecho de autodeterminación.

El nacionalismo español confía en mitigar la reivindicación independentista comprometiendo los 45 puntos y una reforma constitucional. Mitigarla al extremo de encontrar una especie de independencia económica de hecho dentro de una monarquía española renovada. Pero eso tiene mucho de ilusión. El carácter republicano del independentismo es incompatible con la monarquía. Por lo demás, ese movimiento independentista no se desmigajará con ofertas de políticas públicas en especial financieras. Y, si la CUP acepta que se tiente el terreno dialogante y negociador, es a cambio de que, paralelamente, el movimiento independentista siga su curso unilateral, aunque amortiguado.

Ayer mismo, el Parlament votó reactivar los objetivos políticos del procés. Votaron en bloque JxCat, ERC y CUP. Es una moción que reitera la validez de la declaración del 9N de 2015, por la que "El Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República." Ni que decir tiene, esta resolución fue anulada fulminantemente por unanimidad por el Tribunal Constitucional. No es seguro que el gobierno de Sánchez pueda digerir este acto de descarada desobediencia al alto tribunal. 

Además de pedir al Govern que ponga en marcha la declaración independentista, el Parlament se apresta a reactivar un manojo de leyes suspendidas por el mismo TC. En este punto de la declaración de ayer, la mayoría independentista aumenta con los votos de los Comunes, partidarios de la medida de aplicar la legislación. Ese es el bagaje con el que el presidente de la Generalitat se apresta a dialogar con el de España. Y la cuestión de las personas presas por razones políticas debe tratarse. 

Los dos modos de entender la iniciativa catalana, la más radical y la más contemporizadora, acaban siempre coincidiendo en un punto: la República se consolidará desobedeciendo.

dijous, 5 de juliol del 2018

Al final, la unidad por encima de todo

Mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Cuestión de perspectivas

El gobierno minoritario socialista trata de presentarse como renovador y regenerador de la política española. Pero su margen es muy estrecho; en realidad, inexistente. Sánchez ganó la moción de censura gracias a los votos indepes pero formó un gobierno agresivamente antiindependentista poniendo al "desinfectador" Borrell, el amigo de la SCC, en el ministerio de Asuntos Exteriores, reducido a la dimensión real de "Asuntos catalanes". Un energúmeno con un odio ancestral al catalanismo. Y no solo eso: toda la política del gobierno central va contra Cataluña. Sorprendentemente, aunque rezongando, ERC le vota otra vez a favor para dar la dirección de la RTVE a un enchufado del PSOE.

Se dibujan así los exactos términos de la relación Catalunya - España. Mientras los indepes no sean capaces de votar en contra de un gobierno español que carece de toda voluntad de entendimiento con Catalunya, seguiremos en esta situación ambigua en la que la monarquía española es meramente virtual en Catalunya, pero la República Catalana es meramente virtual en España. 

Con el traslado de los presos políticos catalanes a Catalunya, que el gobierno presenta como un favor y en realidad no es más que el cumplimiento de la ley y racaneando, se abre una nueva posibilidad para que el independentismo haga valer sus derechos. Los presos políticos son hoy, irónicamente, presos al cuidado de la Generalitat. Son las autoridades catalanas independentistas las que tendrán que mantener encarcelados a compañeros suyos que no han cometido delito alguno. Suena a humillación. Si la Generalitat no los pone en libertad ipso facto, al no reconocer la validez del proceso judicial arbitrario seguido contra ellos, cuando menos haga saber a Sánchez que la liberación de los presos políticos es requisito indispensable para empezar a hablar de otras cosas. 

No es cosa de seguir aceptando arbitrariedades, humillaciones y burlas. El mismo día que el BOE publica el ducado de Franco para la nieta del genocida, el "desinfectador" Borrell anuncia su propósito de que España contrarreste lo que llama las "mentiras del independentismo", esto es la afirmación de que España sigue siendo un Estado franquista.

Él es la mejor prueba.

Aquí el texto castellano.


Cuestión de perspectivas

La moción de censura acabó por fin con un gobierno de España en un grado supremo de incompetencia y sostenido por un partido trufado de ladrones y delincuentes, más habitual de los juzgados que de los despachos oficiales. Algunos dirigentes luchan por salvar su pellejo en los tribunales, otros tratan de alcanzar la presidencia en unas primarias irrisorias y otros, por fin, como Casado, ambas cosas. Aprovechando la confusión, los esmirriados vencedores de la moción de censura sacan de Cuelgamuros los restos del mayor genocida de la historia hispana y los del “ausente” Primo de Rivera en una ceremonia llena de suspense que debió producirse hace 40 años.

Hay algo simbólico en este episodio. Una especie de clausura de una decrépita dictadura que se ha sobrevivido a sí misma bajo la sombra de esa gigantesca cruz tan ridícula como siniestra.

En lugar de la banda de malhechores, gobierna hoy el mortecino reino de España un partido minoritario con frágil representación parlamentaria y obligado a una política de alianzas contradictorias. El PSOE divide sus lealtades entre la visión de la unidad de España al estilo franquista que profesan su dirigencia y gran parte de su militancia y la necesidad de presentarse ante el mundo como un Estado democrático de derecho y no como la arbitraria tiranía que es.

El gobierno quiere poner fin simbólico al culto al franquismo, que sigue siendo el núcleo esencial del régimen del 78. Igualmente trata de taponar la herida de la inevitable marcha de Catalunya, expulsada por la actitud opresivamente colonial de aquel, recurriendo a otro gesto simbólico: el acercamiento de las presas políticas catalanas.

Es una cuestión de perspectivas. El acercamiento no es una concesión graciable del gobierno, sino un derecho de los presos políticos, sistemáticamente conculcado por unos gobernantes tiránicos y unos jueces prevaricadores que llevan meses aplicando al independentismo catalán el derecho penal del enemigo. O sea, la amenaza, la extorsión, la persecución y la venganza. Las mismas instancias que impusieron fianzas desorbitadas a los rehenes políticos catalanes en la sórdida esperanza de arruinarles las vidas a ellos y sus familiares y, de paso, destruir un movimiento independentista legítimo, democráticamente sostenido por la mayoría de la población.

Efectivamente, cuestión de perspectivas que algún día se tornarán y permitirán castigar como merecen a quienes han abusado de su poder para perseguir a personas inocentes.

El minoritario gobierno español salido de la moción de censura despliega una curiosa retórica regeneracionista en el terreno ideológico, de derechos y libertades. Su primera decisión es un proyecto de ley de eutanasia porque regular el final de la vida es lo más cómodo cuando uno no sabe ni por dónde empezar para regular sus comienzos y su humano desarrollo intermedio. Es de risa ocuparse de la eutanasia cuando uno tiene los hospitales colapsados, las relaciones laborales en régimen de esclavitud, los salarios a niveles vergonzosos (no los de los políticos, claro) la libertad de expresión amordazada y multada, los pensionistas esquilmados, la educación en manos de los curas. Y todo eso mientras los “regeneracionistas” y sus auxiliares de la “verdadera izquierda” se pelean por lo único que en verdad les importa: el control de la TV, la fábrica de doctrina y elaboración de perspectivas.

Este gobierno solo anda seguro y cuenta con el apoyo cerrado del resto de fuerzas parlamentarias en su política anticatalana. La mayoría de los ministros, empezando por el presidente, son nacionalistas españoles que comparten el marco mental de los franquistas de antes y de hoy, el de los de Cuelgamuros y los jueces del Supremo y alguno de ellos, por ejemplo, Borrell, nombrado ministro de Asuntos Catalanes más que de Exteriores, furibundamente catalanófobos.

Cuestión de perspectivas. El gobierno minoritario de la “izquierda” española no es sino un nuevo gobierno anticatalán que trata de engañar a la opinión internacional con caras nuevas, nuevas palabras y las mismas viejas opresiones castellanas. La prueba: no tiene la menor intención de negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque la oligarquía nacional-católica no se lo permite y, aunque se lo permitiera, no lo haría porque es tan gobierno de la oligarquía como el anterior.

No hay juego ni margen para la Cataluña republicana en la España monárquica, administrada por la seudoizquierda. Se impone por tanto una perspectiva exclusivamente catalana. Está bien abrir la polémica sobre las próximas elecciones municipales, articulando las opciones en clave independentista y entenderlas como ensayo de las nacionales catalanas cuando correspondan. Y, mientras la política catalana haya de convivir a la fuerza con la española, habrá de priorizar el espíritu unitario. Tome la unidad la forma que tome.

Porque, cuestión de perspectivas, no es de recibo aceptar como “nomal” una situación en la que hay personas presas, exiliadas y perseguidas en Catalunya por sus opiniones políticas.


dimecres, 4 de juliol del 2018

La política catalana debe hacerse en Catalunya

La arrogancia españolista (¿o hay que decir directamente franquista?) de esta peña del PSOE es alucinante.  Vende como una concesión graciosa estar dispuesta a "dialogar sin cortapisas". Es más, la vicepresidenta Calvo, tan ayuna de sensibilidad como sobrada de impertinencia, señala por adelantado que Sánchez no aceptará la petición de referéndum que le hará Torra. No deja así en buen lugar al líder del PSOE, pero eso es lo de menos; está acostumbrado. Lo gracioso es la posición oficial del gobierno español: dialogaré sin cortapisas y tambièn sin escuchar. Es la gran novedad que Sánchez ofrece para Catalunya, cuando afeaba a M. Rajoy (a) "el sobresueldos" que fuera por lo judicial sin entender que se trata de un problema político que requiere diálogo. ¿Qué diálogo? Uno sin cortapisas en que no se escucha a la otra parte porque no hace falta. En cuanto le digas que habrá diálogo sin cortapisas, esa otra parte se derrite y te da lo que pidas.

La verdad, no sé cómo explicar esta actitud salvo tildándola de servil. Los indepes catalanes que, en un ejercicio de buena fe y ánimo conciliador, votaron la moción de censura y posibilitaron que Sánchez fuera presidente del gobierno se encontraron con que ese nuevo gobierno se constituía con los elementos más furibundamente catalanófobos (Borrell, Robles, Ábalos) y actuaba en menoscabo directo de Catalunya. Tanto que decidieron no votar ninguna medida más suya y, así, precipitar su caída.

Eso es lo único digno que puede hacerse, salvo que ese gobierno cambie 180º de actitud, derogue la ley mordaza y se la aplique en exclusiva a su matón Borrell.

Pero no. Resulta que basta con que estos señoritos, que gobiernan gracias a los indepes catalanes, se dignen autorizarlos a hablar recordando que no van a hacerles ni puñetero caso para que los de ERC se ablanden como melocotones y voten a favor de la última chapuza que hayan hecho los españoles en la TVE y, como siempre, sin duda, anticatalana. 

Mientras la política catalana, no se haga en Catalunya y, en caso de terciarse, se lleve ya hecha a España, seguiremos dándole vueltas la noria como los burros, sin librarnos de esta maldición. En un parlamento con un 80% de nacionalistas españoles (todos: PP, PSOE, C's y dos tercios de Podemos) no hay nada, absolutamente nada que esperar de bueno para Catalunya. Al contrario, todo será mentira, abuso y represión.

Ahora han intentado vender como otro gesto comprensión el acercamiento de los presos políticos siendo así que: a) son inocentes y no debieran acercarlos sino ponerlos en libertad sin cargos y procesar a quienes han cometido los desafueros con ellos. Lo veremos; b) no es un favor, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Una razón más para querellarse contra los responsables de haber mantenido a inocentes en prisión por medios torticeros.

No hay nada que negociar con Madrid mientras nuestros dirigentes democráticamente elegidos estén injustamente en prisión y en el exilio y el gobierno de turno se niegue incluso a hablar de lo único que puede desencallar este problema y restablecer un mínimo de equilibrio y rechace la única vía posible para resolverlo de todo: el referéndum de autodeterminación pactado, vinculante y bajo vigilancia exterior. Eso de lo que los políticos españoles no quieren ni oír hablar.