La soberbia de la sinrazón

Este tribunal, que no se comunica por autos o providencias o sentencias, sino por "canutazos", ha hecho saber que se tomará su tiempo para resolver el recurso del gobierno contra el anuncio de la investidura de Puigdemont, no contra la investidura, que aún no se ha producido. El mismo tribunal que tardó menos de 24 horas en adoptar medidas cautelares, que muchos consideran ilegales, a instancia directa del gobierno. El que, en otras ocasiones y siempre en interés del mismo patrón, ha sido tan rápido como el famoso tigre de la leyenda, más veloz que sus rayas.

Ahora, tratándose de un asunto de urgencia para el normal funcionamiento de las instituciones, ese tribunal Speedy González anuncia que volverá a los pausados tiempos de la judicatura española. Como no cabe presumir en los magistrados desconocimiento del daño que su anunciada lentitud va a causar en una situacion crítica para que entre en funcionamiento la Generalitat solo puede concluirse que el tribunal se alinea con la táctica dilatoria y obstaculizadora del gobierno. Y, sin duda por hacer méritos procede por vía insultante, "sin urgencia". A ver si se han creído estos catalanes que van a condicionar la vida nacional.

Bueno, "los catalanes" pueden darse por contentos. El desprecio de este tribunal por Cataluña era antes mucho más intenso. Cuatro años tardó en dictar sentencia destrozando el Estatuto de 2016. Y solo para incendiar la pradera hasta llegar a la situación en que él mismo como tribunal es un instrumento del gobierno. Hablar aquí de Estado de derecho es literalmente echar margaritas a los puercos.

Pero eso es el juicio a primera vista: una provocación más del B155. Pero una provocación que aclara, aun involuntariamente, el terreno y las posibilidades de juego. El independentismo, sin duda, va a jugar frente a un bloque cada vez más desorientado y enredado en sus contradicciones judiciales de las que no conseguirán salir. El juego de los indepes es político (justo aquello de lo que el B155 no entiende) y seguirá al margen de las presiones y las amenazas judiciales. Para eso, habrá de adoptar una línea entre cuando menos dos con alguna variante:

Versión contemporizadora: se acepta la espera del TC, cosa que puede hacerse con una ficción jurídica de investidura fallida, que abriría el plazo de dos meses hasta la segunda votación. A ver si, entre tanto, el TC se ha pronunciado. Este tiempo podría también cubrirse con la variante que propone ERC de combinar una presidencia simbólica con otra ejecutiva. La idea es buena y eficaz. La bicefalia en el ejercicio del poder no es nueva. Dos eran los cónsules en Roma de iguales poderes y esta es la idea de fondo de la presidencia/vicepresidencia de los Estados Unidos, aunque a veces se olvide por la especial relevancia del presidente. La cuestión es la atribución de funciones. La idea parece ser reservar el estatus de legitimidad al presidente en el exilio y residenciar la capacidad ejecutiva en el investido. El primero, simbólico; el segundo, eficaz. Pero también cabría una fórmula de aeque principaliter o igualdad de dignidad en tanto el TC se digna resolver la cuestión. Y eso sabiendo que, con toda probabilidad, la decisión será negativa: Puigdemont no puede ser investido telemáticamente; puede serlo presencialmente, siempre que pida permiso a su primo el Tribunal Supremo que ya ha corrido a decir que no se lo dará. O sea, no habrá investidura de Puigdemont. Está prohibida.

Versión rupturista: el Parlament ignora la última decisión del TC y el canutazo sobre los tiempos y procede a investir telemáticamente a Puigdemont. Siendo este acto contrario a la prohibición del TC y armado con el 155, el gobierno se sentirá obligado a impedir la investidura empleando para ello los medios que estime necesarios que bien pueden ser clausurar el Parlament y abrir a continuación otro expediente represivo a su mesa. Todo con la vista puesta en dos futuros muy inciertos: prolongación del estado de excepción en Cataluña, cuya Constitución será el 155, es decir, la dictadura o terceras elecciones con un previsible resultado de aumento del voto independentista y eso si no se cae en la tentación de prohibir algún partido o asociación por razones ideológicas.

La perspectiva es tan negra que muchos se sienten justificados en insistir en que se adopte alguna variante de la versión contemporizadora. Es comprensible y quién sabe si prudente. Pero tiene una objeción. La contemporización (equivalente al appeasement de Munich, 1937) tiene un plazo escaso: si el govern bajo presidente ejecutivo se atiene al mandato que reconoce como propio de consolidar la República Catalana entrará de inmediato en curso de confrontación con el B155 cuyas nuevas medidas represivas de todo tipo nos llevarán al punto de partida, pero con un puñado de encausados más. 

El resultado viene a ser el mismo pero quizá por ello sea difícil elegir.

Palinuro ayer en Tarda oberta, de TV3

Ayer, intervención de Palinuro desde Madrid en el magnífico espacio de Tarda Oberta, de TV3. Quedó muy bien. Felicidades a los dos presentadores que lo hacen de cine. Mil disculpas porque llegué muy tarde pues me pilló un atasco monstruoso en la M-30.

Las cuestiones tratadas, de relevancia. La televisión como vía d einformación y debate de interés. La televisión como servicio público, algo que las cadenas españolas, todas a las órdenes del gobierno, ni huelen. Justo ayer, cuando en uno de esas basuras que llaman programas una señora, famosa por todo lo que hay de detestable en la naturaleza humana, exhibía el contenido de unos whatsaps -o algo similar- íntimos, privados de Puigdemont a un amigo obtenidos con técnicas de paparazzo. Lo importante de las diferencias es que queden claras.

Toda la represión, todas las cárceles, todo el odio del Estado español y sus engolados servidores no sirve de nada contra el movimiento independentista catalán. "Rebelión, sedición, malversación", silabean lívidos de rabia unos togados que se creen seguros porque son seguidores de Trasímaco, el que decía que el derecho es la ley del más fuerte. 

Inhabilitar una revolución

Lo dijimos hace un puñado de posts ("La deconstrucción de la rebelión") que, ante la creciente presión para que encontrara una salida civilizada al desbarajuste que ha creado, Rajoy se lavaría las manos invocando la división de poderes y que el asunto había salido de su jurisdicción política para entrar en la judicial. Es falso, por supuesto, ya que la ofensiva judicial fue instada por el ministerio fiscal, acicateado por el gobierno. 

Pero eso da igual. Supongamos que, cansados los jueces de que el gobierno los use como parapetos, según dice Público, los del Supremo hayan decidido actuar por su cuenta en un asunto eminentemente político. Y se conviertan en un incordio para el gobierno porque lo sustituyan. La falta de división de poderes ya es un desastre, pero la supeditación del gobierno al judicial es una catástrofe. ¿O alguien cree que se va a parar el procés inhabilitando a su cúpula? Tomen nota de lo sucedido con Ómnium y la ANC, que siguen actuando con sus dirigentes encarcelados. La única forma de completar la faena de la inhabilitación es la prohibición de las asociaciones independentistas. Y a ello parecen apuntar las últimas pesquisas policiales en sus sedes, así como los apuntes contables que maneja el juez Llarena. 

No se puede inhabilitar un proceso social que es, además, pacífico, cívico, democrático y revolucionario. Detrás de unas "cúpulas" inhabilitadas vendrán otras. Hay que inhabilitar un movimiento apoyado en más de dos millones de votos. O sea, hay que prohibir el independentismo, sus asociaciones, organizaciones, partidos. Hay que convertir el independentismo en un delito.

Y eso, ¿cómo se hace en un Estado de derecho? ¿Y cómo se explica? No a la dudosa luz de los sentimientos heridos, las emociones, el despecho, la ira, sino a la más clara de la razón, la justicia, la equidad. 

¿Cómo se explica que en España haya presos políticos, "delitos" de opinión?

¿O no hace falta explicarlo porque el 155 lo explica todo?

Final de partida

Al publicar el post anterior, La investidura en un tuit, señalaba Palinuro que, con todas las salidas cerradas por orden del gobierno,  el Parlamento tenía dos opciones obvias, ambas desafiando las prohibiciones arbitrarias de la dictadura española: investir a Puigdemont presencialmente (si conseguía llegar) o telemáticamente. En ambos casos sería de esperar otra vuelta  de tuerca de La Moncloa al 155 con el que el Sobresueldos ejerce su dictadura personal. Decía también que el Parlament, en uso de su soberanía quizá adoptara una decisión mejor. 

Y lo ha hecho. Ha aplazado el pleno de investidura hasta que el Tribunal Constitucional (TC) aclare el embrollo que él mismo ha organizado al servicio del gobierno y de consuno con Tribunal Supremo. Así se evitan las posiblemente fulminantes represalias en caso e investidura.

Comienza un compás de espera.

La decisión, probablemente astuta en el barullo de iniciativas, recursos, contrarrecursos y fintas de leguleyos, todavía pertenece a la etapa anterior a la constitución del Parlamento, cuando había que contestar a las provocaciones del B155 y su dictadura. Pero, con el Parlamento funcionando, esa época ha pasado y el aplazamiento de ayer ha sentado bastante mal. Muchos (PDeCat, la CUP, gente en la calle y en las redes sociales) se sintieron defraudados y amenazaron con recurrir a la acción directa,

Cierto, es lo que quieren lo franquistas de PP, el PSOE y C's y, por tanto, no hay que caer en la trampa. Nada de acción directa y violenta. Pero, por no caer en una trampa, podemos caer en otra: el aplazamiento de la investidura implica reconocer el derecho del enemigo a seguir gobernando tiránicamente y acarrea desestimiento y quizá discordia entre los indepes, que también es lo que quieren los franquistas.

Así que, reconociendo la prudencia de la decisión de aplazar, no es posible ignorar el riesgo de derrota que la prolongación supone, sobre todo a manos de unas adversarios tan granujas, hipócritas y viles como los que aquí intervienen, sin escrúpulos ni sentido alguno de la decencia y sin barreras morales que detengan sus prácticas criminales. 

Sin duda hay que cargarse de razones frente al abuso y el fascismo para afrontar el último tramo de la independencia de la República Catalana con el apoyo de la comunidad internacional. Y hacerlo manteniendo dos principios inamovibles: a) el movimiento es pacífico; b) es unitario.

Ni un milímetro cabe separarse de ambos criterios: no violencia y unidad.

Pero, quien crea que el fascismo español, el Borbón, el Sobresueldos, la banda de ladrones, los siervos socialistas de la derecha, los medios de comunicación rebosantes de sicarios, los empresarios delincuentes, etc., amainará en su intención de arrasar Cataluña, vive en la inopia. El plan de la dictadura del 155, ya lo hemos dicho, es acabar con el independentismo catalán por la violencia: encarcelando, exiliando y multando a todo el que se manifieste por él.

Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El punto de ruptura.

Así que, se quiera o no, en algún momento habrá una confrontación, habra que desobedecer, habrá que resistir. Lo importante, lo imprescindible no es hacer lo que sea por evitar aquella ya que es inevitable. Lo importante es mantener la no violencia del independentismo a toda costa y que la única que aquí se emplee sea la de la dictadura española.

Habrá agresiones (que quedarán sin respuesta), insultos, ataques de todo tipo. Más gente irá al exilio o a la cárcel. Mucha más. Hasta que ganemos.

La única posibilidad de sacar a los presos políticos de las cárceles es llenándolas con muchos más presos políticos. Hasta que la situación sea insostenible. Dentro y fuera de las cárceles.

Aquí, la versión castellana:

El punto de ruptura

El Estado español vive en una situación de excepcionalidad. Rige la Constitución de 1978, pero no rige porque está suspendida en una parte territorial del país, Catalunya, merced a un artículo, el 155, una ley de plenos poderes y de dictadura de hecho, aunque tenga el sarcasmo de llamarse “dictadura constitucional” o, como traducen los obsequiosos medios de comunicación –prácticamente todos- de protección de la Constitución. También está suspendida en su totalidad institucional, puesto que se aplica a todos los actos del gobierno y las instituciones con las que este se relacione. Catalunya no puede autogobernarse por exclusiva voluntad de Rajoy. El Parlamento tampoco legisla gracias al mismo individuo, que lo ha sustituido personalmente con el beneplácito de la oposición PSOE, C’s y, aunque vergonzantemente, también Podemos. Los tribunales, el Supremo y el Constitucional secundan la política del gobierno y tratan de disfrazar con argumentaciones jurídicas sus arbitrariedades.

                En esta situación la monarquía borbónica, heredera del franquismo, pone en marcha una campaña de propaganda para el 50 aniversario de Felipe VI. Se trata de embaucar a los súbditos con una apariencia de eficacia, legalidad, cercanía y sencillez que, aparte de costarnos una pasta (como todo lo borbónico) constituye un atropello más, una farsa y una burla a una ciudadanía que aspiraba a vivir en un Estado de derecho.

                El Borbón ya ha empezado a borbonear. Primero fue su rabioso alegato del 3 de octubre del año pasado, ignorando a las víctimas del vandalismo policial, amenazando al independentismo catalán y dando indirectamente carta blanca a las bandas fascistas de amigos y parientes del gobierno para que asalten librerías y apaleen a la gente por la calle. Luego la vergonzosa intervención de este ensoberbecido personaje yendo a explicar a sus mayores en Davos que España es lo que no es: un Estado de derecho. Si lo fuera, no sería necesario explicarlo, como nadie lo hace en el caso de Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, etc. y tampoco pretendería hacerse reconocer como Estado de derecho justo en el momento en que una norma excepcional, el 155, lo ha suspendido, aunque esto, más que caradura, pertenece más al campo de la estupidez. Vino luego un vídeo de un almuerzo de la familia real, monumento a la ñoñez y cursilería y un insulto a un país que tiene estadísticas escandalosas de miseria, desempleo y desamparo así como latrocinio e impunidad de los amigos y parientes del gobierno, su partido y los reyes. La imposición del Toisón de oro, o sea el vellocino de oro, de los Austrias, usurpado por esta casa de advenedizos a una niña con un “sueldo” de decenas de miles de euros que también pagan quienes no tienen para comer es ya la última muestra de la absoluta falta de sensibilidad y consideración de esta gente para el pueblo al que sojuzga por la propaganda, el engaño y, llegado el caso, que ha llegado, la fuerza bruta.

                La mezcla de violencia y represión fascistas en Catalunya (1º de octubre, presos políticos, intervención policial y paramilitar del territorio, etc.) con la cursilería esta monarquía restaurada por un delincuente fascista cierra la metáfora de la Transición. Marca también la hora 25 de este Estado español, carcomido por la corrupción, el autoritarismo y la incapacidad para encontrar una solución democrática y civilizada a la llamada “crisis catalana” que en realidad es la “crisis española”. Trata de hacerlo mezclando la brutalidad represiva de Turquía con la insufrible ñoñería de Sissi emperatriz.

                Convocado legalmente el Parlament salido de las urnas el 21D no puede proceder por una inteferencia ilegal e injusta del gobierno. Se vale este de unos jueces encantados de hacer el papel de muñidores y correveidiles de sus arbitrariedades y las justifica con el coro de medios comprados, dedicados a tapar su guerra sucia y atizar la catalanofobia, tratando de fraccionar y provocar a la sociedad catalana para justificar una eventual represión mucho más violenta y que también tendría el beneplácito del Borbón. ¿No dijo este en su discurso de entronización que hoy los españoles tienen el derecho de sentirse españoles como les dé la gana? ¿A qué viene exigir también el derecho a no sentirse españoles o sentirse no españoles? Ese derecho no les es reconocido y si algunos, varios, muchos, dos millones, por ejemplo, quieren ejercerlo, se les abre la cabeza, se les deja tuertos, se les destrozan las escuelas y el sistema sanitario, se les intervienen las instituciones, se les destituyen los cargos electos, se los encarcela, se los envía al exilio o se les confisca el patrimonio.

                Fin de la metáfora de la Transición. El fascismo del Estado español ha llegado al final del camino, ha cerrado dictatorialmente todas las vías para una solución razonable. Ha forzado el punto de ruptura. Solo admite un vestigio de arreglo si el independentismo renuncia a su candidato a la presidencia por no otra razón que porque al franquista Rajoy le da la gana.

                Es una típica provocación para justificar luego más dictadura en Catalunya y en España. Los independentistas no pueden aceptar que el presidente de la Generalitat lo decidan el corrupto Rajoy y el Borbón porque, además de tratarse de una institución democrática e íntegra, es republicana.

                La decisión de Torrent de postergar el pleno de investidura hasta ver qué decisión adopta el Tribunal Constitucional en el nuevo plazo que este arbitraria e ilegalmente ha establecido, es comprensible por un ánimo de agotar todas las posibilidades de solución pacífica. Pero me temo que será inútil. El Estado (Rey cursi y autoritario, gobierno corrupto, oposición vendida, medios comprados, etc.) no quiere solución pacífica alguna, sino sumisión, humillación, acatamiento y renuncia al independentismo. Para eso, entre otras vergüenzas, tiene rehenes políticos. La decisión que tomará el Constitucional será la muy española y previsible de sostenella y no enmendalla. Esperar no sirve ya de nada y solo podría aceptarse bajo promesa solemne de que será la última vez que se contemporice con la barbarie franquista.

                Se ha alcanzado el punto de ruptura. Si no se deja otra salida al Parlament que proponer otro candidato a la presidencia (en el extremo, ¿por qué no Arrimadas? Franco lo hubiera hecho) aquel tendrá que tomar la decisión hoy aplazada. Y tendrá que hacerlo con todas las consecuencias (incluidas las que enuncia el mafioso Casado del PP) en confrontación con los deseos de un Estado cuyo espíritu dictatorial se observa en que, a estas alturas ni él mismo sabe cómo imponer una legalidad que no es más que la arbitrariedad del ordeno y mando del franquismo, amparada por los jueces de su mismas cuerda y con el activo apoyo de un Borbón que trata de conservar su suculento empleo impidiendo la liberación de un pueblo y su constitución en República.

La investidura en un tuit

Acabo de leer un tuit que dice : "España debe de ser el único Estado del mundo que teme y se prepara para la eventual invasión de un solo hombre". Me descubro ante la concisión, la exactitud lacónicas y el alcance de la expresión. Sí señor, el único país del mundo que blinda sus fronteras por tierra, mar y aire, los maleteros de los coches de los ciudadanos y las alcantarillas y desagües de una ciudad a un coste del que nos enteraremos cuando al ministro al frente de este disparate le dé por informar al Congreso, depositario de la soberanía del pueblo español; dicen. Un país que, en contra del juicio de Pío Baroja sobre los españoles, no tiene sentido del ridículo.

Finalmente, el Supremo ha zanjado la cuestión: se echará el guante a Puigdemont tan pronto aparezca en un maletero o disfrazado de alegre ejecutivo y, una vez detenido, no se le permitirá asistir a su propia investidura que es como impedir que el triunfador recoja su premio. 

Incidentalmente, los lectores entreverán el motivo por el que el juez Llarena no permite a los otros diputados electos acudir al Parlament. Si lo hiciera, no tendría luego argumentos para negar la asistencia a Puigdemont, que es de lo que se trata, pues es lo que quiere el gobierno. Junqueras y Sánchez son víctimas de una medida represiva (y no justificada razonablemente) que va dirigida contra Puigdemont, el hombre solo que tiene al país en estado de guerra y zafarrancho d combate. 

Porque no es un hombre solo. Son más de dos millones de ciudadanos que votaron a su favor. Posiblemente muchos más porque también estarán quienes no votaron a su favor pero no están dispuestos a admitir que se tuerza la voluntad democrática de la mayoría, aunque no sea la suya. 

Pero el subtítulo de la noticia, todas las puertas legales para que el "expresident" se presente a la investidura quedan cerradas, parece taxativo. Parece. Lo de "legales" puede quedar para otro momento. Lo de "cerradas" (y todas) parece incontestable. Parece, siempre parece. Porque contestación, habrá. Se me ocurren dos, las más evidentes, lo cual no supone ignorar que el Parlament, en uso de sus competencias, adopte alguna otra mejor. Las que me parecen obvias:

1ª.- El reto de burla burlando que ha traído Puigdemont hasta la fecha acaba hoy. El Estado, tiene movilizados en su búsqueda incontables efectivos de toda clase, incluido el equipo de hombres-rana. La experiencia del éxito de la confiscación de urnas permite pensar que la operación concluya en el momento en que Puigdemont se materialice en el Parlament en forma de deus ex machina. ¿Qué hará entonces el gobierno? Antes de responder, atención a la segunda contestación.

2ª.- Hartos los diputados de esperar el deus ex machina y convencidos de que no habrá investidura presencial por razón de fuerza mayor (o sea, sin razón), deciden proceder por vía telemática. ¿Qué hará entonces el gobierno? 

No, no es un hombre solo ni todas las puertas están cerradas. 

"Oiga, sí," razona el B155, "el TC ha declarado ilegal la telemática (y, de paso, la delegación del voto) y el TS ha dicho que Puigdemont detenido significa Puigdemont ausente".

"Desde luego", responde el sentido común, "quienes dan esas contestaciones ya saben que lo hacen en contra de sendas prohibiciones que, por diversos motivos, consideran injustas, entre ellos el que carecen de motivo. Por lo tanto, contéstese la pregunta: ¿que hará el gobierno en ambos casos?"

No era incontestable la "cerrada". Tenía contestación y requetecontestación. ¿Que hará el gobierno? ¿Volverá a recurrir la investidura telemática pidiendo al TC que decida del fondo del asunto que no existe porque no hay asunto al ser la investidura telemática factible y legal? Ni con los jueces puede el gobierno ilegalizar lo que no le gusta políticamente.

En realidad, la tentación del gobierno, sobre todo de este gobierno cuya capacidad para no entender nada es fabulosa, será dejarse de jueces, esgrimir el 155, paralizar el Parlament, si no intervenirlo a través de la fuerza pública. 

Lo interesante será ver cómo se lo explican  a los socios europeos. Cómo les hacen ver la justicia de una situación en la que alguien a 1.000 kilómetros de distancia con mayoría absoluta de 70 diputados en la cámara no puede gobernar Catalunya, pero sí puede, a través del 155 a 600 kilómetros un gobierno de un partido que tiene cuatro diputados en el Parlament y un alcalde en todo el territorio.

No es un hombre solo. Es un país.

El límite del ridículo

(Se accede a la entrevista pinchando sobre la imagen).

La opinión es ya universal: habiéndose empeñado M. Rajoy en desgobernar él solo este sufrido reino por medio del 155, al final se ha quedado él solo en esta especie de frenesí antipuigdemont que le ha entrado. No le sigue el Consejo de Estado, ni la opinión más autorizada de los especialistas, ni los letrados del Tribunal Constitucional (TC), ni el propio TC, que ha preferido llamarse andana metiéndose a legislador y pasando la patata ardiendo al Tribunal Supremo (TS).

Queda por ver si el TS sigue el ejemplo y le devuelve la patata al gobierno por una de dos formas: la contundente, esto es, retirar la orden de detención o lo que haya contra Puigdemont, y la mitigada, es decir autorizar a este a asistir presencialmente a su investidura. No me gusta la segunda si no va acompañada de una garantía firme de no proceder contra el presidente para sumarlo a la lista de rehenes que ya tienen. Y, en verdad, como están las cosas, la única garantía real es la retirada de las acciones judiciales porque, de mantenerse estas, ¿actuarán contra el presidente en el curso de su mandato?

También le quedan a Rajoy la infatigable Sáenz de Santamaría y el resto del triunvirato nacional-español, Sánchez y Rivera. Ninguno de ellos sirve para gran cosa pero la febril y escenográfica vicepresienta, virreina de CataluÑa, compensa por el prudente silencio de los dos líderes de la oposición que quisieran el anillo de Giges, para ser invisibles en mitad del destrozo. Es ella en buena medida la que ha organizado este desbarajuste que amenaza con que las altas instancias del Estado se líen a mamporros en algún evento en que coincidan.

Ya pueden eximios teóricos especular sobre las inmunidades del poder, el habeas corpus, el due process. Nada, hombre, aquí llega la vicepresidenta del gobierno, llama por teléfono al presidente del TC, que estaba en Estrasburgo, para informarle de que han presentado el recurso contra la investidura de Puigdemont y que a ver si el alto tribunal puede resolver esa misma tarde. Literal. Ni más ni menos. División de poderes e independencia del judicial y asimilados, como este obediente TC, cuyo presidente se pilló un avión al día siguiente, sábado, y se machacó el almuerzo junto a sus colegas, buscando alguna fórmula para salir del atolladero que no lo hundiera más de lo que está. No lo ha conseguido

De ahí salió la mirífica solución de suspender la deliberación (la propia, no la del Parlament) con prohibición de investidura telemática y voto delegado por mandato expreso de la divinidad y traslado al Supremo de la decisión de permitir la comparecencia presencial del presidente Puigdemont en uso de su derecho como diputado electo. El coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas, decía el poeta. El País considera sapientísima la decisión del TC, así que...

Ignoro si el TS, a su vez, decidirá retirar la orden contra Puigdemont en España como retiró la euroorden, cosa muy lógica o se obstinará en amenazar al presidente con los alguaciles. Si no se puede producir la investidura presencial como sería lo lógico, nada puede impedir la investidura telemática y menos que nada esa declaración de ilegalidad del TC que no tiene fundamento jurídico alguno.

Para evitar la investidura de Puigdemont van a tener que llevar la dictadura al límite del ridículo.

En todo caso, aquí la entrevista que me hizo Pere Cardús para Vilaweb y que versa sobre este y otros asuntos conexos.

De jueces y reyes

El B155 se empeña en arrastrar este conflicto por el cenagal y utiliza términos denigratorios como "cobardes", "prófugo", "fugitivo", cuando habla la élite y "osito" o "¡a por ellos!" cuando lo hacen las mesnadas. Se mueve en la dimensión ideológica que le es propia, la del ordeno y mando, la arbitrariedad, los privilegios y la imposición.

Pero la dimensión de lo que aquí está ventilándose es muy superior. Se trata de los destinos de un país. Por eso intervienen las últimas y definitivas intancias que, desde los tiempos bíblicos, sostienen el orden político: los jueces y los reyes. El guirigay de si Puigdemont entra en el portaequipajes de un autobús, si es o no Cipollino y si el gobierno puede convertirse en grupo de choque de la policía ha dejado paso a la augusta presencia de estas dos instituciones.  Ayer se dieron dos hechos que dejan ver por dónde va cada cual en este conflicto con crisis constitucional: el Rey festejó su quincuagésimo aniversario y el Tribunal Constitucional tomó una decisión por unanimidad que todavía complica más las cosas. De reyes y jueces va la cosa. Aunque de reyes y jueces españoles.

Lo primero, el 50º cumpleaños de Felipe VI saltó a las redes como una campaña de imagen de La Zarzuela. De imagen edulcorada, ñoña y cursi hasta rechinar los dientes que nada tiene que ver con el drama que vive el país. Nada con el hecho de que unos presos y exiliados políticos no puedan estar con sus familias. La comparación es odiosa y la oportunidad de la imagen ya se ve. Después del monumental ridículo del monarca en Davos, presentado como el Rey más joven de Europa (y se nota) y un estadista de larga visión y pulso firme, las hogareñas y sencillas escenas del almuerzo dibujan el "target" (que dicen los entendidos) al que se dirige la campaña: los lectores de revistas del corazón. Y lo de lectores es hiperbólico. 

Los jueces tienen otro nivel. Más enrevesado y entretenido. Jueces y políticos, se entiende. Los del TC, deseosos de complacer al gobierno, pero impedidos por la falta de fundamento de sus pretensiones y la opinión contraria del Consejo de Estado y sus propios letrados, han tomado una decisión que podríamos llamar "traslaticia", esto es, la de trasladar al Tribunal Supremo la patata ardiendo que el gobierno le había pasado. Al propio tiempo tranquiliza a este asegurando, como quien no quiere la cosa, que la investidura telemática es ilegal y la delegación del voto desde el exterior, motivo de excomunión. Pero sin que se explique en absoluto por qué. Por qué es ilegal la investidura telemática salvo por el rechazo político del gobierno, es un misterio. 

Esta decisión no sirve para nada. Se permite la investidura de Puigdemont siempre que sea presencial porque es su derecho como diputado electo, pero esa presencia depende de la orden de detención del Supremo. Es un reconocimiento viciado, de mala fe, remachado además con la inmotivada prohibición de la investidura telemática. Salvo que el Tribunal Supremo devuelva la patata ardiendo al gobierno retirando su orden de detención igual que retiró la euroorden. 

En ese momento, el gobierno tendría que aceptar a Puigdemont de presidente de la Generalitat o declarar abiertamente el estado de excepción. 

Ni siquiera el matiz de que se trata de medidas cautelares, por otro lado expresamente prohibida, en tanto el TC considera la admisión del recurso y, por lo tanto, permiten suspender los plazos y los actos es aceptable. En el pleno del Parlament del día 30 se votará la investidura de Puigdemont de una forma u otra. La mejor es la presencial, pero eso depende de la voluntad del B155.

Mañana, Palinuro en Lleida

En un momento crucial, a un día de que el Parlament tome una decisión que forzará la solución de este barullo creado por la obstinación en no aceptar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre.

Porque es el último peldaño en la escalera de la República Catalana en la que los organizadores cuentan tres y Palinuro, siempre más minucioso, cuenta cuatro, pues echa en falta el 7 de diciembre, cuya importancia no puede desdeñarse, ya que tiene la fuerza de la movilización popular, como el 1º de octubre, en defensa de las instituciones catalanas tras el golpe de estado unilateral del 155 el 27 de octubre.

Parece que luego, a la caída de la tarde, habrá un acto musical en la Plaça Paeria, en honor de los presos políticos. Imposible encontrar una forma mejor de solidarizarse con quien sufre por la injusticia que la música. La música es matemática y así como esta es la reina de las ciencias, aquella es la de las artes. Y el arte, ya se sabe, es emoción. Todo lo demás es comercio.

El debate sobre si presos políticos o políticos presos está muy por debajo de nuestro caso. Sobre todo porque viene movido por un gobierno y un partido en el que abundan los políticos presos y los que andan en libertad provisional. 

Estos otros son presos políticos de verdad, presos por sus ideas, presos de conciencia, que no han cometido delito alguno y son absolutamente pacíficos. Verlos entre rejas produce una fuerte emoción que se expresa mediante la música. 

El "mal mayor"

El gobierno está dispuesto a evitar un "daño irreparable" provocando otro mas irreparable. Lo hace para evitar un "mal mayor", la investidura de Puigdemont.

Que la investidura de Puigdemont sea o no un "mal mayor" va en puntos de vista. Lo imprescindible  es que el gobierno diga -y el Tribunal Constitucional (TC) lo admita- exactamente qué es lo que está recurriendo. Obviamente no es la investidura de Puigdemont, que aún no se ha producido y por tanto es irrecurrible. Y no vale decir que la convocatoria del acto equivale al acto porque pudiera pasar, ¿quién sabe? que el candidato fuera de repente arrebatado a los cielos en un carro de fuego, como el profeta Elías.

El gobierno está recurriendo la decisión del Parlamento de investir a Puigdemont el día 30. Está recurriendo la propuesta que Torrent trajo a M. Rajoy hace un par de días. Está impugnando por ilegal una decisión de un Parlamento legal. Está atacando la soberanía (o la autonomía, que viene a ser igual) del Parlamento.

Bueno. Hace unos días, M. Rajoy amenazaba con un 155 "más duro y más largo". Entre las "durezas" preveía un veto a las decisiones del Parlament, una medida que el Consejo de Estado rechaza porque hasta él entiende que es dictatorial. Por eso recurre el gobierno al TC, para que sea este el que se pringue con una prohibición (disimulada bajo la forma de aceptación a trámite) ilegal. Ilegal porque no hay norma alguna que prohíba la investidura de Puigdemont. Solo hay la voluntad omnímoda del B155 de evitar un "daño irreparable" que nadie sabe en qué consiste pero suena a más amenaza.

En este momento, la cuestión ha quedado reducida a una obsesión del B155 con la persona de Puigdemont, sin duda por su valor simbólico. Se trata de ignorar el carácter social, de movimiento transversal de masas del independentismo, cerrar los ojos a una reivindicación sostenida con más de dos millones de votos y en circunstancias extremas y simplificar el asunto casi con mentalidad de comic. Hay que abatir a Carles Puigdemont, enemigo nº 1 de la nación española. Así, con la crudeza del lenguaje de un killer lo enuncia Pérez Rubalcaba, para quien tanto los independentistas como el gobierno están tratando de quitarse a Puigdemont de en medio. Es de esperar que no al modo que se teme el tremendista Verstringe. 

En cualquier caso, quitar a alguien de "en medio" no es una expresión elegante. No por la acción que promete y estará a la altura de quien la enuncia, sino por la persona sobre la que se ejerce. ¿Qué significa "quitar de en medio" a Puigdemont? Pues lo que más a la pata la llana anunciaba una  preelectoral Sáenz de Santamaría, "descabezar" el movimiento independentista. Porque siguen creyendo que no es un movimiento sino una especie de conjura. De ahí el proyecto que ofrecen, conjurar a su vez a las fuerzas "constitucionalistas" para ofrecer "al conjunto de España un proyecto político que de paso resuelva el problema de Cataluña". Tal cual. "De paso".

Es decir: mandan a la gente al exilio, meten al Rey en faena y a algunos de sus súbditos en la cárcel, embargan a otros, suspenden instituciones, proclaman un estado de excepción de hecho, involucran al Poder Judicial en la politica represiva del gobierno, persiguen a la gente por tierra, mar y aire, vetan las instituciones de autogobierno, intervienen sus medios públicos de comunicación, plantean una unión sagrada y una nueva planta de España, pero la cuestión por la que han cometido todos estos disparates la arreglarán "de paso".

¿Qué más cabe decir?

No se puede parar

¿El independentismo catalán? Una algarabía, cuatro locos iluminados, maniobras de neonazis, complot etnicista, delirio supremacista, una minoría vociferante frente a una mayoría silenciosa, una maniobra para tapar la corrupción nacionalista, otra vuelta de tuerca de la burguesía reaccionaria de los recortes, unos nacionalistas anticuados, unos carlistas, provincianos acomplejados, nuevos ricos ensoberbecidos e insolidarios, polacos. Nadie. Nada.

Resulta que la investidura de Puigdemont tiene a Europa intrigada por el espectáculo -sólito espectáculo hispano- por tierra, mar, aire y maletero, que diría Zoido en un arranque de ingenio. Esa incógnita que mantiene el suspense podría ser el torbellino que se llevara por delante la plaga de Rajoy porque, aunque este ha jurado a Alsina que hará lo posible para impedir la investidura del precito (al que ya nadie llama "cobarde"), "todo lo posible" no será suficiente como se verá a continuación. Pero eso sería en un país normal; en este, M punto Rajoy no dimitirá, como también se verá a continuación.

Un dictamen en contra de la investidura telemática de los letrados del Parlament es bastante, según el B155, para que aquella no se celebre, aun no siendo el dictamen vinculante. Pero un informe del Consejo de Estado en contra de la pretensión del gobierno de recurrir la investidura de Puigdemont ya en el estado de nasciturus, no lo obliga a desistir porque no es vinculante. Es la fuzzy logic de que hablábamos ayer. Y el Consejo de Estado no es la checa del amanecer, sino un órgano copado por carcundas y presidido por un sempiterno soldado del nacionalcatolicismo, José Manuel Romay Beccaria, pariente de Fraga y ministro del PP que fue, entre otras muchas, muchísimas cosas, todas del PP. Aun así, el gobierno va adelante al Constitucional en petición de la cabeza de Puigdemont, convertido en enemigo público nº 1, agente ruso Cipollino, según la lumbrera que dirige la defensa de la Patria.

Es comprensible que el máximo y único gobernante de España en gracia del 155 esté enfurecido por la obstinación de este abominable prófugo en mantener la legitimidad de su cargo y hacerla efectiva. Es humano. Un tipo que ni siquiera tiene escolta, ni coche oficial, ni le dejan entrar en las embajadas, trae de cabeza al gobierno de la única y auténtica nación que hay en España, sus fuerzas de seguridad y paramilitares, sus políticos de gobierno y obediente oposición, sus medios. Un Pimpinela Escarlata con una iniciativa política demoledora, una imprevisibilidad desconcertante y una presencia mediática que subraya su función simbólica estilo Degaulle de résistant de la Catalogne libre. Luchar contra esa imagen desde la ciénaga de la Gürtel es algo que ni la obsequiosa colaboración de Sánchez puede conseguir. Al contrario, allá va el pendón de Pablo Iglesias Posse detrás de la dictadura corrupta, dando pie a que muchos se malicien cooperación por razones inconfesables.

No basta con tomar posiciones en el apeadero, a esperar la llegada de la némesis del B155 en el tren de las 15:10. Para impedir esa investidura hace falta algo más que demostrar un intenso disgusto. Hay que tener alguna base legal, por mínima que sea. Alguna ordenanza perdida en algún cajón que faculte al gobierno para impedir el acto en cuestión. Pero no hay nada. Hay la opinión en contra de numerosos especialistas y asociaciones. El último y más contundente, el juez Garzón, para quien en el caso no hay rebelión ni sedición, es decir, no hay caso. Es una persecución política. Y, además, inútil, porque no es posible parar la investidura telemática de Puigdemont. Lo lógico sería la presencial y aquí está el presidente en persona explicándolo claramente. Si la fuerza bruta, sin razón y sin derecho, por capricho personal del señor del 155, impide la investidura presencial, se producirá por vía telemática. Cosa que el gobierno no podrá impedir sin violentar de tal modo las leyes y la Constitución que la situación se haga insostenible, convertida ya descaradamente en lo que está siendo subrepticiamente: una ocupación militar.

Lo dicho más arriba (que es deuda): Rajoy "hara todo lo posible" por frustrar la Puigdemontada. Pero no será bastante. No podrá impedirla y conservar algún viso de Estado de derecho en España porque no es posible nadar y guardar la ropa o conservar el pastel y comérselo. ¿Dimitirá si tiene que hablar con el odiado Puigdemont/Degaulle? Lo dicho también más arriba (también deuda): en absoluto. Dimitir, como recuerdan las redes hasta el cansancio, es un verbo ruso y ya se sabe que it is very difficult todo esto de los idiomas. ¿Dimitir? El señor de la Gürtel tiene recursos sobrados para mantenerse al timón de la nave. El que mejor maneja es el de la negación tan absoluta de la realidad que ríanse ustedes del obispo Berkeley. Recuerden: no iba a haber consulta del 9N 2014, y no la hubo; no iba a celebrarse el referéndum del 1º de octubre, y no se celebró; no se proclamaría la República catalana independiente el 27 de octubre, y no se proclamó; no se producirá la investidura de Puigdemont, y no se habrá producido cuando se produza. ¿Entendido, radicales? Es más, me adelanto: no existirá Carles Puigdemont y Carles Puigdemont no habrá existido.

Llegados aquí, si yo fuera Rajoy, retaría a duelo singular a Puigdemont en tierra neutral, por ejemplo, Andorra. Es ya la única forma que le queda de ventilar este point d'honneur ¿quién tiene mejor derecho a gobernar Catalunya, Puigdemont con 70 diputados (de 135) o  Rajoy con 4?

"No nos metamos en eso"

Nueva entrevista gloriosa de Carlos Alsina a esta vergüenza de presidente que nunca sabe nada en Onda Cero. Ahí está diciendo "no nos metamos en eso" a la propuesta de obligar por ley a la igualdad salarial entre hombres y mujeres que, por lo demás, le parece muy deseable, en un ejercicio de lógica borrosa (o "fuzzy") que es como, según los entendidos, funcionan las cosas que nadie sabe cómo funcionan. 

¿Quieren otro ejemplo? Vayan al inolvidable momento en que M. Rajoy sentencia al estilo Fray Gerundio de Campazas que cada uno sabe de lo que sabe y que él no sabe nada de "operaciones policiales". "Pero usted ha sido ministro del Interior", dice el guasón Alsina. (¿Y la europea?)

Por supuesto, de la corrupción no estaba enterado. De la de Valencia no sabía nada y eso que, cuando los corruptos valencianos del PP le salvaron frente a Aguirre, allá por 2008 o 2009, cantó lo de que siempre estaría con, ante, sobre, tras Camps. Pero no sabía nada. 

Como tampoco sabía lo que hacía Bárcenas, el que le pagaba los sobresueldos, cuando le avaló una cuenta en Suiza. Sí, a ver, ¿por qué no va a avalar el presidente de un partido (y luego de gobierno) una cuenta en Suiza del tesorero? ¿Por qué no van a cobrar sobresueldos los cargos del partido, incluso ministros si se tercia? ¿Por qué no se van a financiar las elecciones con el dinero que los empresarios dan altruistamente para que triunfe el bien y en uso de la libertad de mercado? Y si algún pellizco de esos donativos va a los bolsillos de los militantes o a los confeti de los niños, es justa retribución por sus esfuerzos. 

No sabía nada. Lo dejó muy claro cuando en 2009 aseguró firmemente que la Gürtel no era una trama del PP, sino una trama contra el PP. Inolvidable foto. Estaba rodeado de los capitostes de entonces del partido y las administraciones, muchos de ellos luego imputados, procesados y condenados en la trama. Casi una escena de Mackie el navaja.

Seguramente tampoco sabía lo que sucedía a unos metros de La Moncloa, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Desconocía que estaba gobernada por gangsters. Tampoco sabía nada del Ayuntamiento. Por no saber, no sabía lo que tenía delante de las narices en Génova 13, sede reformada con cargo a la caja B del partido. Sí, esa caja B en la que, según Ramírez en comparecencia ayer en el Parlamento, esta metido de lleno el hombre de los sobresueldos, que no sabía nada. Como les dijo a los jueces: que no sabía nada ni cuando era responsable de las campañas que se financiaban en B de Bárcenas-sé-fuerte.

Lo asombroso no es ya solo que algo así pueda ser presidente del gobierno en ningún pais del mundo sino que, al parecer, para tranquilizar a sus seguidores, ha anunciado su candidatura en las próximas elecciones, cuando las haya. 

... Y si las hay. Siempre en la entrevista, M. Rajoy se jacta del 155 y formula taxativamente que hará todo lo posible para que Puigdemont no sea investido. Lo de este hombre es ya una fijación personal con Puigdemont. Un combate singular, más allá de toda consideración de legalidad, equidad y justicia. Pura arbitrariedad. Puigdemont no puede ser investido porque a él no le da la gana. 

Su insistencia, siempre en la entrevista, en que hay que cumplir la ley, dirigida a Torrent, adquiere ya tintes de neurosis compulsiva. Con el 155 activo, la ley en Cataluña es la voluntad de Rajoy, su capricho. Y eso es insostenible. Si, por arbitraria obcecación se impide la investidura presencial de Puigdemont (y, de paso, Zoido deja de hacer el ridículo), se hará telemática. Y ¿cómo se impedirá ?M. Rajoy ya lo adelantó hace días: más 155, más duro, más largo, veto al Parlament, intervención de TV3, "supervisión" del sistema educativo. O sea, la dictadura en Cataluña, la fórmula que el PSOE está sosteniendo como único responsable. 

Mientras tanto, el Borbón está explicando a los compiyoguis del Foro Económico Mundial cuán robusta es la democracia española. Según Felipe VI, en España las leyes se cumplen.  Es ya palmario que este monarca no sabe en dónde está. Hay dos poderosas razones para no ir a soltar ese estúpido discurso en Davos, allí donde el genio de Thomas Mann situó La montaña mágica: Primera: el mero hecho de ir a explicar que España es un Estado de derecho en ese escenario ya demuestra que no es un Estado de derecho. Segunda: ni en ese escenario ni en ninguno puede alguien presumir de Estado de derecho cuando está en vigor una norma excepcional que suspende el Estado de derecho. Que alguien se lo explique. 

Detrás del triunvirato nacional con el recién llegado de Podemos, de su Rey, sus medios, el Ibex, la Iglesia, está la implícita convicción de que el 155 será la Constitución de Cataluña. La excepción será la norma. El golpe de Estado y el estado de excepción permanentes. Pautados por elecciones cuyo resultado solo se aceptará si ganan los unionistas. 

Tendrán que hacer extensivo el 155 a todo el Estado. Por eso..., si hay elecciones.

Por cierto, quien quiera calibrar que perspectiva de éxito tiene esta actitud cerradamente represiva del Estado español contra Cataluña hará bien en echar una ojeada a este genial artículo publicado en un periódico suizo francoparlante: Catalogne: l'ignominie est en marche. Está clarísimo.

No es no y sí es sí

Por fin está clara aquella confusión entre un "no" que era "sí" y un "sí" que era no. El truco era que había dos "noes": uno que era "sí" y otro que era "no" y dos "síes" igualmente escindidos. Al final cada uno de ellos ha vuelto a su esencia: no a la izquierda, no a un referéndum pactado, no a Podemos y no a una moción de censura con los independentistas, cosa que "cae por su propio peso". Sí al 155, sí a la colaboración con el PP y C's en la gestión de una unión sagrada que solo admite la posibilidad de imponerse.

El problema es cómo y a qué precio. O debiera serlo. Puigdemont tiene derecho a la investidura. Le parecerá una "broma" al PSOE o una "ilegalidad" al Gobierno y a El País, pero tiene derecho y no hay ley alguna que se lo prohíba. Solo hay la voluntad de Rajoy que, al parecer, el B155 y sus allegados están dispuestos considerar la ley. Y ese es el precio que hay que pagar por impedir, contra razón y derecho, la investidura de Puigdemont. Aceptar como ley la voluntad de un individuo que, por supuesto, representa al país ntero ante Dios y la Historia.

La actualidad española es una marmita a punto de explotar. A la esperpéntica situación creada en Cataluña a golpe del 155 se añade el alud de detritus que día a día deja la Gürtel a las puertas de Génova y La Moncloa con la regularidad con que los milkmen repartían las pints de leche por las puertas en Inglaterra. Leche agriada para el gobierno y su partido. Dictaminando en comparecencia tras consejo de ministros, el inimitable Méndez de Vigo zanja la gusanera viva de la Gürtel asegurando que es algo muy viejo y que Rajoy echó a los acusados. Se olvidó de echarse a sí mismo.

No es de extrañar. La confusión creada en la esfera pública española es de tal magnitud que ni los más competentes analistas y comentaristas aciertan ya a orientarse. El otro día encontré a uno que, presa del delirio, estaba a punto de mandar una crónica según la cual los independentistas querían investir a Pujol; Rajoy reclamaba desde Bruselas un careo con Correa; Susana Díaz sostenía haber ganado las elecciones en Cataluña; había una oferta de pacto entre la CUP, C's y los cabecillas de la operación Lezo; el CNI, a las órdenes de Arrimadas, había registrado la sede del Tribunal Supremo; la ministra de Defensa condecoraba a Cipollino y Camps inauguraba los juegos olímpicos en Madrid. Me costó mucho devolverlo a la realidad y, cada vez que lo hacía, se empeñaba en decir que su relato la mejoraba. Lo dejé mandando tuits a la Casa Blanca.

No se sabe a cuál prestar más atención de los dos espectáculos que ofrece el poder, aunque no gratis; lo que viene del poder nunca es gratis: el embrollo catalán o la basura de la corrupción. Esta última tiene mayores atractivos literarios, con personajes únicos, Camps, siempre de esquinado perfil, (a) "el curita", el "Bigotes", Correa, el héroe epónimo de la trama. Una galería fantástica. Y vengan millones, y cientos de millones, viajes, trajes, juergas. La dolce vita y mucho robo Claro que, del otro lado, tampoco se quedan cortos: Rajoy, el caudillo del 155; el triunvirato nacional Rajoy/Sánchez/Rivera y el aprendiz de brujo, Iglesias; Cospedal, la dueña del verbo; Sáenz de Santamaría, Fata Morgana catalana. Otra galería de novela entre gótica y costumbrista y vengan millones otra vez, cientos de millones, cuerpos de ejércitos en lejanas fronteras y fuerzas de seguridad en cercanos pagos y pegos. Mucho pago y mucho pego. Y más robo.

Sin embargo todo esta algarabía se aclara como por ensalmo viendo que, en el fondo, son apuestas personales. El B155 no ve manera de parar la actividad parlamentaria de la Generalitat y se concentra en la caza de la persona, Puigdemont. Frustrar la investidura de este le es un triunfo. Si, además,  pudiera encarcelarlo, tocaría el cielo con la mano. Es lógico: es un combate por la supervivencia personal. Lo ve muy bien Ignacio Varela en un artículo titulado Si Puigdemont se presenta en el Parlament, Rajoy se tiene que ir. Tratándose del coriáceo Rajoy tengo mis dudas. Siempre podrá decir que quien se presentó en el Parlamento no fue Puigdemont sino su ectoplasma. Pero añado los dos huevos duros de Groucho: también tienen que irse los otros dos triunviros, Sánchez y Rivera. 

Es una cuestión de carreras personales y se resistirán como gato panza arriba a restablecer la normalidad institucional. Prefieren seguir en la excepcionalidad del 155, esperando que los indepes se cansen, antes que reconocer que no dialogan con estos porque no tienen nada que decir, nada que ofrecer, sino el mantenimiento permanente de la confrontación.  

Y tengo para mí que esperar cansancio de los indepes es esperar verdad de Rajoy. Para ellos, además, la contienda no es personal, sino ideológica y ahí, todos ellos tienen la supervivencia política garantizada. Porque prevalece una unidad estratégica y no meramente táctica como es la de la unión sagrada. 

Los poderes del 155

Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto.  Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva. 

El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155.  Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.

El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.

Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy. 

La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.

Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión. 

Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta. 

De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.

Entre bromas y veras

Las chirigotas de Cádiz son irreverentes e irrespetuosas. Deben serlo. Casi todos los festejos populares lo son, según explican los antropólogos culturales. Me atrevería a decir que todos los festejos, populares o no. Pero ese es otro asunto.

El humor no tiene límites ni fronteras. Se los pone el siglo, según el momento en que se viva. Los jueces, por ejemplo, dictan límites muy estrictos a la irreverencia de izquierda (titiriteros, tuiteros con chistes sobre Carrero Blanco, etc.) y muy holgados a la de derecha, especialmente si es anticatalana. 

La chirrigota ha movido a indignación en Cataluña, en donde se habla de delito de odio, por sí misma. Se entiende que el ridiculizado Puigdemont simboliza Cataluña entera. Pero este escándalo está mal enfocado. No puede venir del cargo en la picota porque en los carnavales los cargos no cuentan. Tampoco de que sea un tema político ya que la política, sobre todo la política del poder, es tema preferido de las chirigotas. Lo censurable en la representación es que hace la burla no del poder, sino de su víctima, que toma partido por el poderoso, que pone la chirigota al servicio del mensaje del gobierno. El teatro del poder hecho teatro. Y, peor aun, añade dos mensajes implícitos muy desagradables: es el público el que exige decapitar a Puigdemont (aspecto "democrático") y se da por buena la pena de muerte, cuestión que siempre acaba saliendo en los casos de terrorismo y, si no hay terrorismo, de cualquier cosa que pueda calificarse como "alta traición", sobre todo si viene acompañado de un ladino empleo de la violencia, consistente en ser agredido, no en agredir.

¿Tiene que haber "intocables" para el humor? Pienso que no, aunque eso será cosa de lo que decidan las partes afectadas. Siempre hay profundos y legítimos sentimientos que pueden considerarse injuriados por expresiones de terceros. También es algo que decide el siglo que puede considerar delito hacer chistes sobre el Holocausto, pero no sobre el régimen nazi. Quiza justificado por la disimilitud señalada entre el poder y su víctima.

 Pero, en todo caso, hay que atender a los matices para no acabar metiendo las dos patas: la una, al tomarse a chacota la desgracia ajena y la otra al conseguir lo contrario de lo que se busca pues, lejos de humillar a Puigdemont, esta chirigota lo ensalza sobre sus espectadores, jueces y verdugos entre bromas y veras. Y de la causa de Cataluña, que lo ocupa todo, desde el consejo de ministros hasta los carnavales de Cádiz, ya no hablemos.

Al otro lado del espejo

M. Rajoy no vive en la realidad, sino en un apunte contable de la caja B. Pero la realidad vive en Rajoy. Él fabrica la realidad. Nuestros ingresos, nuestros gastos, pensiones, expectativas, nuestras vacaciones, nuestras viviendas, la factura de la luz y hasta nuestros tuits. La realidad es ese conjunto de vaguedades, lugares comunes pelados, silencios viscosos, intenciones torcidas, amenazas, más amenazas, perogrulladas, embustes en que habitualmente consisten las comparecencias de este azote del foro. Da igual por lo demás porque la realidad, en definitiva, es lo que él quiere que sea "en virtud del 155", una norma que no le permite hacer nada de lo que ha hecho, pero sí le permite hacer lo que le dé la gana. Así, tras consultar con su aliado, Rivera, Rajoy advierte de que "la ley no permitirá nuevas rupturas" . Y por ley se entenderá el 155 que, al suspender la Constitución, suspende toda ley excepto la que emane de la voluntad del que la aplica, o sea del dictador.

Una situación de la que es directamente responsable la oposición. PSOE, Podemos, PNV e indepes catalanes tienen en sus manos poner pronto fin a este maelstrom que está devorando la democracia y el Estado de derecho en España. Unos más que otros, cierto. Pónganse todos de acuerdo y presenten una moción de censura para terminar con los desafueros. Resulta inverosímil, dada la posición del PSOE, favorable al 155, incluso por encima de la voluntad mayoritaria del electorado catalán. Cada cual se hace responsable de lo que le parece, como diría M. Rajoy.

Esta situación ya la adelantó Albiol, hoy al frente de un cuarteto de viento en el Parlament por el que sin embargo habla el partido mayoritario en el resto del país. El presidente de este partido, una organización muy mal vista por los jueces y los ciudadanos a quienes ha esquilmado, niega que se pueda ser presidente de la Generalitat en el extranjero y a Urkullu la idea le parece "absurda". Llegará un tiempo en que estas cosas sean posibles en beneficio de todos pero, de momento, la solución es muy sencilla: levántese el 155, exonérese del modo que se quiera a los encarcelados y exiliados, permítase que se constituya el Parlament legalmente y reconózcase lealmente el govern salido de ese Parlament. La cuestión de si ese govern se salta o no la ley no puede prejuzgarse. Debe ser él quien lo decida advertido, además, como ya está con gesto fosco, de que si se sitúa fuera de la ley, de la ley del 155, le caerá un nuevo 155, o el mismo de la quinta anterior.

Este es el escenario previsto. El 155 sigue en funcionamiento y creando una situación de crisis institucional en Catalunya sin precedentes. Los indepes verán si aceptan la convocatoria de Rajoy de constituir el Parlament con candidatos electos en el exilio o en la cárcel y en condiciones de absoluta inseguridad jurídica. Aún no conocemos con exactitud qué derechos políticos son recortados o negados a unos presos preventivos, por qué razón y quién  toma la decisión. Tienen varias opciones que van desde negarse a aceptar la convocatoria por considerarla un chantaje, hasta aceptarla constituyendo el Parlament y posterior govern con substitutos en las listas. Pero esta última, sobre ser prácticamente inviable es inútil porque no resuelve el problema real de la realidad (no de la realidad magmática de Rajoy) que son los presos y exiliados políticos. 

En ningún Estado de derecho puede haber presos políticos, presos de conciencia.

Un conflicto como el de la República Catalana es una cuestión política de rango constitucional que ha de ser tratada mediante negociaciones y acuerdos si es necesario estructurales que vienen exigidos por la voluntad de casi un 50% del electorado y más de dos millones de personas, no por cuatro conspiradores del milenio. Pero también puede verse, y así la ven el gobierno y los jueces, como una cuestión de orden público promovida por unos agitadores al frente de unas turbas y, elevado el tono judicial (que no necesariamente jurídico) como una de delito de sedición, de rebelión, de traición. Cuando se llega a este punto la justicia se convierte en inquisicion y a los ciudadanos se los juzga y condena por sus convicciones.

No es para estar orgulloso. 

No hay más que retirar el 155, detener la represión policial y judicial y ofrecer un referéndum pactado que ya veríamos si los indepes aceptarían tras haber celebrado dos reales (9N 2014, 1/10 2017) y dos al otro lado del espejo (27S 2015, 21D 2017). Si no aceptaran, el conflicto seguramente se enconaría. 

Si aceptaran nos encontraríamos con que en España han costado tres consultas más o menos referendarias así como mil heridos, destrozos, huelgas, agresiones, exilios, multas, cárceles conseguir lo que los escoceses consiguieron tras una breve negociación con el gobierno británico.

Ahora hágase un breve cálculo de eficiencia y aplíquese al confuso triunfalismo del presidente, quien cierra un año sin hablar de la corrupción cuando ya solo debe de quedar él por imputar en la Gürtel.

Algo habrá que hacer

Algo y alguien. En este caso, Rajoy, tan aficionado a la quietud ignaciana, tendrá que hacer algo. Por mucho que le moleste salir del puro y El Marca. Los de su partido, siempre propensos a meter la pata, azuzan a los de C's a que tomen la iniciativa de formar gobierno. Esto, aparte de una rabieta de patio de colegio, es una tontería porque ni C's ni nadie puede proponerse a nada en tanto no esté constituido el Parlament.

Una vez constituido este, la presidenta abrirá consultas con los grupos. Y entonces, sí, ya puede Albiol retar a Arrimadas o a quien quiera. Hasta a sí mismo. No tiene muchos diputados pero sí mucha voz. No obstante, hay un detalle: el Parlamento tiene que estar debidamente constituido, habiendo tomado posesión de sus actas todos los diputados. Faltan ocho, cinco en el exilio y tres en prisión. Sin ellos la cámara no puede constituirse. Cosa además imposible porque, al parecer en España rige la doctrina del ministro Zoido según el cual un preso no es político aunque tenga restringidos sus derechos políticos. El primero de todos, el derecho de sufragio pasivo. Es fabuloso. 

La solución solo podría ser que las respectivas listas corrieran los ocho puestos de los electos privados del sufragio pasivo, lo cual sería allanar voluntad del electorado y la soberanía del Parlament o suspender, si no anular, las causas judiciales, lo cual sería allanar la independencia de la justicia.

En estas circunstancias, Rajoy, preferirá el anonimato ese que los suyos quieren suprimir en las redes. Aludirá a la división de poderes y la independencia del judicial y el sistema actuará por su cuenta que suele ser la de Antequera. La situación se hará insostenible y la autoridad central echará mano de la garrota del 155 con el beneplácito del PSOE. Los medios seguirán intervenidos, los presos en la cárcel, las libertades públicas restringidas de mil maneras.

Son lógicas propuestas como la de Turull, la investidura telemática de Puigdemont. Lógicas y realizables en tiempos de TIC. Prácticamente todos los actos presenciales son hoy virtualizables con grandes ahorros de dineros, tiempo y paciencia. Pero tiene el inconveniente anterior: se requiere una reforma del reglamento del Parlament, según el propio Turull. Para esa reforma el Parlamento ha de estar previamente constituido y no creo que pueda hacerlo la diputación permanente que, además, tampoco estará constituida. En este mismo espíritu, también podría aceptarse que los diputados ausentes tomen posesión por videoconferencia, pero igualmente habría que reformar el reglamento.

En realidad, todas son maniobras diversionistas, algunas tan exóticas como la de Tabarnia, para bloquear el cumplimiento del mandato surgido de las elecciones del 21D, en las que el pueblo catalán eligió las personas que eligió; no otras. Si se convocaron elecciones fue para buscar una solución política (no judicial) a un conflicto. Habiéndose pronunciado el electorado por una solución, solo queda implementarla. 

Lo que significa retirar el 155 y clausurar las actividades represivas policiales y judiciales.

Porque algo hay que hacer.

Tabarria

Ayer, viralización al canto en las redes de Tabarnia, un lugar nuevo, un nuevo nombre que se difundió como la luz. Una ínsula Barataria (el nombre se da un aire) que lleva años proponiendo una organización llamada Barcelona is not Catalonia y cuyo fundamento y truco consiste en enredar a los independentistas en discusiones por aporías: "si Cataluña puede ser independiente, ¿por qué no el Baix Llobregat? Eso, a ver ¿por qué no el Baix Llobregat o Barataria, perdón, Tabarnia?

La ingeniosa pregunta estaba por doquier y venía a consolar a los ganadores de las elecciones del luctuoso hecho de haberlas perdido. Hasta algunos independentistas se mosquearon, gentes de poca fe. Y, por supuesto, los equidistantes se convirtieron en yoyas, "¿véis? yo ya lo dije".

Nada, hombre, la Tabarnia esa es producto de dos tácticas mafiosas: el filibusterismo y el gerrymandering, que podríamos traducir audazmente como "salamandreo". El filibusterismo es patente. Lo presentan como el punto de la victoria: venga, guapos, a discutir, a debatir, a ver por qué son mejores vuestras razones que las nuestras, etc., etc., ad nauseam. Ni caso. Cada cual a lo suyo. ¿Creen vuesas mercedes que ha lugar a la solicitud y tramitación de una nueva Comunidad Autónoma en España? Perfecto, pónganse en marcha por las vías establecidas o las que les dé la gana, a ver qué resultado obtienen; pero no estorben. No filibusteen.

Lo del gerrymandering es de risa: aquí, al parecer, se trazan los límites de las circunscripciones según los parientes que tiene en cada lugar el que hace el trazado. Creen estos infelices que esas líneas son como las del AVE. Por desgracia, las decisiones no las toma el equipo de delineantes de la Asociación Esta es mi Patria, sino las instancias competentes. Inicie, pues, Tabarnia su hoja de ruta a través de las instituciones. Y arrieros somos.

Lo jocoso de la movida no oculta su mala uva. Quienes ayer celebraban el redescubrimiento de Tabarnia eran quienes antes de ayer acusaban a los independentistas de dividir a los catalanes. Y, ¿qué otra cosa pretende la separación de Tabarnia si no dividir a los catalanes? La mala uva radica en que se propone después de haber perdido las elecciones. Perdieron la partida y quieren romper la baraja.

Filibusterismo y salamandreo.

Bon vent i barca nova.

La sibila Forcadell

La sibila cumana, entiéndase, la fetén. Podría llamarla Marianne, pero está más visto y suena a gabacho. Juzguen ustedes el alcance de la declaración: respeto al Rey y al 21D y, entre los dos, ella, la presidenta in pectore del Parlament. Y ¿qué otra cosa es el 21D sino el símbolo del pueblo, de la voluntad del pueblo, más o menos libremente expresada?

Así que ahí aparece la sibila Forcadell como presidenta del mismo Parlament en el que ella había profetizado la República. Ese Parlamento representa la nación catalana en el sentido cívico, como conjunto del pueblo, titular de la soberanía frente al Rey. Igualmente, el Parlamento, depositario de aquella soberanía, presidido por la Sibila republicana frente al Rey.

La contraposición entre el discurso del Rey y la respuesta de la Sibila ha sido sumamente simbólica y se llama República. El 21D la mayoría ha votado por candidatos independentistas y republicanos. Cómo integrar la monarquía en la república o viceversa viene a ser la cuadratura del círculo. Y aunque se diga que la política es el arte de lo posible, de momento, el círculo parece un círculo. Ese es el límite real del discurso del Rey, objeto todavía de exégesis tan inútiles como variadas. 

El problema es de Estado y exige tratamiento de Estado. El gobierno debe reducir su afición a los juzgados a los asuntos penales que más le afectan y el Parlamento tomar la iniciativa en  la formulación de una propuesta de negociación que conduzca a una solución satisfactoria para ambas partes. 

De lo que se trata es de resolver el conflicto de modo civilizado y no perpetuarlo. Y nadie está interesado en trastornar o desestabilizar nada.