A callar.

¡Cuánta razón tiene Rajoy cuando manda callar! No solo a Rubalcaba y a la oposición, pues eso es parte de su talante democrático, sino a los suyos. Incluso cuando se lo manda e impone a sí mismo, como lleva haciendo dos años. A callar, silencio, chitón, nadie hable que es mucho peor. Si por él fuera, la Convención no se hubiese celebrado. ¡Qué disparate! Reunir a la plana mayor de un partido bajo sospecha de ser una presunta asociación de delincuentes, poniéndolos a todos en primera fila, bajo la luz de los focos. Y la gente venga a hablar, añadiendo pinceladas tremendas a este cuadro nacional de un país ahogado en la corrupción.

No es una invención de la canallesca. El 95% de los españoles cree que la corrupción es un mal generalizado. Por eso tiene razón Rajoy: cuanto menos se hable, mejor. Mejor para él. Peor para el país que descubre, perplejo, cómo está gobernado por una organización por debajo de toda sospecha, desde su presidente hasta el último mono, generalmente contratado como asesor. Gente que no tiene escrúpulos en mentir, engañar, instrumentalizar las instituciones, expoliar el erario público, tomar sus decisiones por decreto, empobrecer a la población y aplicar una política de orden público tan represiva y autoritaria que recuerda más una dictadura que una democracia.

Incidentalmente: ¿no es curioso que quienes, haciendo cansino alarde de neoliberalismo y no  intervencionismo de los poderes públicos, no paren de utilizar el BOE para meterse en la vida privada de los ciudadanos tanto en sus aspectos íntimos como los culturales, religiosos y, por supuesto económicos? No hay día en que una nueva norma, más arbitraria e inepta que la anterior, no venga a interferir en las relaciones privadas. Un liberalismo peculiar que pone a la iglesia a legislar y convierte los pecados en delitos. Dentro de poco, ministerio de Culto y Clero.

En este clima inenarrable de involución democrática galopante, la foto icónica por excelencia es la de Claudio Álvarez en El País, con Rajoy blandiendo el Marca. ¿Es un descuido o un plan premeditado? El Marca, al que los intelectuales desprecian (aunque quizá bastantes lo lean) tiene 2.749.000 seguidores diarios, según el EGM. Posibles votantes, ¿quién sabe? ¡El presidente es uno de los nuestros! Miente más que habla, pero es un hombre sano, adora el fútbol. Además, la imagen lo exime de culpa en la defenestración de Pedro J., pues Marca pertenece a Unión Ediorial, matriz de El Mundo. A lo mejor no está lejos el día en que Rajoy añada a la presidencia del PP la del Real Madrid. No sé si se le habrá ocurrido a su gabinete de imagen.

Abandonada toda pretensión de legislar transparencia, la marea de la corrupción no la para ya nadie. Está en los tribunales que avanzan haciendo destrozos como los elefantes de Aníbal; está en los medios, empeñados en hurgar y revelar chanchullos; sobre todo, está en las redes sociales, que no dejan títere (y nunca mejor dicho) con cabeza. Quien quiera ponerse al día en este complicado fresco de la España cañí del robo, el trinque, la mamandurria, el despilfarro, los paraísos fiscales, las cuentas en Suiza, vaya a la excelente serie que está publicando José Luis Izquierdo en El País. Enhorabuena al autor. Están todos los datos, todos los antecedentes, todas las intrigas, fraudes, delitos, todos los personajes. En un estilo brillante. Solo por la descripción de las andanzas de ese oscuro muñidor, intrigante de los tribunales, hoy embajador en Londres, Federico Trillo, Izquierdo merece un premio. Tiene todo un aire de traición, alevosía, inmoralidad que recuerda las siniestras tramas shakesperianas en las que el personaje es especialista. Ese relato por episodios es la crónica y el esperpento de la corrupción institucional española. Y una crónica viva. El autor habrá de ir reescribiéndola al incorporar los nuevos datos que diariamente salen a la luz, a cada cual más escandaloso, bochornoso, vergonzoso.

La policía, la UDEF, acusa al exsecretario general del PP, Álvarez Cascos, de haber cobrado sobornos para la campaña electoral de 2004 y de ser el mayor perceptor de dineros de la trama Gürtel, el rey Midas de la corrupción. La misma policía sostiene que, entre 1996 y 2004 la Gürtel "administró" 25 millones de euros para mordidas en el PP y aledaños. Menos mal que ninguno de ellos estaba en política por el dinero, empezando por Rajoy. El amigo Camps, por fin hallado, pues estaba como desaparecido, ha declarado por escrito en su despacho (su privilegio) a las preguntas del juez Castro. De 64 cuestiones, 40 han sido "no" o "no recuerdo". Siempre encantado de colaborar con la justicia.

El buen señor de Mercadona, don Juan Roig, niega ante el juez haber pagado nada en B a Bárcenas, o sea, al PP. Pero admite haber donado 100.000 euros a la FAES, o sea, al PP. A su vez, la tal FAES se encargaba de pagar actos de la Gürtel mediante facturas falsas. No hay metáforas para describir este alud de datos, hechos, cifras, que dibujan un compadreo de políticos y cargos corruptos y prevaricadores con empresarios trincones y defraudadores junto a financieros corruptos, prevaricadores, trincones y defraudadores. Esta es la imagen de España. Dentro y fuera. Por eso, Rajoy tiene razón: a callar, a acogerse al derecho a no declarar, a hurtar el bulto, a hacerse transparentes.

¡Maldita convención!

Y de nada sirven las frases de propaganda sobre la salida de la crisis, que está al caer. No duran ni un telediario. Las noticias contrarias las desmienten. Bélgica expulsará a 300 españoles en paro por ser una carga para el Estado. Al margen de si esto es jurídicamente posible o no, el panorama pinta aun más negro si España no puede ya ni exportar parados, que es lo que produce mejor.

¡Maldita convención!

Al amparo de ella también se ha dado la noticia de que la ONU exige una política de Estado en relación con los crímenes del franquismo. Con esto, la izquierda se crece y las protestas arrecian.

Lo mejor es callarse y llamar a la policía. Lleva esta meses empleándose a fondo en una política represiva y encendiendo los ánimos de la población. El empleo de las fuerzas de orden público para proteger a unos políticos desprestigiados cuyos programas públicos están llenos de abucheos, broncas, pitidos, escraches, las órdenes que se dan a estas de hostigar a la población, retener arbitrariamente, identificar sin motivo y, llegado el caso -que siempre llega-, cargar sin contemplaciones, con creciente brutalidad, está provocando una fractura seria entre el gobierno y la población cada día más soliviantada y mostrando mayor rechazo, mayor repulsión hacia los gobernantes. Estos, soberbios como siempre, parafrasean a Calígula: que nos odien siempre que nos teman. Pero no olviden cómo terminó Calígula.

La Gürtel en Extremadura.

Los papeles de Bárcenas, los infernales papeles de Bárcenas, ese aparente pozo sin fondo de la corrupción, esa novela por entregas de los chanchullos,  las mamandurrias, los sobresueldos e ilegalidades del PP durante años, apuntan ahora a Extremadura. También el PP extremeño contrataba sus actos públicos (campañas electorales, congresos, etc.) con la Gürtel en tiempos de Carlos Floriano, hoy el tercer hombre en el partido y José Antonio Monago, hoy presidente de la Comunidad Autónoma merced a los votos de IU. Lo interesados explican a quien se pone a tiro que dichas contrataciones se hacían en la calle Génova, predio de Bárcenas, queriendo decir que deben quedar libres de toda sospecha. Tratándose de la Gürtel, de Bárcenas y el PP esa pretensión es imposible. Porque de algo podemos estar seguros: si se contrató con la Gürtel, hubo mordida, hubo negocio, hubo pastuqui. Qué parte tuvieron en ello Floriano y Monago será cosa que aclarará el proceso con pruebas, si las hay.

El Plural recuerda ahora haber dado cuenta en su día de un extraño robo en el domicilio de Monago, el de su amigo Fragoso, a pocos metros del suyo, y en la antigua sede del PP en Badajoz... en la misma noche. En la noche del 31 de enero pasado, cuando se hicieron públicos los papeles de Bárcenas. Ya está. Ya hay un Watergate, un Bellotagate, que dará mucho que hablar. Ya hay quien dice que los robos pudieron servir para eliminar pruebas.

El asunto Bárcenas/Gürtel tendría que haber tumbado el gobierno que está directamente implicado en él. Su cerrada negativa a la dimisión, parapetado en su mayoría absoluta hace que ese asunto, símbolo de una grado de corrupción como no ha habido otro igual, condicione la vida política por entero. Las instituciones no sirven para nada (el presidente no comparece en el Parlamento a rendir cuentas), la Constitución es papel mojado y el gobierno convierte su mayoría absoluta en una política de orden público de carácter autoritario y represivo, que trata de amedrentar a la población y de coartar el ejercicio de sus derechos. Ante las cada vez más escandalosas revelaciones de los procelosos papeles (así como los procedimientos penales en curso, más o menos concomitantes, como el de Fabra o el de Matas) el gobierno solo responde con una ley para amordazar a la gente, impedir y criminalizar las protestas, una ley que es un estado de excepción permanente de hecho.

Parece como si, convencido de su falta de crédito y prestigio, de su carencia de legitimidad, habiendo accedido al poder con engaño, roto todas sus promesas y estando bajo personal sospecha de corrupción, Rajoy hubiera decidido fiarlo todo a la represión y la recuperación económica. Su creencia, típicamente tecnocrática: la segunda hará olvidar la primera. Los hechos, sin embargo, dicen que mientras la primera es una realidad, la segunda es una quimera. Y, en aras de esa quimera, la supuesta democracia española se ha ido a hacer gárgaras.

La acompaña en tan higiénico menester la oposición. Barrida la protesta en la calle a palos, arbitrariedades, multas confiscatorias, violencia indiscriminada, es claro que solo puede hacerse oír a través de sus representantes en el Parlamento. Pero estos parecen vivir en otro mundo, desligados de este. Tras dos años ignorados, preteridos, arrollados en las votaciones, impedidos de realizar su función de control del poder, lo único que ofrecen es seguir así los dos restantes: interpelando con escaso éxito, pidiendo comparencias que nunca se producen, callándose la boca la mayor parte del tiempo y rezongando luego su descontento por le medios de comunicación en los que los dejan aparecer. Ni una idea más. Ni una reflexión sobre qué cabe hacer cuando el menoscabo del Congreso es tan grande que cada vez se parece más al Senado en punto a irrelevancia.

¿Qué fue de la anunciada moción de censura del PSOE? ¿Por qué no la interpone ya? Si ni de moción de censura -que es posibilidad reglamentaria- se atreve el PSOE a hablar, mucho menos de si tiene preparada alguna propuesta original para que los dos años restantes de legislatura no sean una prolongación de los dos primeros.

Ahora dicen todos mirar a las elecciones europeas de mayo de 2014, lo cual los tendrá entretenidos los próximos meses, olvidados de que la situación del país, para muchísima gente, demasiada, es insostenible.

Realmente los españoles no nos merecemos este gobierno ni esta oposición.

(La imagen es una foto de Esperanza Aguirre, bajo licencia Creative Commons).

La máquina de mentir.

Si a usted, querido lector, le pagaran una pastuqui por mentir, ¿qué haría? No es preciso contestar. Allá cada cual con su conciencia, ¿verdad? Hay dos extremos: quienes creen que la verdad vale más que todo el oro del mundo y quienes, al contrario, piensan que todo el oro del mundo vale más que la verdad. Entre medias, quienes creen que parte del oro del mundo vale más que la verdad. ¿Cuánta parte? Ahí las respuestas son extraordinariamente variadas. Una de ellas ha de ser la de Cospedal. A partir de cierta cantidad, Cospedal parece dispuesta a mentir. Quizá por ello le hayan aplicado ese espantoso apelativo de la bien pagá. Solo así puede entenderse un comportamiento tan falto de escrúpulos como de sinceridad. Y ese desparpajo.

Los casos históricos son legión y, por no aburrir, se mencionarán solo dos. La Cospedal que hoy se niega a responder a las acusaciones de un delincuente como Bárcenas es la misma que en septiembre de 2011, hace dos años, exigía al PSOE que pidiera disculpas por haber intentado falsamente involucrar a Bárcenas en la Gürtel. Por aquel entonces ya tenía que saber que Bárcenas era parte de la Gürtel. Pero ella lo llamaba "un Filesa falso". Como hoy sabe que el delincuente está acusándola de serlo ella también. Segundo ejemplo: no sabe nada del borrado de discos duros de Bárcenas, pero días antes, había dicho al juez que estaban bajo su custodia.

Y así es todo en la acción pública de esta áspera dueña manchega. ¿Quién no recuerda el cantinflesco episodio del finiquito en diferido? ¿A quién se le pasa por alto el absurdo de decir que el PP es el partido más trasparente y el que más colabora con la justicia al tiempo que se destruyen pruebas en el proceso como los libros de registros de visitas en Génova  los ordenadores de Bárcenas? Palinuro, a veces fervoroso pragmatista, piensa que eso solo puede hacerse por dinero; por mucho dinero. Por una pastuqui, como decía, Correa, verdadera quintaesencia de las "amistades peligrosas" del PP. Nadie en el PP está en política por el dinero pero todos se levantan una pasta. Son gajes del oficio. 

Así que a la defensa de la pastuqui, de los sobresueldos presuntamente cobrados, los 200.000 euros del ala desvanecidos como la bruma al mediodía, el casoplón de dos millones y medio pagados a tocateja, ha salido la dama a la vuelta de vacaciones, tras recibir vivificante doctrina de la jefatura. Y viene resuelta: ella no ha negociado finiquito alguno con el delincuente, jamás ha cobrado en B, de los 200.000 € ni ha oído hablar. Es lo que se conoce como "enroque Rajoy". Y la puntilla o remate: "se pretende" afirma impertérrita Cospedal "desestabilizar el partido". Algo así como cuando Rajoy afirma que "el Estado no cederá al chantaje", hablando, claro, del innombrable. Dos expresiones que solo pueden ser ciertas si la una se identifica con el partido y el otro con el Estado. Lo mismo que Franco con España. Quien lo atacaba a él, atacaba a España.

Ambos, Rajoy y Cospedal, coinciden en que todo cuanto tenían que decir, ya lo han dicho, el uno en sede parlamentaria, el 1º de agosto y la otra en sede judicial el 14 del mismo mes. Pero esto es falso e insuficiente. Es falso porque no dijeron nada en ambas ocasiones y de Rajoy, además, se supone que mintió manifiestamente. Insuficiente porque, desde esos dos momentos a hoy se han dado episodios nuevos que los afectan personalmente y sobre los que no se han pronunciado. En Román paladino: ¿quién ordenó el borrado de los ordenadores de Bárcenas? La gente tiene derecho a saberlo sin que la acusen de desestabilizar nada, y los interesados están obligados a responder o un juez acabará preguntándolo. Lo cual será peor para todos.

 

Pero da la impresión de que, a fuerza de bien engrasada, la máquina de mentir ya no puede parar. Los dos máximos responsables del PP (y uno de ellos del gobierno) quieren que la opinión olvide el caso Bárcenas y se concentre en alabar el brillante porvenir económico que nos espera de la mano de un PP concentrado en la tarea del salvar el país sin dejarse distraer. Aquí la habitual mentira adquiere un tinte moral sucio. En primer lugar, eso de la recuperación económica (vendida con dos años de adelanto) es pura falsedad. Los datos estacionales se mezclan con los de interpretación torticera y se construye un potemkim para un par de meses. En segundo lugar, y ello es más grave, se trata de una apuesta según la cual si a la gente le va bien económicamente, no cuestionará la presunta inmoralidad de sus gobernantes, lo cual revela un juicio detestable sobre la dignidad de la ciudadanía

 

No, señor@s, no se puede gobernar mintiendo. La historia viene de viejo: el Prestige, las armas de destrucción masiva, el 11-M, el programa electoral de Mariano Rajoy. La gente ya no se cree nada. Y menos viniendo del gobierno.

 

Las vísperas catalanas. Continúa la movilización catalana. Ayer la estelada se paseó por el mundo entero. En esta era de comunicación universal mediática el nacionalismo español no ha iniciado siquiera un plan de contraataque simbólico. Salvo que algún bromista pretenda decir que la Marca España es precisamente eso. Porque de esa marca solo se habla cuando descarrila un tren o la policía apalea a unos ancianos.

A su vez, la izquierda española haría bien leyendo un gran artículo de Josep Ferrer Llop, titulado De nuevo, sobre la izquierda ante la posible secesión de Cataluña. La izquierda española que, en buena medida, es tan nacionalista como la derecha, tampoco parece capaz de articular un proyecto nacional español inclusivo de lo catalán distinto del conservador. El artículo señala el núcleo del problema teórico de la izquierda española, incapaz de encontrar un punto de equilibrio entre su confeso internacionalismo y su inconfeso nacionalismo. El asunto es sumamente interesante, pero tratarlo haría interminable la entrada. Simplificando, la izquierda es partidaria de la autodeterminación propia y de la ajena lejana como un derecho, pero no tanto de la ajena que la concierna. Y, sin embargo, es claro que el valor moral de un derecho se cumple cuando este se reconoce a otro.

 

(La imagen es una foto de Wikimedia Commons, bajo licencia Creative Commons).

Los puntos sobre las íes.

Bueno, a ver, esto está poniéndose realmente feo. Como si hubiera una conspiración en contra del PP y del gobierno, movida, claro, por quienes quieren ganar en la calle y a escándalo limpio lo que no tuvieron en las urnas. Mi compañero Floriano ha estado oportuno: el partido es legal de cabo a rabo y ha hecho un ejercicio de transparencia como nadie. Ya te digo. Se nos ve en cueros. Pero, eso sí, son unos cueros muy decentes y todo se aclara con las correspondientes explicaciones que solo las almas podridas, llenas de rencor, se atreverán a contradecir.

Es verdad que González Pons cobra dietas por alquilar un piso que le paga el partido por otro lado y en la caja de una empresa de la Gürtel. O sea que todo queda en casa. El mismo compañero Pons lo ha aclarado: lo que cobra en Madrid no son dietas sino una indemnización por ejercer sus funciones de diputado. Algunos dicen que la condición de diputado no es indemnizable como antaño la de hijo de viuda; y otros, con más bilis, señalan que la "indemnización" es el alquiler pues el otro pago es expresamente de dieta. Todo ganas de fastidiar y mermar la brillantez oratoria de este tribuno de popular nervio. Muchos piden su dimisión por mentir. ¡Apañados estaríamos si se aplica esta norma calvinista de dimitir por mentir! No habría gobierno.

La campaña contra el PP arrecia. El presidente del Senado no declaró un préstamo de 24.000 euros que le hizo el partido a interés cero. Ya está la jauría pidiendo su dimisión. El hombre es senador, caramba, y no puede estar en todo. Si ya por ser diputado hay que indemnizar a Pons, a García Escudero habrá que darle, además, un préstamo. ¡Qué menos! Ignoraba el beneficiario que fuera cosa de declarar a Hacienda. Eso le sucede a cualquiera. Es como las multas de tráfico. Se pagan y, venga, a seguir presidiendo el Senado, que lo hace de rechupete.

La Antiespaña, que la tiene tomada con Ana Mato por ser mujer y divorciada, anda mostrando unas supuestas cuentas de la Gürtel, según los cuales entre 1996 y 2006 la familia Sepúlveda-Matos no es que viajara gratis total; es que vivía gratis total y, según parece, no pagaba de su bolsillo ni el papel higiénico. De este supuesto matrimonial perfectamente baladí, deducen algunos que la ministra Mato debe dimitir. ¿Dimitir del ministerio -en donde lo hace a pedir de boca- por algo que sucedió hace años en su casa y sin que ella se enterara? Antes se helará el infierno.

La artillería de esta oposición impotente, incapaz de hacerse oír salvo mediante infamias, se concentra en Cospedal, baluarte del PP. Dicen que la explicación de las relaciones laborales de Bárcenas con el PP, basada en el concepto de diferido eran como de Groucho Marx. Dicen también que cobra varios sueldos y, además, un substancioso sobresueldo y que eso es contrario a la Ley de Incompatibilidades y la Ley Electoral. Su interpretación de la normativa es ramplona y miserable. En primer lugar, Cospedal vale por tres y es justo que cobre por tres. Además, la ley de incompatibilidades no es de aplicación aquí porque el partido es una asociación privada y hace con sus dineros lo que quiere.

Es que, si no es así, vamos apañados pues esta práctica de los sobresueldos abarca a todo el mundo, directamente o bajo el curioso eufemismo de gastos de representación. Todo el mundo quiere decir todo el mundo en el PP. 

Hay que dejar las cosas bien claras. Así que, oído cocina, aquí no dimite ni Dios, te pillen como te pillen.

El Estado Gürtel

A comienzos de 2011, convocadas elecciones autonómicas en la Comunidad de Valencia entre otros lugares, en plena borrasca de los tres trajes de Camps, Palinuro auguraba que el escándalo Gürtel pasaría factura a los implicados, que iría creciendo con el paso de los días hasta hacer insostenible la situación. Incluso buscó una analogía en la célebre pieza de Ionesco, Amadeo o cómo salir del paso, en la que hay un cadáver que no cesa de crecer y que, al final acaba ocupando toda la casa. La Gürtel era ese cadáver. Sin embargo, para perplejidad general, el presidente Camps, por entonces imputado en la trama, revalidó su cargo con una mayoría absoluta superior a la que obtuvo cuatro años antes. La corrupción no pasaba factura y Palinuro quedaba de mediano profeta.

La comparación con el cadáver de Ionesco era precipitada, demasiado temprana. Las cosas requieren su tiempo. Los cadáveres, también. Pero, desde los tiempos en que una ofensiva concertada puso punto final a la carrera judicial del juez Garzón, convirtiéndolo de paso en el primer juzgado y condenado por el caso Gürtel, el cadáver ha seguido creciendo y creciendo y, con el añadido del frente Bárcenas (con el que, según parece, está relacionado), tiene ahora unas dimensiones que afectan a las instituciones del conjunto del país. El electorado se ha percatado de ello y hoy la corrupción es la segunda en el orden de preocupaciones de los españoles..

La red social Gürtel-Bárcenas es omnipresente y cabe hablar de un Estado Gürtel, pues la trama salpica a las más altas instancias del Reino, incluida la Corona. Esta se ha puesto en el centro de la diana a raíz del sospechoso comportamiento del Monarca en relación a su yerno. La presidencia del gobierno también está bajo sospecha, así como una cantidad indeterminada de altos cargos y dirigentes del PP. Digo "indeterminada" porque cada día que pasa aparecen nombres nuevos metidos de lleno en trapicheos y evasiones relacionados con la trama. Hervé Falciani facilita ahora otra lista de evasores fiscales con nuevos nombres de dirigentes del PP y otros ya imputados en la Gürtel. Y nada nos dice que sea la última. La corrupción está tan extendida, de Santiago a Palma y de ahí a Madrid pasando por Valencia, todos gobiernos del PP, que se ha convertido en el mecanismo normal de funcionamiento de las administraciones.

Cuando un Estado está tan penetrado por un organización de delincuentes y mafiosos todo en él se hace opresivo y tiránico. El gobierno carece de autoridad para imponer nuevas medidas de austeridad y rigor a la población. No obstante, cada viernes, como dice Rubalcaba, se cometen nuevas agresiones contra unos u otros sectores populares. Un gobierno sobre el que se cruzan ya apuestas acerca de cuánt@s ministr@s, de l@s de probada ineficacia, dejarán próximamente el cargo, algun@ de ell@s por la trama Gürtel.

Persona Política Expuesta, categoría 3.

Con razón se niega Rajoy como gato panza arriba a pronunciar el nombre de Bárcenas. Bárcenas es más que un nombre: es un conjuro, una invocación al maligno, una blasfemia contra la Providencia, la puerta abierta al abismo, la sima sin fondo de la corrupción que amenaza con tragárselo todo. En Bárcenas parecen confluir todas las tramas: Gürtel, las sociedades con Sepúlveda. Todavía estamos a tiempo de que aparezca el inevitable Urdangarin, el apañado sportsman. Y Bárcenas es también el tesorero del PP durante largos años bajo la presidencia de Rajoy.

Esta doble condición de presunto delincuente de enmarañados vuelos y tesorero del PP hace que el caso Bárcenas sea tan peligroso. Durante años puede haber estado mezclándose lo institucional con lo delictivo. Se trata de un caso de Estado. Supera todo lo visto hasta la fecha y tiene literalmente contra las cuerdas al presidente del gobierno, cuyo nombre figura en una relación de beneficiarios de dineros irregulares, ahora en poder de un notario. Hoy declara Bárcenas ante el juez y, aunque solo se le interrogará por la cuenta de Suiza, no es impensable que salga algo más a relucir para consumo interno. Algún periodista, de esos generalmente bien informados, implica a Aznar en el caso Bárcenas. El expresidente estará ya preparando la correspondiente querella contra Federico Quevedo, que es el periodista, pero el asunto en sí, el enunciado de la posibilidad, es perfectamente imaginable. En principio, todos podemos estar implicados en el caso Bárcenas, aunque unos más que otros.

PEP. La banca suiza tiene a Bárcenas conceptuado como una Persona Expuesta Políticamente. En definitiva, un corrupto designado con un eufemismo dentro del sistema científico que aplica dicha banca para administrar los dineros, sea cual sea su procedencia, pero estando debidamente informada de ella. El PEP abarca todo tipo de rapiñas, malversaciones, cohechos, extorsiones y saqueos hechos por personalidades políticas con cargo institucional o de partido. Hasta de blanqueo de capitales se trata aquí, un negocio fabuloso, con unas comisiones regias. Por más que Rajoy se oculte los fines de semana y fiestas de guardar, la situación en que el presidente del gobierno aparece mezclado con una trama delictiva y no se defiende de las acusaciones no es sostenible. En cierto modo, él mismo es también una PEP.

Es evidente que Rajoy no quiere ni oír hablar de dimisión. Pero, en realidad, no tiene otra salida y, cuanto más tarde, será peor.

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Sigo con interés la campaña de Beppe Grillo en Italia. Mira por dónde un antisistema típico va a tener presencia parlamentaria apreciable. A través de un partido político de nuevo cuño, el Movimiento 5 Estrellas, cuyo programa es, en gran medida, sistematización del del 15-M aquí, con alguna peculiaridad, como la revisión de los pactos lateranenses. Hay cosas coincidentes y otras discoincidentes pero lo esencial es mostrar que el movimiento antisistema puede actuar a través de las instituciones.

La condición de cómico, caricato, bufón o payaso de Beppe probablemente tiene asombrada y quizá indignada a la germánica Merkel, de quien en último término dependemos hoy todos los europeos. Pero no hay remedio: Beppe Grillo y el Movimiento 5 Estrellas tendrán considerable respaldo electoral y será preciso escucharlos. Lo cual no está de más pues hablan en nombre de una proporción creciente de la población. Como en España. Solo que aquí carecemos de un Pepito Grillo.

A las puertas del infierno.

El caso Gürtel/Bárcenas es descomunal. Responde a todos los esquemas interpretativos de la corrupción: la teoría de la mancha de aceite, la de la bomba de relojería, la de la traída y llevada manta, la de los colores de la corrupción (blanca, marrón y negra), la del ventilador, la del sálvese quien pueda, la de la venganza. Este caso de corrupción tiene tantas ramificaciones, tal calado en el tiempo y en el espacio y afecta a tal cantidad de personas de relieve político, económico y social que se confunde con la realidad misma. Y eso sin contar las cantidades cienmillonarias, quizá milmillonarias defraudadas, indebidamente apropiadas, malversadas.

Es, además, un asunto con una intensa carga emocional. El fenómeno en sí produce indignación y consternación en concreto el hecho de que se vean afectadas las más altas instituciones del Estado: la Corona, el Tribunal Supremo, el Gobierno y el Parlamento. En estas condiciones el Estado de derecho es muy problemático. Si a ello se añade que el único condenado hasta la fecha en el caso Gürtel es el juez que inició la investigación, se entiende el clima de fuerte tensión reinante.

Frente a este asunto, el caso de la Fundación Ideas, del PSOE es peccata minuta. No se trata del partido del gobierno, ni del gobierno, ni de los legisladores, ni de jueces o magistrados, ni de un miembro de la familia Real. Tampoco se trata de cientos de millones de euros. Se trata de una pareja de empleados de una institución que han decidido lucrarse indebidamente con un ardid rocambolesco, extraído de la trama de una novela, de inmediata aparición, escrita por la parte femenina del dúo. Un lucro cifrado en 50.000 euros. Calderilla para la Gürtel; la propina del guardacoches. Además, cuando la novela salga a la venta, seguramente se venderá como rosquillas. La autora se compensará por el mencionado lucro cesante y ya no estará obligada a escribir artículos en inglés y español sobre el cultivo de dátiles en Mauritania.

El caso Bárcenas es más de lo que el gobierno puede digerir a pesar de su mayoría absoluta. El nombre de Rajoy aparece en una cuenta suiza de Bárcenas; los recibís en poder de este ponen contra las cuerdas a una cantidad indeterminada de altos cargos; sus temibles cuentas parecen estar en relación con la financiación de la campaña electoral del PP en 2008; la lista Falciani, cuyo contenido empieza a conocerse lentamente, contiene nombres de políticos y empresarios suficientes para hacer saltar aun más de indignación a los ciudadanos.

No, no es posible tapar ni diluir el caso Bárcenas porque es un proceso abierto al sistema político surgido de la transición y secuestrado por los partidos, singularmente, los dinásticos. Ciertamente esa falla no es generalizable por igual a todos ellos. Ni siquiera al segundo dinástico, el PSOE, hoy en la oposición. Los socialistas han tenido y tienen episodios de corrupción. Pero nada comparable a la que afecta al PP en el que parece tener carácter estructural. Porque allí donde no alcanzan los tentáculos del núcleo corrupto de la Gürtel, como en Castellón, Ourense o las Baleares ello se debe a que han erigido sus propias estructuras clientelares, caciquiles, corruptas.

Gobernar como Dios manda ya no es gestionar "razonablemente" la realidad, aplicar "sentido común" a una realidad "previsible" de un modo "normal". Gobernar es luchar por mantenerse de pie sin saber de dónde vendrá el próximo golpe, si del exterior en forma de algún nuevo desaire a España o del interior en forma de alguna decisión de los tribunales que obligue a las autoridades a revocar sus normalmente drásticas decisiones; si de la rebelión creciente del catalanismo o de la contumacia de otras comunidades no nacionalistas; si de una posible revelación de Bárcenas o de una querella por presunta comisión de delitos.

La trama valenciana.

El PP ha presentado una querella contra los presuntos responsables de la trama Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el bigotes, así como contra los cómplices, encubridores e inductores. Entre estos bien pudieran estar Francisco Camps, el curita y otros altos cargos del PP y de la Generalitat valenciana, ya que la vertiente gurteliana en Valencia, además de las menudencias de petimetre de los trajes, afecta a cuestiones más substanciosas, en las que se movió una pastuqui muy considerable. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ante quien se ha interpuesto la querella, investiga la posible financiación ilegal del PP de la comunidad a base de supuestas estafas, malversaciones y prevaricaciones que llevaron, por ejemplo, al gobierno de Camps a pagar cinco millones de euros a la empresa Gürtel en Valencia, Orange Market, para que organizara en cinco años seguidos el pabellón de la comunidad en la FITUR. Por otro lado anda investigándose la desaparición de unos millones de euros en las cuentas de la visita del Papa a Valencia en 2006, de la que algunos sacarían beneficios espirituales y otros ganancias materiales ilícitas. Igualmente se indagan unos chanchullos también millonarios con la televisión valenciana, caja de resonancia y agitprop del gobierno del PP. Valencia es un verdadero jardín de corrupción.

Lo extraño es la presentación de la querella, que ya ha provocado malestar en el partido de la derecha. La dirección la justifica por su interés en velar por el buen nombre del partido. En realidad, la acción obedece a un requisito impuesto por el presidente del tribunal: si el PP quiere personarse en el proceso, como ya lo está en el que se sustancia en Madrid, tiene que interponer una querella y, claro, esta no va a fundamentarse en el deseo del partido de obstruir la acción de la justicia y de que los suyos se vayan de rositas. De ahí que se invoque el buen nombre del partido. Ahora bien, tanto la fiscalía como las otras partes se quejan de que, en el proceso en Madrid, el PP no hace más que obstaculizarlo, poner inconvenientes, recurrir sistemáticamente. Y esa será probablemente su actitud en Valencia. Siendo Cospedal, especialista en decir una cosa y hacer otra, quien ha dado la orden de querellarse, hay poca duda de que así será y con eso hay que contar. Parafraseando a Hegel, todo lo que es legal, es racional.

De todos los delitos que pueden cometerse en nombre de los partidos el más feo es el de financiación ilegal. El PSOE lo cometió en los años ochenta en el caso Filesa, Malesa y Time Export. ((Por cierto, qué sorprendente manía la de los delincuentes de bautizar sus "empresas" en inglés. Probablemente piensan que, en esa lengua, resultan los nombres menos absurdos, incluso surrealistas. Porque es difícil tomarse en serio una empresa que se llame "Exportación de tiempo" o "Mercado naranja".)) Y es el más feo porque, al margen de que suponga el enriquecimiento ilícito de alguno o no, rompe el principio elemental del juego limpio, de la igualdad de oportunidades de los contendientes. La financiación ilegal es en la pugna partidista el equivalente al dopaje en el deporte. El atleta que se dopa tiene una ventaja injusta sobre los demás y no es merecedor del triunfo. En el caso de los partidos, en puridad de criterio, la financiación ilegal probada debiera ser causa de anulación de las elecciones. Recuérdese cómo el curita sostenía que sus mayorías absolutas venían a exonerarlo de sus posibles responsabilidades penales. Si, a su vez, esas mayoría se obtuvieron ilícitamente, sus reponsabilidades penales serán aun mayores.

(La imagen reproduce el esquema que se encuentra en El País de hoy.

El gobierno y la Gürtel.

La política, como la religión, es en parte cosa de ritos, de formas, de símbolos. Ambas, la religión y la política, apuntan al futuro; en el más allá o en el más acá, pero futuro. El presente es un anuncio del povenir. Por eso todo lo que se hace tiene un significado que lo trasciende.

El gobierno ha destituido fulminantemente al equipo de inspectores de Hacienda que descubrió y denunció la trama Gürtel y, en su lugar ha nombrado jefa adjunta de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria) a Pilar Valiente quien fue presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en tiempos de Aznar y hubo de dimitir por un comportamiento que el rey calificaría de "poco ejemplar". El mensaje que las dos medidas envían es claro: tapar la Gürtel.

El PP consiguió que dimitiera el ministro socialista de Justicia, Bermejo, por sus relaciones cinegéticas con el juez Garzón y posteriormente se constituyó en parte en algún proceso contra este juez, también debelador de la Gürtel, al que se ha acabado expulsando de la carrera judicial. Es evidente que la actitud del PP en todo el asunto de la Gürtel es contraria a la ética democrática que obliga a los partidos de gobierno a facilitar la acción de la justicia, la persecución del delito y no a entorpecer la una ni ocultar el otro.

Entender que los órganos del Estado son instrumentos de partido es la peor perversión del sistema democrático, cuyo pivote esencial e el Estado de derecho. No Estado de partidos. Tomar represalias políticas con los funcionarios equivale a retrotraer el Estado a las prácticas de la Dictadura o, incluso antes, a las de la Restauración.

Y símbolo por símbolo, mientras el gobierno español se enreda simbólicamente en el caso Gürtel, el Congreso de la Argentina ovaciona al juez Garzón, recientemente condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo de la Madre Patria. Lo que es verdad de un lado de los Pirineos es mentira del otro y lo que es justo a un lado del Atlántico es injusto al otro. Pero eso no es admisible.

(La imagen es una foto de La Moncloa que está en el dominio público).

Garzón ya está en el mundo.

No se crea que Palinuro haya abandonado su pretensión de proponer al juez Garzón candidato al Premio Nóbel de la Paz. Al contrario, sigue empeñado en ello. Pero quiere que le salga bien y no que se produzca cierto impacto al principio y luego el asunto desaparezca de la palestra por errores de planteamiento. La tarea ahora es recabar apoyos para poder dar cobertura mediática y solidez a la propuesta. El activismo lleva siempre trabajo penoso y oscuro. Llegado el momento, Palinuro explicará su planteamiento y tod@s quienes quieran echar una mano serán bienvenid@s.

En esta ocasión el post versa sobre la decisión del Consejo General del Poder Judicial de expulsar al juez Garzón de la carrera judicial en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo en el llamado caso de "las escuchas" a los presuntos delincuentes de la Gürtel. Sobre el asunto en sí mismo y los tres procesos que se le han hecho al magistrado, Palinuro ha subido varias entradas (pueden encontrarse metiendo "Garzón" en el buscador del blog) y no es necesario volver sobre ellas. Basta con reseñar la triste coincidencia de que el CGPJ haya hecho efectiva la exclusión un 23-F. Las coincidencias, como las armas, las carga el diablo.

El apartamiento de Garzón de una carrera tan dilatada y brillante como vocacionalmente sentida ha movido un magnífico y valiente artículo de Gaspar Llamazares en El País (No acato ni respeto un escándalo supremo) con el que Palinuro, que tampoco acata ni respeta, coincide plenamente. Este artículo, una valoración política muy negativa de la decisión del Supremo, incide en esa pretensión -que los propios magistrados del alto tribunal quisieran que tuviera fuerza de ley- de que las decisiones judiciales no puedan ser criticadas. Pretensión comprensible, pero no admisible. Las decisiones de los tribunales de justicia deben ser tan criticables como cualesquiera otras de otros órganos que incidan sobre asuntos del común, en los que todos opinamos, por ejemplo, las leyes. La crítica a las sentencias de los tribunales está amparada en la libertad de expresión, guste o no a los magistrados. Su único límite es la legalidad y los derechos de terceros. Pero este es un limite general que afecta a todo el mundo.

Otro buen artículo, siempre en El País, de José María Ridao (Los porqués de una sentencia) venía a incidir sobre estas relaciones entre lo político y lo jurídico en el ámbito de los tribunales y daba por supuesto que la sentencia, además de su indudable repercusión política, tiene un fundamento sólidamente jurídico lo que sucede es que normalmente no se expone porque es muy complicado. Y en su articulo no especifica cuál sea dicho fundamento. Esto reabre a su vez una vieja polémica acerca del alcance de una justicia cuyas decisiones puedan ser incomprensibles para los justiciables. ¿Qué sucederá entonces? Sencillamente, que una sentencia pueda ser injusta por razón de su contenido y de su forma.

Pero la cuestión no tiene mayor tracendencia porque el propio juez expulsado ha explicado su doble punto de vista. De un lado, el jurídico. Garzón presenta una petición de anulación de la sentencia basada en razones estrctamente jurídicas. La petición, sin embargo, al sostener que la sentencia es muy injusta por tratarse de una condena construida a su medida viene a ser una especie de acusación al Supremo de aplicar un "derecho penal del enemigo" y, en el fondo, de prevaricación, aun sin decirlo. La solicitud, probablemente, será rechazada pero ese rechazo abre al juez la vía del recurso al Tribunal Constitucional. Ante este tiene Garzón una buena batería de argumentos estrictamente jurídicos. El Constitucional dirá.

En cuanto al aspecto político, Garzón asegura que piensa continuar luchando por sus ideas y amparando a las víctimas mientras pueda. UNa buena idea podría ser la de trabajar por el reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo. Quizá pueda hacer como abogado, como jurista lo que no se le permitió hacer como juez.

Es decir, la decisión del CGPJ de expulsar a Garzón, curiosamente lo ha devuelto a este tipo de acción ético-política de la que la esfera pública en nuestro país está muy necesitada. Es decir, lo ha devuelto al mundo de la acción práctica, en condiciones distintas pero con una superior legitimidad del juez. Y da la casualidad de que en este tipo de empeño pueda llegar a ser más eficaz que en el jurídico.

(La imagen es una foto de Popicinio_01, bajo licencia de Creative Commons).

La condena. El pelotón. La ejecución.

La condena

Lo sabíamos. Lo sabía el propio Garzón. La sentencia estaba predeterminada. Lo sabe la gente que dice en un 61 por ciento que el juez es víctima de una persecución. La condena estaba decidida de antemano. Los políticos pringados en la Gürtel, junto a los presuntos delincuentes, se dieron la mano con los herederos ideológicos del franquismo para poner fin a la carrera del único juez que se atrevió a hacer justicia a las víctimas del franquismo y, de paso, descubrió y persiguió la mayor trama de corrupción de la democracia. La misma alianza que sostuvo la dictadura de Franco durante cuarenta años: fascistas con políticos corruptos y delincuentes.

Esa coalición siniestra tenía un objetivo clarísimo: impedir que Garzón llevara adelante un (muy merecido) proceso penal por genocidio contra Franco y sus secuaces y ver si, de nuevo de paso, se conseguía anular el procedimiento de la Gürtel.

Por eso ha habido tres causas contra Garzón y se han visto en el orden que se sabe. Se trataba de condenar al juez por un daño colateral (la supuesta prevaricación de las escuchas) para que no pareciera que se le condenaba por investigar el franquismo, aunque la acusación sea la misma. Pero no haya duda. Lo de menos es si la condena por prevaricación es o no justa; que no lo es porque no hay prevaricación. Lo esencial era yugular la investigación de los crímenes del franquismo y hacerlo como un escarmiento para que sirva de aviso por si algún otro juez cae en la tentación de hacer justicia pero sin que parezca que se actúa por esto. Ahora, a lo mejor sale absuelto en la causa por el franquismo. Es muy posible.

El pelotón

Los nombres: Luciano Varela, Francisco Monterde, Andrés Martínez Arrieta, Joaquín Giménez (presidente del tribunal), Miguel Colmenero (ponente de la sentencia), Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena. Cada uno de estos hombres (alguno recusado por Garzón) es responsable de sus actos. Todos han condenado por unanimidad. Cada uno de ellos ha actuado, se supone, ateniéndose a derecho. Pero son seres humanos y pueden tener más (o, simplemente, otras) razones. La envidia, los celos, la venganza, la enemistad también son razones, y muy poderosas, que pueden haberlos movido a una decisión injusta. Tal cosa proclama el asimismo juez Garzón que achaca injusticia a la sentencia. A quien diga que siete magistrados no pueden equivocarse cabe responder que no se trata de una equivocación sino de una injusticia y que siete magistrados pueden ser tan injustos y hasta prevaricadores como uno o cien mil. ¿Quién condenó al justo y salvó a Barrabás? La masa.

Si esto es España, un juez dedicado a perseguir dictadores vivos o muertos está jugándose su carrera; si, además, destapa la corrupción de los políticos de la derecha, ya la ha perdido. Es cuestión de conseguir que los jueces, sensibles a la herencia franquista y los intereses de la gente como Dios manda, hagan lo que tienen que hacer. Según el juez Garzón, impedirle que se defienda, maniatarlo.

"Van a fusilar

a un hombre que tiene los brazos atados.

Hay cuatro soldados para disparar.

Son cuatro soldados

callados,

que están amarrados

lo mismo que el hombre amarrado que van

a matar"

(Nicolás Guillén).

La ejecución

Los siete magistrados que han condenado por unanimidad no pueden ignorar que han destrozado la vida de un hombre honrado y puesto fin vergonzoso y vergonzante a una carrera profesional que era punto de orgullo nacional. Por eso han disparado en sentido metafórico con balas dum dum, para que no quede ni rastro del ejecutado, del hombre cuya ambición personal han truncado; esperan que para siempre. Y con ello han truncado también la última esperanza de la gente de nuestro país en la Justicia de la justicia. Aquí solo hay venganza. Venganza por agravios imaginarios y quizá también reales. Por razones de edad, algunos de los jueces del Supremo que han condenado ejercieron durante la Dictadura, profesando como Derecho y Justicia lo que no era sino arbitrariedad e injusticia. Es más, hasta podemos conceder que hayan actuado pensando genuinamente que lo hacían en justicia. Pero ¿lo hicieron también en equidad?

La sentencia está pidiendo reacciones a gritos. El juez Garzón acudirá en amparo al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aduce violación del derecho a la defensa y al juicio justo. Empezando porque se le niega el derecho a la doble vuelta. Hay quien dice que no es un derecho fundamental porque no está recogido en los que la Constitución considera tales. Cuando los derechos fundamentales son anteriores a toda Constitución y, además, este está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por España. También hay quien dice que, aunque esté recogido, no es un derecho fundamental. Por decir que no quede. Pero lo es. Es parte del derecho a un juicio justo. Que no lo ha habido. Así que el juez Garzón reaccionará y hay una larga batalla por delante.

Igualmente debemos reaccionar quienes creemos que, al condenar a Garzón, el Supremo nos ha condenado a todos, mermando nuestros derechos, empezando por el no menos fundamental, básico, de la seguridad jurídica. Si prevaricación es toda interpretación de la ley que no guste a los magistrados del supremo, nadie estará seguro en nuestro país, máxime cuando, según parece, se puede destituir a los jueces justos. Por eso, nuestra reacción debe ser pedir la depuración de las responsabilidades de la Dictadura en el poder judicial de hoy. Es obvio que, el haber prestado acatamiento al franquismo y sus principios del Movimiento Nacional, y haber aplicado sus leyes como si fueran justas, contamina; quizá incluso inhabilite o debiera inhabilitar para administrar justicia en un Estado democrático.

Hoy manifa de apoyo a Garzón.

Los procesos -por llamarlos de algún modo- con que la derecha y los sectores más reaccionarios de la judicatura tratan de poner fin a la carrera del juez Garzón tienen una clara intencionalidad política. Además del daño al juez, quieren sentar un precedente, escenificar un escarmiento por si alguien más en el futuro se siente tentado de hacer justicia a las víctimas del franquismo. Ni justicia a las víctimas, ni condena de los crímenes de la Dictadura, ni memoria histórica ni nada: el franquismo no se toca. Si los "historiadores" de la Real Academia de la Historia pretenden legar a la posteridad una imagen de Franco tan edulcorada que ni dictador lo consideran, la derecha y la judicatura tratan de blindar su condición jurídica: no hubo crímenes y, si los hubo, han prescrito.

A estas alturas cualquiera ve claramente que en los procesos antigarzón confluye todo tipo de motivaciones partidistas e inconfesables: la envidia de sus oscuros colegas, las artimañas procesales de los sospechosos de la Gürtel, que tratan de anular lo instruido por Garzón e irse así de rositas, la reacción de una derecha neofranquista que quiere dejar impunes los crímenes de la Dictadura. Con el íntimo aplauso de cierta izquierda, cercana a la abertzale y desde luego de esta última, que ve en Garzón el juez que derrotó a ETA y, para hacerlo, persiguió y desmanteló su entorno económico y civil en lo que para unos fue una actividad judicial eficacísima y, para otros, un ataque a los derechos fundamentales y las libertades públicas de los vascos.

Por si las motivaciones no fueran suficientemente indignas, las tres causas rebosan anomalías y peculiaridades que las ponen en evidencia a ojos de cualquiera interesado en el derecho al juicio justo, al debido proceso, en definitiva al amparo de la justicia, que es el fundamento mismo de la sociedad democrática: el ministerio fiscal no acusa, un juez instructor asesora a la acusación, otro forma parte de otro tribunal en otra de las causas contra Garzón y parece respirar animadversión hacia este, no se admiten las pruebas que propone el acusado ni sus recusaciones y los tiempos procesales se alteran en su detrimento.

La tercera causa, que pasará a vista oral en breve, es tan disparatada que el propio Garzón ha dicho que la instrucción es una interpretación sesgada, parcial y no verdadera en relación con lo acreditado en la causa y le muestra su "más contundente y absoluto rechazo". La acusación, que empezó siendo de prevaricación, ha mutado en una de cohecho impropio. Lo que Garzón no ha dicho pero Palinuro sí es que ya sería el hispánico colmo y muy digno del coso nacional ver cómo se condena al juez por el mismo presunto delito por el que acaba de absolverse a Camps.

La pasarela de los modelos políticos.

Los dos presidentes "modélicos", según Mariano Rajoy, se sientan en el banquillo de los acusados para responder por diversos presuntos delitos de corrupción. En sí mismo esto es ya una lección de un modo de entender la política despilfarrador, caciquil, clientelar y, en definitiva, delictivo. Una forma, no de servir a los ciudadanos sino de estafarlos y esquilmarlos, algo que afecta directamente al Partido Popular (Matas fue ministro con Aznar y Camps, un punto de referencia esencial en el PP) y frente a lo cual éste guarda un silencio denso, sentado sobre su flamante código de buenas prácticas que, obviamente, no ha aplicado ni, según se ve, piensa aplicar. También es una lección de la independencia de la Justicia en España que es lenta, tiene defectos, pero al final funciona con la seguridad y la inmutabilidad de un antiguo batán.

Hay quien dice que el caso de Camps es "de cuantía menor", clasificándolo como los delitos y, en efecto, en concreto se trata de unos cuantos trajes y unos miles de euros. Pero ese argumento tiene dos respuestas: 1ª) aunque fueran cientos de euros y unos calcetines, tratándose de un político, no es un asunto menor; 2ª) no se trata sólo de los trajes sino que, detrás de los trajes hay un increíble gatuperio en que unos sinvergüenzas, en connivencia con cargos del PP de la Comunidad valenciana, se han apropiado presuntamente de cientos de miles, millones de euros a base de prácticas corruptas, para enriquecerse personalmente y/o financiar ilegalmente al PP, mientras se esquilman las arcas públicas.

Para darse cuenta de algo tan elemental basta conectar dos hechos: el sistemático y supuesto saqueo de los caudales públicos en Valencia a través de la trama Gürtel cuyos señuelos eran los trajecitos y la ruina de la Comunidad que ha obligado a su presidente actual a subir el IRPF y la gasolina para salir del paso como sea. Y ese es el comienzo. Cuando los valencianos echen gasolina en el depósito o paguen sus impuestos sabrán que están sufragando la estatua de Fabra (el de Castellón) su aeropuerto fantasma, las inexistentes torres de Calatrava, la visita del Papa y... los trajes de Camps. Un consuelo.

Por cierto, el comportamiento de Camps en el juicio está siendo tan típico, histriónico y estrambótico, en compañía de la claque que lo jalea, gesticulando y haciendo caretas que Palinuro se afirma en su suposición de que este hombre tiene trastornado el juicio. Ayer, por ejemplo, creyó ver agentes de la Stasi, de la policia comunista alemana, en dos funcionarios del cuerpo nacional de polícía. ¿No convendría que lo examinara un psiquiatra?

Al lado del caso Matas, la Gürtel valenciana es un tejemaneje de quinquis. Siempre hay clases. Matas parece ser el acorazado de la corrupción. Los millones de euros de su fianza lo sitúan entre los olímpicos de guante blanco y todo lo que de él depende adquiere la misma tonalidad titánica. Según las noticias, la fianza que el juez puede imponer a Urdangarin, el presunto socio de Matas en Marivent será de otros tres millones de euros porque parece que los dos iban a lo grande. "Del Rey abajo", debía de pensar Matas, "yo mismo". Quizá pueda decirse de él, como del duque de Villamediana, que "picaba bien, pero picaba muy alto".

Pero tampoco el asunto Matas es únicamente él solo. Comparece el ex-presidente a responder por un presunto delito de contratación ilegal de un plumilla, cargado de años y de experiencias quien, al parecer le escribía los discursos con ígnea oratoria ciceroniana y luego se los alababa en sus columnas periodísticas haciendo, en consecuencia, un lucrativo doblete. ¿Creíamos pasados los tiempos en los que los plumíferos mendigaban las mercedes de los señores a los que dedicaban sus ditirambos a cambio de un plato caliente y una yacija? Pues no es así. Claro que ahora parece que el plato cuesta medio millón de euros que salen del bolsillo de los contribuyentes, incluidos aquellos a los que el plumífero insulta. Hasta en la corrupción hay burbujas.

Tirar de la Gürtel.

¡Qué gran error fue adelantar las elecciones! Si no se hubiera cometido, a estas alturas, a cuatro meses de la votación en su tiempo previsto, la gente conocería el auténtico alcance de la Gürtel, se enteraría de cosas que probablemente influirían en su voto. Y eso que lo que está sabiéndose del proceso de Valencia, deliberadamente circunscrito al asunto de los trajes, en beneficio de Camps, apenas es un adelanto de lo que vendrá a continuación. En los miles de páginas de lo que promete ser un juicio devastador para el PP, se encuentra la verdad de su supuesta implicación en la trama de expolio de los caudales públicos. Al rendirse a la presión de la prensa afín al PP, Zapatero privó a los electores de la posibilidad de acudir a las urnas con una información contrastada en sede judicial sobre la forma de gobierno de la derecha. Ese ha sido su gran error estratégico en alguna medida causante de la derrota electoral del PSOE.

Porque ese juicio de Valencia es un espectáculo bochornoso. Entre conversaciones telefónicas inenarrables, declaraciones falsas, silencios reveladores, mentiras, contradicciones, pruebas incontrovertibles y pruebas imaginarias se entrevé un mundo de corruptelas, compadreos, caciquismo, clientelismo, sobornos, etc., y todo a costa de los contribuyentes que, en algún momento, recordarían que también son votantes. Es tal la aparente ciénaga de la política conservadora en Valencia -que ya apunta en dirección a Madrid, calle Génova, 13- expuesta a la luz pública que alguno de los procesados puede dar la nota.

Con la tensión que se respira en el proceso la figura de el curita y su guardarropa de lance han pasado a segundo plano. Queda la impresión de que este peculiar personaje es en realidad un pardillo que se limitaba a vestir de pollo pera mientras otros se llenaban los bolsillos o es un redomado perillán que oculta su parte alícuota en este expolio generalizado de las arcas públicas en algún secreto lugar. Es de esperar que los valencianos estén tomando nota de la altura moral de sus gobernantes, en especial ahora que, al parecer, sintonizan canales de televisión libres y no ese Canal Nou al servicio del gobierno que cosecha un hercúleo 1,7 por ciento de la audiencia a un precio prohibitivo.

Y ¿qué decir del esperado debut judicial de don Vito Correone? Repeinado, elegante, trajeado aunque sin corbata (prenda que quizá no se permita a los reclusos por temor a que se ahorquen), se ha encerrado en un silencio total, lacónicamente justificado con consideraciones de estrategia procesal.

Correa es tan mudo como en su día fue sordo Iñaki Urdangarín. Según Libertad digital, el duque de Palma se libró de la mili en los noventa alegando sordera total. De ser cierta esta información y como antiguo soldado que pudo también librarse de la mili (y por razones reales) pero no lo hizo, Palinuro recupera su desprecio por quienes recurren a falsedades para librarse de un deber que descargan sobre los demás.

El alud de informaciones sobre el Duque de Palma, aterrorizado como tiene a su regio suegro, dibuja un presunto profesional de la estafa. Por si fuera poco también Libertad digital revela que Urdangarín se valió de de una ONG para niños con cáncer para evadir capitales a Belice. Ciertamente, si alguien es capaz de estafar a la colectividad, también lo hará con sus sectores más indefensos. Es un estilo profesional. Lo mismo hizo Roldán quien, entre otros desmanes, expolió una organización de huérfanos de la Guardia Civil.

La Gürtel es proteica. Camps parece haberse entendido con Iñaki Urdangarín en detrimento de los intereses generales que debiera proteger y el Duque, ya armado caballero de la orden de la Gürtel, según dice hoy El País, se llevó un buen pellizco por ayudar a Ruiz Gallardón a que fracasara la candidatura olímpica en Madrid. La Gürtel cada vez semeja más una de esas macabras danzas medievales en las que una hilera de ciegos cogidos de la mano camina hacia el abismo dirigida por otro ciego. Sólo que aquí el ciego es un mudo.

¡Qué gran error fue adelantar las elecciones!

Los trajes emponzoñados.

Gran parte del país está siguiendo la comparecencia de Camps y Costa en el proceso por el presunto delito de cohecho impropio. El comienzo de la Gürtel. Y es un espectáculo lamentable. Resulta comprensible que, al verse en esta situación, un hombre que lo ha sido todo en Valencia y mucho en España, ante cuyo despacho hacían cola poderosos empresarios y hasta los por entonces miembros de la familia real, el gran conseguidor para su tierra, el líder carismático que ganaba (y gana) elecciones por mayorías abrumadoras, piense que está siendo objeto de una conspiración satánica.

Pero lo cierto es que Camps está en donde está porque así lo ha querido él. Pudo no haberse relacionado con los amiguitos del alma; pudo haber reconocido que lo de los trajes fue un patinazo; pudo haberse declarado culpable y se habría ahorrado este juicio un poco esperpéntico en el que todas las pruebas lo incriminan y ninguna lo exonera. Pero le pudo su soberbia. En el clima de impunidad que había generado con su forma de gobernar creyó que todo le estaba permitido y que podría evitar o torcer la acción de la justicia y se encerró en una actitud mezcla de ataque, desprecio y disparate, que es la que ostenta ahora en sede judicial y todo ello adobado con mentiras a las que, como le recordó el juez, tiene perfecto derecho.

Desde el principio sostuvo que las acusaciones eran un montaje y es lo que sigue diciendo tan sin pruebas hoy como ayer. Decía y dice que está deseando aclararlo todo, pero se calla que hizo lo imposible para no hacerlo. Pasó dos años negándose a contestar las preguntas de los periodistas y sigue sin contestar las de la acusación popular.

Y ¿por qué no contesta? Porque, dice, no quiere "politizar" el juicio y esa acusación tiene una motivación política. Pero su defensa es puramente política, no jurídica, y hasta sus insidias contra el juez que preside llevan tinte político. Y no se hable del trato a las fiscales, a las que sólo falta que acuse de obedecer órdenes de Ferraz.

Los disparates son de igual jaez. Palinuro ha sostenido siempre que este hombre no razona como el común de los mortales, que la presión psicológica a la que seguramente está sometido por este ridículo asunto de los trajes le hace desbarrar y no medir el alcance de sus palabras. Dice que sus conciudadanos quieren que vaya bien vestido. Esta presunción puede ser cierta o no. Más parece que sus conciudadanos querrán que gobierne bien; no que vista bien. Pero, además, no se da cuenta de que, al formularla, justifica el juicio que rechaza con tanta indignación. Porque de lo que se trata es de averiguar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir ese supuesto deseo de sus conciudadanos. ¿Al delito?

Esos trajes tienen tanta ponzoña para Camps como la túnica que tejió Deyanira para Hércules, impreganada con la sangre del centauro Neso.

La imagen es una captura del vídeo de Público.

La real Casa Real.

Con todos los respetos de un republicano a un rey, Palinuro opina que la Casa Real está perdiendo el oremus. Son nervios, desde luego; pero los nervios indican mala conciencia o falta de savoir faire, muy frecuente en los Borbones. Sólo a los nervios cabe atribuir la sarta de dislates de las últimas fechas. El intento de repudiar a las infantas, la palinodia de Urdangarín que lamenta profundamente el daño que ha hecho a la Casa Real y, por último, la asombrosa pretensión de borrar al yerno de las fotos, porque su comportamiento no ha sido ejemplar. ¡Menudo bofetón se ha dado el rey en su regia mejilla!

Si fueran otros los personajes y otra la situación, eso de desvanecer a Urdangarín recordaría lo que hacía Stalin con las fotos de la vieja guardia bolchevique: Trotski estaba y Trotski ya no estaba. Pero, siendo la realidad lo que es, el empeño recuerda más esas creencias mágicas de los pueblos primitivos y no tan primitivos de que lo que los ojos no ven, el corazón no lo siente. Como los niños (aunque no todos) a quienes basta con quitarles de la vista lo que los enoja para que se calmen.

Ya puesta, la Corona ha tomado carrerilla y ahora promete un streap-tease contable, un full monty financiero que bien podrían ser las cuentas del Gran Capitán. Pero eso no arregla nada porque de lo que se trata es de aclarar el comportamiento de la Corona mientras Urdangarín cometía sus presuntas fechorías. ¿Qué sabía el Rey cuando, contra todo uso y costumbre, los duques de Palma se expatriaron en los Estados Unidos? Porque, según lo que supiera, así habrá de actuar el Estado de derecho, del que el rey es el primer servidor.

Los monárquicos están a la defensiva. Temen por la institución; sobre todo los de izquierdas que suponen que quizá sus bases les recuerden su añeja fe republicana. La derecha no tiene ese problema: pase lo que pase, la monarquía no se toca. Hay que recordar a ambos la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno, de Melquíades Álvarez, el mentor de Azaña. Monarquía, república; república, monarquía; lo importante es que cace ratones, no que los engorde.

Siguen los monárquicos a la defensiva diciendo que son cosas privadas de Urdangarín; está por ver. Según lo que éste haya hecho, si ha hecho algo, que parece que sí por lo nervioso que está el maestro de ceremonias. Dicen también que se trata de una mera cuestión de prestigio. Claro, como que aquí el prestigio lo es todo. Debe tenerlo intacto el rey, no por rey, sino por ser el jefe del Estado.

Y además del prestigio está la cosa en sí, los presuntos delitos. Si el rey sabía, tenía la obligación de denunciar y, si no sabía, debería haber sabido si Urdangarín se valía de la Casa Real para sus presuntas fechorías. ¡Y qué fechorías! El relato que va conociéndose revela un profesional de la estafa. Eso de la etapa del tour de Francia en Mallorca suena a toco-mocho de los buenos. Ya puesto podía haber intentado vender a alguna de estas lumbreras en cargos públicos la idea de traer Cabo Cañaveral a la Malvarrosa.

Y todo eso lo lleva a relacionarse con los inimitables Matas y Camps, lo que estira la sombra de la Gürtel a la casa real. Porque Camps está ahora respondiendo en sede judicial de un supuesto delito de cohecho impropio pero, por todo lo que va sabiéndose, es figura principal -aunque no esté imputado- en varias tramas de verdaderos desfalcos públicos de millones de euros: supuesta financiación ilegal del PP y presunto contubernio de apandadores en la de la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006. Ese mismo Camps, a quien evidentemente sobraban los millones de la Generalitat, estaba en relaciones digamos de negocios con el duque de Palma.

Tiene difícil solución, por más que los cortesanos sostengan que no hay ni problema que solucionar. La monarquía española va a necesitar de todos sus apoyos mediáticos, empresariales, eclesiásticos, políticos, etc, para salir de ésta. Y no es seguro que lo consiga. La democracia es cosa de prestigio, ciertamente, y de crédito.

Si Palinuro fuera rey y fuera este rey, muy preocupado con el futuro de la monarquía, encargaría a algún fino cortesano un lindo discurso de abdicación, reuniría las Cortes Generales y anunciaría que, llegado a una edad a la que ni el gobierno conservador se atreverá a retrasar la de jubilación, pillo mi merecido retiro y dejo en mi lugar aquesta moderna pareja, ya curtida en inaugurar congresos y dar premios. Es un buen momento. El discurso puede incluso irse a lo flamígero y hablar del cierre de la etapa histórica de la transición. Al fin y al cabo, el último símbolo de la transición, lo único que todavía une este régimen con el anterior, es el rey. Este rey.

Los ciudadanos ejemplares.

Mañana se sentará en el banquillo, Francisco Camps, "el curita", en expresión de su amiguito del alma, Álvaro Pérez, también conocido como "el bigotes". Por cierto, ¡vaya portada la de El País! Es como una ilustración de la moral pública. Si no recuerdo mal, Camps aseguraba en una de sus primeras declaraciones no conocer a Pérez. Mentira, como se ve en la foto, salvo que consiga demostrar que se trata de un truco de photoshop y que él no estaba allí.

La Gürtel vuelve en todo su esplendor porque después del asunto de los trajes, Camps tendrá probablemente que responder de otros que han ido sabiéndose después, el último de los cuales las transacciones habidas con la empresa sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarín que tienen una pinta alucinante. Y, a pesar de eso, Camps, el presidente más votado jamás de la Comunidad Valenciana, por increíble que parezca, sigue disfrutando de una canonjía con cargo al erario público cuando la decencia manda que cause baja de inmediato.

La aparición del Duque de Palma como parte aparte de esta especie de corrupción levantina generalizada ha provocado una conmoción. La Corona se ha puesto nerviosa y nadie está muy seguro de lo que pueda pasar. Supongo que el nombre que Urdangarín puso a su consultoría, Noos, y con la que dio el salto al mundo de los grandes negocios, significa lo que significa, o sea, inteligencia en griego. Da la impresión de que toda la que él tiene la ha gastado en el nombre. Hacer negocios alegando ser allegado a la Casa Real y hacerlos, además, con unas administraciones públicas regidas por gente como Camps y Matas es, en verdad, ser muy inepto y no tener ni idea de cómo funciona un Estado de derecho. La cuestión gruesa es en qué medida tenía el Rey inteligencia de la inteligencia de Urdangarín. La Casa Real ha recordado que no es tal sino Familia Real y ésta sólo es la que consta en el correspondiente registro civil. Como el que no quiere la cosa, para dejar bien claro que los agnados, como Urdangarín, son de la familia, pero menos. Lo malo es que este asunto es irrelevante. De lo que se trata es de saber si el Rey tenía constancia de las supuestas andanzas de su yerno cuando éste y su esposa emprendieron vuelo a lueñes tierras. Conocimiento y qué conocimiento.

Al margen de la Casa Real (que no puede quedarse al margen por razones obvias y por más que traten de protegerla los monárquicos de derecha y de izquierda) da la impresión de que la Comunidad Valenciana lleva unos veinte años gobernada casi como el puerto de arrebatacapas, por una gente que no parece haber tenido otra finalidad que expoliar las arcas públicas ya sea en proyectos megalómanos ruinosos o en llenar los bolsillos de distintos tipos de tramas; es decir, una mezcla de paletos y despilfarradores (o, incluso, supuestos malversadores).

La paletez se ve en la mitomanía. El aeropuerto de Castellón en el que no aterrizarán aviones sino halcones, aves depredadoras, es una muestra de verdadera risa. No le van a la zaga los proyectos que ahora Fabra (el otro) quiere desmantelar, Terra Mítica, Gran Premio de Fórmula 1, Ciudad de la Luz de Alicante, las inexistentes Torres de Calatrava. Todos disparates de gente que se cree el ombligo del mundo y, en algunos casos, sin embargo, la han estafado. Seamos sinceros: ¿a qué suena esa historia de que Urdangarín obtuvo un bocado del Consell de Baleares bajo la promesa de llevar allí una etapa del Tour de Francia? ¿A que suena a aquel que quería vender a otro el Palacio de Oriente?

Y todas iniciativas ruinosas, con pérdidas de cientos de millones de euros, siempre del erario público. Cientos de millones de pérdidas en territorios en los que están recortándose la sanidad y la educación. En realidad es una forma de gobierno bastante típica de la derecha: se reducen los ingresos de impuestos, se aumenta el gasto público en despilfarros, se arruinan las arcas públicas y, como no hay dinero, se recorta el Estado del bienestar.

Lo anterior por lo que hace al paletismo, que es sorprendente, pero queda algo por decir sobre el lucro ilícito de los participantes. Además del monumentalismo kitsch y ruinoso, los expoliadores se beneficiaban directamente de los dineros públicos que la Generalitat valenciana parecía derrochar con largueza sin cuento. Si no ando equivocado, en las cuentas de unos siete millones de euros de coste de la visita del Papa Bendicto a Valencia en 2006, faltan unos dos millones y pico que se han evaporado por el camino de la foto que el Curita deseaba hacerse con su superior supremo.

Pues bien, todo este mundo de presidentes autonómicos, diputados, consejeros, cargos, empresarios, gestores de aguas fecales, beneficiarios de contratas de reciclaje de basura, empresas de organización de eventos, subcontratistas y apandadores en general, está sembrado de políticos ejemplares, como Fabra, ciudadanos no menos ejemplares delante o detrás o al lado de los cuales promete estar Rajoy, como Camps. Gente intachable, modélica, gente bien de toda la vida, gente como Dios manda, gente de derecha que gana elecciones por mayoría abrumadora.

La Gürtel se come la monarquía.

La ya legendaria trama Gürtel, cuyas ramificaciones son más frondosas cada día que pasa, parece haber sido la más potente forma de delincuencia organizada en los últimos años, con participación de empresarios sin escrúpulos, funcionarios y cargos electos del PP presuntamente corruptos. Una especie de mafia dedicada a esquilmar los dineros públicos cada vez que se movían. La reaparición de Francisco Camps, el de los trajes impagos, quien supuestamente se valió de Urdangarín como pantalla para trajinarse los euros a millones, reorienta las andanzas del duque de Palma hacia la ciénaga gürteliana en la que éste corre peligro de quedar sepultado.

Los últimos acontecimientos, el retorno a la condición de procesado imputado de Carlos Fabra (cuyos supuestos delitos no han prescrito), la inmediata comparecencia de Camps en la causa por cohecho impropio y las nuevas revelaciones sobre los posibles chanchullos de la Generalitat valenciana bajo su mandato, hacen inexcusable que el PP afronte sus responsabilidades con ese nuevo código de buenas prácticas que, no bien se publicó, cayó en desuso. No es aceptable que ningún político procesado en causa penal ostente cargo público alguno. Fabra, Camps y todos los que, en su situación, tengan responsabilidades oficiales deben abandonarlas ipso facto. De no ser así, el PP acabará siendo corresponsable de sus posibles fechorías a ojos de la opinión pública.

Pero el daño mayor de la presunta implicación de Urdangarín en este fenomenal contubernio de corrupción, expolio, despilfarro y malversación lo sufre y lo sufrirá la monarquía española. He leído a algunos expertos afirmar que la Corona no tiene que temer daño alguno, que no hay implicación de hecho en nada delictivo, que el asunto afecta personalmente a Urdangarín y otras interpertaciones de exoneración que carecen de valor porque no hacen al caso. Si hay o no implicaciones directas de la Casa Real (por ejemplo, la infanta Cristina) en las presuntas ilegalidades del yerno del Rey es cosa que los tribunales determinarán en su día pero, para entonces, el daño estará ya hecho.

La Corona carece de poder real; su importancia, fundamental por lo demás, es meramente simbólica. Y lo simbólico se mueve por reglas distintas a las procesales. El Rey ennobleció a Urdangarín haciéndolo duque y el duque, según parece, aprovechó su ducado y el nombre del Rey para enriquecerse por medios fraudulentos a toda velocidad pero no tanta que al jefe de la Casa Real no le diera tiempo a indagar por el origen de los ingresos de su yerno que le permitieron comprar un buen puñado de inmuebles, incluido un palacete en Barcelona en dos o tres años.

Los partidarios de la monarquía, de la dinastía, del Rey, afirman que nada de lo sucedido afecta a la institución, pero no es eso lo que piensan los ciudadanos cuya valoración de la Corona es cada día más baja y hasta hoy se sitúa por debajo del suspenso. No quiero ni imaginar en dónde estará cuando se les vuelva a preguntar. Es comprensible que esos monárquicos, de izquierda o de derecha, socialistas o populares, traten de evitar al país el inevitable trastorno que se seguiría del fin de la monarquía.

Comprensible pero no justificable. Esa monarquía fue instaurada por Franco y es lógico pensar que hereda la falta de legitimidad y de ética cívica que caracterizó a aquella dictadura. Es un baldón de origen que se refuerza con el comportamiento de sus allegados. La República nunca ha tenido ocasión de demostrar su superior legitimidad. Y es hora de que la tenga.

Estado de corrupción.

En la escala de corrupción percibida que elabora anualmente Transparency International España aparece en el informe de 2011 en el lugar 31 de 183 países en el mundo, en el 17 en Europa occidental y en el 14 de la Unión Europea. Un puesto muy poco satisfactorio. Con una puntuación de 6,2, estamos muy por encima de Italia (3,9) y Grecia (3,4), pero muy por debajo de Dinamarca (9,4), Finlandia (9,4) o Suecia (9,3). Un juste milieu nada honroso.

Es una fortuna que el índice mida la corrupción percibida por la ciudadanía, pues si pudiera medirse la objetiva a lo mejor estábamos más abajo. Porque es un hecho que, en contra de lo que Palinuro siempre quiere creer, la corrupción no pasa factura en las elecciones, algo verdaderamente insólito. Es lógico que, si la ciudadanía no tiene en cuenta la corrupción a la hora de votar, su percepción sea extraordinariamente benévola. Al dar a su país un magro 3,9 probablemente los italianos son más realistas que los españoles.

¿Cómo explicar que el PP obtenga una abrumadora mayoría de votos en la Comunidad Valenciana que está literalmente anegada en (presunta) corrupción que afecta de lleno al PP? Su expresidente Camps responde desde el banquillo en unos días por el inenarrable asunto de los trajes de la Gürtel y hay multitud de cargos políticos implicados en un sinfín de casos penales. Al expresidente de la diputación de Castellón, Fabra, el Tribunal Supremo lo ha puesto de nuevo en manos de los jueces, de quienes estuvo a punto de librarse no por ser declarado inocente sino porque sus supuestos delitos hubieran prescrito. Al parecer Fabra achaca sus golpes de fortuna al hecho de que le toca la lotería casi sistemáticamente, lo cual explica porqué no nos toca a los demás. La suerte está del lado de Fabra. Estaba porque, al fin, van a juzgarlo por delitos contra la Hacienda Pública, que están acompañados de otros no menos vistosos como tráfico de influencias o cohecho continuado. Una joya el, por ahora, último vástago de una dinastía de Fabras casi tan antigua en la Diputación de Castellón como los Borbones en el trono de España. Casualidad tan maravillosa como que le toque la lotería casi siempre.

Lo anterior puede parecer de cine de humor, de película del napolitano Totó que, por cierto, era un príncipe, de verdadero nombre Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi. Pero no es nada comparado con la historia del aeropuerto de Castellón, obra emblemática de Fabra que éste inauguró del brazo con Camps, explicando que era un aeropuerto sin aviones. Eso es algo más surrealista que la pipa de Magritte según el cual la pipa no era una pipa; el aeropuerto no es un aeropuerto. Pero resulta que sí es un aeropuerto y cuesta una millonada. Es decir, ¿no es también un delito? ¿No es malversar dineros públicos?

Lo del aeropuerto castellonense queda chiquito junto al saqueo de los caudales públicos que, al parecer, perpetraron cargos del PP al frente de una empresa, Emarsa, muy simbólicamente dedicada al tratamiento de aguas fecales y que sufragaba los más costosos caprichos de los tales cargos, desde viajes de lujo hasta francachelas diversas. Seguramente para expiar esta vida de licencia y molicie, las autoridades valencianas propiciaron y financiaron en 2006 una visita del Santo Padre Benedicto XVI quien vendría cargado de indulgencias. Por el camino se se esfumaron al parecer 3,8 millones de euros de un total de 7,4 millones que costó la visita papal al erario público. Más de la mitad de la pastuqui volatilizada y perdida se presume que en los bolsillos de los caballeros del Santo Gürtel.

En esa atmósfera de densa corrupción, no sería de extrañar que el yerno del Rey, marqués de Palma o algo así, se hubiera contagiado de las costumbres locales. Debió de haber un tiempo en el mundo empresarial levantino y balear en que regía la máxima de ¡tonto el último!. Lo malo de Urdangarín es que esté relacionado con la Casa Real y aparezca también presuntamente implicada la infanta Cristina. Mala cosa para la Monarquía española.

Pero es un asunto que pertenece a otra entrada. En ésta se trata de reseñar que el estado de corrupción es el normal en España (recuérdese, número 14 en la UE, por detrás de Estonia y Chipre). Pero que sea normal no lo hace menos indignante. Por su naturaleza la corrupción afecta a empresarios, funcionarios y cargos políticos. Estos últimos carecen de toda legitimidad a la hora de pedir a la gente que se sacrifique, que pierda sus exiguas rentas, que ceda parte de sus bajos salarios.

Así pues la señalada tolerancia frente a la corrupción presenta rasgos de masoquismo colectivo. Puesto que hemos de hacer sacrificios, preferimos que nos los impongan los que se libran de ellos fradulentamente. La corrupción y los recortes son como las guerras: los que las declaran nunca van a ellas.