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dimecres, 19 d’abril del 2017

El referéndum y el Estado fallido

Mi articulo de hoy en elMón.cat, titulado No hay marcha atrás, versa sobre la cada vez más afilada relación entre Cataluña y España. Como se han desarrollado las cosas, dada la cerrada intransigencia del Estado español y la negativa del gobierno central a negociar nada, el independentismo catalán -que nunca había tenido tanto apoyo social y tanta determinación política así como unidad- carece de otra salida que seguir su hoja de ruta y hacer un referéndum unilateral ya que pactado no es posible. En el caso de que tampoco lo sea el unilateral, Junqueras ha aclarado que procederán a una Declaración Unilateral de Independencia. Mayoría parlamentaria para ello la tienen y voluntad, también. Lo que pase a continuación es ya materia de especulación. Desde luego, en Cataluña se vivirá como una victoria, aunque acabe en derrota y en España como una derrota, aunque acabe en victoria. El Estado puede someter a Cataluña por la fuerza -no será la primera vez-, pero eso no le servirá de nada porque se habrá deslegitimado por entero, se habrá convertido en un Estado fallido y la separación que pretendía evitar se producirá en cualquier caso.

Aquí, la versión castellana:

NO HAY MARCHA ATRÁS

Ya está claro que el “prucès”, del que tanta burla hacen los nacionalistas españoles, es la cuestión más importante que afecta hoy al Estado. Lo es desde hace años, pero este y sus regidores parecen enterarse ahora, cuando la situación ha llegado a un punto de confrontación y ruptura por la obstinada negativa del gobierno cntral a negociar . Nadie en el fondo quiere el enfrentamiento, pero el gobierno hace gala de no tratar de evitarlo, confiando en que esa inflexibilidad será suficiente para disuadir a los independentistas de su pretensión de un referéndum.

Es una actitud no solo inflexible sino también poco inteligente del gobierno central y amplios sectores de la llamada oposición. Tanto que comienza a cundir la alarma, dentro y fuera de España, en donde se sigue el proceso con expectación creciente ya que se trata de un país importante de la UE; de segundo orden político, pero con peso. Y no está la Unión para más conflictos.

La alarma también cunde en el interior, en donde se ve con mucha preocupación la inactividad del gobierno central frente a la hoja de ruta catalana, fiándolo todo a la judicialización del conflicto. La actitud es típica de la derecha: no se trata de una cuestión de legitimidad (y, por tanto, política), sino de una de legalidad (y, por tanto, judicial) que se resolverá, si necesario fuere, por la vía coercitiva en toda su extensión. Es el discurso del cumplimiento de la ley y la defensa de la legalidad con pulso firme. El típico discurso autoritario de reducir los conflictos políticos como este a meros problemas de orden público o “algarabías”, como dice Rajoy. El problema es si eso ya no basta para reducir el movimiento por el referéndum y el conflicto político se convierte en social.

Abundan las declaraciones. Montero, de UP, pide al gobierno central que pacte un referéndum antes de enfrentarse a un RUI. Colau relativiza el valor de un sí a la independencia en el reférendum por el que aboga, e Iglesias se adelanta a reconocer que la consulta debe ser vinculante. Por supuesto, El País, convertido en think tank liberal del nacionalismo español, amontona las encuestas probando que la independencia no es la opción mayoritaria si se ofrece una alternativa de excepcionalidad pero no la independencia. A este juicio desiderativo (ya que la alternativa no existe, por más que el diario lleve meses implorándola del gobierno) se añaden sesudas consideraciones sobre la imposibilidad material, técnica de organizar la consulta por falta de tiempo.

Tardá advierte de que, según avance el proceso, abundarán declaraciones derrotistas de “buena fe”. Lo considera una táctica y confía en que la Generalitat cumplirá la hoja de ruta. Apostilla Puigdemont que habrá referéndum en el plazo previsto y, entre tanto, pide als Comuns pactar la pregunta con la obvia intención de sumarlos a la participación y que no se deslegitime la consulta por una alta abstención. La Generalitat organizará la consulta para ver hasta dónde llega la respuesta del Estado, pues no tiene marcha atrás.
Pero lo más importante de las declaraciones de Puigdemont es que vaticina que, además, ganará el “sí”. El “sí” a la independencia. Cosa de gran trascendencia, sea cual sea el tipo de consulta que se celebre.

Hace unos años nadie habría considerado que pudiera darse una mayoría electoral independentista ¿Qué ha sucedido? Que las cosas han cambiado mucho en Cataluña precisamente porque no han cambiado nada en España. Asunto que se mide fácilmente. Entre un 75 y un 80 por ciento de la población catalana quiere un referéndum en su tierra, en ejercicio de su derecho a decidir o derecho de autodeterminación. De esas magnitudes, más de la mitad es partidaria de la independencia. Para llegar a ser mayoría del cuerpo electoral, esta última necesita los votos de la minoría no independentista partidaria del referéndum.

¿Cómo conseguirlos? De eso se encarga la inflexibilidad del gobierno español, el mismo que ya se encargó de que el 20 por ciento de independentistas del año 2010 pasara al 47 por ciento en cinco años. Con la misma habilidad conseguirá que quienes quieren ejercer el derecho a decidir para decir “no” a la independencia, cambien el sentido de su voto, pues no verán razón alguna para seguir en un Estado que les niega el ejercicio de sus derechos.

dilluns, 17 d’abril del 2017

Tiempo muerto

El País sigue beligerante contra el independentismo. Ayer publicaba una encuesta de Metroscopia que daba una aplastante mayoría de catalanes a favor de una tercera opción entre independencia sí o no, consistente en una nueva forma jurídica de la relación de Cataluña con España a base de competencias blindadas. Lo malo es que esa tercera opción no existe, si bien El País lleva meses pidiéndola por favor al gobierno. Al no conseguirlo, según se ve, ha decidido convertir sus deseos en realidades y se ha inventado un referéndum y, claro, lo gana. Pero eso no significa nada ni tiene valor alguno porque es una invención lanzada al vacío.  La pregunta del referéndum hasta la fecha solo es y solo puede ser "Independencia, sí o no".

Este enfoque es parte de una campaña amplia de los medios, los políticos nacionalistas españoles y los catalanes unionistas para desmantelar el referéndum antes de realizarse. Las desavenencias en la coalición gobernante se repiten y tienen un impacto negativo en una sociedad tan movilizada como la catalana. Además, la CUP, de quien depende el gobierno parlamentariamente, aprieta en el otro extremo, exigiendo la fecha y la pregunta del referéndum ya. El gobierno catalán quiere pactar la pregunta con Els Comuns, lo cual no está mal pensado para garantizar una mayor participación y evitar así una deslegitimación de la consulta a cuenta de una elevada abstención.

En todo caso, el tiempo apremia. Se sabía, porque los mismos de JxS lo dijeron repetidas veces, que el govern mantendría abierta la oferta de pacto hasta el último minuto. Pero también se sabía que ello no sería óbice para que el mismo govern continuara con su hoja de ruta. En consecuencia, debe creerse que las autoridades catalanas controlan los tiempos del proceso. Tal cosa afirma Junqueras. Pero no sé si se han calculado los tiempos muertos que se producirán inevitablemente con las distintas decisiones del Tribunal Constitucional suspendiendo y prohibiendo.

La verdad es que el tiempo, el que no está muerto, apremia.

dimecres, 12 d’abril del 2017

Lo que es del común es de ningún

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Es una vuelta más de tuerca a la cuestión del nuevo partido catalán, encabezado por  Ada Colau y Xavier Domènech. Viene a ser una continuación del post de hace un par de días, Los comunes catalanes, y un intento de elaborar con más detalle la teoría del "partido gorrón" (o partido free rider) cuyo punto central consiste en buscar un espacio electoral en la izquierda entre los independentistas y los unionistas. Al compartir con los primeros sus confusas tesis soberanistas y la exigencia de un referéndum, a ser posible, pactado con el Estado, consideran los Comunes que saldrán muy bien parados sea cual sea el resultado final de la batalla por la independencia: si no la hay, ya ellos no eran independentistas sino "soberanistas"; si la hay, serán los primeros en acomodarse a ella e, incluso, atribuírsela en parte, dado que en la amalgama de la nueva formación coexisten unionistas e independentistas. Al final del artículo aporto una forma de hacer realidad tangible la nebulosa idea de Domènech de la soberanía compartida.

Aquí, la versión en castellano:


Lo que es del común es de ningún

La elección del nombre del nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech está lejos de ser una improvisación. La referencia a los comunes evidencia el ánimo de consagrarlo heredero de la contestación asamblearia indignada que suele englobarse bajo el término 15M. Son los comunes, la gente de la calle. En algún lugar la idea está institucionalizada de antes. Por ejemplo, el defensor del pueblo canario se llama “diputado del común”.

Es también un intento de apuntarse al carro del populismo soslayando el término de dudosa fama. El común es lo de todos (y lo de ninguno, según el viejo refrán), sin partidismos. Es un movimiento. Por eso, El Comuns huyen del término partido y prefieren llamarse “sujeto político”. Pero se darán de alta en el registro de partidos.

El elemento definitorio confeso de principio es el municipalismo. Algo similar a lo que sucede en Madrid, en donde la alcaldesa recordando el carácter municipal de su movimiento, anda ya buscándose un sucesor o sucesora en la tarea. Colau, en cambio, apunta a una segunda candidatura suya a la alcaldía. Y, sin embargo, el “sujeto político” que ha alumbrado tiene una clara vocación y propósito extramunicipales. Los Comunes se plantean como partido (en realidad, una confederación o confluencia o amalgama de varios) en un ámbito autonómico, con un discurso adecuado, pero que también se proyecta confusamente a escala estatal.

Els Comuns representan una opción de izquierda catalana con vocación de política española, pero sin dejar de hacer propuestas propias tanto en aquella como en la catalana, a veces con alegre desconsideración de las estructuras jurídico-políticas dominantes, como la opción de la República catalana dentro del Estado (monárquico) español o la de la soberanía compartida. El mensaje parece ser: no somos maximalistas ni pedimos imposibles pero no renunciamos a nada; queremos soberanía para actuar por nuestra cuenta y también tener voz en la política española.

La nueva formación es un caso más de una tendencia general por la cual, las grandes ciudades tienen una cultura y un comportamiento políticos distintos a los del conjunto del país. Los Comunes vienen a insertarse en el complejo sistema político catalán como voz barcelonesa de una izquierda catalana que, sin ser independentista, tampoco haría ascos a la independencia. Recuérdese: no se renuncia a nada. Ese pragmatismo que lo hace configurarse como una especie de partido “gorrón” lo singulariza frente a los demás. Del PDeCat lo separa la ideología. De ERC y la CUP, con quienes coincide, en principio, en la cuestión republicana y el municipalismo, el independentismo.

Aquí está el debate: independentismo como cuestión de principio o como rendimiento marginal. Esto es: la independencia como objetivo o la independencia como resultado final, después de haber pasado por unas etapas intermedias tan inverosímiles como las andanzas de Ulises.

Los Comunes dirigen su crítica catalana al bloque independentista al que acusan de valerse del señuelo de la independencia para hacer política electoral de partidos. Es decir, una acusación de hipocresía. La cuestión es saber qué porcentaje de electores se sentiría atraído por esta crítica y la propuesta sustitutoria de unas imprecisas o incomprensibles relaciones con el Estado español.

En todo caso, de esa duda se sale en breves meses, cuando corresponda culminar la hoja de ruta con la celebración del referéndum anunciado. En ese momento será preciso adoptar una actitud y en condiciones imprevisibles porque no sabemos cómo cumplirá su compromiso JxS ni cómo reaccionará el Estado. Solo sabemos que habrá que estar a favor o en contra del referéndum. O llamarse andana sosteniendo algo así como que se está a favor del referéndum, pero no de ese referéndum.

El referéndum, que responde al deseo de tres cuartas partes de la población de Cataluña, es un acto de soberanía. Els Comuns pueden sumarse sugiriendo al Estado español que la comparta.

dilluns, 10 d’abril del 2017

Los comunes catalanes

La constitución del nuevo partido (o "sujeto político", como gustan decir sus promotores) catalán plantea algunos aspectos interesantes de considerar sosegadamente. En primer lugar, el partido, más que catalán, parece barcelonés. Cristaliza en torno los comunes del ayuntamiento de Barcelona y su personalidad más relevante es la alcaldesa Ada Colau, que forma una especie de dualidad con Xavier Domènech portavoz de los comunes en el Congreso en el grupo de Podemos. El partido subraya desde el inicio sus raíces municipalistas y, a través de estas, su herencia del espíritu del movimiento 15M. Es "nueva política", por tanto. Su pretensión parece ser romper los límites municipales y hacer política en Cataluña entera. Un ámbito de acción más amplio, español, por ejemplo, no es inverosímil, pero, en principio, el partido es de ámbito catalán.

En segundo lugar, el impacto del nuevo partido en el proyecto general de Podemos en España. La rama catalana del partido violeta, Podem, se ha situado extra muros de los Comunes de Colau/Domènech, en donde sí se han integrado EUiA, ICV. En realidad, la decisión de no integrarse fue adoptada por una mayoría aplastante de una ridícula minoría de votantes de las bases de Podem y, según se ve, por la firme voluntad de su dirigente, Albano Dante Fachín, de no darse de alta en la nueva formación. A pesar de todo, hubo disidentes de Podem que concurrieron (los llamados "críticos" con la dirección de Fachín) y han sido elegidos en la Ejecutiva de Los Comunes. En dos palabras: Podem se ha partido. En un primer momento, la intervención de Iglesias, le hizo reconsiderar su negativa, pero, en menos de 48 horas, la ruptura fue un hecho. Los miembros de Podem integrados en Los Comunes, según parece, son errejonistas. Viene a resultar así que la fractura se produce en la divisoria del II Congreso entre gente de Errejón y gente de Iglesias. Ello explicaría la ausencia de este en la celebración del congreso constituyente de Los Comunes en donde, sin embargo, si estuvo Alberto Garzón, de IU integrada en Unidos Podemos.

Este resultado no augura nada bueno para las aspiraciones de Podemos de constituirse en partido hegemónico de la izquierda a escala estatal. El discurso soberanista de Domènech no lo es menos porque esté todo el rato hablando de los "pueblos fraternos" y (es de suponer) sus fraternas organizaciones. Los Comunes son (o quieren ser) el partido de la izquierda no independentista en Cataluña; partido independiente, muy fraterno con Podemos en España, pero independiente de él. Probablemente ese sea el fondo de la discrepancia de Albano Dante Fachín, que quiere seguir siendo Podemos en Cataluña, Podem. El problema es si entre la izquierda independentista y la no independentista le queda espacio electoral. Y eso sin contar otras fuerzas centrífugas, por ejemplo, la de Andalucía, en donde Podemos plantea también una relación digamos "fraternal" con el Podemos del Estado, cosa que la dirección de este ve con muy malos ojos y que preanuncia una habitual movida de crisis interna.

En tercer lugar, el impacto de Los Comunes en el independentismo. El porcentaje que se le atribuye, en función de los últimos resultados electorales y posteriores sondeos, en torno al 47 o 48 por ciento del voto puede verse reducido con la competencia de Los Comunes. Estos entran en el debate sobre el indpendentismo con una posición que pretende resolver lo que juzga como el callejón sin salida de la política catalana y que sus adversarios tildan de deliberada ambigüedad para mantener un voto unionista y sumarle parte del voto independentista más moderado. El discurso sobre soberanías compartidas, la República dentro del Estado español y otras propuestas de este tenor trata de trazar una línea intermedia entre el unionismo y el independentismo. Lleva su compromiso hasta pedir un referéndum pactado y quizá también uno unilateral, aunque esto esté menos claro y haya declaraciones contradictorias.

El independentismo puede verse en un aprieto ante una nueva fuerza que pretende estabilizar la política catalana como parte de la española, sin veleidades de independencia. Para Los Comunes, los independentistas no son tales en verdad, sino gentes que se valen del señuelo de la independencia para ganar elecciones que es lo importante para ellos. Pero, por otro lado, Los Comunes respaldan el derecho a decidir, sostenido por tres cuartas partes de la población, con lo que están en terreno ganador. Y aunque la independencia se impusiera, ellos no perderían nada, ya que se pondrían a su lado de inmediato. En cierto modo, puede considerarse como un partido de free riders o de "gorrones" en esto de la independencia, pues, razonan los independentistas, se beneficiarán de ella sin haber hecho nada por conseguirla. Algunos creen, incluso, que habiendo trabajado ladinamente en contra de ella. 

dijous, 6 d’abril del 2017

La conferencia de Vilafranca

Pensé que habría vídeo, pero, al pedir que me facilitaran el enlace, me explicaron que en los actos de la ANC ya no se graban vídeos ni, por tanto, se cuelgan en You Tube, para evitar episodios como el del juez Santi Vidal, a quien han metido en un lío por algo que dijo en una de esas conferencias.

Puede parecer extremo o radical, pero tiene su razón de ser. La cuestión del referéndum es un casus belli entre España y Cataluña. Y en la guerra, bien se sabe, vale todo. Así que como la autoridad, la policía, los jueces, la policía política del ministerio del Interior y las cloacas del Estado andan al acecho, tratando de reprimir y empurar a quienes puedan, los de la ANC hacen muy bien en no dar pie a que algún espía escuche expresiones (por lo demás frecuentes en el calor de los debates públicos) y vaya corriendo a chivarse a los jueces que, si son del opus, condenarán con contundencia.

No obstante, he encontrado esta reseña del acto en una página de la TV de Vilafranca y la reproduzco. Es un vídeo de la TV que resume la intervención y contiene un par de cortes de una entrevista previa rodada, por cierto, en un un salón del magnífico palacio de Berger Balaguer y ante una copia de un cuadro de Rafael. Está aquí.


Cotarelo cree que las clases dominantes harán lo que sea para impedir el referéndum

El catedrático Ramón Cotarelo se refiere a las clases dominantes españolas y catalanas.

Este viernes, y dentro del ciclo de conferencias que el ANC de Vilafranca organiza para hablar del proceso visto desde fuera de Cataluña, el politólogo español, catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ramón Cotarelo, dio una conferencia en el auditorio del Forum Berger Balaguer. Un auditorio que se llenó para escuchar las palabras del que se podría considerar una rara avis, un intelectual español que a pesar de querer que Cataluña no se independice está plenamente de acuerdo con el derecho a decidir de los catalanes y lo defiende de forma vehemente.

El portavoz del ANC recordó a los presentes que podían dirigir preguntas al ponente llenando unos boletos y en explicar que en la entrada se podían adquirir ejemplares del libro del conferenciante titulado "La república catalana". Por su parte la coordinadora de la ANC en Vilafranca, Esther Güell, le preguntó si el suyo es un caso único en Madrid.

Con una profunda convicción de izquierdas, Ramon Cotarelo está convencido de que son las clases dominantes españolas y catalanas las que harán lo que sea necesario para impedir el referéndum.

Cotarelo echa de menos en el Estado voces del mundo intelectual que apoyen el hecho democrático.

Ramon Cotarelo habló de manipulación de los medios y de una política del Estado hostil que hace que la gente en el resto de España, en general, no se entere de lo que pasa en Cataluña. Se preguntó por qué no hay, o no se dejan ver los intelectuales que tienen una opinión más democrática, abierta a que los catalanes puedan decidir mediante los votos. E incluso dijo que de seguir así las cosas, los demócratas de izquierdas españoles deberán exiliarse en Cataluña.

Ramon Cotarelo es autor del libro 'El Estado del bienestar' que fue pionero, ya que avanzaba como la política neoliberal amenazaba el estado del bienestar. En los últimos años se ha posicionado a favor del 'derecho a decidir de los catalanes'. Y no comprende como el Estado hay políticos que defienden el derecho de autodeterminación de los saharauis y no aceptan el de los catalanes.

dissabte, 1 d’abril del 2017

Hoy, Palinuro en Igualada

Pues sí, en el Auditori Museu de la Pell, a las 11:30 del matí, continúa Palinuro con el discurso que comenzó ayer en Vilafranca, al que asistió mucha gente y fue un éxito. No hay vídeo porque la ANC ya no los hace de sus actos, para evitar luego represalias de las autoridades, al estilo de Santi Vidal. Prudente medida. No hay que facilitar las cosas al adversario

No se tenga cuidado de que, aunque se dé cierta coincidencia de títulos, la xerrada vaya a ser la misma. Ni hablar. Será una continuación y en buena medida versará sobre la muy interesante historia de por qué Madrid acabó siendo la capital de España y examinando qué consecuencias positivas y negativas (sobre todo, negativas), tuvo para la vertebración del país tan disparatada decisión y cómo el mantenimiento de esa decisión tuvo resultados nefastos para Cataluña que se mantienen al día de hoy. Porque aquella decisión no solamente afectaba a las cuestiones de preeminencia y boato -a las que los españoles son muy aficionados- sino también a asuntos de desarrollo e infraestructuras que coartan el desarrollo de los pueblos y sus culturas y economías.

Nada de extraño que la visión del procés desde Madrid sea extraordinariamente hostil.

Nos vemos en el Auditori bajo la ilustrada moderación de Jordi Còdol.

divendres, 31 de març del 2017

Hoy, Palinuro en Vilafranca del Penedès

Hoy por la tarde Palinuro estará en Vilafranca del Penedès, invitado por los amigos de la ANC en el contexto de las actividades de Fem Futur. Se trata de una charla sobre el espinoso asunto del título: cómo se ve el proceso independentista catalán desde España. Si alguna vez estuvo justificado que retornáramos a la vieja denominación de las Españas, sería esta porque, no hay una única versión sobre el tema, sino varias. Y enfrentadas. Y tambien son distintas las versiones, según qué grupo las adopte dentro de una misma parte de España. 

En general, la opinión pública, movida o manipulada por unos medios de comunicación que son mayoritariamente nacionalistas españoles, es negativa. Empezó siendo de ignorancia. Cuando, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, que daba la puntilla al proyecto de reforma del Estatut de 2006, tomó un nuevo impulso el independentismo que ya no pararía de crecer hasta el día de hoy, siguiendo inveterada costumbre, los medios y los políticos españoles fueron incapaces de calibrar la importancia de este movimiento. Y eso suponiendo que lo intentaran, pues es tal la animadversión a Cataluña de las clases dominantes, la oligarquía tradicional con sus implantes catalanes que normalmente ni se enteran de lo que pasa en el Principado, lo ignoran o lo desprecian. 

De tal modo, cuando el movimiento ha tomado ya un sesgo imparable, con una hoja de ruta a la que le quedan seis meses, el nacionalismo español (el político de derechas o izquierdas, el mediático, el empresarial), ya no se puede ignorar se ha formado un frente nacional de ataque a Cataluña: la mayoría de los catalanes no quiere la independencia, los Pujol son unos presuntos corruptos, Mas es un psicópata, Puigdemont y Junqueras, dos politicastros, el independentismo es nazismo, Cataluña independiente quedará fuera del planeta tierra, la generalitat incumple la ley, el referéndum es antidemocrático, etc., etc. Es difícil saber cuánta gente cree semejantes paparruchas, pero es la mayoría de la opinión publicada.

Por cierto, hay otras Españas. Los de Podemos, en principio, aceptan el referéndum, aunque solo si es pactado. De sobra saben que el Estado español no lo pactará. Pero algo es algo. También saben en JxS que no habrá pacto, pero están obligados a pedirlo. Y lo mismo debiera hacer la candidatura de Sánchez si quiere instalarse en la izquierda y diferenciarse del nacionalismo español de pandereta y cabra de la legión de la caudilla Díaz. 

Y también hay algunos otros españoles que, sin renunciar a su condición de españoles, apoyan el derecho a decidir de los catalanes y un referéndum pactado. Pero, si no hay pacto, un referéndum unilateral. Pero esos, me temo, se cuentan con los dedos de una mano.

En fin, hoy ens veiem, a las 20:00 en el Forum Berger Balaguer, Rambla de Nuestra Senyora, 6. Vilafranca.

dijous, 30 de març del 2017

Mañana, Palinuro en Vilafranca

Mañana por la tarde Palinuro estará en Vilafranca del Penedès, invitado por los amigos de la ANC en el contexto de las actividades de Fem Futur. Se trata de una charla sobre el espinoso asunto del título: cómo se ve el proceso independentista catalán desde España. Si alguna vez estuvo justificado que retornáramos a la vieja denominación de las Españas, sería esta porque, no hay una única versión sobre el tema, sino varias. Y enfrentadas. Y tambien son distintas las versiones, según qué grupo las adopte dentro de una misma parte de España. 

En general, la opinión pública, movida o manipulada por unos medios de comunicación que son mayoritariamente nacionalistas españoles es negativa. Empezó siendo de ignorancia. Cuando, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, que daba la puntilla al proyecto de reforma del Estatut de 2006, tomó un nuevo impulso el independentismo que ya no pararía de crecer hasta el día de hoy, siguiendo inveterada costumbre, los medios y los políticos españoles fueron incapaces de calibrar la importancia de este movimiento. Y eso suponiendo que lo intentaran, pues es tal la animadversión a Cataluña de las clases dominantes, la oligarquía tradicional con sus implantes catalanes que normalmente ni se enteran de lo que pasa en el Principado, lo ignoran o lo desprecian. 

De tal modo, cuando el movimiento ha tomado ya un sesgo imparable, con una hoja de ruta a la que le quedan seis meses, el nacionalismo español (el político de derechas o izquierdas, el mediático, el empresarial), ya no se puede ignorar se ha formado un frente nacional de ataque a Cataluña: la mayoría de los catalanes no quiere la independencia, los Pujol son unos presuntos corruptos, Mas es un psicópata, Puigdemont y Junqueras, dos politicastros, el independentismo es nazismo, Cataluña independiente quedará fuera del planeta tierra, la generalitat incumple la ley, el referéndum es antidemocrático, etc., etc. Es difícil saber cuánta gente cree semejantes paparruchas, pero es la mayoría de la opinión publicada.

Por cierto, hay otras Españas. Los de Podemos, en principio, aceptan el referéndum, aunque solo si es pactado. De sobra saben que el Estado español no lo pactará. Pero algo es algo. También saben en JxS que no habrá pacto, pero están obligados a pedirlo. Y lo mismo debiera hacer la candidatura de Sánchez si quiere instalarse en la izquierda y diferenciarse del nacionalismo español de pandereta y cabra de la legión de la caudilla Díaz. 

Y también hay algunos otros españoles que, sin renunciar a su condición de españoles, apoyan el derecho a decidir de los catalanes y un referéndum pactado. Pero, si no hay pacto, un referéndum unilateral. Pero esos, me temo, se cuentan con los dedos de una mano.

En fin, mañana ens veiem, a las 20:00 en el Forum Berger Balaguer, Rambla de Nuestra Senyora, 6. Vilafranca.

dimecres, 29 de març del 2017

Pase lo que pase en Cataluña


Todo el mundo sabe que este gobierno, por debajo de toda sospecha, y sostenido por el partido más corrupto de la historia de España, no tiene vergüenza. Esa feliz carencia permite a su presidente presentarse en Cataluña con un cesto de promesas iguales a los abalorios con los que los conquistadores engañaban a los indios y les robaban el oro. Lo mismo. Pero los catalanes no son indios y todo el mundo tiene calada a esta tropa de embusteros compulsivos. Precisamente ayer mismo publicaban Puigdemont y Junqueras -que parecen haberse convertido en pareja literaria, al estilo de los hermanos Goncourt- una artículo en El Periódico, Cataluña, Estado por el progreso en el que, por debajo de la ambigüedad del título, dejan claro que la historia de las promesas del Estado en Cataluña es una de incumplimiento tan sistemático que parece una tomadura de pelo. Sostienen que Rajoy solo sería creíble si ofreciera una cláusula contra el incumplimiento. Y lo mismo decía la portavoz del gobierno, Neus Munté. Además de las promesas de abalorios y espejuelos, los gobernantes traen un mensaje envenenado que, como siempre, corre a cargo de la ratita hacendosa, quien aprovechó el tiempo en Barcelona para adoctrinar a sus periodistas unionistas en los medios. El mensaje: separaos de la CUP, que son unos radicales y hablaremos de todo. Obvio. La táctica imperial de siempre: dividir a quienes protestan. Sobre esto, mi artículo de elMón.cat de hoy. Si el bloque independentista cede, será el fin del referéndum y el comienzo de la venganza del nacionalismo español que Puigdemont vaticinaba hace unos días.


Aquí, la versión castellana del artículo:

Pase lo que pase

A veces, los diálogos son esquinados, no directos y muy poco platónicos. Han sido años de desencuentros, de enfrentamientos entre un gobierno anticatalán en España y uno independentista en Cataluña que han llevado al conjunto del Estado a una situación límite. Ahora, cuando las famosas 46 reclamaciones de Puigdemont fueron rechazadas por Rajoy y la hoja de ruta lleva 2/3 de andadura hacia el referéndum y la posible independencia, una carta conjunta de Puigdemont y Junqueras en El País, que gane el diálogo, que las urnas decidan, con apariencia de ultimátum, pide al gobierno central un referéndum pactado como el escocés y avisa de que, en cualquier caso, el referéndum se celebrará, sí o sí.

El gobierno español no respondió, aunque su vicepresidenta reiteró que no habría referéndum de modo alguno y, para lo demás, disposición al diálogo. El principal partido de la oposición, PSOE, por boca de su comisión gestora provisional pide a La Moncloa que se negocien 45 de las 46 reclamaciones y el referéndum quede fuera. Ese parece, pues, ser el punto de encuentro del nacionalismo español frente al catalán, presidido por un saber convencional mesetario muy arraigado: los catalanes amenazan, pero, si se les ofrecen unas cuantas inversiones –de esas que el Estado lleva negándoles sistemáticamente desde hace años o incumpliendo en sus promesas (que es lo mismo)- se apaciguan y se avienen a razones.

Avenirse a razones, en Román paladino es que se olviden del referéndum y la independencia y que acepten los abalorios que la autoridad central aporta.

Con ese espíritu se persona Rajoy en Barcelona. El mismo Rajoy que pidió –y consiguió- cuatro millones de firmas “contra Cataluña”, el que se negó a todo diálogo con el independentismo, el que reformó el Tribunal Constitucional para usarlo como una porra contra el proceso, el que azuzó a la fiscalía para procesar a los dirigentes y representantes populares catalanes. Nada de eso importa, piensa el hombre, porque trae un cesto cargado de millones para invertir en infraestructuras negados durante años y los catalanes, como siempre, volverán a aceptar vagas promesas a cambio de abandonar la vía independentista.

Complementariamente, la vicepresidenta del gobierno y el aparato mediático de propaganda a sus órdenes trata de dividir el bloque independentista. Su idea es contentar a los sectores moderados (identificados con el PdCat y el empresariado catalán) con sus sempiternas promesas y enfrentarlos con el ala más radical del independentismo, la CUP. Argumenta que es una minoría radical perjudicial para Cataluña y no menciona que, radical o no radical, sin el apoyo de la CUP, el gobierno independentista tiene las horas contadas. Y de eso se trata: de derribar ese gobierno y forzar unas nuevas elecciones que terminarían con la hoja de ruta.

Es una operación de compraventa en la que, como siempre, la compra será todo y la venta, nada.

Rajoy ha declamado su política de aparente generosidad ante un auditorio bastante entregado, aunque semivacío, sin asistencia de ningún miembro del gobierno catalán, en justa correspondencia a los desaires que los catalanes reciben cuando van a Madrid. Varios empresarios y correligionarios ideológicos y algunos curiosos interesados del ámbito municipal. Los independentistas le han dejado tiempo para leer un artículo publicado en El periódico, Catalunya, Estado por el progreso, en el que aclaran la ambigüedad del título. Su punto central, sostenido luego por Neus Munté, portavoz del govern, es que las promesas de inversiones ya no engañan a nadie, que carecen de credibilidad y, por tanto, ya no son suficientes para detener la hoja de ruta, que es su único objetivo. Añaden los autores que, en tanto la situación siga siendo la que es, atenderán a las promesas de inversiones del gobierno español, siempre injustamente postergadas o negadas. Reiteran que pase lo que pase (una nueva ambigüedad que enlaza con el título), serán responsables en la administración de los recursos que reciban. Son consideraciones fundamentalmente dirigidas al empresariado catalán, inquieto por el efecto del choque de trenes en las cuentas de resultados. Pero dejan abierta una duda que puede tener consecuencias explosivas: ¿y si esta vez las promesas se cumplen y el gobierno central acepta la cláusula “anticumplimiento” que pide Munté? ¿Se desactiva el proceso? ¿Qué hay del referéndum?

Es cuestión que afecta directamente al apoyo de la CUP al gobierno de la Generalitat. A primera vista este tiene una difícil tarea: navegar un curso propio entre la Escila de vender el referéndum por un cesto de promesas de inversiones del gobierno central y la Caribdis de realizar el referéndum a toda costa que exige la CUP y abre un periodo de incertidumbre alimentado por las apenas veladas amenazas de Rajoy.

La CUP no es solamente un aliado incómodo. También es una buena ayuda para seguir negociando con el gobierno central el referéndum, al que no afectará en absoluto que, además, por fin, ese gobierno cumpla sus compromisos anteriores con Cataluña.

Algo debe quedar claro: si el gobierno central consigue enfrentar a la CUP con JxS a cuenta de las promesas y el referéndum, no habrá referéndum, las promesas quedarán como siempre en nada y los procesados seguirán siendo procesados.

Y se cumplirá el vaticinio de Puigdemont de la venganza del Estado.

dijous, 16 de març del 2017

Los dos frentes

El analista político español, si quiere atender a su oficio, acaba esquizofrénico. Vive en un país que, en realidad, es dos y mal avenidos. En cada uno de ellos, la dinámica política es distinta, los objetivos, los intereses, los partidos, hasta las palabras tienen diferentes significados: nación, soberanía, pueblo, democracia, ley, etc, términos esenciales en la política. Así son las cosas: dos realidades, dos países y menos mal que explícita o implícitamente se reconoce pues, hasta hace poco, el gobierno de España consideraba que el movimiento independentista catalán era una algarabía. 

Dos realidades, dos países que, además, en buena medida, se ignoran entre sí, al menos por la parte española. No estoy nada seguro de haber visto esta noticia de elMón.cat en ningún periódico español. Y tiene su importancia. El presidente saliente del Tribunal Constitucional reconoce que el conflicto catalán no puede resolverse en el marco de la Constitución que él estaba hasta hace poco encargado de interpretar. Hay que acudir, añade, al diálogo político, vulgo, negociación, eso de lo que Rajoy no quiere oír hablar. 

Por cierto, esta lúcida doctrina podría haber orientado sus decisiones en el Tribunal, en lugar de prestarse a servir de brazo ejecutor de la política del gobierno sabiendo, además, que era contraproducente. Y tanto más lamentable cuanto que descarga su conciencia en su alocución de despedida.

dimecres, 15 de març del 2017

Proceso al proceso

El proceso penal contra Mas, Rigau y Ortega es un proceso político disfrazado de judicial. Lo niegan sus defensores, asegurando que se condena a los tres exmiembros del Govern por desobediencia a una prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Pero dicha prohibición tenía un innegable carácter político en referencia a la realización de la consulta del 9N promovida por los independentistas ante la negativa del gobierno español a permitir la realización de un referéndum. Es un proceso al independentismo, como lo demuestra asimismo que no es, ni será, el único. Detrás vienen los del diputado Françesc Homs y el muy simbólico de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán. Y detrás, los que se incoarán indefectiblemente a sus sucesores en los cargos si estos son inhabilitados. De todo ello se trata en mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Contra la indepèndencia, sentència y cuya versión castellana transcribo aquí:

CONTRA LA INDEPENDENCIA, SENTENCIA.

El debate es si el proceso de Mas, Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro, que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y esconder la mano.

Una estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba, principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.

El gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral. Un juicio que los españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.

Así las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán. Hay pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla, pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos en España.

Frente a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto, podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.

La sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española) se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad catalana.

Todo el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de Cataluña.

dimarts, 14 de març del 2017

Si Mas fuera escocés

Al día siguiente de conocerse la recomendación de la comisión del Consejo de Europa de reconducir la reforma de la LO del Tribunal Constitucional a los términos de la apariencia, cuando menos, del Estado de derecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación y una elevada multa, haciendo lo mismo en congruas partes con las señoras Rigau y Ortega, todos tres por desobediencia. Absueltos del delito de prevaricación.

Se trata de una condena por unanimidad, para dar idea de fuerza, pero de mínimos para darla de magnanimidad. Tan mínimos que el fiscal sopesa la posibilidad de recurrirla pidiendo condena por prevaricación. El carácter mínimo de la pena es una implícita confesión de inquietud ante la naturaleza del proceso mismo. Un proceso político contra el independentismo disfrazado de procedimiento judicial. Proceso político/proceso jurídico son los términos del conflicto, por lo demás irresoluble porque lo que es para unos no lo es para los otros.

Aparte de los argumentos técnicos, hay un dato fuerte a favor de la tesis del proceso político: es insólito que el gobierno de una CA arrostre un proceso penal por razones estrictamente políticas. Por razones de derecho común hay algún presidente autonómico en la cárcel. Pero eso es otra cosa. Y todavía más insólito que, siempre por razones políticas, se esté dispuesto a llevar el asunto hasta Estrasburgo, un paso más en la internacionalización del conflicto, que es un objetivo del independentismo. Pero la de mayor calado es la necesidad que se dará de seguir inhabilitando cargos públicos que, a su vez, como señala la comisión del Consejo de Europa, quizá no acepten la inhabilitación. Y es la de mayor calado porque la alternativa a inhabilitar series enteras de cargos públicos de la Generalitat es recurrir a la legislación de excepción, cosa que ya advierte el gobierno.

Al propio tiempo se da la noticia de que Escocia pedirá permiso de nuevo a Westminster para hacer un segundo referéndum en la patria de John Knox. Si Mas fuera escocés, tendría el asunto fácil: encabezaría el movimiento por la independencia de Escocia, habiendo antes vencido la muy previsible resistencia de la primera ministra, May que, sin embargo, tiene poca fuerza dado el precedente que sentó Cameron. Y obtendría la independencia o se repetiría el resultado negativo del referéndum anterior. En democracia nunca se sabe cómo van a salir los referéndums.

Pero Mas no es escocés ni España, el Reino Unido. Aquí se dijo desde el principio que no al derecho de autodeterminación de los catalanes porque no, por asunto de principios. Frente a esta negativa, de nada sirven los ejemplos escocés o quebequés, precisamente porque es un asunto de principios: no, porque no. Los dos argumentos esgrimidos hasta la saciedad por Rajoy no son serios: uno es el de la igualdad de todos los españoles que es, simplemente, mentira: el otro, que no se negocia con la soberanía del pueblo español que es, simplemente, falso pues nadie pide eso, sino que el soberano pueblo español -a través de sus representantes o a iniciativa propia- negocie la soberanía del catalán. Los castellanohablantes harían lo mismo si en la península fueran los catalanes quienes predominaran como ellos lo hacen ahora.

Esa sentencia pone el proceso independentista en un camino de no retorno, dado que lo más lógico es pensar que no habrá referéndum pactado. Pero lo irresponsable no es la sentencia sino el procedimiento en sí.

dimecres, 8 de març del 2017

López quiere "parar máquinas"

A buenas horas, mangas verdes. A cinco meses de la realización del referéndum en Cataluña, el candidato a la SG del PSOE, Patxi López, visita Cataluña. se asusta y empieza a decir que hay que parar máquinas ante del choque de trenes para darnos tiempo y encontrar una solución. Sobre eso, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Parlar per parlar. Cuando el independentismo lleva años pidiendo diálogo y negociación sin obtener otra cosa que burlas, desplantes, silencios y un cierre total, ahora que ya la cuestión nos aboca a una confrontación, se acuerda el vasco de la necesidad de "ganar tiempo" para encontrar una solución. Rápido no es el pavo. A lo mejor por eso se presenta candidato al PSOE. En la misma tónica, aunque con varios grados más de estupidez, la vicepresidenta del gobierno advierte de que la aprobación de la vía rápida de la desconexión en la mesa del parlamento es una huída hacia delante y que la Generalitat vive "una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes". De catalanes sabe este gobierno mucho. No en balde su partido gobierna en un municipio de los 900 que hay en Cataluña; un conocimiento que puede medirse en un 1/900 de la realidad catalana. Abrumador, como siempre con la derecha. No se preocupen López y Sáenz, Sáenz y López. La hoja de ruta irá adelante y los catalanes conseguirán ser lo que quieran ser gracias a su propio esfuerzo. Ojalá los españoles pudieran decir lo mismo.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Hablar por hablar

En su precampaña a las primarias del PSOE, Patxi López ha hecho escala en Cataluña y ha hablado de la “cuestión catalana”. Muy típico de los políticos españoles: hablar de Cataluña cuando están en ella, pero nada más. El resto del tiempo, cuando están en España, es como si Cataluña no existiera. Creen que pueden proponer un futuro para el conjunto del país sin contar con los catalanes. Grave error.

En Cataluña se hacen las propuestas y en Cataluña se quedan sin que nadie las recoja o actúe en consecuencia. López vino a Cataluña a decir que es preciso parar las máquinas para evitar el choque que muchos vaticinan y darse tiempo para buscar una solución. Parece una actitud equidistante, arbitral, prudente, respecto a dos partes en igualdad de condiciones. Solo que no están en igualdad de condiciones. La hoja de ruta, las máquinas son la única garantía con que cuenta el independentismo, su única posibilidad de imponerse. Si las para, desaparece.

En el gobierno central hay más opciones. Además de las máquinas que puede parar (los procesos judiciales, por ejemplo) puede poner en práctica medidas políticas y abrir vías de negociación, cosa que no ha hecho hasta ahora. Pero eso es asunto suyo.

El alcance de la petición de López de “parar máquinas” se observa en su propuesta de reconocer a Cataluña como nación “cultural”. Un verdadero anacronismo, poco atento al estado de las posiciones hoy día en un proceso de crisis constitucional. Reconocer una evidencia para no reconocer una necesidad: que Cataluña es una nación política y que la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010 es un disparate jurídico y un abuso político.

Parar las máquinas para negociar es algo que el nacionalismo español debió hacer mucho antes de la actual hoja de ruta, quizá a raíz de aquella sentencia o de las reacciones posteriores. Pero, para eso, se hubieran necesitado dirigentes capaces de comprender lo que estaba pasando.

Sin duda, el gobierno central tiene muchas máquinas para parar. Los procesos judiciales los primeros, sobre todo porque no son tales, sino puros juicios políticos disfrazados de actos jurídicos. Las presuntas actividades de guerra sucia del Estado contra el independentismo y contra personas en concreto. La política de recentralización del Estado y estrangulamiento de la autonomía catalana.
La cuestión es qué implica el “parar máquinas”. No puede ser aplazar el referéndum porque es el compromiso de la mayoría parlamentaria catalana. En el nacionalismo español se argumenta que no es posible negociar nada cuando una condición inexcusable es la realización del referéndum o referéndum “sí o sí”. Pero no se ve por qué esta posición ha de ser más inadmisible que la contraria, la que pone como condición inexcusable la no realización del referéndum o referéndum “no o no”. De no darse esta negativa cerrada, bien podrían pararse las máquinas siempre y cuando fuera para establecer la fórmula de un referéndum pactado.

De no ser así, la petición de “parar las máquinas” es completamente irrealizable. Una de las partes, la catalana, no puede y la otra no quiere. Al carecer de toda voluntad de entendimiento con Cataluña, se cierra en una actitud intransigente, avisando de que, según se desarrollen los acontecimientos, se aplicará la legislación vigente. No hay un problema político; hay un problema judicial y de orden público. La parsimonia del gobierno central en todo lo referente a Cataluña apunta a la voluntad deliberada de dejar que los acontecimientos lleguen a la confrontación institucional y ver a continuación, que vía represiva resulte la más adecuada según sea la reacción.

Ante la parálisis del nacionalismo español, la iniciativa cae de nuevo del lado del independentismo. La mesa del Parlament da vía libre a la tramitación de urgencia de la ley de desconexión. La vía está abierta, el referéndum espera. El Estado solo puede prohibirlo y la cuestión será qué reacción tendrá la sociedad catalana ante la enésima prohibición arbitraria y despótica.

dijous, 2 de març del 2017

La destrucción de España

Al final tendrá razón el procesado Homs en su vaticinio del fin del Estado español. A estas alturas, las mentes más lúcidas dan el referéndum por inevitable y, con ellas, mucha otra gente, aunque no lo diga. No está mal para un problema que hace dos o tres años no existía o era una mera algarabía, según el muy previsible Rajoy. Pero ya es poco. La cuestión es si, a fuerza de no transigir, no negociar, no dialogar, no proponer nada, el nacionalismo español, carente de toda iniciativa, ha hecho inevitable también la independencia de Cataluña.

Voluntad catalana no falta y la hoja de ruta de JxS con el apoyo de la CUP propone un escenario de confrontación total de aquí a breves meses. Se asume que el Estado intervendrá la autonomía catalana y que en Cataluña habrá una reacción. A partir de aquí, el territorio no está cartografiado.

El problema de fondo es la falta de proyecto del nacionalismo español, incapaz de proponer nada salvo la continuidad de una situación que disgusta a todos. Falta el proyecto porque falta el nacionalismo que ha de empujarlo. El franquismo, al apropiarse durante 40 años de dictadura los significados nacionales, deslegitimó de tal modo el nacionalismo español que este debe de ser el único en el mundo cuyos seguidores afirman siempre no ser nacionalistas de nada.

Franco murió, cierto. Pero el franquismo sigue, los franquistas siguen. Los gobernantes del PP, un partido fundado por seis ministros de Franco, nunca han repudiado de modo solemne y convincente la dictadura de la que provienen. Les van en ello intereses ideológicos y materiales considerables. Los últimos, sobre todo, unen mucho. Para formar esta clase gobernante que, como dice García Montero tiene como único negocio el Estado. Así ha sido siempre con la oligarquía española ya desde el Siglo de Oro, una clase de parásitos que vive a costa del Estado hasta que lo arruina. 

No solamente no condenan el franquismo sino que lo conservan, amparan y protegen. El Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición del juez Garzón y otros de remover los huesos del tirano del Valle de los Caídos. Léase el atinado artículo de Carlos Hernández ¿Democracia franquista? El franquismo sigue vivo. Entre nosotros. A tiro de piedra del otro monumento imperial español, el Escorial, este innoble memorial fascista es una especie de símbolo del arco vital español, el alfa y el omega de España: del Escorial al Valle de los Caídos, construido con mano de obra esclava de presos políticos.

Es poca la legitimidad de que puede tirar el nacionalismo español a la hora de proponerse frente al catalán. Y queda reducida a la nada cuando coincide con las peripecias procesales de un verdadero laberinto judicial de casos de corrupción que muestran cómo los franquistas herederos de los franquistas siguen considerando que el Estado es suyo y sirve para enriquecerse por todas las vías, legales e ilegales. Y, con la corrupción, los privilegios de los corruptos que todavía hieren más a la opinión pública. La sentencia del caso Noos muestra una justicia sometida al poder político.

Los privilegios de la Casa Real escandalizan (seguimos sin saber nada del origen de la fortuna de Juan Carlos, de 2.000 millones de dólares) en verdad porque es la Casa Real. Pero privilegios hay continuamente a lo largo de esta aventura. El mismo presidente que está hablando siempre del cumplimiento de la ley tiene el privilegio de haber estado cobrando presuntamente jugosos sobresueldos de un caja B; el mismo que habla de la igualdad de todos los españoles tiene a su padre gran dependiente a cuenta de los dineros públicos, esos que dice el hijo que no dan para los demás dependientes.

Y de privilegios va la Iglesia católica, verdadero Estado dentro del Estado, infiltrada en todos los poderes públicos, especialmente el judicial, así como en una densa red de instituciones sociales de todo tipo. Además de franquista y, por ende, corrupto, el gobierno es también clerical con puntos de nacionalcatolicismo

Añádase a todo ello el aparente recurso del Estado a la guerra sucia, que se evidencia en la Operación Cataluña y ya se habrá llegado a la conclusión de por qué el marasmo actual de España propicia la independencia del Principado. En ese marasmo, nadie se atreve a poner coto a los desmanes de esta oligarquía corrupta, expoliadora, clerical y franquista excepto el independentismo catalán. Casi como si la oposición a la oligarquía se hubiera territorializado en Cataluña. Y como la reacción acabará siendo la fuerza bruta, terminarán votando por la independencia hasta los catalanes no independentistas.

dilluns, 20 de febrer del 2017

Sin referéndum, nada

El País sigue exultante con complejo de consejero áulico de éxito. Rajoy gobierna a golpe de editorial de este periódico independiente que ve ya entreabrirse la solución al "problema catalán". El mastodonte se mueve y decide dar forma a la alternativa que pedía Mas. Ditirámbico, el periódico titula la oferta de Rajoy para Cataluña.

Bien, ¿qué Rajoy? El de los cuatro millones de firmas "contra los catalanes"; el del recurso del Estatut ante el Tribunal Constitucional que dio lugar a la famosa sentencia de 28 de junio de 2010 que negaba la condición de nación a Cataluña; el que llamaba "algarabía" a las multitudinarias manifestaciones de las Diadas, que comenzaron a partir de la manifestación de julio de 2010 ("Som una nació. Nosaltres decidim"); el que consideraba la consulta del 9N una especie feria verbenera; el que ha judicializado el conflicto, al que niega su carácter político considerándolo un problema de orden público; el que dijo "no" a Mas cuando se presentó en La Moncloa a pactar un sistema de cupo catalán; el que dijo "no" a las 46 peticiones que llevó su sucesor Puigdemont al mismo huerto.

Efectivamente, este Rajoy que considera una "amputación" la separación de Cataluña, parece haber visto de repente el camino a seguir a la luz de los editoriales de El País. Y de ahí eso de "la oferta de Rajoy para Cataluña". La materialización de la "alternativa" de Mas. Ahí es nada. Una alternativa para Cataluña. De golpe. Lo de menos aquí es si esa oferta existe y ya está en consideración por ambas partes o una de ellas anda dando cuartos al pregonero mientras la otra afirma no saber nada al respecto. Al extremo de compararla con el espíritu santo del que, según Puigdemont, habla todo el mundo pero nadie ha visto.

Lo importante es el contenido de la oferta. Es llamativo que se arme sobre los 46 puntos que llevó Puigdemont a la corte el 19 de abril de 2016, el doble de los que llevara Mas un año antes y cosechando el mismo rotundo "no". A fines de año, Sáenz de Santamaría mostraba disposición a negociar sobre 45 de aquellas propuestas. La que faltaba, y sigue faltando en la respuesta de Rajoy, es el referéndum. Siga como siga la negociación, la primera cuestión es por qué tarda el Estado, el gobierno central, casi un año en dar una respuesta a una iniciativa de la Generalitat. Me atrevo a decir que es el tiempo que le ha llevado comprender la importancia del independentismo catalán. Hace todavía un año en la meseta no se consideraba la independencia de Cataluña como algo verosímil. Se creía que el movimiento se resquebrajaría con la corrupción de los Pujol, que se desharía con las rencillas y enfrentamientos entre partidos. No ha sido así y hoy se ve la independencia catalana como una grave amenaza. Cataluña ha pasado de no existir a imponerse como la motivación número uno de la actividad del gobierno, quien ha destacado en el Principado a la virreina Sáenz de Santamaría. Misión imposible para quien no entiende el catalanismo desde su misma raíz.

La condición o requisito de abandonar el referéndum para empezar a negociar  está condenada al fracaso porque la otra parte no puede aceptarla. Cualquier mediano conocedor de teoría de juegos sabe que si una parte que lleva ventaja gracias a una amenaza, renuncia a la amenaza, pierde la ventaja. No creo que la Generalitat renuncie al referéndum. Y, por otro lado, no veo por qué no puede pactarse uno vinculante. Es lo más sensato para que todos sepamos a qué atenernos.

Hay una alternativa a la independencia: la no independencia, desde luego, pero tiene que salir en un referéndum.

A lo que no hay alternativa es al referéndum, diga Rajoy y diga El País lo que quieran.

dissabte, 18 de febrer del 2017

¿Salida?

Ayer lo decía modestamente Palinuro, que los de El País estaban levitando con la oferta de Mas de escuchar alguna alternativa a la situación en Cataluña. Y tanto. Hoy, la gallina de la alternativa en Cataluña ha puesto un huevo en forma de editorial: una salida para Cataluña. Y dice y urge que hay que "aprovecharla". 

Salvando la gracia de usar el substantivo "salida" cuando se quiere decir "entrada", la alternativa con la que sueña El País no es a la independencia, sino al referéndum y eso parece un error difícil de subsanar. Al menos mientras el nacionalismo español siga sin entender que el apoyo popular en Cataluña a la independencia es la mitad del del referéndum y lo que esto significa. Cosa muy difícil de transmitir a alguien que solo razona en términos de principios, siempre que no se le apliquen a él. 

Absurdo parece que El País bata palmas por la aparición de una posibilidad, la alternativa, que el independentismo ha venido admitiendo desde siempre. Porque quien lucha por cambiar su futuro considera siempre todas las alternativas. El problema no está ahí. El problema está en que quien debe presentarlas, esto es, el gobierno central, no está dispuesto a hacerlo. Una vez más se certifica que la mayor fuente de independentistas es la política del gobierno central.

divendres, 17 de febrer del 2017

El procesado habla

El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña, un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio. Una ocasión que debe aprovecharse  por mor de la Patria. 

Dice Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno. Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2: la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo) pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática no es posible justificar política alguna en función de su negatividad. Hay que proponer algo... una alternativa.

Muchos independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada, como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus resultados puede ser un "no" a la independencia.  

La pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que, al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas, demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.

A estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque, aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los catalanes.

dimecres, 15 de febrer del 2017

Zafarrancho de combate

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera. 

En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.

El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Zafarrancho de combate
                                                                                                              
El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.

Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 

dimecres, 8 de febrer del 2017

La solución no son los tribunales

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La justicia del enemigo sobre este desafortunado proceso político a Mas, Rigau y Ortega. Argumentaba Mas en su comparecencia que el Tribunal Constitucional (TC) nunca le advirtió de las consececuencias de no obedecerlo. Y aquí está precisamente el punto neurálgico de este procedimiento. El TC no podía advertirle de las consecuencias de no obedecerlo porque no las tenía. Hasta la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por Ley Orgánica 15/215, de 16 de octubre, no existía el delito específico de desobediencia al Tribunal Constitucional. La dicha reforma de la Ley Orgánica del TC facultaba a este para velar el cumplimiento de sus decisiones pero no podría aplicarse al Govern de la Generalitat porque eso sería retroactividad de una norma penal. Por eso, la querella interpuesta por la Fiscalía catalana por exigencia especial del Fiscal General del Estado tira del Código Penal y trata de encajar el comportamiento de la Generalitat en el delito de "desobediencia grave" a cualquier autoridad. Y eso es lo que habrá que probar. 

Al margen de estas cuestiones de detalle, aunque sean básicas, el procedimiento contra Mas, Rigau y Ortega tiene una función eminentemente intimidatoria y es el arranque de una vía anti-independentista basada en la represión judicial que no conducirá a ningún sitio, salvo a iniciar un nuevo símbolo emancipador, concentrando en la persona de Mas el significado de la lucha de un pueblo.

Aquí la versión castellana del artículo:

La justicia del enemigo
                                                                                                             
El juicio a Mas es clara y fundamentalmente político. También tiene una base jurídica que, aunque discutida, es la única que podría darle cierta legitimidad. Las tres personas encausadas (Mas, Rigau, Ortega) lo son por cuatro supuestos delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La desobediencia al Tribunal Constitucional es aquí lo más importante. Pero no es este el que puede substanciarla porque, cuando se cometió el presunto delito, todavía no se había aprobado la reforma de la Ley Orgánica de dicho tribunal (2015) que lo convierte en tal, permite obligar al cumplimiento de sus decisiones y castigar la desobediencia.  

El procedimiento se abre pues en la jurisdicción ordinaria con la querella que ordena presentar el Fiscal General del Estado el 21 de noviembre de 2014 por la celebración de la consulta del 9N de 2014 y en contra de la opinión unánime de la Junta de fiscales de Cataluña, con su Fiscal Jefe a la cabeza. Una clara imposición política –concretamente, gubernativa- a cuenta de la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Y una injerencia más del ejecutivo del PP en los procedimientos judiciales. Su prueba evidente es esa reforma de la Ley Orgánica del TC, que el PP hizo aprobar por el procedimiento de urgencia, sin consulta al Consejo de Estado y con la presencia del señor Albiol, que no era ni diputado, amparado en  la mayoría absoluta de que disfrutaba su partido en la legislatura anterior. 

Quede para otro momento la consideración de la oportunidad o inoportunidad de la reforma. Ciertamente, se trata de un punto más en el largo sendero de desprestigio y descrédito del TC que hace años funciona en la práctica como un instrumento del PP, sobre todo a cuenta de Cataluña. Y es esta obsesión del Estado español por disfrazar de legalidad sus decisiones frente al independentismo catalán la que va a caracterizar el desarrollo de este proceso en el Tribunal Superior de Justicia catalán, como se han encargado de evidenciar las distintas partes concernidas y que en su primera sesión ya ha acumulado suficientes indicios de su índole política.

Efectivamente, el independentismo, ha hecho bandera de la vertiente reivindicativa de este proceso, lo ha convertido en un clamor de protesta al interpretarlo como un ataque a los derechos de los catalanes y las competencias de sus órganos representativos. La marcha multitudinaria de los acusados hasta el tribunal tiene el valor de un acto simbólico en el proceso para la fabricación de una leyenda y un martirologio. Nada alimenta más las reivindicaciones nacionalistas ni la unidad de sus partidarios que la experiencia de sentirse atacados por un enemigo común. 

Porque si la politización del acto por los acusados fue evidente y hasta desafiante, no menos lo fue la de los acusadores. La animadversión del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos hacia el expresidente de la Generalitat fue patente cuando interrumpió la declaración de este para recriminarle desabridamente que formulara preguntas cuando solo es un acusado. Sin embargo, Mas no había hecho tal cosa sino que había recurrido a una figura retórica, llamada erotema, esto es, una pregunta que no espera respuesta, pero que sirve para afianzar su razonamiento, lo cual es totalmente lícito.

Este proceso está rodeado de todo tipo de recursos políticos mejor o peor intencionados. Durante el fin de semana se produjo un nuevo operativo del Guardia Civil en contra de la presunta trama del 3 por ciento que se saldó con la puesta en libertad de los detenidos, quienes ya anuncian posibles querellas por detención ilegal. La coincidencia de fechas podría tratar de proyectar la sombra de la corrupción sobre el proceso político que se abrió el lunes. De hecho, es frecuente que los medios españoles deslicen la sospecha de que el juicio a Mas no es por su independentismo y su presunta desobediencia sino por la trama de corrupción del tres por ciento. Una insinuación tan cargada de mala idea como las interpretaciones de que los más de 40.000 asistentes a la marcha de Mas al Tribunal (según la Guardia Urbana) no eran espontáneos, sino que estaba movilizados por las autoridades catalanas.


La politización de la causa se hace más evidente cuando se observa que en lugar privilegiado, inmediatamente detrás de Mas y “chupando cámara”, como dice la prensa, estaba sentada una persona que es cargo público de la FAES, destacada activista unionista con una ideología de extrema derecha y a la que, por razones todavía sin explicar, se permitió hacer lo que los mossos d’Escuadra impedían hacer a los demás asistentes, por ejemplo, fotos de dentro a fuera del edificio.

Sustituir el diálogo y la negociación políticos por la acción de los tribunales para resolver problemas eminentemente políticos es un dislate al que es muy aficionado el autoritarismo español. Su inevitable resultado será legitimar la causa independentista y ganarle más apoyos sociales al tiempo que las instancias judiciales españolas hacen el ridículo. Sobre todo en la esfera internacional.