La comparecencia del de los sobresueldos

Lleva seis años (cuatro largos con mayoría absoluta) resistiéndose a dar explicaciones, compareciendo en plasma, entrando y saliendo de los lugares por la puerta de servicio, impidiendo preguntas en las ruedas de prensa, amañándolas, negándose a rendir cuentas o falseándolas sistemáticamente. Seis años ignorando al Parlamento, gobernando por decreto ley y apoyándose en una maquinaria mediática pública y privada de falsificación de la realidad, con la ayuda ocasional de una administración de justicia políticamente intervenida. 

En todo este tiempo se ha visto obligado -arrastrado literalmente- a comparecer dos veces en sede parlamentaria. Una, un 1º de agosto de 2014, a propósito de los sobresueldos de los papeles de Bárcenas y otra hoy, a propósito de la financiación ilegal del PP descubierta a raíz de la Gürtel. Ya debiera de haber dimitido -como haría cualquier político demócrata en Europa- en la primera ocasión. Cálculese qué debiera hacer en la segunda.

La vergüenza de ver a un presidente de gobierno declarando como testigo en un proceso penal por financiación ilegal de su partido y dos veces como compareciente en sendas interpelaciones parlamentarias por comportamiento impropio. Los demás países deben de estar asombrados.

Conviene que los grupos de la oposición aclaren de una vez la relación entre las dos comparecencias y expliquen la historia completa de esta gran operación de saqueo que ha sido el gobierno del PP. Porque se presentan como hechos separados e independientes cuando, en realidad, son causa y efecto mutuos alternativamente. Los sobresueldos están directamente relacionados con la financión ilegal y esta con aquellos. La aclaración es importante porque explica muchas cosas de la corrupción del sistema político.

En la comparecencia de 2014, Rajoy reconoció haber cobrado los famosos sobresueldos con dos salvedades: los declaraba a Hacienda y no los llamaba "sobresueldos" sino "pluses de productividad", como en cualquier empresa, sostenía nuestro hombre. Era la explicación a la que se apuntaban los demás dirigentes del PP (un buen puñado) para explicar estos ingresos. La cuestión de si eso es delito o no depende de los jueces, sobre todo si los dichos ingresos proceden de fuentes ilicitas o caja B. Pero aquí es irrelevante.

La percepción de los sobresueldos es el veneno de esta historia de la Gürtel. Que no se entienda así y se dé sin más por insustancial, se debe probablemente a que otros partidos, el PSOE que se sepa, recurren a la misma práctica, si bien no parece estar financiada ilegalmente. No obstante, la práctica en sí es política y moralmente inaceptable. Los representantes reciben unas remuneraciones dignas con cargo al erario. Los diputados gozan de un privilegio absoluto en este campo porque son los únicos perceptores de rentas que pueden fijar las suyas y, por supuesto, las de los demás. Pero sobre todo las suyas, lo cual hace innecesario probar que son muy dignas; algunos las tienen por más que dignas. Y no se hable ya de jubilaciones, pensiones y pagos compensatorios por ceses ocasionales

La cuestión es, ¿por qué perciben esas cantidades extras, según dicen, del partido? Cualquiera diría que el partido fuera un ente ajeno al Estado y no se financiara en un porcentaje elevadísimo de los mismos fondos que nutren los salarios ordinarios de los cargos públicos. La excusa del "plus de productividad" empresarial solo podía ocurrírsele a Rajoy y la idea del pago de compensación suscita la pregunta inmediata: compensación ¿por qué? Suele decirse que por la renuncia obligada a los ingresos privados. Pero, al margen de que esto sea cierto o no -que no suele serlo- tropieza con el inconveniente de que la representación política es voluntaria. Quienes quieran ejercerla deberán informarse sobre las remuneraciones antes de dar el paso y, si lo hacen ya saben lo que tienen. 

Recuérdese que, si los diputados consideran demasiado bajas sus diversas retribuciones (salario, gastos de esto y lo otro, compensaciones legales, subvenciones), siempre pueden valerse de su privilegio y subírselas, insisto legalmente. Otra cosa es el impacto que esto suele tener en la opinión pública, razón por la que los representantes prefieren trocear sus remuneraciones para que la cantidad final resulte menos escandalosa.

Por tanto, ¿a qué se deben los sobresueldos? A un plan de generar una clase de políticos profesionales que hacen de su militancia en un partido un medio de vida. Esto que, por desgracia, afecta a otros partidos (y genera en ellos una especie de "funcionarios" que tergiversan la autenticidad de todo debate político) se hace insoportable cuando se produce por medios ilegales, causando perjuicio al erario y daño al interés público, como sucede con la financiación ilegal del PP durante más de veinte años. Así se ha corrompido de arriba abajo el sistema político de la tercera restauración, entronizando la mentira como forma de relacionarse con la ciudadanía. Corría el año de 2007 cuando, a preguntas de un interesado sobre cuánto ganaba al mes, Rajoy no dio la cifra, pero dijo "Miro mi cuenta al final de mes porque lo necesito, lo necesito y muchísimo, y además mi mujer también trabaja, y entonces tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos. No estoy en política por dinero". Por entonces sus compañeros de partido le calculaban unos 12.000 euros al mes, entre sueldos y sobresueldos. Mentía como un bellaco

Esta subclase de vividores del partido tiene que corromperse necesariamente porque, al entender que su actividad política debe ser lucrativa, acaban por romper todos los límites dedicándose al saqueo de los fondos públicos en cualquier momento y circunstancia. Y eso es lo que ha pasado.

La comparecencia de hoy, centrada en la cuestión de la Gürtel/financiación ilegal y la declaración supuestamente falsa de Rajoy en sede judicial debe hacerse teniendo en cuenta el telón de fondo de los sobresueldos. Están en la base de este desbarajuste. A la política "para forrarse", a pillarlo todo a robar sin más. Y, claro, el PP tiene en estos momentos 700 imputados que no son casos aislados, sino agentes en una estructura partidista de delito organizado en donde cada uno saca su tajada mientras el país se hunde, los dependientes no cobran, los parados tampoco, no hay dinero para la educación pública pero sí para la privada y esta marca el camino para la privatización (nombre técnico del expolio de siempre) de todo lo público. 

Hay un propósito, según parece, de preguntar al presidente de los sobresueldos las incómodas cuestiones que se le plantearon en su declaración pero un juez atento impidió que se formulasen. De todos modos, la más destructiva afecta al conjunto de la declaración: ¿por qué dijo que no sabía nada de los aspectos económicos de las campañas electorales cuando era él quien las dirigía, siendo así que hay un vídeo en el que ofrece todo lujo de detalles sobre la financiación de una campaña concreta? Ese hecho ¿puede calificarse de mentira o no? Si su pretextada ignorancia es falsa, esa mentira ¿sería un delito? 

¿Podría España seguir gobernada por un hombre al que se hubiera imputado un delito?

Me temo que sí.

El desembarco español en la manifestación de hoy

Las noticias son confusas. El Rey confirma que va la manifestación por el atentado. Rajoy parece habérselo pensado y acompañará a su Rey. Va a asistir todo el gobierno,  así como los presidentes autonómicos y la habitual nube de altos cargos, políticos influyentes, parientes y enchufados. Todos en un avión especial Airbus 360 fletado con cargo a los presupuestos. Y se dice que los aviones pueden ser tres. Una verdadera flota de Estado en defensa de la unidad monárquica de España. Y, como es un asunto de Estado, en la misma aeronave viajará el líder de Podemos. Haciendo patria que también podría hacerse en la Puerta del Sol, con una concentración nacional-española.

El manifiesto intento de "españolizar" la ocasión choca con el desastre de la gestión estatal del atentado.Y peor aun que desastre, choca con la permanente hostilidad y guerra sucia del Estado a Cataluña como ha quedado claro al descubrirse la manipulación política partidista del ministerio del Interior del PP en relación con los Mossos y la seguridad de la ciudadanía catalana. Con las consecuencias de todos sabidas. Es como si, reconociendo la incompetencia, la ineptitud y la mala fe de las autoridades políticas españolas en este vidrioso asunto de la policía y la lucha antiterrorista, el Estado quisiera ahora compensar con un espectáculo simbólico de reconstitución de una predicada unidad que no se ha dado nunca.  Y precisamente a causa de quienes hoy aterrizan en Barcelona a unirse a una manifestación que es de esperar no se les vuelva en contra.

La presidencia del Rey, ya cuestionada desde el primer instante por la CUP con apoyo muy extendido, se quedó en una asistencia, en una presencia prácticamente personal. Seguramente el Monarca piense que es hora de romper la desafección que ya denunciaron hace más de diez años Maragall y Montilla. Y crea conveniente hacerlo aceptando las condiciones catalanas, como un ciudadano más. Se trataría de demostrar con hechos su convicción democrática.

De ser así, lleva mal camino al tomar la forma de una especie de expedición española monárquica en territorio desafecto y mayoritariamente republicano. Sin duda el gobierno piensa en clave española que el Rey no puede ir a título individual y debe hacerlo como Jefe del Estado, razón por la cual convierte la presencia del Rey en un acto de afirmación monárquica española, al que se suma el líder de la oposición de Podemos. Sánchez no irá en ese avión porque ya se encuentra en Cataluña, en la manifestación en Cambrils. No sabemos si, estando en Madrid, hubiera aceptado la invitación a sumarse al séquito real español en tierras infieles o hubiera seguido montado en su coche.

Aspecto este nada trivial: los políticos españoles asistentes a la manifestación de hoy lo hacen con cargo al erario. Es de suponer que esos aviones, sean uno o tres, los devolverán a Madrid por la noche. Gratis total. El resto de la ciudadanía, si quiere asistir a la manifestación para hacer lo que estos habrá de pagárselo de su bolsillo.

La manifestación de hoy pretende traducir un estado de rechazo unánime al terrorismo por lo que algunos recomiendan no llevar esteladas. Pero  la intervención del gobierno de acuerdo con el Rey al convertir el acto en uno de afirmación española, de unidad ficticia, impuesta a la fuerza, elimina los reparos y consideraciones de los indepes en sus diferentes gamas.

La manifestación de hoy es un acto político que seguirá cambiando las reglas de juego entre España y Cataluña. De hecho, ha comenzado a serlo desde el momento en que Puigdemont recibe a la expedición española con la noticia de que la Generalitat ya tiene 6.000 urnas. Provocación lo llama El País.

El término es grueso pero formula igualmente lo que piensan los indepes del desembarco monárquico español. Una provocación.

Los dineros públicos

Dado lo proceloso de las relaciones políticas y, en especial, las relaciones políticas internacionales, cualquiera entiende que la embajadas son lugares con una gran flexibilidad en el ejercicio de sus competencias. Con vistas en el interés del país que se representa, no es conveniente delimitarlas estrictamente para que puedan ajustarse a situaciones imprevistas. Hay que admitir que las embajadas, órganos políticos, dispongan de discrecionalidad en la interpretación de sus funciones. Pero seguro que entre estas no está la de dar albergue vacacional al ministro de Exteriores y menos poner a su disposición medios públicos (coches, chóferes) para ir de compras, de copas, de cenas o de lo que sea.

Conviene recordar que los dineros que financian estas dedicaciones no proceden de la embajada. Proceden del Estado; o sea, de todos. Somos los contribuyentes quienes financiamos estos dispendios y, en general todos los gastos producidos por la infinita serie de casos de corrupción directa o indirecta, o de abusos de poder, o de uso indebido de los recursos públicos. Los ciudadanos deben entender que, cuando se produce un caso de estos es como si el gobierno les metiera personalmente la mano en el bolsillo.

Con estas autoridades es imposible saber si Dastiz dimitirá o no. Probablemente, no. O quizá se haga como con dos ex-colegas suyos de gabinete, Wert y Soria quienes, pillados en un caso de financiación poco presentable de unas vacaciones con cónyuges, dimitieron al poco tiempo, pretextando otros motivos. 

Insisto, mientras la ciudadanía no entienda que exigir una recta y trasparente gestión de los dineros públicos, y responsabilidades cuando no se hace no solo es un derecho sino un deber, los corrruptos seguirán ganando elecciones.

La vorágine

Claro, es lo más lógico. Un plan B y un plan C y D y E, y así. Sería un irresponsable quien, en una situación de incertidumbre no previera respuestas a cuantas eventualidades se le ocurrieran. Pero al tiempo interesa negarlo por no dar muestras de debilidad. Decir que no hay plan B forma parte del plan A: referéndum sí o sí.Y que no haya vacilaciones. Pero, aunque no haya ninguna, la eventualidad de que el gobierno aborte el referéndum no puede descartarse y para ella habrá diversas propuestas. Una de ellas podría ser la que anuncia El confidencial de elecciones anticipadas de carácter plebiscitario con lista única de indepes. Seguramente habrá otras y otros planes, incluso una DUI. Dependerá de la forma en que el gobierno haya abortado el referéndum, si lo consigue. 

Así que plan A: referéndum a toda costa. Adelantando acontecimientos, Turull dice que el Parlament no acatará la suspensión de la Ley del Referéndum. Aunque muchos se hagan de nuevas, la doctrina no es de ahora. Hace meses que la Generalitat viene advirtiendo de que no acatará la suspensión de la autonomía.

La desproporción de fuerzas a favor de David contra Goliat es clamorosa: un movimiento independentista con fuerte arraigo social transversal (nunca visto hasta ahora) con el gobierno y mayoría absoluta parlamentaria, con un mandato específico y voluntad política de cumplirlo. Frente a ello, Goliat es un Estado desvencijado con un gobierno desprestigiado por la corrupción, en minoría parlamentaria, con un apoyo social exiguo, sin iniciativa política y una oposición fragmentada, formando un sistema político en crisis sin proyecto político alguno para el país.

El coste de impedir el referéndum crece por momentos. El pobre Goliat puede acabar convertido en Sansón: al impedir el referéndum destruirá el templo de los filisteos que le caerá sobre la cabeza.

Retrato de un presunto

La declaración de Rajoy en el proceso de la Gürtel fue una vergüenza universal. La parcialidad del presidente del tribunal añadió bochorno y dejó claro que en España no hay justicia. Un bochorno inútil porque el de los sobresueldos se mueve perfectamente entre las trampas y amaños judiciales. Le viene de familia. Su padre, Mariano Rajoy Sobredo, fue el presidente de la Audiencia de Pontevedra cuando se dirimió el escándalo del aceite de Redondela, una gigantesca estafa de los años setenta de la oligarquía franquista, en la que estaba implicado un hermano del dictador. La sentencia solo condenó a los muertos, de los que hubo varios en circunstancias sospechosas durante la instrucción. Más o menos como ahora. Los vivos, empezando por el hermanito, siguieron en el bollo. Al año siguiente, un jovencísimo Rajoy sacaba las oposiciones de registrador de la propiedad. Igual destino tuvieron sus tres hermanos, dos registradores y un notario. Realmente extraordinario.

No es de extrañar que el hijo del juez estuviera convencido de ser de una estirpe superior y escribiera algún articulejo en un periodiquillo local asegurando que está científicamente demostrado que los seres humanos no somos iguales pues los hijos de "buena estirpe" superan a los demás. El ejemplo era él, claro, un hombre que no solamente no sabe escribir sino que apenas sabe hablar. Bebía esta doctrina en sus grandes inspiradores morales e intelectuales, aparte de su padre, Franco, Fraga y González de la Mora, el que achacaba el ideal de la igualdad a la envidia igualitaria, el tósigo que corroe el espíritu contemporáneo.

Con este bagaje intelectual, apenas aprobadas las oposiciones de registrador, Rajoy pidió la excedencia en el cuerpo (aunque las circunstancias siguen sin estar claras) para dedicarse en cuerpo y alma al PP, partido en el que lleva militando y ocupando cargos sin parar desde 1981, hace 36 años y con 26 de edad. Un político profesional que no ha hecho otra cosa que mentir y no ha trabajado nunca fuera de la política.

No ha trabajado, pero sí cobrado por no trabajar. Según parece, entre 1990 y 2004 (es decir, siendo diputado, ministro, de todo) recibió más

de un millón y medio de euros de sobresueldos con cargo a la caja B del partido. Igual que varios de sus colegas y eso mientras predicaban a la gente que tragara recortes y restricciones porque estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Sobresueldos que superaban con mucho en un año lo que un trabajador normal puede ganar en diez y con suerte. Obviamente estos cobros son pura corrupción y el intento del gobierno, amparado por los medios, de calificarlos de otro modo, algo inadmisible. Son tan corrupción como todo lo que tiene que ver con la Gürtel porque son parte de esta gigantesca estafa a la ciudadanía. ¿Alguien en su sano juicio pagaría 800.000 euros a Ana Mato por lo que fuese? ¿O tres millones a Bárcenas?

Solo por estos incalificables sobresueldos, que Rajoy ocultaba en su caso mintiendo repetidas veces en la televisión sobre sus emolumentos, tanto él como el resto de beneficiarios deberían de haber dimitido. En lugar de ello, se organizaron en forma de asociación con fines presuntamente delictivos -a la que llamaron "partido político"- y se dedicaron a saquear el país, a expoliarlo de todas las formas y en todos los lugares posibles: en Galicia, en Baleares, en Valencia, en Madrid, en las dos Castillas, en todas partes. Y en todas circunstancias: licitaciones, adjudicaciones, recalificaciones, malversaciones,  subvenciones, mordidas, todo servía para enriquecer a una banda de granujas por importes estratosféricos. A los sobresueldos se añadía tanto dinero sucio que la banda acabó estableciendo métodos propios de blanqueo, algunos muy divertidos como los que presuntamente funcionaban en el gobierno municipal de Rita Barberá.

Y el jefe de ese quilombo de ladrones era Rajoy. Repasen la galería de fotos de la corrupción en España. En todas ellas aparece algún sinvergüenza imputado, procesado, condenado y en todas ellas está también Rajoy cantando las alabanzas del ladrón de turno. Incluso asegurando estar dispuesto a hacer en España lo que el mangante tal o el ladrón cual estaban haciendo en sus respectivos cortijos.

Esto permite calibrar la cara dura del personaje que ayer compareció en La Moncloa para hacer balance triunfalista de un año más de desgobierno en España en el que se ha dado todo tipo de delitos, sin mencionar ni una vez la "corrupción" que es precisamente la que lo llevó a declarar ante los jueces o los que pasan por tales. ¿Cómo es esto posible? Porque el franquista Rajoy aplica más doctrinas de sus maestros. Una de las más acendradas de los tiempos de Franco: da igual lo que hagas y las mentiras que cuentes. Nadie va a protestar. Con Franco, no había libertad de expresión y los medios eran todos propaganda del régimen gracias a la represión y el miedo. O sea, todos callados. Hoy es algo parecido, aunque la represión a lo bestia ha sido sustituida por el soborno y la compra de los medios y la permanente injerencia del poder en la judicatura que ha convertido la administración de justicia en otra vergüenza.

La banda lleva seis años esquilmando el país: ha vaciado el fondo de las pensiones para entregárselo a los bancos a fin de que se resarzan de los latrocinios que sus gentes, Blesa, Rato, han cometido en ellos; ha empobrecido a los pensionistas, mientras ellos se han autoamnistiado en sus robos y fraudes; arrebatado los derechos laborales a los trabajadores y enchufado a sus amigos y allegados en condiciones de cine; eliminado los fondos de la memoria histórica (para impedir que se haga justicia con los más de cien mil asesinados por el franquismo); reducido las prestaciones por desempleo; suprimido los subsidios a la dependencia (excepto, al parecer, la de su padre, que pagamos todos los españoles a unos 3.000 euros al mes); empujado a los jóvenes a la emigración; desamparado a las víctimas de los malos tratos.

Aparte de tener a los medios comprados (menos algunos digitales) y cantando sus alabanzas diariamente sin ningún sentido del ridículo, el sobresueldos se sabe impune porque, si alguien osa protestar, se le aplica la Ley Mordaza, que sigue en vigor para escarnio de una izquierda tan inepta como cobarde. O se le persigue por medios ilegales, a través de operaciones de guerra sucia urdidas en las cloacas de un Estado que es todo él una inmensa cloaca.

La oposición de izquierda quiere obligarlo a comparecer de nuevo en sede parlamentaria en lo que ya empieza a ser una rutina que él mismo califica como tal: la rutina de la habitual sarta de mentiras tanto en sede judicial como en la parlamentaria. Ahora parece que lo han pillado mintiendo en firme en su declaración en la Gürtel porque sí conocía los detalles económicos de las campañas electorales que dirigía, a pesar de haberlo negado ante el juez. Queda por saber si alguien se atreverá a denunciarlo y si los jueces proceden como debieran o vuelven a echarle una mano para que se vaya de rositas. Me inclino por lo segundo. 

Este es el personaje que ha destrozado el Estado de derecho en España a base de extrapolar al conjunto del país los usos y abusos de un caciquismo provinciano y reaccionario, el que ha arruinado el país, empobrecido a la población y establecido un sistema general caracterizado por el autoritarismo y la corrupción a partes iguales. El que comparece ante los medios para cantar sus propias alabanzas en esa oratoria confusa y lamentable que se gasta.

Se apresta ahora a coronar su vergonzosa gestión con su actitud intolerante y represiva con Cataluña, que ha sido siempre y ahora mucho más, un acicate al independentismo. Cada vez está más claro que Rajoy no solo será el presidente que ha esquilmado un país sino también el que lo ha desmembrado. 

Entiendo perfectamente que la dinámica catalana se lleve a las últimas consecuencias de la independencia. La comparecencia de Rajoy es la enésima prueba de que España no tiene arreglo, que no hay diferencia entre este gobierno corrupto y el Estado, que este gobierno es todo lo que el Estado puede dar de sí, que no hay esperanza real de regeneración y menos de la mano de una izquierda española acobardada, impotente para proteger los derechos pisoteados de las personas, incapaz de imaginar una España distinta de la orgía de corrupción, delincuencia y beaterío que estos neofranquistas ha vuelto a poner en pie.

La vergüenza empieza ya a visitar a esa izquierda española sumisa a la derecha como se comprueba por el hecho de que nadie todavía (solo sus víctimas directas, los catalanes) haya denunciado las actividades aparentemente irregulares de la Guardia Civil en Cataluña. Están los guardias interrogando y hasta acusando a ciudadanos según parece sin la correspondiente autorización judicial. Es decir, la Guardia Civil está evidenciando un estado de excepción de hecho que Cataluña lleva tiempo viviendo.  Y la izquierda, callada.

Ocultar lo inocultable

El tratamiento de los medios de la inenarrable comparecencia del presidente ha sido sublime. Los principales diarios de la capital ignoraban la noticia en portada o la reducían a un miserable sueltecillo en un rincón. Las fotos eran para el Rey en Barcelona, hablando del espíritu de concordia olímpica junto al réprobo por antonomasia, Puigdemont. Una cortina de humo patriótica.

Supongo que, si se pregunta a los directores de estos diarios, darán una teórica sobre la responsabilidad de Estado y la necesidad de no añadir gasolina al fuego. Excusas de prensa partidista, al servicio del gobierno. No del Estado, como pretende, sino del gobierno; de este gobierno, obsesionado por parapetarse tras la figura del Rey que cada vez resulta más patético.

Incidentalmente, cuán agradecidos debemos estar a internet y la prensa digital. Gracias a ella y a las redes estamos informados. Los medios impresos, en general, ya no tienen el monopolio de inventarse la realidad y sus productos carecen de crédito. En su respaldo unánime a un gobierno sin perspectivas y sin apoyo social fracasan como empresas y los medios digitales sobreviven.

Puestos a ocultar, el que mejor lo ha hecho es ese jefe nacional de FET y de la TVE, José Antonio Sánchez, que decidió simplemente no dar la noticia de la declaración del de los sobresueldos, sustituyéndola (ya me he enterado) por una receta de bechamel. Sostiene el suprascrito que la decisión fue un acierto. Nadie, al parecer, le ha pedido que explique por qué dado que el hombre tiene cara de pocos (aunque poderosos) amigos. Y sería interesante saberlo ya que desde el punto de vista empresarial, comercial, es un desatino.

La razón está en el fondo de esta siniestra opereta de la agonía de un presidente que se obstina en no hacer lo único sensato que puede hacer: dimitir. Mientras la realidad sea esta, en efecto, la decisión de no emitir la declaración es un acierto. Lo más acertado que cabe hacer con el de los sobresueldos es ocultarlo. Pero la decisión es ridícula porque llega tarde. El presidente ya ha dado el espectáculo y, a pesar de las ayudas del tribunal, ha ido patinando y empeorando su situación.

Lo han pillado mintiendo sobre su conocimiento de los gastos electorales. Y es que no tenía escapatoria. Pero ¿cómo va a creer nadie que el director de la campaña electoral de un partido no sepa cuál es su presupuesto? ¿Cómo toma las decisiones? ¿A la carta más alta? Claro que tanto él como García Escudero conocían los pormenores económicos de la financiación electoral del PP. Lo que aporta Público es una prueba incontrovertible que puede servir para imputar al presidente en la vía penal.

Sería un poco el modelo Al Capone, pillado en un asunto aparentemente trivial. De todas formas, se le impute por esta mentira o por alguna otra, el gobierno de Rajoy no saldrá del pantano procesal. El fallo del sistema fue cuando no se pudo forzar la dimisión fulminante de un individuo que había estado embolsándose no sé cuántos cientos de miles de euros de sobresueldos de la caja B. 

A todo esto, es posible que haya, sí, cortina de humo. La que oculta que la Guardia Civil anda interrogando a distintos cargos públicos catalanes y hasta advirtiéndoles de una posible imputación por el delito de sedición, sin que esté claro si dispone de mandato judicial. Más bien parece que no, pues el juez ha negado providencia alguna en ese sentido. De ser así, ¿bajo qué autoridad actúa la Guardia Civil? Siquiendo órdenes ¿de quién?

Esa debiera ser noticia en los medios que, recuérdese, tienen como función controlar al poder.

Todas las mentiras del presidente de los sobresueldos

La vida de Rajoy gira en torno a la mentira. Todo cuanto hace y dice es falso. Él lo sabe. Todos lo sabemos. Él sabe que lo sabemos y nosotros, que él sabe que lo sabemos. Así, nadie puede llamarse a engaño. Todo previsible y de sentido común. Los estallidos de ira generalizados al comentar la comparecencia (excepto en el PP, en donde los estallidos han sido de júbilo) son muestra de impotencia ante el peso inmutable de la mentira institucionalizada, de la postverdad. La comparecencia del hombre de los sobresueldos ha sido la apoteosis de la postverdad.

Estoy contento de haber colaborado con la justicia, dice, muy ufano. Todo falso. No está contento sino irritado, altanero y con su punto de chulería. No ha colaborado sino todo lo contrario: ha entorpecido cuanto ha podido y no ha aportado nada al proceso. Y, por la vergonzosa sesión que se vivió ayer en la sala, con los privilegios del testigo y la complicidad del presidente, esto tampoco es justicia. Por no ser verdad quizá ni lo sea que esté. Esté, del verbo estar. Vivir en la nube de la más hilarante patraña no es propiamente "estar".

Que la declaración iba a ser procesalmente inútil era evidente desde la citación. Pero había que hacerla y el declarante la escenificó a entera satisfacción del nutrido equipo que se la había preparado y con la oportuna y obvia ayuda del presidente del tribunal cada vez que el interrogatorio apuntaba a asuntos de enjundia. En realidad, el hombre solo ha conseguido aplazar su confesión inculpatoria a la vista de la siguiente pieza de la Gürtel, la de Bárcenas, con quien parece haberse pactado una especie de omertá. En el ínterin, a seguir mintiendo.

La televisión pública, TV1, no dio la comparecencia. En el reino de la postverdad o la más descarada mentira, la declaración del presidente del gobierno no es noticiable. En su lugar, los contribuyentes financiamos la emisión de un documental sobre el cultivo de las setas o algo así. Todas las demás teles la dieron y los digitales y todos los medios extranjeros. ¿Qué decir de este escamoteo de TVE? Pues lo que se decía en España durante la Segunda Guerra Mundial: "menos viajar y más leer el 'Informaciones'". Aquí, lo mismo: menos preguntar y más hacerse un curso de micología en la tele.

Las repercusiones políticas internas y exteriores de la farsa de ayer tendrán largo recorrido. Un recorrido de walking dead. Porque, en realidad, de acuerdo con todos los cánones escritos y no escritos de la cultura democrática, este presidente debió dimitir en aquel ya lejano momento en que se descubrió que habían estado (él y sus amigos) cobrando sobresueldos de una caja B. 

Son los walking dead de la mentira y la postverdad que, al principio, pretendieron defender la legalidad de esos sobresueldos siempre que se declarasen a Hacienda. Es decir, tratando de convertir un asunto político en uno de legalidad. El   problema no radica en la legalidad del cobro, sino en su moralidad, si es admisible que unas personas perciban una gratificación por dedicarse a la política por encima de lo estipulado en la ley.

Cuando empezó a entender que el asunto era de responsabilidad política, el presidente de los sobresueldos reconoció en sede parlamentaria haberlos cobrado, pero los llamó "pluses de productividad", como sucede, decía, en todas las empresas. Porque, en efecto, el PP es para estos corruptos una especie de empresa a la que se va a hacerse con un capitalito. 

Ayer volvió a quedar claro que Rajoy y los suyos habían cobrado los famosos sobresueldos, aunque se los volvió a bautizar con otro embuste, como "complementos" o algo así. Y todos procedentes de la caja B, símbolo y santo grial de la corrupción del PP. No hace falta seguir el desarrollo de los procesos penales. El mero hecho de haber cobrado sobresueldos deslegitima al presidente y resto de gobernantes y debiera suponer su dimisión inmediata por puro sentido de la decencia.

Al no haberse producido en todo este tiempo, es poco probable que vaya a producirse ahora por una mentira más en esta situación en que el debate público es tóxico. Sánchez puede desgañitarse pidiendo la dimisión del de los sobresueldos armado con un decálogo de exigencias, como un nuevo Moisés. No va a conseguirla. Iglesias apremia con la moción de censura. Pero, para que esta triunfe, se precisan los votos de los indepes catalanes, condicionados a un referéndum del que el PSOE no quiere oír hablar.

Es decir, seguirá el alegre festival de la corrupción a cargo de los políticos de los sobresueldos que continuarán haciendo sus fechorías de privatizar, renacionalizar, volver a privatizar, especular, recalificar y, en general, esquilmar el país por todos sus poros.

La derecha gobierna por inhibición de la izquierda; de toda la izquierda, el PSOE, Podemos, los republicanos catalanes. Es un caso patético en el que la mentira se mantiene por deserción de las verdades alternativas, que se refugian en nichos de conveniencia: al PSOE le interesa que sea el PP el que blanda la porra en Cataluña; Podemos necesita tiempo muerto para recomponerse ante unas elecciones. Los Republicanos catalanes quizá tengan más opciones. En principio, prefieren un gobierno del PP porque simplifica los trámites y permite movilizar más apoyos. Pero también podría argumentarse -y siempre con criterio pragmático- que le interesa más un gobierno de izquierda que, si no admite pactar un referéndum se comprometa a convocar elecciones anticipadas. Quizá eso dejaría expedita la hoja de ruta.

Rajoy no dimitirá. Lo único que quizá lo moviera a disolver las cámaras y convocar elecciones anticipadas sería el anuncio de una moción de censura con los votos de los indepes. En cualquiera de los dos casos, las elecciones anticipadas -esas que querían evitarse incluso a costa de dar el gobierno al PP- parecen inevitables porque la alternativa son dos años más de gobierno  de mentiras y corrupción institucionalizadas. Dos años más de cercenar el futuro de unas generaciones que esperan tener alguna oportunidad.

Por supuesto, las elecciones anticipadas abrirán un periodo de incertidumbre en el que nadie sabe cómo se desarrollará la hoja de ruta catalana desde el punto de vista de la parte española. Justo en el momento de mayor confusión, los únicos que tienen un blueprint son los indepes catalanes. Los nacionalistas españoles no tienen nada que no sea defender el estatu quo y, aun en esto, con diferencias profundas.

El relevo

A ver qué se nos ocurre a la vista de la profecía de La Vanguardia sobre las conclusiones de un órgano, la Ejecutiva del PSOE que aún no se ha reunido. Es lo que se llama estar al día... siguiente. La reunión quiere fijar una actitud común PSOE-PSC con una oferta concreta de negociación al bloque independentista, antes del 1/10. Esto implica que no se pide una renuncia explícita al referéndum. Sin duda, un paso en relacion al PP.

Porque el fondo de la decisión del PSOE de formular su propia vía catalana lo que hay (o debe haber) es un propósito de sustituir al PP en el gobierno. Mientras el PSOE sea la oposición, sus ofertas de diálogo son a calendas griegas. O accede al gobierno con el suficiente apoyo parlamentario o aquellas son inviables. Dependen del acuerdo de una derecha ya decidida a una política de confrontación de la que espera buenos réditos electorales. Son ilusorias. Incluso arrancando de una base de escaso (por no decir nulo) entendimiento como es el rechazo frontal al referéndum con el consabido latiguillo de la legalidad.

Para que el PSOE llegue al gobierno sin que haya elecciones anticipadas, tiene que ganar una moción de censura. Esto solo es posible con los votos de los independentistas catalanes. El punto central de la negociación es este. ¿Pueden ceder ambos en algo? ¿En qué y a cambio de qué? Un hipotético gobierno de izquierda podría gestionar la crisis pactando un referéndum (como esperan nuestros socios internacionales) y negociando tiempo y pregunta. Lo importante de una negociación es que haya propuestas. No necesitan ser perfectas desde el comienzo.

Dos adversarios de cuidado tiene esta propuesta. Uno viene de las filas del propio PSOE. No es seguro que la regeneración democrática impuesta por la rebelión de la militancia se haya transferido a la concepción de España como nación. Solo mentar el referéndum levanta ronchas en sectores del partido. Habrá que estar a lo que decida la Ejecutiva de hoy. Al respecto es bueno recordar que, por compromiso electoral de Sánchez en primarias, estas cuestiones se someterían a decisión de la militancia. Háganlo. Atrévanse. Sometan este plan (u otro parecido que lleve el voto favorable de los indepes) a la decisión de la militancia. Lo que salga de ahí se someterá a la decisión del electorado.

El otro adversario es la derecha. La amenaza de una moción de censura propiciaría una disolución del Parlamento y unas elecciones anticipadas que coincidirán con el referéndum catalán.

El fracaso del gobierno es tan patente y los riesgos que entraña la necesidad de taparlo con algún conflicto de envergadura tan obvios que no se entiende por qué no se ha presentado ya esa moción de censura.

La corrrupción como una de las bellas artes

¿Recuerdan esas películas del Oeste en las que el personal se lía a mamporros en mitad de un barrizal en un pueblo perdido de Alaska? Todos quedan cubiertos de fango y siguen atizándose sin saber ya por qué. Este asunto de las alcantarillas de ministerio del Interior se parece mucho. Desde el ministro santurrón al último detective privado, estilo Philip Marlowe, la amplia variedad de cargos, carguillos, comisarios, delegados, subcomisarios, policías, soplones, políticos en esta ciénaga de la "operación Cataluña" todos embarrados hasta las cejas, ya no permite distinguir a unos de otros, cosa, además, inútil, pues todos van a lo mismo: a llevárselo crudo y acusar a otros de hacerlo. En ese clima de verdaderos hampones suena la divertida advertencia del portavoz del PP, Martínez Maíllo, sosteniendo que la próxima comparecencia del presidente del gobierno como testigo ante un tribunal que está juzgando la presunta corrupción de su partido se inscribe en la normalidad democrática. Ignoro qué entienda Maíllo por "normalidad" y por "democrática", cuenta habida de que eso no ha pasado jamás en España y dudo de que lo haya hecho en alguna otra democracia. Y de ser tan normal, no se entiende que el presidente quisiera comparecer poco menos que por skype. La normalidad democrática manda que baje al barro. Al fin y al cabo es el suyo.

¿Y esas otras historias de mafias de los negocios de la construcción, gangsters de Chicago que hacen desaparecer a sus enemigos en bloques de hormigón, usados para construir rascacielos con trampas acordadas con autoridades municipales corruptas? No se diga que exagero. Algún testigo de la Púnica (el emporio de Granados) denuncia haber recibido amenazas de muerte. Estos de la Púnica parecen poderosos y con influencias. Las suficientes al menos para vaciar las carpetas y archivos de la Comunidad con documentación de gran fuerza probatoria. Nada menos que los contratos claves de la Púnica con la Administración. La explicación es que se han "traspapelado" y que sus carpetas "están vacías". Quienes hayan sido capaces de hacer desaparecer una parte del cuerpo del delito, probablemente estén en situación de proceder de igual modo con alguna persona incómoda. No al estilo de Chicago, pero sí al más berlanguiano, de ahogarla en el Manzanares. Ese toque de Berlanga explica muchos aspectos de la corrupción española. Por ejemplo, la conga que se marcaron los peregrinos a Lourdes con cargo al erario.

Berlanga es solo una parte de la vis artística de la corrupción. La otra, inevitable, es Valle-Inclán. La corte de los Borbones de la tercera restauración, con un exrey que lo es por borbonear y una familia real tan popular que no solo se codea con plebeyos, sino también con delincuentes, es tan animada como la de su antepasada Isabel II. Y con Valle, aparece la Iglesia, cuya posición en esta España no confesional del XXI es tan peculiar que hasta la UE ha debido advertir -con la legislación mercantil en la mano- que la exención fiscal a las actividades empresariales de la Iglesia es ilegal. En España, las luces vienen siempre de fuera porque aquí el personal está en la luz interior del misticismo, gracias a la cual el país se ha enterado de que la Iglesia es un Estado dentro del Estado, que no paga ningún tipo de impuesto: sucesiones (claro), IVA, IBI, IRPF, Sociedades. Nada. En cambio, recibe una subvención pública de miles de millones de libre disposición. Con ese dinero, entre otras cosas, financia canales audiovisuales de extrema derecha y sin contar con la presencia de los obispos en la radiotelevisión pública. Así, gracias a Dios, toda la ciudadanía, incluidos los homosexuales, puede enterarse en la misa del domingo por la mañana de que la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura administrada por el obispo telepredicador. 

Esta permanente injerencia del clero en la vida pública da tipos humanos muy parecidos a los de las novelas de Pérez Galdós. Algunas mujeres directa o indirectamente relacionadas con la corrupción tienen toques galdosianos: Aguirre, Cospedal, Cifuentes o la mosquita muerta, consejera de educación en Madrid, Lucía Figar, que se gastaba los dineros públicos en campañas en las redes para embellecer su imagen de virgen prudente. Y los hombres no se quedan atrás, con esos empresarios enchironados o a la defensiva, como Díaz Ferrán o Arturo Fernández, por no hablar de los empresarios del hampa, como Correa o su adlátere el Bigotes, emblemas del machismo delictivo. Ahí están las novelas del llorado Chirbes, continuador malgré lui-même de la tradición galdosiana para dar el trasfondo.

Es patente que este gobierno no puede gobernar; no es en absoluto "normalidad democrática" que el presidente vaya a declarar en un proceso penal; y mucho menos que su declaración se ajuste -como se ajustará- al "no sé", "no me acuedo", "no me consta" y "esas cosas las llevaba mi marido" de la Infanta. Será imposible evitar el titular de prensa de Rajoy se marca una infanta. 

Esta irrisión general no puede seguir así, sobre todo porque sus responsables pretenden ocultarla encendiendo un conflicto en Cataluña. Y la única manera de pararlo es una moción de censura. A ella puede el gobierno responder con una disolución y convocatoria de nuevas elecciones (siempre que se respeten los pasos establecidos) pero, en cualquiera de los dos casos, se habrá puesto fin a una situación agónica que no se sostiene.

La banda

Es bueno esto de llamar a las cosas por su nombre. El de banda es sumamente apropiado para un partido que, además de contar con 900 personas imputadas en sus filas, él mismo está imputado penalmente como partido por considerarlo los jueces una asociación de presuntos malhechores. Una banda, evidentemente. Pero una banda que gobierna, que hace y deshace leyes, interfiere en la acción de la justicia, utiliza las instituciones a su servicio, se hace propaganda a través de los medios de comunicación públicos y compra los privados.

Esta banda tiene ahora dos frentes abiertos: el de la corrupción y la financiación ilegal del partido y el de las operaciones de guerra sucia del ministerio del Interior en contra de los adversarios del PP, los independentistas catalanes y los de Podemos.

En el frente de la corrupción es poco lo que queda por decir y mucho probablemente por ver. El desfile por los juzgados de los tesoreros y dirigentes del PP, colaboradores de Aznar es una especie de metáfora de una ristra de chorizos. Gentes de orden, desde luego, patriotas, antiabortistas, fieles a la Iglesia que no sabían que en su partido había una caja B., se robaba a espuertas y, con el sobrante, se financiaban campañas electorales que terminaban en apabullantes mayorías absolutas.

Esa constelación de casos vergonzosos, la Gürtel, la Púnica, Lezo, etc es el resumen de una época de latrocinio neoliberal generalizado. Y su demostración es tan indignante como palpable. Los 60.000 millones de euros de dineros públicos que se ha llevado la banca coinciden con los 60.000 millones que el gobierno ha sustraído del Fondo de las pensiones. Obvio: el gobierno ha empleado el dinero de los pensionistas en beneficiar a la banca (lo del "rescate" es un eufemismo). No menos obvio: ahora no hay dinero para pagar la extra de los jubilados.

Ese es el resultado de la banda. Lo llaman "crisis".

El segundo frente es el de la supuesta guerra sucia del ministerio del Interior contra Cataluña. La comisión parlamentaria que investiga este nauseabundo asunto (incluida la creación de una presunta policía política) pide visionar el documental sobre las cloacas de Interior. Se trata de desbloquear esa Comisión y dar publicidad a unos comportamientos de las autoridades que, según parece, vulneran la ley, son un delito y algo absolutamente contrario al Estado de derecho, que queda reducido a la nada cuando quien delinque es el encargado de hacer cumplir la ley.

Rumbo al gobierno. A mí la mayoría

El compromiso de Sánchez es claro: Voy a trabajar para buscar una mayoría parlamentaria alternativa al PP. Y también es sencillo. Tanto que casi no es trabajo si se trata de mayoría absoluta para desplazar al gobierno. Una posibilidad es la de PSOE, Podemos y C's, y la otra, PSOE, Podemos, JxS y Bildu, por ejemplo. La primera parece imposible por la incompatibilidad entre Podemos y C's. La segunda trae el escollo de los votos independentistas.

Para las mayoría relativas, la fantasía es libre aunque, claro, las hay más verosímiles que otras. Una razonable sería la de PSOE y Podemos, que no tendría el escollo independentista, pero estaría al albur de votaciones conjuntas PP y C's.

Las opciones son escasas e insuficientes. Probablemente por eso un ufano Rajoy anuncia que terminará la legislatura porque no ve alternativa. La moción de censura de Podemos ha sido un exitazo. Ha servido para consolidar al gobierno y también a la otra oposición en cuanto partido y liderazgo. Y un liderazgo que se ejerce desde fuera del Parlamento. Eso es "nueva política" a tope, ¿no? Habiéndolo intuido así, a Sánchez se le ha disparado el estro y se ha declarado continuador o representante o algo parecido del 15M en medio de feroces críticas e insultos. Demagogo, falso, oportunista, aprovechado. Sin embargo, paradójicamente, si alguien hoy puede esgrimir el ¡no nos representan!, es él, que lo hace desde la calle. Como peripecia vital, incluso, que da mayor pábulo a la leyenda, esa que empezó a forjarse en torno a su figura como "el relato". Ahora sube un peldaño más y puede, con razón, exclamar ¡no me representan!

Si Rajoy no obedece las reiteradas invitaciones a dimitir, la mayoría parlamentaria alternativa  puede querer decir dos cosas: una nítida y clara y otra confusa y variable. La nítida y clara es un gobierno salido de una moción de censura del PSOE y Podemos con los votos favorables de JxS y seguramente Bildu. La única condición sería que ese gobierno propusiera un referéndum pactado en Cataluña, habiendo negociado fecha de celebración y pregunta. Pero con todas las garantías para una votación en libertad.

La forma confusa y variable de la mayoría parlamentaria alternativa sería la que no aspirara a formar gobierno y se contentara con ser oposición pero pretendiendo imponer la política al gobierno, es decir, gobernar desde el Parlamento. No estaría mal si el Parlamento tuviera el coraje de la Convención Nacional francesa de 1792, la que abolió la Monarquía afirmando que "los reyes son al orden moral lo que los monstruos al físico. La corte es el despacho del crimen, el hogar de la corrupción y la guarida del tirano". Mas no parece ser el caso, sino al contrario pues ayer mismo el Congreso del PSOE daba carpetazo a la insolente urgencia de sus juventudes en proclamar la III República. Una oposición de geometría variable, bajo la presión de unas elecciones anticipadas y en la incertidumbre de los cambios en las alianzas caso por caso. Si añadimos el ya expresado propósito del gobierno de instar al Tribunal Constitucional a que ampare su "derecho" a vetar legislación en virtud de criterios presupuestarios, concluiremos que la idea de articular una mayoría parlamentaria alternativa, si no es desde el gobierno, es una quimera.

En realidad, solo queda ejercerla desde el gobierno. Uno de PSOE y Podemos con el apoyo parlamentario de JxS, a cambio de un referéndum pactado en Cataluña, una opción que apoya el 80 por ciento de la población catalana. Algo a lo que un gobierno de izquierda no puede ser indiferente. Y debe demostrarlo con hechos. Si se propuso como alternativa a la derecha deberá serlo también en la cuestión territorial; deberá ser capaz de encontrar alguna forma de negociación que evite el tantas veces mencionado "choque de trenes".

Dado que el referéndum no es un fin en sí mismo sino un medio, al aceptar uno pactado, cabe negociar la pregunta. Si la izquierda tiene algo que ofrecer, digamos a medio camino entre el estatu quo y la independencia, por ejemplo, ese federalismo tan celosamente guardado, es el momento de hacerlo y ver qué apoyo concita. Incluso es el momento de ofrecer alguna idea de planta nueva para romper con el marco tadicional de la derecha que tiene cautiva a la izquierda.

Después del enésimo fracaso de la derecha española al gestionar el país, la izquierda está obligada a constituirse en alternativa y a hacerlo teniendo por una vez el valor de sus convicciones. El aparente oxímoron de reconocer la soberanía una del pueblo español y su plurinalicionalidad apunta a un momento constituyente, o "destituyente", como dice Miguel Urbán, de Anticapitalistas. Un momento de acción.

Y así es como debe entenderse. No como una propuesta estática de que una cosa puede ser ella misma y su contraria al mismo tiempo en contra de la lógica, sino como una dinámica: una cosa puede convertirse en su contraria. Si el amor puede y suele convertirse en odio, lo demás, por añadidura.

La profundización del carácter purinacional de España obliga a no reducirlo a lo meramente cultural sino a reconocerle su plena función política. Corresponde a las naciones del Estado determinar de común acuerdo qué forma de organización quieren darse si quieren darse alguna.

Se entiende la propuesta federalista del PSOE salida de la Declaración de Granada y hasta cabe conceder que se haga de buena fe. El problema es que es irrelevante. No por el federalismo en cuanto tal que seguramente será perfecto, sino por el procedimiento para establecerlo. Una decisión mayoritaria del soberano español que obliga a la minoría nacional catalana es inevitablemente sentida por esta como una nueva imposición desde fuera, otra vez café para todos, siendo así que la reclamación del independentismo es un tratamiento diferenciado de Cataluña como nación que es en plenitud de sus derechos.

Sería más avisado, a mi entender, no empeñarse en una fórmula federal como propuesta de partido, sino estar dispuestos a acordar otra de otras características que pudiera ganar acuerdo del independentismo. Y ¿qué forma podría tener? Ahí, justamente, está el meollo de la política, en la capacidad para imaginar soluciones acordadas a problemas que parecen no tenerlas.

Esa moción de mucha censura y poca moción

Las lectores más veteranas de Palinuro recordarán que este se pasó media legislatura (la Xª, la de la mayoría absoluta de un PP descontrolado) pidiendo una moción de censura (MC). Pero el PSOE estaba entonces en una oposición puramente nominal. En nombre de los “pactos de Estado”, término rimbombante que encanta a Rubalcaba, este impidió que los socialistas fueran oposición real a un gobierno autoritario, depredador, que estaba provocando la fractura de España.

Esa era la obsesión del entonces SG del PSOE, la unidad nacional, en cuyo nombre promovió la Declaración de Granada, embarcando al partido en las procelosas aguas federales y selló con Rajoy un pacto perfectamente inútil pero hosco y amenazador para el independentismo catalán, la Ley de Seguridad Nacional.

¿Cómo iba a presentar MC al PP su más firme aliado? Las consecuencias fueron desastrosas: en 2011, con Rubalcaba de candidato, el PSOE perdía más de cuatro millones de votos y más de cincuenta diputados. Notable despeñarse en un tiempo en que aún no existía Podemos. Rubalcaba terminó su labor de derechización del PSOE y promovió la candidatura de Sánchez a la SG por creerlo firme patriota español, como él mismo. A fe que Sánchez empezó sobreactuando, envuelto en una bandera rojigualda, como un prócer latinoamericano y ofreciendo el remedio de “más España” para los males de España. ¿No quieres sopa? Dos tazas. Al Sánchez de aquella legislatura, acosado por las redes baroniles del PSOE, lo de una MC le sonaba a chino mandarín.

Todo en orden y la Patria a salvo. Pero los cónsules vigilaban y bastó que Sánchez insinuara o diera motivos para sospechar que estuviera insinuando la conveniencia de un diálogo con los nacionalistas (los otros, claro) para que quienes le encumbraron al Olimpo de Ferraz lo arrojaran al profundo Tártaro. Conocemos la función. La encargada de consumar el hecho fue Díaz, empujada a partes iguales por su ambición y su inexperiencia. El frente de conjurados patrióticos (todos presentes en el Ifema como en un sepelio) no se dio cuenta del error de haber amparado esa candidatura hasta que ya fue demasiado tarde.

Quien sí lo hizo, con la celeridad que le caracteriza, fue Podemos. Dio ingenuamente por buenos los vaticinios de los medios de la victoria arrolladora de la candidata al frente del aparato sobre un infeliz afuereño que venía buscando revancha. Un error de cálculo de principiante. Díaz tenía que hacerse con la SG y el PSOE y el PP sellarían una gran coalición a cuenta de Cataluña, lo cual permitiría a los morados mostrar la prueba empírica de su teoría de las “dos orillas”: en una, el bloque de la derecha (PP, PSOE y sus nouveaux nés) y en la otra la verdadera, la auténtica, la única izquierda. Así se vería escenificado en una MC.

Un espectáculo, decía ayer Rajoy en tono despreciativo, como si dijera, un simulacro, de esos que practica él con asiduidad. Claro que la MC es un espectáculo, como los que protagoniza el propio Rajoy cuando comparece en plasma, por ejemplo. La política tiene mucho (no todo) de espectáculo.

Lo extraño es que alguien tan avezado en lo espectacular no previera el giro que tomarían los hechos, cuando el afuereño dubitativo se convertía en una resplandeciente ave Fénix y encandilaba a la militancia, a los votantes y a buena parte de los medios. Al verse ensombrecido, Podemos aceleró la MC y la introdujo en el debate de primarias con el objetivo obvio de arrebatarle protagonismo mediático. Cosa inútil.

Al final, quedaba claro que la MC no era contra el gobierno, pues no se negoció previamente a su anuncio con ningún partido de la oposición, sino contra parte de esa oposición, contra el PSOE, vieja querencia del alma comunista que anida en Podemos. Se lo dijeron todos ayer, incluido, lo que ya es el colmo, el presidente del gobierno, que se lo tomaba todo a beneficio de inventario pues traía escritas las respuestas a unas intervenciones que aún no había escuchado.

Se lo dijeron también los demás, muy señaladamente los catalanes de JxS haciendo ver al candidato que no podían votar a su favor cuando ni él mismo se aclara en las cuestiones básicas del referéndum, el demos y la legalidad de la consulta. Cuestiones sobre las cuales, sin embargo, los anticapis ya han pasado el Rubicón de la unilateralidad. Y cuestiones, también, que ponen de relieve cómo la llamada "cuestión catalana" es, en realidad, la cuesstión española. 

La MC fracasa y no consigue adhesiones. Ni siquiera puede utilizarse políticamente, como hizo Felipe González con la que se enfrentó a Suárez. Al contrario, la conclusión de esta iniciativa es que aquí no ha surgido un líder, ni un partido, ni un proyecto. Rajoy para rato porque no hay alternativa.

Pero sí la hay. Justamente el fragor de la trifulca parlamentaria llegaba a los oídos del apartado SG del PSOE quien, retirado como Cincinato a sus posesiones en Ferraz, espera que la República lo llame para salvarla de un inminente peligro. Y, con él, llame a su partido. A la sombra, pues, hay hoy un líder y un partido que se sitúa en la izquierda y solo está a falta de concretar su programa en el próximo 39 Congreso.

Ese líder y ese partido tienen la obligación política de promover la destitución de Rajoy, como se prometió en las primarias. Por dimisión a instancia propia, mediante reprobación o, llegado el caso, una MC. Pero una nueva. Este es un punto importante en las discrepancias sobre las distintas MC de que se habla. Una de las discrepancias más claras es si se presentan de buena o de mala fe. La de Podemos es de la segunda categoría, pues se presenta sin negociar nada previamente, como una imposición, un trágala, un hecho consumado. Estás conmigo o contra mí. Los de Podemos creen haber hecho bueno ese defecto de procedimiento a base de ofrecer la retirada de su propuesta si el PSOE presentaba una suya, incluso con su candidato.

No entienden que decir a los demás lo que tienen que hacer a base de ofrecerles algo en lo que no están interesados no tiene futuro en la política. Ni en la vida civil. 

El caballero de la orden del chisme

La capacidad de Rajoy para simplificar lo más complejo en términos toscos es fabulosa. "Chisme" le parece la dimisión de un fiscal anticorrupción. "Algarabía" se le antojaba una Diada de dos millones de personas en la calle en Cataluña. "Chisme" podría ser que él se haya equivocado al votar los presupuestos y "algarabía" la que suelen montar las bancadas del PP en las diferentes asambleas (municipal, autonómica, estatal) cada vez que se debate sobre sus fechorías que es más o menos, siempre. En absoluto. Esos no son ni chismes, son business as usual.

La Política es algo distinto. Sostiene el presidente de los sobresueldos que "política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, etc." Un fiscal anticorrupción dimisionario por presunta corrupción no es grande; una Diada de millones, tampoco. ¿Qué es "a lo grande"? ¿El ejemplo es Ignacio González hoy entre rejas por hacer las cosas a lo grande a través de la Política? 

"A lo grande", dice un sujeto citado a declarar como testigo en un proceso a su partido por presunta financiación ilegal que lo salpica de lleno porque se alzó con la victoria, al parecer, con esa financiación ilegal. A lo grande. 

Lo del fiscal anticorrupción no es un "chisme" y, además, no es él solo. Son tres piezas: otro fiscal y un ministro de Justicia, los tres reprobados por el Parlamento. Reprobados por hacer lo contrario de lo que se supone deben hacer como servidores públicos del interés general, no el de un partido y menos el de un investigado. 

Llegados aquí, la verdad, da pereza seguir acumulando agravios. No hay día sin acto corrupto. Esto parece una verbena de hampones de todo tipo. Mientras Rajoy habla de "chismes" le sale un cargo de su partido (un exjefe de gabinete de Villalobos) guardando, como hormiguita previsora, 146 lingotes de oro en Suiza. Cada cual pondrá sus lingotes de oro donde quiera, faltaría más; lo interesante es de dónde vienen, si están declarados, el carácter del propietario y el hecho en sí. Nada extraño sería que mañana supiéramos de un presidente de Comunidad o de Diputación que se ha llevado todos los cuadros de un museo, sustituyéndolos por copias.

Es una situación que recuerda esos cuadros de flamencos, de Jan Steen, Teniers, Breughel, etc que retratan riñas y fiestas de campesinos en las que corren los porrones y los mamporros. González ha metido en el baile a cuenta de La Púnica a un expresidente de Castilla y León, actual alcalde de algún sitio y la señora Cifuentes lucha denodadamente por mantener su rubia cabeza por encima de la ciénaga de la Comunidad de Madrid, enzarzada en una lucha de corrala tan chulapa como vergonzosa. 

Esto es una zarzuela en la que los jueces están en almoneda, el Parlamento carece de autoridad y el gobierno está en manos de un partido imputado en un proceso penal. Del resto, ya no hablamos. Una zarzuela de la España eterna. Si alguien cree que exagero, que mire este vídeo en el que un grupo de peregrinos españoles que viajan a Lourdes a cuenta del contribuyente se marca una conga al ritmo de "¡Viva España!"  Son guardias civiles, militares, curas con un par de agentes franceses. Pues eso. Unos condecoran vírgenes en nombre de Bakunin y otros en recuerdo de Francisco Franco. 

Lo único que cabe hacer aquí es convocar un pleno del Congreso de reprobación a Mariano Rajoy, responsable del desastre en que se encuentra el país. Para ello es imprescindible que los dos partidos de izquierda se entiendan. Que dejen de atacarse y aúnen fuerzas para conseguir una mayoría absoluta a favor de la reprobación. La moción de censura de Podemos fue extemporánea y lo mejor que puede hacer es seguir su curso y fenecer de muerte natural y sin cainismos. A su vez, el PSOE puede sumplir su anunciado propósito de pedir la reprobación y dimisión de Rajoy y, de no producirse esta, quedaría expedito el camino para una nueva moción de censura con un acuerdo de los dos partidos de la izquierda, con el apoyo de todos los demás, exceptuado C's y la candidatura de Sánchez a la presidencia. Caso de conseguir mitigar los ardores narcisistas, fuertes por estos pagos.

Si tal cosa es posible depende casi en exclusiva del enfoque que se dé a la "cuestión catalana". El de la derecha ya se conoce: ruptura de diálogo y represión hasta sus últimas consecuencias y por todos los medios que arbitra la Constitución, que son todos. ¿Y el de la izquierda? ¿Es distinto? ¿En qué? ¿Serviría para entenderse con los catalanes? Se podría aceptar el referéndum negociando la pregunta y, en cuanto a su carácter de vinculante o consultivo, la izquierda española tiene una aliada nada desdeñable en la izquierda catalana no independentista, lo cual le da bastante fuerza negociadora.

No es probable que el bloque independentista acepte rebajar el carácter del referéndum pues las posiciones están claras, aunque nada hay definitivo en esta vida, salvo la muerte. En todo caso, no será preciso llegar a este punto porque es poco probable que el Congreso del PSOE dé un mandato a Sánchez para negociar una fórmula con referéndum consultivo. Y, no siendo esto, tampoco lo será que se forme un gobierno de izquierda. 

Esta última parte del post era una ensoñación utópica.

Habla la autoridad

Todo es relativo. A Rajoy el país no le parece corrupto. A otro, en cambio (a muchos, en realidad), puede parecerle que un país gobernado por un presidente presunto cobrador de sobresueldos en B y citado a declarar por los tribunales es corrupto. Seguramente se lo parecería al mismo Rajoy sino se tratara de su persona. Así que el hecho de hablar de corrupción, siendo él el responsable político de todos los corruptos, entra dentro no ya de desfachatez, sino de la chulería matonesca de esta derecha criminógena y comecirios.

En todo caso, es cierto, el país no es corrupto: sus ríos, montes, llanuras, nubes y cielo no están corruptos. Pero su gobernación sí y de arriba abajo, pues depende de un partido con 800 imputados y al que los jueces consideran una presunta asociación para delinquir. Un partido presidido por el mismo que niega la corrupción que lo afecta. Y, por si alguna tenue esperanza hubiera, repasen los últimos actos del gobierno, su partido y sus amigos en la judicatura:

Mantienen en sus puestos a un ministro reprobado y un fiscal cuestionado.

Nombran para presidir la sala de lo penal de la AN a una jueza apartada de un caso de la Gürtel por evidente amistad con el PP.

Nombran para presidir una comisión de investsigación del caso Lezo, que afecta directamente a Ignacio González, a un cuñado suyo.

Nombran para presidir una comisión de lucha contra la corrupción a Manuel Cobo quien, efectivamente, la denunció en su día, pero que, a su vez, sigue en investigación por actos realizados durante su pertenencia al gobierno de Ruiz Gallardón.

La corrupción es total. Gobierna una banda de presuntos delincuentes cuya única preocupación es colonizar las instituciones públicas, robar a manos llenas del erario y controlar el poder judicial, llenarlo de clientes y deudos para irse de rositas con lo apandado.

No, el país de  Aguirre, "el Albondiguilla", Arenas, Aznar,  Baltar, Bárcenas, Barberá, Bernard, "el Bigotes", Blesa, Botella, Camps, Chaves, Correa, Cospedal, "el curita", Dancausa, Espejel, Fabra, Gallardón, González, Granados, Griñán, López, Matas, Mato, Millet, Moix, Pujalte, Rajoy, Rato, Pedro Antonio Sánchez, Sepúlveda, Soria,  Trillo, Urdangarin, Villarejo, no es corrupto. ¡Qué va!

Los réprobos

Lo que le faltaba al gobierno y a su partido es juntar a las partidas de corruptos, delincuentes y presuntos delincuentes, incompetentes y meapilas, ahora una de réprobos. Y ya la tiene: un ministro, un fiscal general y uno anticorrupción reprobados por todo el Parlamento a excepción, claro, de ellos mismos. La reprobación es una figura política, moral, carece de efectos jurídicos y los réprobos conservan sus cargos porque cumplen el requisito legal esencial de contar con la confianza de su superior. Enseguida se ha formado la jerarquía del mando: el anticorrupción cuenta con la confianza del general, que cuenta con la del ministro, que tiene la de Rajoy. Y Rajoy cuenta con la confianza ¿de quién? Curiosamente de ese mismo Parlamento que ahora reprueba a su ministro (y sus subalternos) y que, si quiere ser coherente consigo mismo, tendrá que reprobar también al propio Rajoy.

En esa reprobación se encuentra la izquierda. Si gana las primarias Sánchez, el PSOE parlamentario pasará a pedir la dimisión, o sea, la reprobación de Rajoy. Esa reprobación, votada por toda la oposición menos C's se impondría y Rajoy no tendría más salida que dimitir o convocar elecciones anticipadas. Por supuesto, esto no sería así si ganara las primarias Susana Díaz o si, perdiéndolas, el grupo parlamentario socialista se rompiera con una cantidad de diputados negándose a la moción de censura; y según cuántos fueran. Si eto sucediera, pasar a la moción de censura tendría un valor político y simbólico, pero tampoco jurídico, al no alcanzar la mayoría absoluta.

La izquierda no puede seguir cediendo terreno porque, al final, aquí se reimplanta un régimen autoritario. Gobierna el país un político bajo sospecha que lo gobernó casi autocráticamente con mayoría absoluta en la Xªlegislatura, que se negó a someterse al control parlamentario durante el año que estuvo en funciones y ahora sostiene que le asiste un poder de veto sobre la legislación del Parlamento que, a su juicio, altere el presupuesto. Como es patente, a un gobierno así le parece anecdótico tener un ministro y dos fiscales superiores reprobados por el Parlamento. La idea de la responsabilidad política para la derecha es como la del maligno. Aquí no dimite nadie que se haya calzado un puesto de poder desde el que manipular, favorecer los intereses del grupo, enriquecerse, hacer sus chanchullos, porque entonces padece la seguridad jurídica de la empresa. La empresa de un partido político, presunta asociación de malhechores, que se ha infiltrado en las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de sus ilícitos fines.

El contenido de las grabaciones de Ignacio González, figura de comic, en las que reconoce que algún día lo trincarán con una flema casi estoica revelan el espíritu de esta mafia: la responsabilidad política es una quimera; solo se dmite cuando te llevan ya esposado. Cosa difícil porque en este reino del hampa, los fiscales están para proteger a los delincuentes e impedir que se los procese; los abogados del Estado para defenderlos contra ese mismo Estado y los jueces para hacer y decir lo que interesa a los que mandan, quienes han llegado a mandar por robar y para robar.

La única posibilidad de que los réprobos comprendan que una justicia de réprobos solo puede ser reprobable es apelar a su conciencia. Un ministro de Justicia no puede mandar un mensaje privado de ánimo a un presunto delincuente. Un fiscal no puede tomar decisiones que se revelen como entorpecedoras de la recta justicia. O ¿sí, pueden? Eso depende de su conciencia, y cuando esta es tan ancha para sí misma como estrecha para sus adversarios, en verdad, no cabe contar con ella.

Un gobierno compuesto por ministros cuestionados o reprobados y un presidente bajo sospecha, ¿con qué autoridad se enfrenta y trata de resolver el conflicto catalán? Y todavía peor si quien ha de enfrentarse al tramo final de la hoja de ruta independentista es ese mismo gobierno, pero en funciones. 

Esto es lo que se llama visión política. 

La de una izquierda enzarzada en su cainismo que no ha comprendido el meollo de la cuestión: la derecha va a la confrontación y la polarización porque no cree en la democracia como solución pactada de conflictos; cualquier apoyo que se le preste en ese sentido, aunque sea invocando intereses sublimes, como el de la nación (o quizá por ello) será un paso hacia la destrucción de la democracia. De esa democracia de la que depende la izquierda y que esta debiera fortalecer mediante su unidad de acción por encima de intereses y dogmas. 

La confianza de Rajoy

Curiosa la respuesta del ministro de Justicia a la pregunta de si va a dimitir. Se da de bruces con dos experiencias de dominio común: una, la de que la confianza de de Rajoy no sirve de nada; dos, que no está Rajoy para otorgar confianzas.

La confianza de Rajoy no sirve de nada. De ellan disponían Mato, Soria, Bárcenas, Camps y demás casos excelentes servidores públicos. Disponían hasta que dejaban de disponer.

No está Rajoy para otorgar confianzas. ¿Quién se la otorga a él ante la petición de dimisión de Sánchez y la anunciada moción de censura de Podemos? 

La continuidad del ministro no puede depender de la confianza de alguien que no tiene autoridad para otorgarla. Y, aunque fuera así, como es de hecho, debe admitirse que también dependerá del juicio objetivo que merezcan sus actos. Todo el comportamiento del ministro, desde el mensaje estilo "sé fuerte" al detenido González hasta el inmenso lío con los fiscales y la supuesta injerencia del ministerio -o sea, el gobierno- en la administración de justicia prueban que su posición política es insostenible. Su reprobación la semana que viene está más que justificada, como lo están la petición de dimisión de Rajoy, de Sánchez, y la moción de censura de Podemos.

El ministro no puede comparecer en el Parlamento a refutar las acusaciones a base de negar los hechos, por lo demás palmarios. No puede ignorar que el Fiscal general tiene una denuncia contra el Fiscal anticorrupción, cuya ideoneidad para el cargo está cuestionada por todas partes. Aquí la cadena de confianzas se alarga: el Fiscal anticorrupción tiene la confianza del Fiscal general que la tiene del ministro, que la tiene de Rajoy que no se sabe de quién la tiene pues no cuenta con la mayoría de la opinión, ni del electorado, ni del Parlamento. 

No es solamente que el estado de la administración de justicia sea desastroso y con pinta de empeorar. Es que el conjunto del sistema político está gripado por la corrupción. El país está gobernado por personajes que dedican más tiempo (y recursos públicos) al cultivo de su imagen y sus estrategias mediáticas y procesales que a sus tareas de gobierno. Podría proponerse una entrada en el Guinness: el partido político con mayor cantidad de dirigentes y militantes procesados en delitos comunes en el más breve tiempo.

La dimensión del caso Lezo ha llevado al juez a trocearlo en seis piezas. Si se tiene en cuenta que emergen de continuo vínculos y relaciones entre Lezo, la Púnica y el caso Gürtel  puede calibrarse la densidad de esta red de presuntos delincuentes que engloba a las instituciones y el conjunto de la administración en todos sus niveles. Y qué capacidad de gobierno tienen unas personas literalmente acorraladas en lo judicial y lo parlamentario.

El PP solicita que Rajoy declare por videoconferencia. Sin duda se trata de evitarle la llamada "pena del paseo", aunque no se ve que haya razones para ello. Camina con frecuencia y garbo, no tiene impedimento alguno, dispone de abundante tiempo libre, ¿por qué no acudir en persona y ahorrar a la ciudadanía ese espectáculo del plasma?

Además, aunque la declaración se haga de esta guisa, y recordando que Rajoy es el presidente de un partido que más parece una asociación para delinquir, ¿quién asegura que en otra pieza de otro proceso conexo las partes no requieran la comparecencia del presidente de nuevo, como testigo o, incluso investigado?

El PP no está en condiciones de asegurar la gobernación del país. De ahí que sea tan importante el resultado de las primarias del PSOE. En ellas se juega la orientación del partido socialista en uno u otro sentido de un dilema: apoyar la continuidad del gobierno del PP con una oposición, para entendernos, "constructiva" o propiciar la salida del PP con una alianza de la izquierda de bloqueo.

De momento, en esta pelea, Rajoy parece haber depositado su confianza en Susana Díaz y eso puede tener consecuencias catastróficas para la candidatura de esta. Y, recuérdese, en cualquiera de los dos casos, nadie puede descartar la convocatoria de unas elecciones anticipadas, con un resusltado imprevisible.

El Estado de derecho no funciona

Es una convicción generalizada a la vista del estado de la administación de justicia, su principal soporte. La gente normal, la ciudadanía no comprende episodios que pueden tener muy sólidos fundamentos pero resultan escandalosos. Nadie entiende que una tuitera sea condenada a años de cárcel por hacer chistes sobre Carrero Blanco y los fascistas puedan realizar actos públicos de exaltación de sus modales impunemente. Que los rateros, los autores de hurtos de menor cuantía, los falsificadores de moneda, las bandas de robacoches sean perseguidas, juzgadas y condenadas con celeridad y los presuntos autores de grandes estafas, apropiaciones indebidas millonarias, anden en libertad con procesos que se eternizan y, al final, quedan en casi nada, como ha sucedido con el caso Urdangarin.

Eso es lo que la gente ve, lo que escandaliza y no se entiende, hasta que salen a la luz las maniobras del PP para poner a su servicio el poder judicial y obstruir cuanto pueda la acción de la justicia. Entonces se atan cabos y se va viendo cómo este desastroso estado de cosas no se debe a motivos misteriosos, incomprensibles, genéticos o telúricos sino que se debe al deliberado propósito del partido del gobierno por interferir en la acción de la justicia en su favor, para eludirla en todos los momentos del proceso: impedir que se descubran sus delitos, que son ya numerosos y pinta tienen de ser muchos más; si se descubren, que no se investiguen; si se investigan, que no se juzguen; si se juzgan, que sea por jueces de su orientación política; si es por otros, que los expulsen de la carrera judicial; si son condenados, que los indulten cuanto antes.

Es política de partido: el intento de quedar impune de sus infinitas fechorías, si es necesario, a costa de acabar con la independencia del poder judicial y, por ende, con el prestigio y el respeto de que debiera estar rodeada la administración de justicia. Con esa clave presente, todas las medidas que el gobierno de Rajoy ha tomado (o dejado de tomar) cobran un sentido nuevo porque encajan en el propósito aludido de destruir el Estado de derecho.

Cabe recordar el episodio de los dos jueces afines al PP, Enrique López, quien hubo de dimitir del Constitucional por conducir beodo, y Concepción Espejel, agradecida amiga de Dolores de Cospedal. Ambos empeñados en conocer de causas de la Gürtel y a los que fue necesario recusar porque no se inhibían. Lo mismo que las reformas de Gallardón, de cuando era ministro de Justicia, en especial las tasas judiciales, que trataban de excluir del recurso al juez a la gente con pocos recursos, o sea, casi todo el mundo, el mismo Gallardón que puede ahora acabar investigado por su gestión como alcalde. Y, por supuesto, las reformas propuestas por el inefable ministro Catalá, desde trasladar la instrucción de los jueces a los fiscales hasta aplicar una forma de "ley Berlusconi", reduciendo drásticamente el plazo de instrucción, con lo que numerosos crímenes quedarán impunes.

Todo eso prueba que hay una voluntad política evidente del gobierno de manipular la justicia para impedir que esta acabe haciendo pedazos el partido, imputado en un par de casos. En realidad hay una posible y altamente condenable connivencia entre los políticos, los gobernantes y los presuntos delincuentes, como si fueran gentes de la misma casa y, en buena parte lo son. Algún miembro del gobierno avisó a González de que estaba siendo vigilado. Y el ministro de Justicia actual envía un whatsap al mismo hombre en el que le desea que se le aclaren "los líos", un deseo que tiene la dimensión moral del SMS de Rajoy instando al presunto delincuente Bárcenas a ser fuerte.

Faltaba esta trifulca vergonzosa de los fiscales. La fiscalía es el órgano público encargado de velar por los intereses colectivos y, allí en donde la justicia funciona y los gobernantes son honrados, es una pieza esencial del Estado de derecho. Pero también es el caballo de Troya del poder político en la administración de justicia y lo que estos fiscales -el general y el Anticorrupción- parecen demostrar es que sirven con mayor celo los intereses de los gobernantes que los públicos y que están literalmente al servicio del poder, con el fin de desactivar el efecto de la corrupción del PP. 

En la justicia no hay términos medios: lo que no es justicia, es injusticia. Ahora díganme ustedes con qué ánimo pueden escucharse las habituales sinsorgadas del presidente de los sobresueldos sobre la independencia de la justicia o contemplar la acción de magistrados, jueces y fiscales que no están por encima de toda sospecha. 

Pensando en cómo puede terminar este desbarajuste, se me vienen a la memoria los increíbles planos finales de Zabriskie Point, la película de Antonioni, con la música de Pink Floyd.