Los años de la inocencia

Justo al conocerse las penas recaídas sobre los acusados en el primer juicio de la serie Gürtel, estaba Cospedal arengando a los delegados de su partido reunidos en congreso. Debe reconocerse a esta señora un valor, un arrojo, casi se diría un atrevimiento superior a lo habitual. Daría para una posible imaginaria y elegante contestación a la famosa línea de Macbeth: "Me atrevo a todo lo que hace a un hombre; quien se atreva a más, no lo es." Efectivamente, es una mujer. La poderosa dueña manchega, a quien toca siempre bregar con las peores fieras adversarias de la tranquilidad y la prosperidad conservadoras, poner la cara en las circunstancias más difíciles y acuñar genialidades que dan para una chirigota pública en diferido.

Desde luego, el valor es innegable. Hacer un elogio público (aunque sea a un auditorio entregado) del principio de presunción de inocencia en el momento en que los delegados veían en Twitter que estaban cayéndoles trece años a Correa, doce al Bigotes, nueve a una exconsejera de Camps, denota temple y valor. Según se acumulaban los años de condena a gentes de su partido, otrora respetados personajes invitados a la boda escurialense de la hija de Aznar, elevaba la voz la secretaria general afirmando una y otra vez su fe en la presunción de inocencia. Algún malage podría insinuar la sabiduría del "dime de qué presumes y te diré de qué careces". Pero no es necesario. Presunción viene de presumir que tiene tres significados en castellano. El segundo y el tercero se refieren a la intención de atribuirse dotes, habilidades, virtudes, que no se poseen. Seguramente los que aquí correspondan. 

La imagen de un partido de gobierno con unos dirigentes administrando el Estado y otros cumpliendo condena o a punto de hacerlo por haberlo administrado en su propio provecho deja atónito a cualquiera. Y más habrá en el próximo futuro, cuando se juzguen las otras partes de la Gürtel, o la Púnica o la caja B del partido, causa reabierta por decisión judicial, en la que quizá haya de comparecer el presidente Rajoy debido a los sobresueldos. El mismo al que Cospedal peloteaba ayer atribuyéndole el solo mérito de haber llevado al PP al triunfo contra todo pronóstico y al gobierno después gracias a la abstención del PSOE, partido penetrado del sentido de la responsabilidad dinástica. 

Por cierto, es curioso eso de llamar Bigotes al Bigotes. Tengo curiosidad por saber si, al informar sobre la Gürtel madrileña, los medios también llamarán Albondiguilla al Albondiguilla. 

El Congreso se clausura, sin duda con un peán de victoria, el domingo. El lunes siguiente comparece a declarar como acusada la exministra Ana Mato, la que no veía el Jaguar estacionado en el garaje de su casa, que debe de ser como los campos elíseos, ni sabía cómo se pagaban los viajes de la familia entera. En todo caso, no hay problema, va moralmente sostenida por la presunción de inocencia.

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

La prensa servil

El titular de El País es un ejemplo de manipulación, falta de objetividad y hasta un acto de inmoralidad. Acusa el periódico a Mas de usar su juicio para impulsar el independentismo como si ese juicio fuera un capricho, una triquiñuela para conseguir inconfesos fines. Como si no fuera una imposición y un paso más de las autoridades españolas para reprimir el movimiento independentista. Encuentro francamente ruin acusar al acusado de protervas intenciones cuando se ha limitado a comparecer ante la justicia ejerciendo su innegable derecho a interpretar el proceso en la clave indudablemente política, de represión política, en el que está concebido.

¿Qué pasaría si el periódico titulara also así como "el gobierno español trata de intimidar al movimiento independentista reprimiendo a sus dirigentes principales para sembrar el miedo"? Pues que probablemente se acercara más a la verdad que con ese titular falaz en el que no se informa de nada, sino que se formula un juicio de intenciones. Por cierto, hablando de intenciones, merece la pena detenerse a considerar algunos aspectos muy interesantes. Los nacionalistas españoles más agresivos (muchos de los cuales están en El País) instan vivamente al gobierno a proceder con mano dura contra el independentismo, aplicando legislación de excepción y metiendo en la cárcel a quien le discuta. Suele advertirse que ir judicialmente contra Mas, Rigau y Ortega (y, por supuesto, Forcadell), supone pisar terreno peligroso por el valor simbólico de los interesados y arriesgarse a una respuesta encendida de la sociedad y las fuerzas políticas catalanas que agudice el enfrentamiento. Pero, dicen esos mismos guerreros nacionalistas, nada de eso pasará. Si los tribunales condenan a Mas, Cataluña callará, como calló el País Vasco cuando se ilegalizó a Batasuna y eso que se decía que ardería Troya. Es una interesante apuesta. En el País Vasco se ilegalizaba por acusaciones de violencia y terrorismo; en Cataluña no hay nada de eso. Se procesa y, si acaso, condena, por poner las urnas. Los publicistas vendidos al poder, los seudointelectuales  mesetarios tratan de confundir a la gente, insinuando que la comparecencia de Mas se debe al asunto del 3% y no al hecho de posibilitar que la población pueda votar libremente. Doble contra sencillo a que las respuesta social va a ser potente.

Y hay más en ese ejercicio de titular tendencioso y embustero. Viene a incidirse en la obstinada pretensión de El País de ignorar los datos objetivos de un movimiento de amplia base social, con un apoyo substancial de la población que va del 48% a la independencia al 80% al referéndum. Su interés es dejarlo reducido a una obstinación personal de Mas y sus íntimos colaboradores. Por eso los plumillas del panfleto aplauden el empleo de los tribunales contra los dirigentes independentistas. Creen, como todos los reaccionarios, que, atacando el símbolo se destruye lo simbolizado. Para más absurdo, las personas que hoy comparecerán ante los jueces, no ejercen ningún cargo político de responsabilidad, por lo tanto, su probable condena no causará ningún daño específico a las estructuras de poder de la Generalitat sino que se limitará a crear tres mártires, que servirán de inspiración a sus seguidores.

Mas, Rigau y Ortega simbolizan hoy el espíritu de libertad e independencia vivo en la sociedad catalana y no tengo duda de que la gente y las instituciones los apoyarán como merecen.

Porque lo merecen.

Ese hombre del que usted me habla no habla

Todo el mundo interpreta la declaración de Bárcenas como una estrategia procesal pactada con el PP por la que aquel retira sus acusaciones anteriores, exonera todo lo que puede y hasta desiste de una acción procesal propia (los discos duros famosos) a cambio de indeterminados favores y garantías del PP en especial en pro de su esposa.

Todo humano y comprensible pero en la sala quedó claro que en el PP había caja B y que con ella se hicieron mangas capirotes con conocimiento (y presunto lucro) de muchos dirigentes. Bárcenas se niega a llamarla caja B y la califica de contabilidad extracontable que sería algo así como el ser que estuviera fuera de sí mismo, una pesadilla que se la habrá ocurrido a alguno de aquellos gnósticos retorcidos. Lo de la financiación ilegal va por otro lado. El resto de la cháchara es un confuso ajetreo de cantidades, millones, pagos, viajes que, desde luego, dibujan una existencia poco común y darán para incontables tertulias, pero no resta un ápice al nudo de la cuestión: el partido del gobierno bajo la dirección del que hoy es su líder estuvo funcionando durante años con una contabilidad extracontable. Algo por lo que en el mundo por ahí fuera se dimite a raudales. Tan bochornosa es la situación que el partido se ha visto obligado a defender en público la honorabilidad de sí mismo y de su presidente frente a Bárcenas.

Frente a Bárcenas.

Mil trescientos setenta y ocho

El pueblo es sabio, dice la convención. Ya hace un tiempo que en los barómetros de opinión la corrupción figura en lugar destacado. Bueno, ha sido necesario llegar a estas cifras para que la preocupación se manifieste. A lo mejor el pueblo no somos tan sabios y nos la dan con queso continuamente.

De tan generalizada, la corrupción resulta estructural. Afecta prácticamente a todas las administraciones públicas, si bien las autonómicas y municipales parecen ir muy por delante. Su condena jurídica avanza, aunque con una lentitud exasperante. La política vacila mucho más. La corrupción del propio partido no es tan grave como la del partido adversario. En cuanto a la económica viene envuelta en brumas. Se escuchan cantidades muy variables pero fuera de contexto y no se les da el valor que tienen. Pero puede hacerse una aproximación muy sencilla: en conjunto, es posible que la corrupción alcance cientos, incluso miles de millones de euros. La cuestión, obviamente, es que, si no hubieran sido defraudados, los niños no tendrían que ir a escuelas hechas en barracones y comerían todos los días, los dependientes podrían recibir una ayuda a la que tienen derecho, etc. 

La corrupción, en buena medida crimen organizado con asociaciones de malhechores que se constituyen en partidos políticos, causa un gran perjuicio objetivo, directo al interés público. Tanto más destructor cuanto que se lleva a cabo en el ámbito político, el de las instituciones, el del Estado.

El liberalismo chorizo y cañí

Parece que el presunto Granados ha pedido declarar voluntariamentene para cooperar más intensamente con la justicia. Lo hará mañana, miércoles y se supone que su declaración versará sobre los aspectos aún oscuros de la tupida trama de corrupción del PP de Madrid y que afecta a todos los niveles de gobierno de la capital, los dirigentes autonómicos del PP y algunos nacionales así como un puñado de empresarios, de esos que van predicando las ventajas del libre mercado pero viven de estafar los dineros públicos mediante políticos corruptos.

A pesar de todas las campechanías de aristócrata populachera de Aguirre, por lo que se lleva sabido, el gobierno de Madrid ha sido un gatuperio de latrocinio sin parar. La increíble operación "Púnica", que acabó llevándose por delante a la consejera de educación, Lucía Figar, una besacirios encargada de favorecer la enseñanza privada más reaccionaria con fondos públicos y de desmantelar la educación público. La "Gürtel", el epítome de las redes de corrupción, con delincuentes trajinando dineros, cargos públicos enriqueciéndose con comisiones y mordidas, apaños. licencias, chanchullos.

Tal era el desbarajuste de este expolio voraz y generalizado que los responsables acabaron espiándose unos a otros pues quizá desconfiaban de cuáles fueran las fuentes de la estafa de la otra parte. Organizaron así un episodio de corte berlanguiano, como con delincuentes de tercera, bautizado como la "gestapillo", en la que se vigilaban, seguían y se fotografiaban unos a otros llevando bolsas de plástico. Y uno de los puntos fuertes de esta actividad presuntamente delictiva era la posible financiación ilegal del PP, que lleva veinte años ganando elecciones con tongo. Algunos de los episodios que constan en los papeles producen verdadero sonrojo, como esa declaración de Bárcenas según la cual, Rajoy tuvo palabras mayores con otro cargo del PP a causa de una partida de estos fondos ilegales de una empresa.

Los datos sobre la financiación ilegal del PP son vitales porque en el exhaustivo registro de ocho horas que la policía realizó en su día en la sede de Génova (eso que el PP llama "colaborar con la justicia", cuando el juez manda a la policía porque el partido no responde a sus requerimientos), la única planta en que aquella no entró fue precisamente en donde se guardaba la documentación sobre la financiación supuestamente ilegal. Era lo que cabía esperar. Pertenece al estilo de la casa.

Esta nueva declaración huele en parte al famoso "arrepentido" de la época del narcotráfico y la mafia, en parte a lo que abreviadmente se conoce como "tirar de la manta" (cosa que está todo el mundo esperando por cuanto esta pieza del sumario sigue siendo secreta) o, en terminología más apropiadamente carcelaria, "negarse a comerse solo el marrón". Sin duda Granados, mano derecha de Aguirre largo tiempo, el hombre que controlaba una especie de mercadillo del presunto delito, podrá aportar información que acabará de dibujar la acción de esa especie de club de corruptos, estafadores, malversadores, etc, de juerga en juerga, malversación en malversación, cohecho en cohecho, a la mayor gloria de la desregulación, la privatización y las ventajas del libre mercado que predicaban en sus ratos libres entre mordida y mordida.

Lo más curioso es que Aguirre, la responsable política última de este aquelarre de presuntos delincuentes, no supiera nada de nada. Nunca. Jamás. No supiera lo que hacía su mano izquierda y tampoco la derecha, no viera, no escuchara nada, no tuviera la mínima información. Como aquella ministra que no veía los coches que había en el garaje de su casa. El suyo era un gobierno sordo, mudo y ciego y profundamente tonto. Eso sigue siendo así, a juzgar por los dislates que la señora continúa profiriendo en público. Pero ahora vamos a ver, gracias a la declaración de su mano derecha, si tenía o no conocimiento del expolio sistemático que fue su gobierno.

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

De mal en peor

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La legitimació de l'adversari versa sobre la petición de la fiscalía de 10 años de inhabilitación para Mas y nueve para las consejeras Ortega y Rigau. Todas por poner las urnas el 9 de noviembre de 2014 para consultar a la ciudadanía catalana acerca de su futuro por cuanto el Estado español se negaba -y se niega- a permitir un referéndum. La idea es sencilla: considero que en el conjunto de dislates que ha sido la política del Estado en relación con Cataluña, ya desde los tiempos de Zapatero pero muy acusadamente en los de Rajoy, el recurso a la vía represiva, sea administrativa, judicial civil o penal, es mayor desatino si cabe por dos razones: 1ª) porque da por agotada la vía del diálogo y la negociación cuando ni siquiera se ha iniciado; 2ª) legitima la figura de Mas, le presta la aureola simbólica del sacrificio por la Patria catalana. Como sabemos desde siempre, lo peor que puede hacer quien pretende sofocar un movimiento popular es proporcionarle un mito, un héroe que contribuya a crear un relato justificativo. Exactamente lo que hace el gobierno español instigando a la fiscalía a pedir el procesamiento del más significado independentista, y su condena. Desde los ámbitos gubernativos se nos dirá que en España la justicia es independiente y el gobierno no instiga en absoluto al ministerio fiscal. No es necesario siquiera tomarse en serio la enésima patraña de este gobierno de embusteros redomados. De sobra sabemos que, según su ministro del Interior, la Fiscalía afina por su cuenta lo que interesa al poder,

A continuación, la versión castellana:

La legitimación del adversario

La petición fiscal de diez y de nueve años de inhabilitación para Mas y Ortega y Rigau respectivamente es coherente con la actitud que el gobierno español ha adoptado frente al proceso independentista catalán. Invocado desde el principio el principio de que la soberanía nacional no se negocia, obviamente, no hay negociación posible. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, compuesto este por españoles iguales. Otro principio que tampoco se negocia, el de la igualdad hispánica. No hay nada que negociar Y, ante la porfía de los soberanistas catalanes solo queda la vía de la represión administrativa, judicial y penal si a ello ha de llegarse.

Eso en el ámbito de la legalidad. En el de la alegalidad y hasta la ilegalidad, la vía represiva toma tintes aun más sombríos. Las supuestas conversaciones grabadas al ministro del Interior con un hombre de su confianza en Barcelona con el objetivo de jugar sucio con los adversarios políticos, fabricando escándalos van en el mismo sentido. Como lo hacen las demás actividades, conocidas o por conocer de las cloacas del Estado, desde las cuales se puede destrozar el sistema sanitario del prójimo.

El proceso, a su vez, sigue su curso. Conseguida la confianza de la cámara, Puigdemont se ha comprometido a un calendario que se corona, más o menos en un año, en una República Catalana, Estado nuevo en Europa. Se estará o no de acuerdo con la razón de ser o la oportunidad del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que se plantea como una transición de la legalidad a la legalidad. Pero no cabe duda de que es algo nuevo, que carece de precedentes y plantea el debate en términos políticos, esgrimiendo la legitimidad frente a la legalidad vigente.

Habiéndose perdido la opción de un gobierno de izquierdas en España, merced al golpe de mano de los barones del socialismo nacionalista español, solo se prevé el gobierno de la derecha. En el habitual contexto de rigidez y negativa a negociar nada, esto es, la confrontación con Cataluña. La idea, siempre la misma: mover al resto de España en contra de los catalanes. La dialéctica de la hostilidad que no soporta ni la conllevancia orteguiana. Un comportamiento que da réditos electorales al que se apoya en proclamas de amor a Cataluña mientras se aviva la catalanofobia por cualquier motivo, desde una reforma del Estatuto hasta el ejercicio de su derecho de autodeterminación.

Ahora ya no es solamente cuestión de la rígida negativa de la derecha, sino de la no menos rígida del nacionalismo español, porque se ha sumado el PSOE. El fin último del golpe de los diecisiete en Ferraz, es ajustar el paso del PSOE al del PP al abordar la cuestión catalana, cuyo punto de confrontación abierta se vislumbra en el horizonte. No es posible llegar a un gobierno de gran coalición como siempre había propuesto la derecha porque el PSOE se oponía. Los tiempos y las necesidades han cambiado. Ya no ha lugar a una gran coalición, pero sí a encontrar un terreno compartido de acción parlamentaria en lo que se refiere a Cataluña. Mostrar un punto de unión y acción común del nacionalismo español, sea de derechas o de izquierdas. El apoyo a distancia del PSOE permitiría al PP actuar como un gobierno de salvación nacional, dándole legitimidad a los ojos de los españoles.

El precio de todo ello está siendo la destrucción, la fragmentación del sistema político español: el PP, con su mayoría absoluta en Galicia y muy grande en Castilla y León, Murcia, MadridLa Rioja, etc, s prácticamnte extraparlamentario en Cataluña o País Vasco y es muy difícil que remonte en Andalucía. El PSOE, prácticamente extraparlamentario en Cataluña y Euskadi conserva mayorías substanciales, aunque mermantes, en el Dur peninsular. C’s solo puede tener presencia allí en donde el discurso anticatalanista tiene algún eco, esto es, Cataluña (curiosamente) y Madrid. El caso de Podemos aún no está claro. Si el PSOE termina de suicidarse, es posible que este otro se consolide. Si no, pasará a un segundo plano menos que discreto y los que iban a asaltar los cielos se quedarán en el purgatorio y los más infelices, en el limbo.

En Cataluña el proceso, además de la vertiente parlamentaria e institucional, tiene otra de carácter simbólico, emotivo. La movilización transversal de la sociedad ha aportado muchos elementos sentimentales para fortalecer el movimiento. La petición fiscal de inhabilitación de Mas es un paso decisivo en la construcción de un relato simbólico del nacimiento de la República Catalana. Es claro que el procesamiento del expresidente lo saca del segundo plano en que él mismo se había situado y lo empuja ya abiertamente hacia lo legendario. Al perseguirlo, el Estado español ha dado a Artur Mas la legitimidad que necesitaba para cambiar su figura mosaica de cuando era presidente que dirigía a su pueblo hacia la independencia por otra prometeica al encontrarse procesado, quizá condenado por haber dado la palabra a la gente, que es como quitar el fuego a los dioses.

El apoyo de que goce Artur Mas debiera dar al Estado una pista de en qué medida ha calado entre la población catalana el propósito de desobedecer al ordenamiento jurídico español. Porque el problema para este nacionalismo no está en los actos de los dirigentes sino en el respaldo que les dé la población.

Homs en el Tribunal Supremo

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la justicia del Rey. El asunto va de que la justicia en España se imparte en nombre del Rey, pero este no parece interesarse en absoluto por la justicia que se imparte en su nombre. En el caso del procesamiento del diputado Françesc Homs y los de Mas, Ortega, Rigau y quizá Carme Forcadell, parece claro que se trata de la judicialización de un problema político. El Estado comienza a enseñar los dientes a los independentistas. Los dientes, no las razones. Y, detrás de los tribunales, quizá vengan las cárceles.

Está claro que tienen perdida la partida y que lo único que se les ocurre es reprimir y generar un contexto de violencia, a ver si la gente se amilana. Y no será el caso.

Aquí la versión castellana:

La justicia del Rey

En España, la justicia se administra en nombre del Rey. Esto es más que una mera fórmula protocolaria. Responde a una realidad. Donde hay un conflicto básico de legitimidad, que cuestiona el ordenamiento fundamental de la convivencia entre dos comunidades, ambas sometidas al mismo monarca, el nombre del Rey sirve para zanjarlo.

Pero zanjarlo ¿cómo? ¿Buscando un equilibrio, un entendimiento una fórmula entre las dos comunidades o imponiendo los intereses de una de ellas sobre la otra? Si es de la primera forma, el Rey serviría para arbitrar y mediar en los conflictos entre quienes están sometidos a su soberanía. Si es de la segunda, lo único que se hace es disfrazar una justicia de parte en nombre del Rey. Y, en el peor de los casos, identificar la justicia del Rey con los intereses de una de las partes.

El proceso que se sigue contra Francesc Homs por la consulta del 9N cae de lleno en el segundo supuesto. Homs, como Mas, Rigau y Ortega están imputados por presuntos delitos anejos a su propósito de consultar la voluntad popular el 9N de 2014 a la vista de que el gobierno español no autorizaba, ni autoriza, un referéndum ni siquiera consultivo.

Los hechos y resultados son conocidos. La consideración del acto en sí tiene dos facetas, una política, que es como la entendió la Generalitat catalana y otra jurídica, como la entendió el gobierno español. Para la Generalitat, la consulta fue un acto de soberanía en la que se pudo saber la voluntad del pueblo catalán. Votaron más de dos millones de personas y el porcentaje a favor de la independencia fue altísimo. Sus consecuencias políticas son necesariamente de largo alcance pues legitima la prosecución del proceso. Para el gobierno español, la consulta fue poco más que una verbena, sin consecuencia jurídica alguna, pues se hizo con menosprecio de la ley.

El hecho, sin embargo, es que desde el punto de vista político, la consulta del 9N tiene un valor simbólico, pues abre el camino al proceso independentista pero necesita una debida realización de un referéndum, mientras que los efectos jurídicos, los que no iban a tener más que un valor simbólico, lo tendrán muy real pues son los de carácter represivo que se materializan en el proceso de Homs y los subsiguientes a los otros encausados.

Para Homs y quienes lo han acompañado a las puertas del Tribunal Supremo, el proceso es un simulacro jurídico de un propósito político: los fiscales catalanes en su momento y por unanimidad no vieron razón alguna para procesar a las autoridades de Cataluña, pero su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, revocó esa decisión unánime y obligó a abrir causa contra las personas citadas. Dado que el Fiscal General del Estado es de nombramiento directo del Gobierno no es absurdo pensar que este presionó para imponer la decisión de procesar. Semanas más tarde se producía la dimisión de ese Fiscal General. De forma que el de ahora hereda la situación ante el TS que, en poco tiempo, tendrá que conocer seguramente de los otros procesamientos y que es quien debe dilucidar en sede jurídica actos y pronunciamientos de carácter estrictamente político.

Para el gobierno y sus innumerables terminales mediáticas, el proceso de Homs et al. es un asunto estrictamente jurídico que debe resolverse en sede judicial. Es más, alguno de sus representantes no se recata en comparar el caso de la imputación a doña Rita Barberá por un presunto delito común con el de Françesc Homs por otro supuesto delito pero de conciencia. La comparación solo puede mantenerse en el campo del más rabioso positivismo que renuncia a valorar la motivación de las personas. Las dichas terminales mediáticas no dudan en calificar de “desafío total a la justicia” la actitud de Homs quien ha comparecido en tiempo y hora a la citación del Tribunal y, en uso de sus derechos procesales, ha contestado a las preguntas del juez y de la defensa, pero no a las de la acusación. Ningún desafío ven los medios del nacionalismo español (entre ellos, los catalanes) al hecho de que la señora Barberá haya decidido burlar, aunque sea transitoriamente, la acción de la justicia mediante un uso torticero y presuntamente prevaricador de la institución del aforamiento, cosa que ha hecho con el apoyo directo del presidente del Gobierno. El mismo que probablemente presionó al Fiscal General para que revocara la decisión unánime de los fiscales catalanes y procesaran a Homs.

Esta desviación de un problema político a sede judicial por la absoluta incapacidad de los políticos españoles de enfrentarse al contencioso catalán, puede acabar con el escaso prestigio que queda a la justicia en España y con generar una situación de acción reacción de consecuencias que nadie en su sano juicio puede desear.

Sí, la justicia en España se administra en nombre del Rey. Pero no se administra por igual para todos. Para los catalanes, especialmente los republicanos, la justicia del Rey es justicia de parte. Y de parte contraria.

Vidas paralelas

Reconozco habérmelo puesto fácil hoy. El género vidas paralelas fue frecuente en épocas pasadas. Siempre con ánimo moralizante y ejemplificador. Basta con encontrar biografías que tengan puntos en común. Son composiciones contrapuntísticas. Dan muy buen resultado porque se aprende mucho sobre las gentes y sus actos cuando se pueden comparar unas con otras. Aunque ya dice el saber popular, siempre algo timorato, que las comparaciones son odiosas.

Aquí tenemos a Rita y Carme, punto contra punto. Con muchos elementos en común: las dos son mujeres, más o menos de la misma generación (se llevan cinco años). Ambas con formación universitaria más de letras. Las dos periodistas, entre otras actividades. Ambas son políticas, habiendo ejercido diversos cargos institucionales. Las dos con cierta proyección mediática.

Las dos pueden acabar ante los tribunales.

Como se ve, vidas paralelas. Lo interesante viene cuando se analizan esos puntos en común. Las dos son mujeres y han abierto caminos en un mundo que era aun más patriarcal que el de hoy. Una, Forcadell, es hija de un camionero; la otra, de un periodista y jerarca del Movimiento Nacional. Es decir, son más o menos de la misma generación, pero no del mismo ambiente ni de la misma clase y casi ni del mismo país. Su orientación periodística ha sido muy divergente. En política, una (Barberá) es de derechas de toda la vida, pues fue fundadora de Alianza Popular en Valencia, mientras que la otra es de izquierdas y republicana ya que milita en ERC. Comparten el ser oriundas del ámbito cultural catalán pero, mientras una (Forcadell) es independentista, la otra es nacionalista española. Los cargos institucionales fueron muy distintos y ejercidos de muy distinta forma. Al principio, los importantes eran los de Barberá; al final lo es del Forcadell. Porque ambas son parlamentarias, pero mientras Forcadell preside el Parlamento catalán, Barberá está prácticamente asilada o refugiada en el Senado para protegerse de la acción de la justicia. Su proyección mediática ha sido asimismo muy distinta. Donde Barberá proyectaba una imagen digamos folklórica con manifestaciones de ridícula chabacanería, Forcadell daba una de severidad y determinación, con elementos mesiánicos.

Las dos, en efecto, pueden acabar ante los tribunales. Una (Barberá) por supuestos delitos de derecho común, la otra por razones políticas, de conciencia.

No hace falta decir nada más.

(Las imágenes son sendas fotos de Partit Popular Comunitat Valenciana y Judesba, con licencia Creative Commons).

En defensa de los conductores

Hay un saber convencional de las izquierdas, especialmente las municipales: la culpa de la contaminación, el tráfico y el ruido insoportables en nuestras ciudades es de los coches, de la sobreabundancia de coches. Nadie discute esta verdad que pasa por axiomática. No hay ayuntamiento progre que no excogite algún plan para salvar las ciudades de esta plaga automovilística. Es más, por malos que sean esos planes, serán éxito seguro porque van en contra de un sector de la población estigmatizado por todo el mundo: los conductores.

Todo el mundo, en efecto, de acuerdo, incluidos muchos conductores de buena fe: la culpa de que nos ahoguemos en las ciudades, de que no se pueda caminar por ellas, de que todo sea ruido y malos olores la tienen los coches y, por ende, los conductores, seres semisalvajes, egoístas, incapaces de hacer nada por los demás.

Hay algo de verdad en esto. Pero también hay algo de mentira y de exageración y, sobre todo, de injusticia. Veamos algunas precisiones que debieran obligar a los ayuntamientos progres a reconsiderar sus políticas de circulación.

1.- El coche ya no es un artículo de lujo, como en tiempos del franquismo, sino un medio de trabajo. Nuestro modo de producción está basado en la movilidad de la mano de obra dentro y fuera de las ciudades, gracias a los coches. Si se pierde esa movilidad, habrá problemas.

2.- La industria automovilística es uno de los sectores que más aporta al PIB. El porcentaje de población activa directa o indirectamente dependiente de ella es enorme. Todo el modelo está basado en la publicidad de los automóviles, de forma que esta consiste en fomentar en la gente el consumo de un medio que luego le prohíben utilizar.

3.- En buena medida, las haciendas locales se nutren del impuesto de circulación de vehículos que todos los conductores pagamos religiosamente. Sin embargo, los ayuntamientos prosiguen su política de excluir la circulación de superficies urbanas cada vez más extensas. Es decir, se nos obliga a pagar por un bien pero se nos impide acceder a él. En la medida en que los ayuntamientos eliminen la circulación automovilística de las ciudades debieran dejar de cobrar el impuesto de circulación.

4.- Y no solo por exclusión, sino también por un sistema de privilegios para unos cuantos y un trato injusto para los conductores ordinarios. El ejemplo más sangrante es el del gremio del taxi: entre otros injustificables privilegios a costa del contribuyente, los taxistas circulan por las vías reservadas a los servicios públicos y tienen zonas de estacionamiento prohibidas a los conductores normales. O sea, prohibidas a quienes pagamos los impuestos para conservar esos privilegios para que los disfruten quienes no los pagan. Suele decirse que el del taxi es un servicio público, pero eso no es verdad: es un servicio público de empleo singular, privado y costoso. Solo es público de nombre, pero no de contenido. Suele decirse, asimismo, que los taxistas necesitan los privilegios citados porque el taxi es su trabajo. Pero es que esa es la circunstancia de más del 70% de los coches que circulan por nuestras ciudades: trabajo. Los coches se usan para ir al trabajo y volver de él, para hacer gestiones, chapuzas, encargos. Casi siempre que vamos en coche por las ciudades, estamos trabajando. Ni más ni menos que los taxistas. Lo que los conductores no tenemos es un lobby, una asociación, un grupo de interés para presionar a las autoridades, amenazarlas con huelgas, etc., para lograr los privilegios.

Privilegios que tenemos que pagar los conductores, el sector estigmatizado por excelencia.

Tomen el último ejemplo: una empresa privada de alquiler de bicicletas convence al Ayuntamiento madrileño de lo progre y ecológico que es fomentar el uso de esos aparatos. Dicho y hecho: se reservan unos espacios (que se restan a las escasas y muy caras plazas de estacionamiento de los automovilistas) para las bicis y, por supuesto, se permite que los ciudadanos las usen sin el preceptivo casco ya que ello haría mermar los beneficios de la empresa. Si usted va pedaleando por su pueblo sin casco, le puede caer una multa; si va usted sin casco por Madrid no le cae nada porque el Ayuntamiento de Madrid, muy ecológico y progre, está al servicio de las empresas privadas y no de los ciudadanos, especialmente si son conductores.

Palinuro está de acuerdo, por supuesto, en que son necesarias políticas municipales medioambientales y que es preciso poner coto a la invasión automovilista. Pero no por el procedimiento fácil, demagógico e injusto de cargar todas las culpas sobre los conductores a los que se pretende expulsar de las ciudades al tiempo que se les siguen cobrando los impuestos de circulación. Y ello para que los taxistas, los ciclistas (que, por cierto, no suelen respetar las reglas de tráfico) y otros privilegiados (por ejemplo, los repartidores de géneros en comercios o bares, que interrumpen sistemáticamente la circulación) puedan seguir disfrutándolos sin pagar.

España es diferente

Pablo Casado, el petimetre que ha sustituido a Carlos Floriano, reclama de Sánchez "sentido de Estado". Albert Rivera invoca el superior "interés de España". Felipe González pretexta la estabilidad para dejar gobernar a Rajoy "aunque no lo merezca". El País, con un ojo en sus finanzas, pide responsabilidad a Sánchez para que España tenga un gobierno, su gobierno.

Responsabilidad, estabilidad, interés de España, sentido de Estado. Palabras altisonantes. Graves conceptos. Nobles ideales. ¿Referidos a qué?

A un partido procesado por los jueces por llevar años repartiendo entre sus dirigentes sobresueldos con cargo a una contabilidad ilegal, opaca. A una organización muchos de cuyos miembros están también procesados o condenados en firme por saquear sistemáticamente las arcas públicas a base de todo tipo de presuntos delitos. A un presidente, sistemático cobrador de esos sobresueldos, cosa que llegó a admitir en una sonada comparecencia parlamentaria a cuenta de Bárcenas y cuando aún decía estar convencido de que cobrar esos sobresueldos era lo lógico porque es lo que se hace en las empresas. Pues, para estas gentes, el partido y el gobierno son eso, empresas, cuya finalidad es ganar dinero. Cómo se reparta ese dinero lo decide el empresario, quien empieza por quedarse más que su congrua parte. 

El interés de España, el del Estado, la responsabilidad y la estabilidad ¿exigen que el partido imputado, con sus dirigentes en varios momentos procesales, gobierne el país que ha destrozado? ¿Hasta ese punto llega la abyección de tan amplios sectores de la opinión? ¿Hasta ese punto llega su claudicación ante el obvio chantaje del presidente de los sobresueldos? ¿Es tal su sumisión que aceptan hacer presidente del gobierno a quien no tiene apoyos voluntarios, no tiene programa y no tiene palabra?

Pues claro que España es diferente. En cualquier otro país democrático ya se hubiera obligado educadamente al de los sobresueldos a retirarse y se estaría organizando un gobierno alternativo, con las izquierdas y los nacionalistas, cuya función sería sacar al país del hoyo y regenerar su democracia, cosa nada fácil a la vista del grado de corrupción. Pero si España es diferente, también lo son las izquierdas, a fuer de muy y mucho españolas. Y es posible que no pueda constituirse ese gobierno alternativo porque ambas izquierdas se detestan profundamente. En tal caso, en cualquier otro país se procedería a las terceras elecciones. Malo es, pero mucho peor permitir el gobierno de quien no lo merece.

Contra las terceras elecciones suele aducirse la previsión de que darán mayoría absoluta al PP, el de los juicios. Es posible. También lo es que den esa mayoría absoluta a la izquierda o permitan alguna otra combinación. Y, en todo caso, saldremos de dudas y cada cual podrá actuar con mayor seguridad.

Lo más llamativo y más aumenta esa sensación de ridículo de las terceras que Rajoy atiza sin piedad es que vayan a ellas justo los mismos líderes que perdieron las dos anteriores. Sí, en efecto, es ridículo. Tanto que podrían trasmitir sus declaraciones de campaña en play back, ahorrándoles voz y poniendo lo mejor de sus arengas anteriores. Es muy ridículo, en efecto. Sin embargo, piensen ustedes en el espectáculo que darían sus respectivos sustitut@s si consiguen identificar algun@.  

Su único recurso es la represión

Mi artículo en elMón.cat de hoy, diumenge. El gobierno español no parece tener ya otro propósito que frenar como sea al catalán. Iba a decir que incluso recurriendo al juego sucio, como si esto fuera algo extraño cuando el juego sucio ha sido el habitual en este gobierno de neofranquistas apoyado por un partido corrupto más banda de presuntos ladrones que otra cosa.

Juego sucio el que intentó hacer con Puigdemont, tratando de que no fuera a recibir a Renzi, el primer ministro italiano cuando vino a Reus con motivo del accidente de Freginals. Y juego sucio el que intenta la fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuando imputa un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic por unas afirmaciones en el consistorio (y por tanto, en ejercicio de sus competencias), apoyando la declaración de independencia del Parlamento catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamando a no obedecer las órdenes de las autoridades españolas. Es un movimiento represivo típico de la derecha más reaccionaria que busca siempre golpear en la parte que cree más débil, en las personas individuales, su libertad o su economía. Basta recordar las bestiales cantidades con que los psicópatas del ministerio del Interior criminalizan las protestas callejeras a través de la infame Ley Mordaza para darse cuenta de que es lo mismo.

Si tan valientes son los fiscales y los tribunales españoles, que imputen y procesen al Parlamento catalán o, cuando menos, a los diputados que votaron a favor de la declaración de independencia. Pero no será el caso: seguirán con las personas y una vez más, fracasarán y harán el ridículo, como siempre, cuando el ejemplo de ese concejal de Vic se extienda a todos los electos de la CUP y a todos los cargos representativos independentistas catalanes.

Va a tener que procesar por sediciosa a la mitad de Cataluña. 

Hace falta ser estúpido,

El artículo en castellano:

Un pueblo de sedicios@s                                                                                       

Un incidente diplomático esta semana revela la idea que el gobierno central se hace de sus relaciones con el de la Generalitat, sus verdaderas intenciones y su indisimulada hostilidad hacia él. El episodio, como siempre, deja en ridículo al gobierno de España, su ministerio de Exteriores, en manos de un verdadero incompetente y la representación del Estado en Cataluña. Con motivo del accidente de Freginals, el primer ministro italiano, Renzi, aterrizó en viaje privado en Reus. Vaya por delante que, con ello, ya hizo más de lo que suelen hacer los políticos del PP cuando ocurre este tipo de desgracias que no solamente no acuden al lugar de los hechos, sino que pueden irse a un spa.

Y no solamente no van ellos, sino que tratan de impedir que vayan los demás. El gobierno avisó a su delegada en Cataluña para que recibiera a Renzi en Reus, pero no hizo lo propio con el presidente de la Generalitat. Como quiera que este fuera informado a tiempo, acudió al aeropuerto, en contra del deseo de La Moncloa. Esta dijo después que Puigdemont había hecho un “uso político” de la visita de Renzi. Al margen de la estupidez que implica calificar de “políticos” los usos de un político, como si fueran algo vergonzoso o impropio, el hecho es que, si la visita era privada en sentido estricto, la primera que no pintaba nada allí era la delegada del gobierno.

Y la prueba es que, al darse cuenta de que la presencia de Puigdemont la eclipsaba, se esfumó rezongando su disconformidad. El ridículo quedaba servido: el gobierno del Estado no manda en Cataluña y, cuando manda algo, se desmanda y tiene que remandarse a sí mismo. Pero su intención es obvia: imponerse sobre el de la Generalitat, arrinconarlo, no dejarle tomar decisiones en su propio ámbito de competencias. Porque si la visita de Renzi era privada y no de Estado, la reacción ante ella no es cosa que al gobierno central sino al de la Generalitat.

Este episodio ilustra una clara tendencia de acción/reacción muy curiosa. En este momento tienen que interaccionar un gobierno catalán legítimo, en pleno uso de sus competencias y recién estrenado con mayoría parlamentaria absoluta y un gobierno central en funciones, sin mayoría parlamentaria ni expectativa de conseguirla, deslegitimado, incapaz y que, a mayor abundamiento, se ha declarado fuera de la ley al negarse a acatar las decisiones del Parlamento. Un gobierno que no sirve para nada salvo para poner palos en las ruedas del catalán y tampoco con mucho éxito.

Uno de estos palos ya lo ha puesto, con su habitual inepcia, la fiscalía del Estado y la judicatura española que, en sospechosa coincidencia con las orientaciones políticas del gobierno, ha imputado un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic. La acusación es que el concejal apoyó la declaración de independencia del Parlament catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamó a desobedecer las decisiones de las autoridades españolas.

Es de suponer que tanto el fiscal como el juez de la Audiencia Nacional actuarán con profesionalidad y con suficiente base jurídica. Les ampara el principio de presunción de legalidad en sus actuaciones. Lo que no les ampara es el principio de la lógica y, cuando las actuaciones jurídicas no coinciden con las reglas de la lógica la que suele salir mal parada es la justicia. Porque, a todos los efectos, si apoyar una declaración de independencia del Parlamento es un acto de sedición, a quien correspondería imputar y procesar sería a ese mismo Parlamento o, cuando menos, a los diputados que votaron a su favor. Esto sería lo lógico y lo que haría –y siempre se muestra favorable a hacerlo- el diputado Albiol. A su juicio, el Parlamento y el gobierno de la Generalitat han ido más allá de sus atribuciones y han incurrido en un abuso de poder. Por ello, suele aconsejar el combativo exalcalde de Badalona, habrá que suspender la autonomía catalana.

Pero eso, obviamente, son palabras mayores que no corresponde pronunciar al fiscal ni a un juez de la Audiencia Nacional, sino que ya intervienen instancias más altas, como el Tribunal Constitucional, el gobierno del Estado o, incluso, el propio Congreso de los Diputados. Palabras mayores que no se atreven a pronunciar porque saben que eso llevaría el proceso a un peligroso punto de ruptura de consecuencias imprevisibles.

Por ello actúan más pegados a la tierra y, siguiendo una inveterada tendencia a la represión de la derecha militante, tratan de sofocar actitudes colectivas, movimientos de opinión, tendencias sociales compartidas atemorizando a las personas concretas, denunciándolas, llevándolas ante los tribunales. Así pretenden siempre yugular los movimientos reivindicativos, aunque para ello tengan que ignorar derechos como la libertad de expresión y convertir en delitos las opiniones políticas, como en tiempos del franquismo. Al juez de la Audiencia Nacional que ha imputado al concejal, antiguo policía, le sonará esta melodía. 

El problema, por supuesto, es si los comportamientos investigados se generalizan y los actos (o no actos) individuales, objeto de acusación como presunta sedición se repiten en situaciones parecidas. Si los cientos de cargos electos de la CUP hacen suyas las palabras del regidor de Vic, los tribunales ¿van a procesarlos a todos? Y si, como es fácil de barruntar, el presunto comportamiento sedicioso y el apoyo a la declaración de independencia se extienden a miles de concejales y cargos electos de ERC y CDC ¿qué harán las autoridades? ¿Una causa general contra el independentismo catalán? Si la gente de la calle también se solidariza y firma y apoya la declaración de independencia, ¿también van a procesarla? ¿Van a tratar de sediciosa a la mitad de la población? 

Hay un conocido y viejo dicho que reza “hágase la justicia y perezca el mundo” pero la verdad es que cuando verdaderamente perece el mundo es cuando se hace la injusticia.

Fuera los aforados

¿Alguien tiene duda alguna de que el PP ha puesto a Rita Barberá en el Senado con objeto de aforarla para defenderla de su procesamiento? La señora sabe tanto del Senado como de tagalo y no pinta nada en él. Claro que los demás senadores, tampoco. Es cierto que la Cámara, que no sirve para nada más que para entorpecer, es un depósito de zombies políticos, personajes que algún día fueron algo en las instituciones y ahora no tienen acomodo, pero tampoco quieren dejar de vivir de gorra. Barberá da perfectamente el tipo. Después de 24 años forrándose, al parecer, en el Ayuntamiento dee Valencia, ahora seguirá cobrando de las arcas públicas como si hiciera algo que lo mereciera. Pero, además de garantizarle un jugoso estipendio, lo que se quiere con su nombramiento de Senadora es librarla en la medida de lo posible del alcance de la justicia que, por fin, empieza a ocuparse del robo sistemático que los peperos han perpetrado en la Comunidad Valenciana bajo el mando de diversos personajes que parecen de chiste, entre los cuales, Camps, Barberá y otros.

Hace muy bien Cristina Cifuentes en pedir que la zafia y vulgar ex-alcaldesa de Valencia renuncie al aforamiento y responda ante los jueces de sus supuestas fechorías que, por lo que va sabiéndose, bien pudieran encajar en más de media docena de delitos del código penal. Quizá no persiga Cifuentes un único objetivo regenerador sino también tenga cálculos de ambición personal, haciéndose visible y propiciando sus posibilidades como presidenta del PP de Madrid, en lugar de la también achulapada Aguirre. Es lógico que quiera fomentar su carrera haciendo como que reprime la corrupción. Pero el hecho es que la presunta ladrona Barberá debiera renunciar al aforamiento. Nada hay más anti-sistema que ver cómo el sistema protege a los sinvergüenzas.

Porque de eso se trata. En sus orígenes, el aforamiento era una precaución para proteger a los diputados de las arbitrariedades de los reyes que los hacían acusar ante sus jueces de cualquier barrabasada que se hubieran inventado para encarcelarlos. Es decir, era una medida progresista que garantizaba la libertad de expresión de los representantes del pueblo. Pero, con el tiempo, ha degenerado y, bajo el dominio de esta banda de presuntos ladrones a la que llaman partido, se ha convertido en un procedimiento para garantizar que los delincuentes de su organización se libren de la acción de la justicia. Como es el caso de esta supuestaa ladrona que era alcaldesa de Valencia, según parece, para enriquecerse ella, sus amigos, parientes y demás patulea. 

Pero hay más. El aforamiento debe desaparecer -y debiera ser una de las primeras medidas legislativas del Parlamento si quiere que nos tomemos en serio lo de la lucha contra la corrupción- por otra razón de igual o mayor peso: porque es una injusticia para los otros procesados en los sumarios en que haya un aforado. La sola presencia de uno de estos privilegiados, obliga a abrir la causa ante la última instancia de la justicia, lo cual hace que los procesados que lo acompañan (y siempre son bastantes) pierdan el derecho al "juez natural" y el de la doble instancia penal. Es decir, para que los aforados mantengan sus privilegios, los demás justiciables del proceso tienen que perder sus derechos.

El Tribunal Constitucional a las órdenes del gobierno

Aquí, mi artículo de hoy en elMón acerca de una cuestión que dará mucho que hablar en próximas fechas y en torno a la que se ventilará muy probablemente el enésimo contencioso en el enfrentamiento de Cataluña con el gobierno del Estado.

Habitualmente es difícil contener la risa en las comparecencias de los gobernantes del PP, una banda de presuntos malhechores, mezcla de personajes de la picaresca quevediana y la comicidad berlanguiana, con unas gotas de fanfarronería al estilo del Capitán Fracasse. Debiéramos pagar entrada por ver balbucear mentiras al presidente de los sobresueldos; escuchar la desfachatez de Cospedal, la chulería de Hernando o los delirios de Casado. Pero, en no pocas veces, el pináculo de la desvergüenza lo alcanza ella sola la vicepresidenta del gobierno. En su comparecencia del viernes, 29 de enero pasado, anunció con gesto serio y trascendental que el gobierno instaría al Tribunal Constitucional a anular las decisiones que pudiera tomar la Generalitat consecuentes con la previa declaración de independencia del Parlament catalán. Lo términos eran graves y sonaban respetables: tribunal, Justicia, derecho, ley, procedimiento... Cualquiera diría que estaba hablando de algo serio: de someter a la prueba del Estado de derecho las posibles decisiones de un órgano de una Comunidad Autónoma.

Solo que ese Tribunal Constitucional tras cuya pretendida autoridad quiere ampararse el gobierno en su lucha contra la Generalitat no es un tribunal en serio ni merece más respeto que el que merezca cualquier órgano del PP. Está presidido por un exmilitante de ese partido y puesto ahí por el rodillo de la mayoría absoluta parlamentaria del partido del gobiern y, durante un tiempo, entre sus magistrados figuró otro servil ayudante de ese partido, Enrique López -también puesto con calzador- que hubo de dimitir cuando lo pillaron conduciendo beodo como una cuba y a quien sus propios colegas han apartado dos veces de causas penales contra el PP por su evidente partidismo.

En esas condiciones, llamar a esto "tribunal" es una hipérbole. Precisamente el problema de estos órganos constitucionales no judiciales pero a los que se quiere asimilar a órganos judiciales es una fina cuestión de legitimidad que es la primera que se rompe cuando, como es el caso con este, se puede probar que se utiliza como un ariete para justificar las arbitrariedades políticas del gobierno de turno. En fin, de eso va el artículo cuya versión española es la siguiente:

El Tribunal Constitucional, ministerio del gobierno español

El gobierno español presume de enfrentarse al independentismo catalán solo con las armas de la ley y el Estado de derecho. Dentro de ese espíritu, su vicepresidenta, en rueda de prensa del viernes, tras el consejo del ministros, anunció que el gobierno instaba al Tribunal Constitucional a anular todos los actos que la Generalitat realizara emanantes de una declaración de independencia. Sostenía que ello era lógico pues si tal declaración fue anulada en su día por ese mismo tribunal, sus consecuencias han de ser nulas.

En efecto, es muy de agradecer que el gobierno español no emplee en principio el ejército, la guardia civil, la represión y la violencia, como ha hecho tradicionalmente para contrarrestar el soberanismo catalán. Que recurra a la justicia e inste a los jueces a actuar en el marco de la legalidad en vez de proceder reventarla a cañonazos según inveterado proceder imperial.

Solo que esas declaraciones y ese espíritu son falsos y un engaño.

Alguien podría decir que el engaño, el fraude, consiste en “judicializar” un problema que no es jurídico sino político, esto es, en instrumentalizar a los jueces para que resuelvan un problema que los políticos no pueden solucionar. Fue una queja muy frecuente entre especialistas y estudiosos en los comienzos del rodaje del Estado de las Autonomías en los años 80, cuando se planteaban continuos recursos competenciales al Tribunal Constitucional y hasta los magistrados se quejaban de que el gobierno y los partidos los usaran como parapeto para ocultar su incapacidad de resolver los problemas por vía de negociaciones políticas.

Pero esto también era, no ya totalmente falso y embustero como las intenciones del gobierno actual, sino erróneo.

Y era erróneo entonces y es falso hoy porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial. Llevar los problemas políticos ante él no es “judicializarlos”. Eso es falso, una estratagema. El Tribunal Constitucional es un órgano político compuesto por juristas nombrados políticamente y con una finalidad política. Su actual presidente está ahí porque fue militante del PP, del partido del gobierno, por cuanto sabemos, subjetivamente sigue siéndolo y su función es resolver los asuntos en sentido favorable a una parte, al PP que es quien lo puso en donde está.

O sea, usar el Tribunal Constitucional para zanjar un contencioso político no es “judicializarlo”; es “politizarlo”. El hecho de que la Constitución residencie la jurisdicción constitucional (esto es, la competencia para resolver problemas constitucionales) en un órgano ad hoc llamado Tribunal Constitucional, al que se acompaña de la parafernalia léxica de la justicia (autos, sentencias, providencias, etc) no quiere decir nada. El invento es una triquiñuela autorreferencial que no otorga a sus decisiones legitimidad alguna sino solo una legalidad de parte y, por tanto, inútil. El ejemplo más obvio: por sentencia de 2010, ese Tribunal Constitucional decidió que los catalanes no podían considerarse a sí mismos una “nación”. Como decidir este disparate carece de todo sentido jurídico hubo que hacerlo de tan alambicado modo que la decisión no es justa ni injusta sino, simplemente, ridícula porque el de “nación” no es un concepto sino un sentimiento y ningún tribunal del mundo podrá jamás imponer o arrebatar a nadie un ápice de sentimiento nacional.

Por tanto, la decisión del gobierno, anunciada a bombo y platillo, de no ir por la vía de la pura represión y de acudir a los tribunales es un engaño más consistente en emplear la represión disfrazada de acción judicial, utilizar los mismos elementos de violencia camuflándolos como magistraturas que, en realidad, obedecen las consignas del gobierno como podrían hacer los militares o la guardia civil.

Y eso es lo que hay que destapar como lo que es, como una superchería. Y hacerlo con atención porque puede resultar difícil explicarlo en el extranjero, en donde, en principio, la patraña de “judicializar” falsamente los problemas políticos puede encontrar crédito en función del prestigio que entre gentes civilizadas tienen palabras como “tribunal”, “jueces”, “magistrado” o “justicia”.

Quede claro que no hay tal. Se trata de referir a un órgano político una decisión política en el sentido favorable a los intereses del gobierno de turno. ¿Valor de este procedimiento a los ojos de la justicia, del Estado de derecho? Cero. ¿Valor para justificar luego un posible recurso a la violencia si el soberanismo persiste? Todo. Ahí reside el peligro y eso es lo que hay que denunciar.

¿A quién está juzgándose en Mallorca?

Este país tiene una deuda inmensa con el juez Castro, ese hombre que, en cumplimiento de su deber, ha instruido la causa cuya vista oral se inició el lunes y en la que, entre otros acusados, se sientan en el banquillo una infanta de España y su marido. Es fácil intuir las inmensas presiones que ha debido resistir ese  representante del Poder Judicial, viendo el papelón que en la primera sesión de la causa estuvieron haciendo el fiscal y la abogada del Estado, empeñados en apoyar a la defensa de la infanta para exonerarla contra viento y marea.

Sí, el país entero debe un homenaje al juez Castro. La base de la civilización es la justicia y la base de la justicia, la independencia y la honradez de los jueces. De cada juez.

Porque no solamente el fiscal y la abogada del Estado defendían a la acusada. Todo el establecimiento mediático, todos los publicistas del régimen, que son muchos y muy bien pagados, todas las fuerzas vivas del orden y la tradición, apoyan que se otorgue a la infanta un trato de privilegio porque, en el fondo, no creen que la justicia deba ser igual para todos.

Sin embargo, el problema no es si esta señora es acusada, juzgada y condenada o no. Aunque parezca mentira, es lo de menos. Su importancia personal es cero. De hecho la Casa Real ya la ha despojado de su título nobiliario y la ha arrojado de su seno, que es como desnaturalizarla.  No, el problema no es ella personalmente, sino lo que representa. Ella no es más que un cortafuegos. De lo que se trata es de eliminar la posibilidad de que la incriminación llegue más arriba, a su hermano, a su padre, a la Corona, a la institución monárquica. Porque, aunque las magistradas ya hayan rechazado dos veces la petición de que Juan Carlos I y Felipe VI comparezcan como testigos, sus nombres seguirán apareciendo, las peticiones seguirán produciéndose y de ellas se harán eco los medios extranjeros.

Por mucho que pretendan evitarlo, en el banquillo de la Audiencia de Mallorca no se sienta sola la infanta de España. Se sienta, se quiera o no, la sombra de su padre (presente en la sala como el espíritu del padre de Hamlet) y el actual Rey en efigie. 

Se sienta la monarquía.