Mañana, Palinuro en Vilafranca

Mañana por la tarde Palinuro estará en Vilafranca del Penedès, invitado por los amigos de la ANC en el contexto de las actividades de Fem Futur. Se trata de una charla sobre el espinoso asunto del título: cómo se ve el proceso independentista catalán desde España. Si alguna vez estuvo justificado que retornáramos a la vieja denominación de las Españas, sería esta porque, no hay una única versión sobre el tema, sino varias. Y enfrentadas. Y tambien son distintas las versiones, según qué grupo las adopte dentro de una misma parte de España. 

En general, la opinión pública, movida o manipulada por unos medios de comunicación que son mayoritariamente nacionalistas españoles es negativa. Empezó siendo de ignorancia. Cuando, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, que daba la puntilla al proyecto de reforma del Estatut de 2006, tomó un nuevo impulso el independentismo que ya no pararía de crecer hasta el día de hoy, siguiendo inveterada costumbre, los medios y los políticos españoles fueron incapaces de calibrar la importancia de este movimiento. Y eso suponiendo que lo intentaran, pues es tal la animadversión a Cataluña de las clases dominantes, la oligarquía tradicional con sus implantes catalanes que normalmente ni se enteran de lo que pasa en el Principado, lo ignoran o lo desprecian. 

De tal modo, cuando el movimiento ha tomado ya un sesgo imparable, con una hoja de ruta a la que le quedan seis meses, el nacionalismo español (el político de derechas o izquierdas, el mediático, el empresarial), ya no se puede ignorar se ha formado un frente nacional de ataque a Cataluña: la mayoría de los catalanes no quiere la independencia, los Pujol son unos presuntos corruptos, Mas es un psicópata, Puigdemont y Junqueras, dos politicastros, el independentismo es nazismo, Cataluña independiente quedará fuera del planeta tierra, la generalitat incumple la ley, el referéndum es antidemocrático, etc., etc. Es difícil saber cuánta gente cree semejantes paparruchas, pero es la mayoría de la opinión publicada.

Por cierto, hay otras Españas. Los de Podemos, en principio, aceptan el referéndum, aunque solo si es pactado. De sobra saben que el Estado español no lo pactará. Pero algo es algo. También saben en JxS que no habrá pacto, pero están obligados a pedirlo. Y lo mismo debiera hacer la candidatura de Sánchez si quiere instalarse en la izquierda y diferenciarse del nacionalismo español de pandereta y cabra de la legión de la caudilla Díaz. 

Y también hay algunos otros españoles que, sin renunciar a su condición de españoles, apoyan el derecho a decidir de los catalanes y un referéndum pactado. Pero, si no hay pacto, un referéndum unilateral. Pero esos, me temo, se cuentan con los dedos de una mano.

En fin, mañana ens veiem, a las 20:00 en el Forum Berger Balaguer, Rambla de Nuestra Senyora, 6. Vilafranca.

Pase lo que pase en Cataluña

Todo el mundo sabe que este gobierno, por debajo de toda sospecha, y sostenido por el partido más corrupto de la historia de España, no tiene vergüenza. Esa feliz carencia permite a su presidente presentarse en Cataluña con un cesto de promesas iguales a los abalorios con los que los conquistadores engañaban a los indios y les robaban el oro. Lo mismo. Pero los catalanes no son indios y todo el mundo tiene calada a esta tropa de embusteros compulsivos. Precisamente ayer mismo publicaban Puigdemont y Junqueras -que parecen haberse convertido en pareja literaria, al estilo de los hermanos Goncourt- una artículo en El Periódico, Cataluña, Estado por el progreso en el que, por debajo de la ambigüedad del título, dejan claro que la historia de las promesas del Estado en Cataluña es una de incumplimiento tan sistemático que parece una tomadura de pelo. Sostienen que Rajoy solo sería creíble si ofreciera una cláusula contra el incumplimiento. Y lo mismo decía la portavoz del gobierno, Neus Munté. Además de las promesas de abalorios y espejuelos, los gobernantes traen un mensaje envenenado que, como siempre, corre a cargo de la ratita hacendosa, quien aprovechó el tiempo en Barcelona para adoctrinar a sus periodistas unionistas en los medios. El mensaje: separaos de la CUP, que son unos radicales y hablaremos de todo. Obvio. La táctica imperial de siempre: dividir a quienes protestan. Sobre esto, mi artículo de elMón.cat de hoy. Si el bloque independentista cede, será el fin del referéndum y el comienzo de la venganza del nacionalismo español que Puigdemont vaticinaba hace unos días.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Pase lo que pase

A veces, los diálogos son esquinados, no directos y muy poco platónicos. Han sido años de desencuentros, de enfrentamientos entre un gobierno anticatalán en España y uno independentista en Cataluña que han llevado al conjunto del Estado a una situación límite. Ahora, cuando las famosas 46 reclamaciones de Puigdemont fueron rechazadas por Rajoy y la hoja de ruta lleva 2/3 de andadura hacia el referéndum y la posible independencia, una carta conjunta de Puigdemont y Junqueras en El País, que gane el diálogo, que las urnas decidan, con apariencia de ultimátum, pide al gobierno central un referéndum pactado como el escocés y avisa de que, en cualquier caso, el referéndum se celebrará, sí o sí.

El gobierno español no respondió, aunque su vicepresidenta reiteró que no habría referéndum de modo alguno y, para lo demás, disposición al diálogo. El principal partido de la oposición, PSOE, por boca de su comisión gestora provisional pide a La Moncloa que se negocien 45 de las 46 reclamaciones y el referéndum quede fuera. Ese parece, pues, ser el punto de encuentro del nacionalismo español frente al catalán, presidido por un saber convencional mesetario muy arraigado: los catalanes amenazan, pero, si se les ofrecen unas cuantas inversiones –de esas que el Estado lleva negándoles sistemáticamente desde hace años o incumpliendo en sus promesas (que es lo mismo)- se apaciguan y se avienen a razones.

Avenirse a razones, en Román paladino es que se olviden del referéndum y la independencia y que acepten los abalorios que la autoridad central aporta.

Con ese espíritu se persona Rajoy en Barcelona. El mismo Rajoy que pidió –y consiguió- cuatro millones de firmas “contra Cataluña”, el que se negó a todo diálogo con el independentismo, el que reformó el Tribunal Constitucional para usarlo como una porra contra el proceso, el que azuzó a la fiscalía para procesar a los dirigentes y representantes populares catalanes. Nada de eso importa, piensa el hombre, porque trae un cesto cargado de millones para invertir en infraestructuras negados durante años y los catalanes, como siempre, volverán a aceptar vagas promesas a cambio de abandonar la vía independentista.

Complementariamente, la vicepresidenta del gobierno y el aparato mediático de propaganda a sus órdenes trata de dividir el bloque independentista. Su idea es contentar a los sectores moderados (identificados con el PdCat y el empresariado catalán) con sus sempiternas promesas y enfrentarlos con el ala más radical del independentismo, la CUP. Argumenta que es una minoría radical perjudicial para Cataluña y no menciona que, radical o no radical, sin el apoyo de la CUP, el gobierno independentista tiene las horas contadas. Y de eso se trata: de derribar ese gobierno y forzar unas nuevas elecciones que terminarían con la hoja de ruta.

Es una operación de compraventa en la que, como siempre, la compra será todo y la venta, nada.

Rajoy ha declamado su política de aparente generosidad ante un auditorio bastante entregado, aunque semivacío, sin asistencia de ningún miembro del gobierno catalán, en justa correspondencia a los desaires que los catalanes reciben cuando van a Madrid. Varios empresarios y correligionarios ideológicos y algunos curiosos interesados del ámbito municipal. Los independentistas le han dejado tiempo para leer un artículo publicado en El periódico, Catalunya, Estado por el progreso, en el que aclaran la ambigüedad del título. Su punto central, sostenido luego por Neus Munté, portavoz del govern, es que las promesas de inversiones ya no engañan a nadie, que carecen de credibilidad y, por tanto, ya no son suficientes para detener la hoja de ruta, que es su único objetivo. Añaden los autores que, en tanto la situación siga siendo la que es, atenderán a las promesas de inversiones del gobierno español, siempre injustamente postergadas o negadas. Reiteran que pase lo que pase (una nueva ambigüedad que enlaza con el título), serán responsables en la administración de los recursos que reciban. Son consideraciones fundamentalmente dirigidas al empresariado catalán, inquieto por el efecto del choque de trenes en las cuentas de resultados. Pero dejan abierta una duda que puede tener consecuencias explosivas: ¿y si esta vez las promesas se cumplen y el gobierno central acepta la cláusula “anticumplimiento” que pide Munté? ¿Se desactiva el proceso? ¿Qué hay del referéndum?

Es cuestión que afecta directamente al apoyo de la CUP al gobierno de la Generalitat. A primera vista este tiene una difícil tarea: navegar un curso propio entre la Escila de vender el referéndum por un cesto de promesas de inversiones del gobierno central y la Caribdis de realizar el referéndum a toda costa que exige la CUP y abre un periodo de incertidumbre alimentado por las apenas veladas amenazas de Rajoy.

La CUP no es solamente un aliado incómodo. También es una buena ayuda para seguir negociando con el gobierno central el referéndum, al que no afectará en absoluto que, además, por fin, ese gobierno cumpla sus compromisos anteriores con Cataluña.

Algo debe quedar claro: si el gobierno central consigue enfrentar a la CUP con JxS a cuenta de las promesas y el referéndum, no habrá referéndum, las promesas quedarán como siempre en nada y los procesados seguirán siendo procesados.

Y se cumplirá el vaticinio de Puigdemont de la venganza del Estado.

Rajoy responde a la carta de Puigdemont y Junqueras

Esta vez, Palinuro se ha ahorrado su semanal artículo y se ha limitado a transcribir una carta respuesta a la de El País que le ha enviado Presidencia del gobierno para publicación en algún periódico catalán. Y así, ha cedido su lugar para que el presidente responda a la carta de los gobernantes catalanes. Entre bromas y veras y con su peculiar forma de ver las cosas, Rajoy sintetiza el grueso de los argumentos del nacionalismo español en contra del referéndum. Aquí va la versión castellana:

Respuesta de Rajoy a la carta catalana.

Estimados presidente y vicepresidente: muchas gracias por su carta publicada en El País, diario de mi máxima consideración, aunque no tanto como El Marca. Proponen ustedes en ella por enésima vez un referéndum pactado, siendo así que ya les hemos avisado la vicepresidenta y yo que de referéndum, nada. Ni pactado ni sin pactar. Aquí no habrá referéndum. Cuando les ofrecimos iniciar un diálogo, llegando, incluso a abrir un despacho dialogante de la vicepresidenta en Barcelona, quedaba ya claro que el diálogo tenía como tope la unidad de España contra la que atenta su referéndum.

Insisten ustedes en argumentar el caso de Escocia como la única baza de que disponen para su desmesurada pretensión. Parece mentira que no se hayan dado cuenta de lo que he visto hasta yo: que Cataluña no es Escocia. Ni España el Reino Unido. En España un referéndum es ilegal y, por ende, inconstitucional. Sospecho que en el Reino Unido, también. Pero allí, con eso de que no tienen Constitución escrita se permiten ciertos lujos que no voy a calificar. En España, la ley se cumple. De eso estoy encargado yo por voluntad de los españoles, entre ellos muchos catalanes. La mayoría silenciosa y no hace falta contarla. Se ve en la calle. Resumiendo y para entendernos: no hay referéndum porque no.

No soy un legalista estrecho. Estoy dispuesto a reconocer el carácter político de sus pretensiones y a sentarme a negociar sobre ellas en el marco de la Constitución. Incluso a abordar la reforma de esta. Es el camino para las discrepancias políticas en un Estado de derecho. Lo que no sea eso será un golpe de Estado propio de fascistas, de lo cual sabemos mucho en el PP,y no lo toleraremos. Para las de derecho común, los tribunales ordinarios. La causas contra cargos públicos independentistas no lo han sido por sus ideas, sino por sus actos presuntamente contrarios a la ley. Que estos casos coincidan con independentistas es una casualidad.

En el marco de la Constitución me encontrarán ustedes. Propongan una reforma del texto del alcance que les plazca y, si se aprueba por los cauces debidos , podrán ponerla en práctica. Me dirán que eso es imposible y casi una burla, dado el carácter minoritario de Cataluña en el conjunto del Estado, pero esa es una realidad ajena a nuestras voluntades. Consigan apoyo mayoritario en España a su propuesta de reforma constitucional y no harán falta cartas.

Parecen haber pedido permiso al presidente del Senado, Pío García-Escudero para pronunciar la conferencia que ya han dado ustedes en otro lugar. Pío es autónomo, por supuesto, y él decidirá pero, si fuera yo, no la autorizaría por una razón de respeto a la cámara. Al Senado se va con un discurso original, nuevo, inédito, no con un refrito, ensayado para otros auditorios.

Afronten ustedes su responsabilidad como gobernantes de una Comunidad Autónoma y resuelvan los problemas de sus administrados, que no son de banderas. Son ustedes parte de esta gran nación que es España. Sean leales al esfuerzo común y sigan contribuyendo al engrandecimiento de nuestra patria. Todos los españoles están agradecidos a la solidaridad catalana y orgullosos de ser sus compatriotas. Y, para demostrarlo, visitaré Cataluña próximamente con un plan de inversiones en infraestructuras que siempre proponemos y nunca cumplimos porque sabemos que ustedes los catalanes se avienen a razones cuando se trata de dinero, sobre todo si es el suyo.

Lamento que el resumen de mi respuesta haya de contabilizarse en la columna del “no”. No ha lugar a negociar referéndum catalán alguno porque, como explica con su habitual brillantez la vicepresidenta, el gobierno no puede negociar con lo que no está en su mano conceder, que es saltarse la ley. Ni más ni menos. No es un desaire. Es una necesidad.

No hay otra vía pues cualquier otra apunta directamente a la legislación de excepción. Obviamente no queremos recurrir a ella por una cuestión de imagen. Pero, si ha de hacerse, se hará, y no nos temblará el pulso, pues contaremos con el apoyo de los demás partidos, PSOE y C’s, tan españoles como nosotros, aunque estén en la oposición. Estamos seguros de que la UE entenderá la necesidad de hacerlo. Y, si no fuera así, habiendo quedado todo “atado y bien atado” desde los tiempos de aquel caudillo cuya memoria quieren ustedes mancillar, sabremos prescindir de una Europa que no nos quiere como somos.

Al fin y al cabo, más se perdió en Cuba.

Nada nuevo

Puigdemont y Junqueras se han asomado a la tribuna de El País para decir lo que llevan meses diciendo y reiterarlo con razones que llevan años esgrimiendo. Nada nuevo de su parte. La diferencia es que ahora lo dicen desde El País con lo que ya no queda más remedio en España que darse por enterados. Cosa hasta ahora evitada por cuanto los medios ocultaban o desfiguraban sistemáticamente la realidad catalana; entre ellos el propio El País. El diario parece estar reconsiderando su actitud, a la vista de la importancia de la cuestión. Pero le sale su resabio nacional-español con esa entradilla de El desafío soberanista.

Si el presidente del gobierno deja El Marca y lee El País encontrará un resumen preciso y claro de la situación a la que, quiera o no, deberá hacer frente. Aunque en su insólita soberbia, animado por el reciente desarme de ETA, es capaz de pensarse Gregorio VII haciendo esperar de rodillas a las puertas de Canossa al emperador arrepentido. Será magnánimo, solo exigirá tres días de rodillas en la nieve o viendo partidos de fútbol. Pero es preciso el arrepentimiento. Ahí está el problema. Los dos firmantes del artículo-manifiesto no están arrepentidos de nada. Al contrario: piensan seguir con la hoja de ruta. 

Por eso es muy de señalar la lamentable situación de Rajoy: no puede gobernar porque la oposición no le deja, pero tampoco puede convocar elecciones anticipadas porque Cataluña necesita un interlocutor. No otro duelista, como parece pensar El País, sino un interlocutor, alguien que se siente en la mesa de negociaciones en la que están sentados desde hace meses los dos firmantes del escrito. Alguien con autoridad. No con autoritarismo.

Si Mas fuera escocés

Al día siguiente de conocerse la recomendación de la comisión del Consejo de Europa de reconducir la reforma de la LO del Tribunal Constitucional a los términos de la apariencia, cuando menos, del Estado de derecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación y una elevada multa, haciendo lo mismo en congruas partes con las señoras Rigau y Ortega, todos tres por desobediencia. Absueltos del delito de prevaricación.

Se trata de una condena por unanimidad, para dar idea de fuerza, pero de mínimos para darla de magnanimidad. Tan mínimos que el fiscal sopesa la posibilidad de recurrirla pidiendo condena por prevaricación. El carácter mínimo de la pena es una implícita confesión de inquietud ante la naturaleza del proceso mismo. Un proceso político contra el independentismo disfrazado de procedimiento judicial. Proceso político/proceso jurídico son los términos del conflicto, por lo demás irresoluble porque lo que es para unos no lo es para los otros.

Aparte de los argumentos técnicos, hay un dato fuerte a favor de la tesis del proceso político: es insólito que el gobierno de una CA arrostre un proceso penal por razones estrictamente políticas. Por razones de derecho común hay algún presidente autonómico en la cárcel. Pero eso es otra cosa. Y todavía más insólito que, siempre por razones políticas, se esté dispuesto a llevar el asunto hasta Estrasburgo, un paso más en la internacionalización del conflicto, que es un objetivo del independentismo. Pero la de mayor calado es la necesidad que se dará de seguir inhabilitando cargos públicos que, a su vez, como señala la comisión del Consejo de Europa, quizá no acepten la inhabilitación. Y es la de mayor calado porque la alternativa a inhabilitar series enteras de cargos públicos de la Generalitat es recurrir a la legislación de excepción, cosa que ya advierte el gobierno.

Al propio tiempo se da la noticia de que Escocia pedirá permiso de nuevo a Westminster para hacer un segundo referéndum en la patria de John Knox. Si Mas fuera escocés, tendría el asunto fácil: encabezaría el movimiento por la independencia de Escocia, habiendo antes vencido la muy previsible resistencia de la primera ministra, May que, sin embargo, tiene poca fuerza dado el precedente que sentó Cameron. Y obtendría la independencia o se repetiría el resultado negativo del referéndum anterior. En democracia nunca se sabe cómo van a salir los referéndums.

Pero Mas no es escocés ni España, el Reino Unido. Aquí se dijo desde el principio que no al derecho de autodeterminación de los catalanes porque no, por asunto de principios. Frente a esta negativa, de nada sirven los ejemplos escocés o quebequés, precisamente porque es un asunto de principios: no, porque no. Los dos argumentos esgrimidos hasta la saciedad por Rajoy no son serios: uno es el de la igualdad de todos los españoles que es, simplemente, mentira: el otro, que no se negocia con la soberanía del pueblo español que es, simplemente, falso pues nadie pide eso, sino que el soberano pueblo español -a través de sus representantes o a iniciativa propia- negocie la soberanía del catalán. Los castellanohablantes harían lo mismo si en la península fueran los catalanes quienes predominaran como ellos lo hacen ahora.

Esa sentencia pone el proceso independentista en un camino de no retorno, dado que lo más lógico es pensar que no habrá referéndum pactado. Pero lo irresponsable no es la sentencia sino el procedimiento en sí.

López quiere "parar máquinas"

A buenas horas, mangas verdes. A cinco meses de la realización del referéndum en Cataluña, el candidato a la SG del PSOE, Patxi López, visita Cataluña. se asusta y empieza a decir que hay que parar máquinas ante del choque de trenes para darnos tiempo y encontrar una solución. Sobre eso, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Parlar per parlar. Cuando el independentismo lleva años pidiendo diálogo y negociación sin obtener otra cosa que burlas, desplantes, silencios y un cierre total, ahora que ya la cuestión nos aboca a una confrontación, se acuerda el vasco de la necesidad de "ganar tiempo" para encontrar una solución. Rápido no es el pavo. A lo mejor por eso se presenta candidato al PSOE. En la misma tónica, aunque con varios grados más de estupidez, la vicepresidenta del gobierno advierte de que la aprobación de la vía rápida de la desconexión en la mesa del parlamento es una huída hacia delante y que la Generalitat vive "una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes". De catalanes sabe este gobierno mucho. No en balde su partido gobierna en un municipio de los 900 que hay en Cataluña; un conocimiento que puede medirse en un 1/900 de la realidad catalana. Abrumador, como siempre con la derecha. No se preocupen López y Sáenz, Sáenz y López. La hoja de ruta irá adelante y los catalanes conseguirán ser lo que quieran ser gracias a su propio esfuerzo. Ojalá los españoles pudieran decir lo mismo.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Hablar por hablar

En su precampaña a las primarias del PSOE, Patxi López ha hecho escala en Cataluña y ha hablado de la “cuestión catalana”. Muy típico de los políticos españoles: hablar de Cataluña cuando están en ella, pero nada más. El resto del tiempo, cuando están en España, es como si Cataluña no existiera. Creen que pueden proponer un futuro para el conjunto del país sin contar con los catalanes. Grave error.

En Cataluña se hacen las propuestas y en Cataluña se quedan sin que nadie las recoja o actúe en consecuencia. López vino a Cataluña a decir que es preciso parar las máquinas para evitar el choque que muchos vaticinan y darse tiempo para buscar una solución. Parece una actitud equidistante, arbitral, prudente, respecto a dos partes en igualdad de condiciones. Solo que no están en igualdad de condiciones. La hoja de ruta, las máquinas son la única garantía con que cuenta el independentismo, su única posibilidad de imponerse. Si las para, desaparece.

En el gobierno central hay más opciones. Además de las máquinas que puede parar (los procesos judiciales, por ejemplo) puede poner en práctica medidas políticas y abrir vías de negociación, cosa que no ha hecho hasta ahora. Pero eso es asunto suyo.

El alcance de la petición de López de “parar máquinas” se observa en su propuesta de reconocer a Cataluña como nación “cultural”. Un verdadero anacronismo, poco atento al estado de las posiciones hoy día en un proceso de crisis constitucional. Reconocer una evidencia para no reconocer una necesidad: que Cataluña es una nación política y que la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010 es un disparate jurídico y un abuso político.

Parar las máquinas para negociar es algo que el nacionalismo español debió hacer mucho antes de la actual hoja de ruta, quizá a raíz de aquella sentencia o de las reacciones posteriores. Pero, para eso, se hubieran necesitado dirigentes capaces de comprender lo que estaba pasando.

Sin duda, el gobierno central tiene muchas máquinas para parar. Los procesos judiciales los primeros, sobre todo porque no son tales, sino puros juicios políticos disfrazados de actos jurídicos. Las presuntas actividades de guerra sucia del Estado contra el independentismo y contra personas en concreto. La política de recentralización del Estado y estrangulamiento de la autonomía catalana.

La cuestión es qué implica el “parar máquinas”. No puede ser aplazar el referéndum porque es el compromiso de la mayoría parlamentaria catalana. En el nacionalismo español se argumenta que no es posible negociar nada cuando una condición inexcusable es la realización del referéndum o referéndum “sí o sí”. Pero no se ve por qué esta posición ha de ser más inadmisible que la contraria, la que pone como condición inexcusable la no realización del referéndum o referéndum “no o no”. De no darse esta negativa cerrada, bien podrían pararse las máquinas siempre y cuando fuera para establecer la fórmula de un referéndum pactado.

De no ser así, la petición de “parar las máquinas” es completamente irrealizable. Una de las partes, la catalana, no puede y la otra no quiere. Al carecer de toda voluntad de entendimiento con Cataluña, se cierra en una actitud intransigente, avisando de que, según se desarrollen los acontecimientos, se aplicará la legislación vigente. No hay un problema político; hay un problema judicial y de orden público. La parsimonia del gobierno central en todo lo referente a Cataluña apunta a la voluntad deliberada de dejar que los acontecimientos lleguen a la confrontación institucional y ver a continuación, que vía represiva resulte la más adecuada según sea la reacción.

Ante la parálisis del nacionalismo español, la iniciativa cae de nuevo del lado del independentismo. La mesa del Parlament da vía libre a la tramitación de urgencia de la ley de desconexión. La vía está abierta, el referéndum espera. El Estado solo puede prohibirlo y la cuestión será qué reacción tendrá la sociedad catalana ante la enésima prohibición arbitraria y despótica.

La destrucción de España

Al final tendrá razón el procesado Homs en su vaticinio del fin del Estado español. A estas alturas, las mentes más lúcidas dan el referéndum por inevitable y, con ellas, mucha otra gente, aunque no lo diga. No está mal para un problema que hace dos o tres años no existía o era una mera algarabía, según el muy previsible Rajoy. Pero ya es poco. La cuestión es si, a fuerza de no transigir, no negociar, no dialogar, no proponer nada, el nacionalismo español, carente de toda iniciativa, ha hecho inevitable también la independencia de Cataluña.

Voluntad catalana no falta y la hoja de ruta de JxS con el apoyo de la CUP propone un escenario de confrontación total de aquí a breves meses. Se asume que el Estado intervendrá la autonomía catalana y que en Cataluña habrá una reacción. A partir de aquí, el territorio no está cartografiado.

El problema de fondo es la falta de proyecto del nacionalismo español, incapaz de proponer nada salvo la continuidad de una situación que disgusta a todos. Falta el proyecto porque falta el nacionalismo que ha de empujarlo. El franquismo, al apropiarse durante 40 años de dictadura los significados nacionales, deslegitimó de tal modo el nacionalismo español que este debe de ser el único en el mundo cuyos seguidores afirman siempre no ser nacionalistas de nada.

Franco murió, cierto. Pero el franquismo sigue, los franquistas siguen. Los gobernantes del PP, un partido fundado por seis ministros de Franco, nunca han repudiado de modo solemne y convincente la dictadura de la que provienen. Les van en ello intereses ideológicos y materiales considerables. Los últimos, sobre todo, unen mucho. Para formar esta clase gobernante que, como dice García Montero tiene como único negocio el Estado. Así ha sido siempre con la oligarquía española ya desde el Siglo de Oro, una clase de parásitos que vive a costa del Estado hasta que lo arruina. 

No solamente no condenan el franquismo sino que lo conservan, amparan y protegen. El Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición del juez Garzón y otros de remover los huesos del tirano del Valle de los Caídos. Léase el atinado artículo de Carlos Hernández ¿Democracia franquista? El franquismo sigue vivo. Entre nosotros. A tiro de piedra del otro monumento imperial español, el Escorial, este innoble memorial fascista es una especie de símbolo del arco vital español, el alfa y el omega de España: del Escorial al Valle de los Caídos, construido con mano de obra esclava de presos políticos.

Es poca la legitimidad de que puede tirar el nacionalismo español a la hora de proponerse frente al catalán. Y queda reducida a la nada cuando coincide con las peripecias procesales de un verdadero laberinto judicial de casos de corrupción que muestran cómo los franquistas herederos de los franquistas siguen considerando que el Estado es suyo y sirve para enriquecerse por todas las vías, legales e ilegales. Y, con la corrupción, los privilegios de los corruptos que todavía hieren más a la opinión pública. La sentencia del caso Noos muestra una justicia sometida al poder político.

Los privilegios de la Casa Real escandalizan (seguimos sin saber nada del origen de la fortuna de Juan Carlos, de 2.000 millones de dólares) en verdad porque es la Casa Real. Pero privilegios hay continuamente a lo largo de esta aventura. El mismo presidente que está hablando siempre del cumplimiento de la ley tiene el privilegio de haber estado cobrando presuntamente jugosos sobresueldos de un caja B; el mismo que habla de la igualdad de todos los españoles tiene a su padre gran dependiente a cuenta de los dineros públicos, esos que dice el hijo que no dan para los demás dependientes.

Y de privilegios va la Iglesia católica, verdadero Estado dentro del Estado, infiltrada en todos los poderes públicos, especialmente el judicial, así como en una densa red de instituciones sociales de todo tipo. Además de franquista y, por ende, corrupto, el gobierno es también clerical con puntos de nacionalcatolicismo

Añádase a todo ello el aparente recurso del Estado a la guerra sucia, que se evidencia en la Operación Cataluña y ya se habrá llegado a la conclusión de por qué el marasmo actual de España propicia la independencia del Principado. En ese marasmo, nadie se atreve a poner coto a los desmanes de esta oligarquía corrupta, expoliadora, clerical y franquista excepto el independentismo catalán. Casi como si la oposición a la oligarquía se hubiera territorializado en Cataluña. Y como la reacción acabará siendo la fuerza bruta, terminarán votando por la independencia hasta los catalanes no independentistas.

Por la tremenda

Periodismo de trinchera el de El País. El diario está tan ofuscado con lo que suele llamar el desafío independentista y tiene tanta tirria a quienes lo protagonizan (a los que sigue culpando personalmente, como si fuera un capricho de media docena de personas), que se le va la pinza de colgar titulares. Hace decir a Homs, y lo entrecomilla, que, si hay sentencias por el 9N, eso será "el fin del Estado español".

El lector que haya deglutido con el café tamaño sórdido vaticinio y siga leyendo la crónica, verá que hay algo de exageración y lo que Homs dijo, y El País sigue entrecomillando, es que será "el fin del Estado de derecho en España".

No es lo mismo, ¿verdad? A El País se le ha ido la pinza por el tremendismo. Había que añadir algún elemento dramático a la comparecencia de hoy de Homs ante el Supremo. Nada menos que la supervivencia del Estado.

Profetizar el fin del español por una sentencia es un absurdo; profetizar el del Estado de derecho es redundante, innecesario. Probablemente Homs piensa que el mero hecho de verse encausado por el 9N es una muestra de que ya no hay Estado de derecho en España. 

Y algo de eso sucede en la medida en que el el poder responde a un conflicto político judicializándolo pero a su vez utiliza la justicia políticamente.

Operación diálogo

El nuevo talante abierto y negociador del gobierno central en relación a Cataluña está dando resultados óptimos. Basta con ver la foto. Siempre se acusa a los políticos de ser falsos y ocultar sus fracasos y traiciones tras exageradas sonrisas. Esta imagen prueba que aquí de falso no hay nada. Los gestos retratan el alma. La virreina a la izquierda no solo alza la cabeza por exigencia física de las respectivas estaturas, sino también como gesto de imperio que espera sumisión. Los gestos de los otros dos reflejan los momentos por los que pasan: la señora Forcadell, ya procesada, puede serlo por segunda vez y el señor Junqueras acaba de firmar una comunicación del TSJ, dándose por enterado de que la decisión del Parlament de convocar un referéndum es ilegal.

Como diálogo, todo un éxito.

La composición en sí misma es un poema. Ignoro si la centralidad de Junqueras se atiene al protocolo, incluso si ha lugar aquí a aplicar protocolo alguno. Desde el punto de vista gráfico, la imagen tiene un lejano eco de retablo medieval. La figura del centro, de dimensiones mayores en comparación con los paneles laterales parece considerar con la mirada puesta en el espectador, aunque perdida, de qué lado inclinarse, si el bien o el mal, el vicio o la virtud. Estas dos opciones, a su vez, cruzan sendas miradas entre sí que sin duda, hablan de cómo prospera el diálogo entre el gobierno central y la Generalitat. Un camino de rosas.

El referéndum

Aquí el artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado, 46/45. 46, las propuestas de Puigdemont de hace un año para debatir en La Moncloa; 45 las que La Moncloa está dispuesta a negociar un año después. No es rápida La Moncloa. Y la diferencia, la propuesta cuadragésima sexta, que el gobierno central excluye expresamente, es la del referéndum. Es decir, no hay, no puede haber diálogo.

Seguramente entre los cientos de asesores de que dispone Rajoy, todos cobrando una pasta de nuestros bolsillos, alguno le habrá dicho lo obvio: el referéndum es insoslayable. Aunque la comisión (supongo que se nombraría una comisión) negociadora alcanzara acuerdos en las 45 cuestiones de marras, el resultado habría de someterse a referéndum en Cataluña. No hemos llegado hasta aquí para que una reunión de sobremesa sustituya la voluntad democrática de los catalanes. Así que no se entiende el encabezonamiento de Rajoy salvo por un atavismo imperial muy típico de esta derecha reaccionaria: cualquier desacuerdo, discrepancia, se convierte en un asunto de principios enfrentados a muerte. Por eso lleva el Estado español cuatrocientos años de imparable decadencia.

Aquí la versión en castellano:

46/45

Hace algo menos de un año, en abril de 2016, Puigdemont se personó en La Moncloa con un repertorio de 46 cuestiones pendientes de tratar entre la Generalitat y el gobierno central, el doble de las que había ofrecido negociar a su vez Artur Mas el año anterior. Ambos presidentes recibieron el acostumbrado y arrogante “no” mesetario envuelto en la retórica flamígera del caduco imperio a cuenta de que una de las cuestiones era el referéndum: no se puede negociar con la soberanía del pueblo español.

¿Acaso no coinciden Rajoy y Felipe González en ese punto falaz de la soberanía innegociable del pueblo español? En ese y en muchos otros, pero ese es aquí decisivo porque explica por qué el nacionalismo español no se divide entre izquierdas y derechas. Es siempre de derechas. El de izquierdas, también.

Meses más tarde, en diciembre de 2016, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitía que el gobierno podía hablar de 45 de las 46 peticiones catalanas. Fuera quedaba la cuadragésimasexta, que no podía ni pronunciarse: el referéndum. De empeñarse en ello la parte catalana, no habría ningún diálogo. Y ese es el espíritu que destila la actitud actual del gobierno central: negociar sobre 45 de las 46 cuestiones, dejando aparte expresamente el referéndum que es precisamente la propuesta que da sentido a la posición de la Generalitat y constituye su fortaleza. Cosa, por cierto, que podría haber ofrecido ya hace un año de ser menos lento y algo más responsable.

Al final, por tanto, el gobierno se sienta a negociar a regañadientes, con un año de retraso y con imposiciones, como siempre. Pero lo hace. Los que no querían ni empezar a hablar han acabado comprendiendo que escenifican algo o la hoja de ruta catalana, en la que nunca han creído, va a barrerlos a ojos de la opinión pública internacional. La misma asustada sospecha de los socialistas que han pasado a hablar de “plurinacionalidad” de España pero tampoco quieren oír hablar de referéndum catalán.

Para disimular su insostenible posición, el gobierno ha conseguido ya que su Tribunal Constitucional, el órgano que actúa a sus dictados, haya anulado la decisión del Parlament de convocar el referéndum. De este modo, se sitúa fuera de la ley cualquier medida de las instituciones catalanas en prosecución de la hoja de ruta y se posibilitan más actividades represivas. De hecho, el TC ya ha instado a la Fiscalia a que afine una segunda causa penal contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

En estas condiciones la oferta de diálogo y entendimiento del gobierno español es una farsa dentro de su acostumbrada política de amenazas. A los efectos ha soltado también a sus voceros, pregoneros e intelectuales orgánicos de todo el espectro político para que exijan perentoriamente medidas contundentes. Si hace una fechas, Vidal Quadras recordaba que, cuando no se respeta el Estado de derecho (el Estado de derecho de la derecha española que ni tiene derecho ni, en el fondo, es un Estado) las cosas se resuelven por la violencia, su correligionario, Albiol, escenificaba gráficamente la amenaza pintando un futuro –que él decía querer evitar- con el ejército de desfile por la Diagonal. Menos belicosa la izquierda prefiere asustar por la vía administrativa y penal, y Guerra habla de suspender la autonomía con el artículo 155. El mismo artículo que invoca ese aparatoso prohombre, intelectual orgánico de la transición, Juan Luis Cebrián. El último cachorro del franquismo mediático, le añade un toque paramilitar hablando de la Guardia Civil, para cerrar el círculo con los escandalizados prohombres de la derecha.

En el fondo, quien mejor representa este espíritu de nacionalismo español por encima de sus tenues banderías es José María Aznar, que considera pusilánime toda intención dialogante del gobierno central con la Generalitat. El mismo Aznar que entregó el 15% del IRPF a la Generalitat a cambio del voto de Pujol a su investidura. Una concesión que evidencia el fondo real de la intención del nacionalismo español, especialmente el de derechas: está dispuesto a trocear España a cambio del mantenimiento de su privilegio sempiterno de gobernar lo que quede de ella. Lo que diferencia el independentismo catalán del nacionalismo español, sobre todo el de derechas, es que este último no cree en lo que dice defender.

Largando trapo

Si yo estuviera en la cofradía de Díaz o en la cuadrilla de López empezaría a preocuparme en serio. Con todos los medios en contra, como todos los barones del partido y los órganos de este y con un gobierno hostil, la candidatura de Sánchez se robustece por momentos, levanta expectativas y genera apoyos multitudinarios en las bases. Díaz hace campaña con cargos institucionales y duda si presentar su candidatura. López predica su talante conciliador ante exiguas audiencias. Solo Sánchez reúne apoyos suficientes entre la militancia para ser un candidato creíble.

La prueba ayer en el Bellas Artes era determinante: presentarse en Madrid, villa y corte. La convocatoria fue un éxito de asistencia, el aforo del teatro Fernando de Rojas y otro tanto que se quedó fuera y siguió el acto por una gran pantalla. Estuvo bien planificado, pues se trataba de hacer público el documento base de la candidatura para elaborar una alternativa a lo que se presente en el congreso. No era un mitin, ni una celebración de aniversario o una romería, sino una somera presentación de un texto político-ideológico y propositivo y se había buscado la asistencia de publicistas en general. Era un modo de medir fuerzas de antemano. Y se excedió el aforo.

Mucha gente se quedó fuera haciendo cola, como se ve en la foto de Alberto Blázuqez Sánchez. Esto dio pie al candidato a prometer un encuentro en breve con la militancia en Madrid; un mitin, es de suponer.

El acto evidenció el punto fuerte y el débil de la candidatura de Sánchez. El fuerte: su apoyo es la militancia y los simpatizantes; los barones rezongan en off. El débil: la edad media de la asistencia, muy elevada, lo cual habla mucho de la lealtad de los militantes pero poco sobre su sentido de innovación. Quizá por ello los oradores -también muy representativos del corte generacional de la asistencia- insistieron en que se emplearán a fondo en el empleo de las nuevas tecnologías (todavía dicen "nuevas tecnologías")  con el mensaje subliminal de que sea un método de rejuvenecer su partido. El digital gap, vamos. Dos exministras (o casi) y dos cargos institucionales intermedios del partido, de la generación del Programa 2000, restan crédito a ese firme propósito de reconstruir, renovar, etc.

El documento, llamado por una nueva socialdemocracia está condenado a ser conocido como el "programa de Sánchez". Allí se desgranaron sus puntos fundamentales. Entre la habitual melopea de conocidas intenciones sobre todo tipo de políticas, fiscales, medioambientales, de dependencia, de relaciones laborales, dos propósitos son los de más carga política y los que los medios han destacado: la alianza de la izquierda y el Estado plurinacional. 

La propuesta de ir a una unión de la izquierda concuerda con la de Palinuro de articular un Programa Común de la Izquierda. Innecesario razonar su conveniencia y posibilidad. Y su oportunidad. Tras la victoria del sector neocomunista en Podemos está claro que vuelven a la actitud de vender la piel del oso antes de matarlo, lo cual explica por qué se ha constituido un gobierno en la sombra sin espacio para algún posible aliado, ni siquiera dentro de UP. Es decir, el fin del bipartidismo era intentar el cambiazo de un bipartidismo por otro. En estas circunstancias, la propuesta de aglutinar a la izquierda en torno a la socialdemocracia presenta perspectivas halagüeñas. Si se puede hacer en Portugal, ¿por qué no en España? El PSOE, un partido de izquierda, socialdemócrata, laico y...federal.

A propósito del federalismo viene la otra llamativa propuesta de admitir la "plurinacionalidad del Estado". Sin duda es audaz y ahorra perder el tiempo hablando de la "nación de naciones", pero presenta dos dificultades: en primer lugar no es una consigna que concite entusiasmo en la militancia del PSOE y sí mucha inquina en las élites socialistas más conservadoras y poderosas. En segundo lugar parece claro que la fórmula federal no satisfará las aspiraciones de algunas de esas naciones que ven en ella una vuelta al "café para todos" de una descentralización política siempre precaria y susceptible de ser limitada o, incluso, suprimida.

Reconocer la plurinacionalidad del Estado implica postular la reforma del sacrosanto artículo 2 de la CE, núcleo de la postulada "nación española". Además se encontrará con una cerrada oposición de toda la derecha e importantes sectores de la izquierda. Y si ese reconocimiento no garantiza el derecho de las naciones a decidir si quieren ser Estados independientes equivale al reconocimiento de un flatus vocis. Solo el acuerdo de un referéndum pactado podría desbloquear esta situación que, en cualquiera de sus dos perspectivas conduce a una espiral de acción/represión/más acción, etc. El reconocimiento de la naturaleza plurinacional del Estado es un tímido paso en la dirección correcta. Ahora falta saber a qué derechos da acceso la condición de nación dentro del Estado español, si a decidir si se sigue siendo parte de él o no. 

Esa habría de ser la pedagogía de una unión de la izquierda.

Sin referéndum, nada

El País sigue exultante con complejo de consejero áulico de éxito. Rajoy gobierna a golpe de editorial de este periódico independiente que ve ya entreabrirse la solución al "problema catalán". El mastodonte se mueve y decide dar forma a la alternativa que pedía Mas. Ditirámbico, el periódico titula la oferta de Rajoy para Cataluña.

Bien, ¿qué Rajoy? El de los cuatro millones de firmas "contra los catalanes"; el del recurso del Estatut ante el Tribunal Constitucional que dio lugar a la famosa sentencia de 28 de junio de 2010 que negaba la condición de nación a Cataluña; el que llamaba "algarabía" a las multitudinarias manifestaciones de las Diadas, que comenzaron a partir de la manifestación de julio de 2010 ("Som una nació. Nosaltres decidim"); el que consideraba la consulta del 9N una especie feria verbenera; el que ha judicializado el conflicto, al que niega su carácter político considerándolo un problema de orden público; el que dijo "no" a Mas cuando se presentó en La Moncloa a pactar un sistema de cupo catalán; el que dijo "no" a las 46 peticiones que llevó su sucesor Puigdemont al mismo huerto.

Efectivamente, este Rajoy que considera una "amputación" la separación de Cataluña, parece haber visto de repente el camino a seguir a la luz de los editoriales de El País. Y de ahí eso de "la oferta de Rajoy para Cataluña". La materialización de la "alternativa" de Mas. Ahí es nada. Una alternativa para Cataluña. De golpe. Lo de menos aquí es si esa oferta existe y ya está en consideración por ambas partes o una de ellas anda dando cuartos al pregonero mientras la otra afirma no saber nada al respecto. Al extremo de compararla con el espíritu santo del que, según Puigdemont, habla todo el mundo pero nadie ha visto.

Lo importante es el contenido de la oferta. Es llamativo que se arme sobre los 46 puntos que llevó Puigdemont a la corte el 19 de abril de 2016, el doble de los que llevara Mas un año antes y cosechando el mismo rotundo "no". A fines de año, Sáenz de Santamaría mostraba disposición a negociar sobre 45 de aquellas propuestas. La que faltaba, y sigue faltando en la respuesta de Rajoy, es el referéndum. Siga como siga la negociación, la primera cuestión es por qué tarda el Estado, el gobierno central, casi un año en dar una respuesta a una iniciativa de la Generalitat. Me atrevo a decir que es el tiempo que le ha llevado comprender la importancia del independentismo catalán. Hace todavía un año en la meseta no se consideraba la independencia de Cataluña como algo verosímil. Se creía que el movimiento se resquebrajaría con la corrupción de los Pujol, que se desharía con las rencillas y enfrentamientos entre partidos. No ha sido así y hoy se ve la independencia catalana como una grave amenaza. Cataluña ha pasado de no existir a imponerse como la motivación número uno de la actividad del gobierno, quien ha destacado en el Principado a la virreina Sáenz de Santamaría. Misión imposible para quien no entiende el catalanismo desde su misma raíz.

La condición o requisito de abandonar el referéndum para empezar a negociar  está condenada al fracaso porque la otra parte no puede aceptarla. Cualquier mediano conocedor de teoría de juegos sabe que si una parte que lleva ventaja gracias a una amenaza, renuncia a la amenaza, pierde la ventaja. No creo que la Generalitat renuncie al referéndum. Y, por otro lado, no veo por qué no puede pactarse uno vinculante. Es lo más sensato para que todos sepamos a qué atenernos.

Hay una alternativa a la independencia: la no independencia, desde luego, pero tiene que salir en un referéndum.

A lo que no hay alternativa es al referéndum, diga Rajoy y diga El País lo que quieran.

El procesado habla

El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña, un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio. Una ocasión que debe aprovecharse  por mor de la Patria. 

Dice Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno. Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2: la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo) pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática no es posible justificar política alguna en función de su negatividad. Hay que proponer algo... una alternativa.

Muchos independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada, como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus resultados puede ser un "no" a la independencia.  

La pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que, al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas, demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.

A estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque, aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los catalanes.

Zafarrancho de combate

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera. 

En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.

El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Zafarrancho de combate

                                                                                                              

El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.

Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

La República Catalana hoy en Madrid

Hoy llegará La República Catalana a Madrid, a la emblemática librería Blanquerna, sita en la calle Alcala, 44, a las 19:00. Presentará el acto Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid e intervendrá Joan Tardà, diputado de ERC en el Parlamento español, y Palinuro, el autor del libro.

El encuentro promete ser interesante. Se quiera o no reconocer, el proceso independentista catalán es el problema más importante que tiene planteado el sistema político español. Llevo años diciéndolo y defendiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes. Al principio, todos me miraban como un extraterrestre, por insistir en algo que parecía una quimera o completamente irrelevante, algo a lo que ninguno prestaba atención. La incapacidad de los políticos y de lo intelectuales españoles para ver lo que tienen delante de las narices es fabulosa. Y así siguen. Todavía hoy asombra el silencio de la clase política, incapaz de tomar una sola iniciativa, y del estamento pensante, dándose pote en sus columnas en los periodiquitos y en sus enchufes en la tertulias audivisuales en donde llevan años diciendo las mismas sinsorgadas. Ninguno dice o hace nada constructivo en relación a Cataluña salvo repetir como carracas que la autodeterminación es ilegal. Como lo fue la independencia de los Estados Unidos, por supuesto, y la de todas las posesiones españolas hasta la fecha, exceptuada la de Guinea, que fue legal, y la del Sahara que, además de ilegal, fue una traición. 

Seguro que alguien en el público se pregunta en voz alta en dónde están los intelectuales españoles en estas circunstancias. No es difícil responder: están con el poder español, como siempre. Y lo están también los de izquierdas, incapaces de reconocer una revolución como la que está dándose en Cataluña porque no se hace según sus apelmazadas consignas.

El referéndum está servido

La decisión de la CUP de apoyar los presupuestos de la Generalitat es un hito en el camino al referéndum. Utilizo el término referéndum y no independencia porque, siendo el primero un instrumento para lograr un fin, la independencia, también puede no lograrla. Con todo, con un poco de juicio, se verá que la mera convocatoria y realización del referéndum ya es un acto de soberanía, de independencia. Pero que se llegue a esto o no depende también en gran medida del gobierno español. La Generalitat insiste en que no se levantará de la mesa de negociación hasta el último momento, esto es, supongo, la víspera del referéndum. Se entiende que si el gobierno español se decide a hacer lo que invoca pero no hace, dialogar, y se llega a un acuerdo, cosa inverosímil, pero no imposible, podría hacerse un referéndum pactado, entendiendo por tal el que se convoque en Cataluña por acuerdo de ambas partes.

Dice Puigdemont que el "sí" de la CUP a los presupuestos es una "mala noticia" para el Estado. Malísima, desde luego. Lo entiende cualquiera medianamente informado del acontecer catalán. El problema es que en España, esa información no se recibe o no se quiere recibir o no se entiende o no se quiere entender. Viaja por las redes un agudo juicio, algo así como En Cataluña sabemos lo que pasa en España, pero en España no saben lo que pasa en Cataluña. Es decir, el "sí" de la CUP sería una "mala noticia" si el Estado supiera calibrar su importancia. Pero no sabe. Si habla de la CUP es para aconsejar a los de JxS que se alejen de los "radicales". 

Sin embargo debiera preocuparse porque ese "sí" reafirma la voluntad mayoritaria del Parlament de celebrar el referéndum en septiembre. A los efectos, los de la CUP avisan por boca de Arrufat de que es un sí "condicionado a la celebración del referéndum". Una advertencia creíble porque, al fin y al cabo, el voto de la CUP ha sido 39 a favor, 22 en contra y dos abstenciones. Aunque, por el momento, parece redundante. No hay razón para dudar de la palabra de Puigdemont, quien afirma que el referéndum se hará y será vinculante.

Y eso en un ambiente cada vez más enrarecido y crispado si, además de negarse en redondo a negociar, el Estado sigue con su política de persecución policial del independentismo. Encontrar formas de entenderse con alguien a quien se intenta meter en la cárcel no es tarea prometedora. Si, además, no se quieren encontrar, la tarea es absurda.

Pero a ver cómo paran ustedes ese referéndum sin meterse más y más en el laberinto.

Mas, presidente de la República Catalana

Mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la candidatura de Mas en las siguientes elecciones. Una vez celebrado el referéndum ese que Santamaría dice que no va a hacerse y Junqueras que sí se hará, mostrando su feliz unidad de criterio, si el resultado es "sí" a la independencia, se plantearán unas elecciones constituyentes para las que todoa habrá de presentar sus candidatas. No hay unidad de criterio para estas. Los unionistas duros (PP, C's y PSOE) piden que todo siga igual, aunque el PSOE ofrece una imprecisa reforma constitucional que ni él mismo puede explicar. Los unionistas blandos (En Comú Podem, ICV-IEUiA) piden abandonar la idea del referéndum y sustituirlo por unas elecciones autonómicas y no constituyentes.

Sean las elecciones que sean, ordinarias o constituyentes, todos necesitarán candidatos. Para Palinuro, el candidato dl JxS debiera sr Mas pero, como parece imponerse la idea de que la coalición no concurrirá junta a las elecciones sino que lo harán sus partidos por separado, serán estos los que decidan sus candidaturas y Mas sigue siendo la más natural para el PDeCAT, una vez que PUigdemont ha dicho ya que no se presentará. ç

Las razones pueden leerse en la versión castellana del artículo:

La candidatura de Mas

Hace un año, si Mas no se retira, no hubiera habido gobierno de JxS. Inútil pensar en una situación contrafáctica. Hubo gobierno de JxS y la hoja de ruta independentista echó a andar porque Mas retiró su candidatura. Se puede opinar lo que se quiera, las intenciones de la gente son libres, pero no es fácil encontrar un ejemplo más claro de cómo alguien pone los intereses de su causa por delante de los suyos personales.

A partir de aquel momento, el nacionalismo español no pudo seguir atribuyendo el independentismo catalán a una obcecación de Mas. El independentismo no era un proyecto individual o de un grupo de amigos, sino un movimiento social de amplio apoyo y suficiente flexibilidad institucional. Al mismo tiempo, Mas ganaba mucha autoridad moral por su gesto, que redobló luego con su actitud de colaboración con el gobierno de la Generalitat, sin ninguna pretensión de tutela. Puigdemont ha sido y es presidente de la Generalitat en pleno uso de sus competencias y según su criterio.

El mismo Puigdemont que, al hacerse cargo de la Presidencia, especificó que lo hacía con conciencia de la excepcionalidad y la provisionalidad de su mandato. Consistía este en llevar a Cataluña de la postautonomía a la preindependencia . Y tenía además el límite de la hoja de ruta, un año y medio, hasta septiembre de 2017. Hasta el referéndum. A partir de ahí, la sociedad deberá actuar de acuerdo con la decisión mayoritaria.

En el supuesto del “sí”, que recientes encuestas dan por probable, se dibujan elecciones constituyentes y para ellas los partidos necesitan candidatos. Causando baja Puigdemont, el candidato natural de su partido es Mas, sin perjuicio, naturalmente de que se presenten otros. Lo es por varias razones.

En primer lugar, su derecho personal, incuestionable. Es muy fácil de entender que se presente a liderar un proceso que el contribuyó a poner en pie decisivamente y es lógico que quiera recuperar una faena para la que está capacitado y solo factores externos y no enteramente racionales interrumpieron.

En segundo lugar por razones de justicia conmutativa. El independentismo tal como se encuentra ahora ha sobrevivido gracias al sacrificio de Mas. Es justo reconocérselo y premiárselo. Reconocérselo reconociendo su derecho a presentarse. Votarlo luego es otra cuestión.

En tercer lugar, Mas representa un capital nacional capaz de atraer un voto de clases medias y medias altas, tan necesarias estratégicamente para el proceso independentista como las más populares que representan sus socios, los partidos de izquierda. El común valor republicano que comparte con estos facilita notablemente las cosas, de forma que los factores nación y república pesan más momentáneamente que el estrictamente social. Tiempo habrá de dirimir este una vez que Cataluña pueda tomar libremente sus decisiones. Invertir los tiempos, condicionar la independencia a reclamaciones sociales, seguramente muy justa pero de parte, no es un acierto estratégico. Ni siquiera táctico.

En cuarto lugar, sin duda la candidatura de Mas reavivará los rescoldos de la intransigencia de la CUP, empeñada hace un año en enviar a Mas a la poubelle de l’histoire. La acusación representar una política antipopular, represiva y de recortes y, quizá, también, negligente con la corrupción. Es legítimo que en unas nuevas elecciones que se quieren constituyentes (aunque los unionistas las traten de ordinarias) puedan substanciarse o no estas acusaciones y los electores tengan todos oportunidad de pronunciarse por sí mismos y no lo hagan solo sus representantes. El próximo 6 de febrero Mas, al igual que Ortega y Rigau, comparecerán ante un tribunal español (el TSJC es un tribunal español) bajo graves acusaciones por haber puesto en marcha la consulta del 9N.

Si, al final, Mas no puede ser candidato, que sea por un pronunciamiento de parte de la justicia española, un instrumento más de represión, no por consideraciones de oportunidad política de cortos vuelos.

Al final, no es casualidad que la represión española alcance por igual a militantes y miembros de la CUP que a los del PDeCAT. Y por los mismos motivos: por desobedecer.

El referéndum pactado y el unicornio

El asunto del referéndum catalán tiene a todo el mundo en ascuas por muy diferentes motivos. En el caso de Podemos, como puede verse de las muy interesantes declaraciones de su diputado, Rafa Mayoral la convicción es firme: debe haber un referéndum y debe ser pactado. La idea del referéndum pactado no es precisamente original. Podemos la comparte con el bloque de Junts pel Sí; la comparte con Carles Puigdemont. La diferencia arranca a la hora de decir qué se piensa hacer si el Estado se niega a pactar referéndum alguno. Los independentistas dicen que, si no hay pacto, harán un referéndum unilateral (RUI). Podemos sostiene que eso no toca, que las consultas de "participación popular" están muy bien, pero carecen de eficacia. Como diría Rajoy, "no tienen efectos jurídicos". La alternativa que, por supuesto no se formula con claridad, es esperar. ¿A qué? A que el Estado haga suya la opinión del Tribunal Constitucional de que es posible un referéndum pactado.

Sin embargo, esto no es necesario. La posibilidad de un referéndum pactado está en la Constitución y su legislación de desarrollo. Basta con querer hacerlo. Lo explica mucho mejor que yo Francisco Javier Torices Pino en un artículo titulado ¿Es legal un referéndum en Cataluña sobre Catalunya? Basta con tener la voluntad política de hacerlo. Esa falta de voluntad política es la que se oculta detrás de la permanente afirmación de Rajoy de que la ley no permite el referéndum. Y lo mismo sucede con el PSOE y C's, con los tres partidos dinásticos. El "no" al referéndum es ampliamente mayoritario en el Congreso y así seguirá siéndolo. Hay más posibilidades de encontrar un unicornio por las Vistillas que de conseguir un referéndum pactado en Cataluña. Insistir en él equivale a pedir a los catalanes que se olviden de las veleidades referendarias, lo cual es inquietante cuando uno reconoce que más del 80 por ciento de aquellos quiere el referéndum, con independencia del resultado. Exigir un referéndum pactado a quien no tiene la menor intención de aceptarlo equivale a renunciar a él.

¿Es eso lo que se pretende? Evidentemente, no. Pero ¿cómo salir del paso? Aprovechando un oportuno deus ex machina en forma de En Comú Podem que es y no es Podemos pero sí definitivamente catalán, bajo inspiración de Ada Colau y función ejecutiva de Xavier Domènech. Mayoral, Podemos español, partidario del Estado plurinacional, en las cuestiones de estrategia catalana se remite a lo que En Comú Podem determine. Este es un asunto que incide en la viabilidad interna de Podemos como organización española. Su presencia en Cataluña está sometida a las mismas tensiones que lo estuvo la pareja PCE/PSUC y lo está la PSOE/PSC, pero con un agravante: que, para evitar la acusación de sucursalismo, Podemos tiene una presencia secundaria en En Comú Podem, en donde la alcaldesa Ada Colau, aclara que ella no es de Podemos y que en En Comú Podem hay gente con todas las orientaciones. Podemos es parte no decisiva de un conglomerado mayor y ha de aceptar la posición que en todo momento tenga su alter ego catalán, lo cual dice mucho de su genuina convicción plurinacional, pero arroja la sombra de la duda sobre su viabilidad como fuerza política estatal.

Y ¿cuál es aquella posición ahora mismo? Que, si no hay referéndum pactado, no debe procederse a un RUI, sino a unas elecciones anticipadas en Cataluña. Podemos hace suya la propuesta porque evita los dos riesgos opuestos: la confrontación de un RUI y la espera interminable a que aparezca el unicornio. Suena razonable. Una posición intermedia, siempre con buena prensa. Pero si se piensa un poco más, no está tan clara. ¿Por qué se propugnan elecciones anticipadas (implícitamente viene a decirse para septiembre, fecha del referéndum previsto) si la estabilidad parlamentaria en Cataluña, en principio, está garantizada? Porque hay una sensación general de que se vive en una situación única, decisiva, tanto si se hace el referéndum como si no se hace. En estas circunstancias, habiendo llegado hasta aquí, la opción de no hacerlo no está abierta a la Generalitat que seguirá adelante convocando un RUI. Y el Estado no parece dejarse a sí mismo más opción que impedirlo. La petición de elecciones que irían acompañadas, claro, de la renuncia al RUI, tienen la función de hurtar el cuerpo al conflicto, evitar la confrontación, con la esperanza de que según sea el resultado electoral, quepa cambiar de negociadores en la parte catalana. Es tentador y refinadamente claudicante, para no perder mucha cara, pero no basta para que el independentismo desista de su hoja de ruta.

La cuestión reside en averiguar hasta dónde están dispuestas a llegar ambas partes, Estado y Generalitat, la una para realizar el referéndum y la otra para impedirlo.

Es una cuestión abierta. Y quedan meses.