La ilegal ocupación de Cataluña por los franquistas

Mi artículo del Diario16 sobre la deriva franquista de un Estado que no tiene nada de Estado de derecho y sí de dictadura de una mafia corrupta en su ilegal ocupación de Catalunya, publicado ayer.

Queda claro: no es un proceso judicial. Es un proceso político e ideológico, movido por instancias judiciales (un fiscal y una jueza afines al PP) por debajo de toda sospecha. Muy por debajo.

Es un proceso político sin garantías jurídicas algunas, una persecución ideológica al independentismo. Una causa general contra el independentismo montada según lo acrisolados cánones franquistas de responsabilizar a las víctimas de los delitos del poder. El 1/10 no fue un "levantamiento violento", como mendazmente sostiene el fiscal. La violencia -y una violencia vandálica- la llevaron la policía y la guardia civil a las órdenes de una gobierno corrupto.

Porque, además, toda esta farsa judicial que ocasiona víctimas inocentes entre personas dignas (como los presos políticos actuales rehenes de este gobierno sin escrúpulos) se hace en parte para tapar el saqueo sistemático a que esta banda de ladrones, presidida por un tipo cobrador de sobresueldos en B, tiene sometido al país.

Este escándalo tiene que terminar cuanto antes con los verdaderos responsables en la cárcel.

Guerra en todos los frentes

La nave capitana de la flota española abre fuego portada tras portada contra el navío fantasma del Puigdemont errante. La de hoy trae tres andanadas que apuntan a la línea de flotación del independentismo. Helas aquí:

Andanada propagandística El paro crece el doble en Cataluña que en toda España. Ya está aquí la ruina, propiciada por estos sediciosos que, desde la cárcel por fin no podrán (d.g.) embelesar a las buenas gentes catalanas, esas del seny que de las piedras sacan panes. Bien poco gusta a estos honrados ciudadanos verse abocados al doble de paro en su tierra que en "toda España". Tranquilas. Es una tasa de variación que, asegura ominoso el diario españolísimo, de consolidarse en el futuro, llevaría a Cataluña a..., quién sabe, quizá la situación de Andalucía. Porque, según la Encuesta de Población Activa de las CCAA,, las últimas tasas de paro en 2016 fueron de 28,3% en Andalucía y 14,9% en Cataluña, más o menos como en Madrid (14,6%). Y no nos pongamos tiquismiquis y preguntemos por el tipo de empleo de las respectivas poblaciones activas empleadas, esto es, el porcentaje de personal en la administracion y sector público en general en proporción al total de población activa empleada. Así que, por mucho que esa tendencia al alza de la coyuntura se consolide en el futuro, harán falta decenios para que se equilibre el abismo de los 14 puntos de diferencia entre Andalucía y Cataluña. Pero no importa, el diario independiente a quien tanto molesta la independencia podrá seguir bombeando miedo.

Andanada judicial. El nacionalismo español, ese que "ha reaccionado" sacando banderas a los balcones a toque de silbato y energúmenos por las calles agrediendo a la gente bajo sus colores, bate palmas de alegría con la velocidad de actuación de la jueza Lamela. El País está exultante. Sigue creyendo que el hiperactivismo político de la jueza es la voz majestuosa de la justicia ante la cual comparecen ¡por fin! los responsables de delitos gravísimos. Ese es el espíritu e, invadida por él, la jueza ha cursado la euroorden para que, doquiera se encuentre el presidente Puigdemont, se le dé preso hasta tanto sea entregado a España. El espíritu que transpiran estas actuaciones judiciales, de consuno con la febril actividad de la fiscalía, adornada de cierta capacidad fabuladora y que no oculta su finalidad de persecución ideológica, reflejan un deplorable cuadro de la independencia del poder judicial en España. No será difícil a la defensa de Puigdemont salvarlo de la entrega a España, según antiguos ejemplos de otros presidentes perseguidos. Otra cosa es el asilo político porque seguramente comportará algún tipo de restricción legal de su actividad política. Recuérdese cómo, tras conceder las autoridades belgas residencia a Marx en 1845, tres años después lo devolvieron a Francia, acusado de la tremolina del 48.

Andanada bufa. Para lo que ha quedado Felipe González. Ignoro qué entenderá el expresidente por vodevil, aunque lo que parece de vodevil es el hecho de invocarlo. Lo sublime es la acusación de cobardía a un hombre que está jugándose prácticamente una cadena perpetua por una convicción y un ideal, si bien al sevillano, lo de las convicciones e ideales le parecen gatos. Y si yo me hubiera tirado al suelo, según se me ordenó un 23 de febrero de 1981 y refugiado debajo del pupitre, esperaría comprensión y empatía de mis coetáneos y yo la mostraría a mi vez en otros casos en lugar de acusar a nadie de cobarde. Por eso digo que lo del vodevil no encaja.

Porque la conducta de Puigdemont podrá ser estrafalaria, idealista, delirante, audaz, desmesurada, lo que se quiera. Pero no es cobarde. Al contrario, con pleno acuerdo de sus colegas del govern y (supongo) la presidencia del Parlament y los movimientos sociales, ninguno de los cuales es o ha sido sospechoso de cobardía alguna, le ha correspondido la función de representar la República Catalana, la máxima responsabilidad política que llevará aparejada, si su proyecto no se realiza, la máxima responsabilidad penal.

Fuera de guión. Las elecciones. Puigdemont declara estar dispuesto a encabezar una candidatutara indepe unitaria. Aquí hay cuestión previa: si los indepes irán en bloque o en candidaturas separadas. Merece la pena considerarlo. Leo en El Plural que Junqueras rechaza ir en bloque. Doy mi opinión con toda modestia. La unidad es el activo mayor del independentismo. El mayor. Un sentido de la estrategia recomendaría aumentarla -invitando a la CUP a incorporarse- en lugar de fracturarla. En las elecciones catalanas, el sistema de reparto es d'Hondt, que penaliza a los pequeños. Es poco, pero es cuatro pocos, uno en cada provincia en una situación que se prevé ajustada. Además, si la idea de ir por libres es aquilatar el apoyo electoral de cada cual, no despreciaría la fuerza de atracción simbólica de los dirigentes encarcelados y del presidente en el exilio. Por último, una campaña electoral con opciones distintas que inevitablemente chocarán porque compiten, debilitará esa unidad y hasta puede hacer difícil la convivencia de los presos.

Si no he entendido mal, el gobierno ha afirmado que a las elecciones podrán presentarse todos los partidos y que todos pueden ser candidatos mientras no estén judicialmente inhabilitados para el ejercicio del sufragio. El censo está cerrado. La atención de Europa disimuladamente concentrada en las elecciones catalanas y aunque el gobierno que las organiza es ducho en todo tipo de trampas e ilegalidades, no parece que pueda recurrir a ellas. Otra cosa será si la oposición no consigue impedir que se encargue del recuento a Indra, esa empresa que aparece en los papeles de la Gürtel.

Estas elecciones, convocadas en contra del parecer del unionismo español más acendrado, serán el episodio del nudo Gordiano en el proceso. Desde el momento en que escuché a Puigdemont lo de la transición de la ley a la ley, supe que estaba repitiendo la ficción jurídica que posibilitó la transición española: de la legalidad a la legalidad y, de paso, cambio la legitimidad. Este es el momento en que la ficción jurídica, convertida en un verdadero galimatías, se resolverá al gordiano modo: zanjando la cuestión con una consulta democrática. Da igual cómo quiera llamarla La Moncloa, si elecciones autonómicas o regionales. Es un referéndum, una decisión dicotómica: independencia sí o no. 

Es la solución que todo el mundo pedía pero el triunvirato español negaba hasta que ha sido preciso llevarlo a ella tirando del ronzal. Y, como digo, con ella se aclarará el guirigay jurídico. Pongo un minúsculo ejemplo: ¿cuál es el estatus de la República Catalana? ¿Y el de su presidente? Las destituciones que anunció Rajoy eran de cargos que ya estaban vacantes. El presidente de la Comunidad Autónoma catalana había dejado de existir, trasmutándose en el de la neonata (y según muchos, nonata) República Catalana. Con algo de guasa diríamos que en Bruselas habitan dos Puigdemonts, según a qué legalidad de las dos en pugna nos refiramos: el Puigdemont presidente  autonómico destituido y puesto en busca y captura o el Puigdemont presidente de la República Catalana en el exilio. Puede parecer extraño, pero no lo es tanto. Si, como previsible, las elecciones dan una mayoría absoluta indepe, algunos dirán que la República ha sido confirmada y, por lo tanto, las decisiones adoptadas en el vecino reino de España no son de aplicación en Catalunya. Por ejemplo, un estiramiento del 155. 

Todo está hoy en función del 21D.

La revolución catalana IV: las mazmorras

Más a propósito que nunca: Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison.(Con un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el verdadero lugar para una persona justa también es la prisión). Henry David Thoreau, Sobre la desobediencia civil, en un pasaje en el que explica que si la insumisión se generaliza, no hay gobierno que pueda con ella.

Estos no saben en dónde se han metido. Su engreída y autoritaria incompetencia los ha llevado a propiciar el peor escenario posible para sus intereses. Desconocen por entero el terreno que pisan; pero lo pisan y con botas que parece ser con lo que piensan.

Su cálculo es tan simple como desvergonzado y, por supuesto, erróneo. "Sí", dicen, "vamos a la terapia de choque. Entramos a saco, desmantelamos las instituciones, destituimos a los responsables. los encarcelamos y endurecemos el orden público. Aguantaremos una campaña de una semana o diez días con protestas callejeras. Luego, volverá la normalidad. Como pasó en el País Vasco, con el encarcelamiento de Otegi. Normalidad y todos a preparar las elecciones del 21D".

Literalmente en la inopia. Cataluña y el País Vasco, nada que ver. En el uno hubo violencia; en el otro ni una brizna. Fin de la comparación. Ahora, calíbrese la respuesta social a la agresión al autogobierno catalán en todos los niveles e instancias.

El problema es que estos estrategas del triunvirato nacional creen que todo el mundo es como ellos, que están en política por razones inconfesables en unos casos y perfectamente inútiles en otros. Son incapaces de entender que alguien esté en política por ideales, no por sobadas ideologías. Son incapaces de entender que alguien vaya voluntariamente a la cárcel, como Thoreau, por esos ideales cuando ellos, si lo hacen, es por dinero.

Por eso también están convencidos de que el independentismo es cosa de un grupo de fanáticos e iluminados que se valen de la mentira y la demagogia para sus protervos fines, aprovechando la generosidad garantista del Estado democrático de derecho. Lo ven como una conjura. La jueza del caso lo describe como "una estrategia secesionista perfectamente organizada" , como el compló de la pólvora, vamos. Un descubrimiento el de su señoría que celebra alborozado El País: al aire la conspiración. Una conspiración explicada al detalle en el programa electoral de JxS en 2015 y que se ha pregonado a toda la rosa de los vientos (estos catalanes no se conforman con los cuatro de siempre porque recuerdan els quatre gats) durante dieciocho meses de hoja de ruta.

Delitos gravísimos se escandaliza, horrorizado con mohínes de cortesano el que fuera un periódico. Una pieza en la que habla de la justicia en España ante la cual deben comparecer los responsables independentistas (ya no el independentismo) y se le olvida decir que esa justicia no es independiente, según los datos internacionales fehacientes. Fin del debate.

No entienden absolutamente nada. Ya están bajo vigilancia de la UE. A la próxima barrabasada, los intervienen. Lo gracioso es que a ese no entender se les suma la izquierda. Toda. La sumisa del PSOE ya está a las órdenes del capitán de cuartel. La verdadera no sabe para donde virar a fin e hacerse notar sin suscitar la hilaridad. Les está pasando una revolución por delante de las narices y no la ven.

Una revolución. Una ciudadanía movilizada, muy motivada, con unas experiencias recientes que la reafirman, estructurada, coordinada, en comunicación con sus dirigentes, todo ellos en posiciones de combate no violento, pacífico, con gran impacto simbólico. El exilio bruselense de Puigdemont ha internacionalizado el conflicto a extremos insoportables para el gobierno, sometido a estrecho escrutinio por diversas partes. La organización interna y externa de este movimiento funciona perfectamente a través de las redes y el bucle redes-medios-redes. No es de extrañar que la jueza se maraville de tan buena organización. Lo entendería mejor si considerara que se trata de una revolución, de un movimiento independentista muy poderoso, apoyado probablemente por más de la mitad de la población y al que ahora se ha dado la oportunidad de personificar simbólicamente la liberación de Cataluña en la de los presos políticos.

¿Qué justicia?

Es evidente. La justicia del enemigo que, creyéndose vencedor, la convierte en cualquier cosa menos en justicia; en venganza ("más dura será la caída", dice el reprobado fiscal), en revancha, en escarmiento.

El titular de El País es un prodigio de manipulación y estulticia por igual. Al escribir que el independentismo responderá ante la justicia está dando la razón al govern en el exilio cuando afirma que se trata de un juicio político y que se pretende perseguir ideas políticas, en concreto la independentista. Porque, obviamente, quienes responderán (o no) ante la justicia, serán personas físicas, con nombres y apellidos, como exige el derecho penal... salvo que se trate de eso, del derecho penal y la "justicia" del enemigo. En tal caso, el titular es un estremecedor acierto: está incoándose una causa general contra una idea. Con este espíritu, el hecho de manifestarse independentista pasará a ser delito. Y así estaremos de nuevo criminalizando la libertad de expresión, un descenso que no tiene fin porque si ser independentista es un delito, ¿por qué no cualquier otra idea que disguste al poder político o a sus brazos ejecutores?

Lo confiesan ellos mismos pues, al fin y al cabo, El País es uno de los periódicos del triunvirato nacional, del lado del gobierno. Se trata de un juicio político abierto. Y sin garantías.

Aquí viene la parte de manipulación del titular en la afirmación de que el independentismo comparecerá ahora ante la justicia. ¿Qué justicia? Recuérdese: la de un país que, en materia de independencia judicial ocupa el lugar vigésimo segundo de los veintiocho de la UE  y el septuagésimo segundo de los ciento cuarenta y ocho que ha estudiado el Foro Económico Mundial. ¿Cómo puede aportar garantías judiciales un país con esta ejecutoria? No, el independentismo no comparece ante la justicia sino ante la Audiencia Nacional española, una jurisdicción especial, heredera del TOP de Franco, y ante un fiscal reprobado por el Parlamento y una jueza cuyas actuaciones suscitan un creciente cuestionamiento jurídico por su evidente politización. 

Siendo la justicia española no independiente, como dictaminan los órganos pertinentes, en realidad, el independentismo no comparece ante la justicia sino ante el gobierno por intermedio de los jueces.

¿Garantías en la aplicación del derecho penal del enemigo? Ninguna, obviamente. Y no solo garantías judiciales. Ni seguridad personal tienen los acusados. Ayer grupos organizados de patriotas españoles esperaron, acosaron e insultaron a los consellers que llegaron a El Prat, como a los miembros de la mesa del Parlament a la llegada a la estación de Mediodía en Madrid, o a otros cargos en Sants camino del AVE. En todo caso, los acosadores tenían previa noticia de los movimientos de sus víctimas. Hay quien está filtrando estas informaciones a las bandas de fascistas para que vayan a provocar altercados. 

Garantías, ninguna. Seguridad, menos. Hay una evidencia creciente de que las bandas de matones campan por sus respetos por Cataluña y Barcelona en concreto, con impunidad y con la benevolencia de las autoridades, si es que el grado de implicación de estas no es superior.

Medio govern, seguramente, irá a la cárcel y quizá también la mesa del Parlament con Forcadell a la cabeza. El otro medio govern en el exilio. Una situación que probablemente satisfará a los halcones del partido de la Gürtel pero que no es sostenible internacionalmente y que sin duda pesará mucho en las negociaciones a tres (España, Cataluña y la UE) que se estarán llevando en las dos "embajadas" de la Generalitat que han quedado abiertas, la de Madrid y la de Bruselas. Ahí se está intentando encauzar el proceso hasta las elecciones del 21D, que serán determinantes. 

No lo tiene nada fácil el triunvirato nacional. El mensaje que la otra parte ha emitido es el de una eficacia y unidad a prueba de bomba. El medio gobierno que va a ir voluntariamente a la cárcel, conjuntamente con la mesa del Parlament harán compañía a los dos Jordis, se constituirán igualmente en presos políticos y reafirmarán la unidad de acción de las instituciones y los movimientos sociales. Nadie escabulle el bulto, nadie retrocede ni se esconde. La distribución de roles es pragmática. Puigdemont es más eficaz en el extranjero; Junqueras, Forn, en la cárcel. El relato adquiere dramatismo e interpela con fuerza el ánimo de resistencia y desobediencia pacíficas que embarga a muchos  niveles de la administración y muy diversos sectores sociales.

La vigilancia y mediación de hecho de la UE no permite al gobierno interferir en el proceso electoral, prohibir los partidos independentistas o hacer las habituales trampas. Así las cosas es de prever que el bloque independentista se presente en una sola lista acicateado por el probable hecho de que eso mismo intentará hacer el unionismo. Las elecciones del 21D han acabado siendo el referéndum que se quiso evitar, pero con el régimen de unas elecciones autonómicas, o sea, con el sistema d'Hondt, en donde a los pequeños suele irles mal. De darse los dos bloques, solo quedaría por averiguar qué haría el de los Comunes, cosa en la que también influirá el resultado de la actual trifulca en Podemos entre el centro y la sucursal catalana en torno a la figura de Albano Dante. 

La cuestión viene de inmediato: si, como parece probable, vuelve a salir una mayoría independentista, ¿qué propone hacer el triunvirato nacional? ¿Ignorarlo? ¿Convertir el 155 en el nuevo Estatuto de Cataluña? ¿Repetir las elecciones hasta que los catalanes voten en contra de sus convicciones?

El resultado de esas elecciones deberá ser vinculante.

Revolución catalana. Acto III: El exilio y el reino

A veces me tachan de hiperbólico por hablar de Revolución catalana. No será para tanto. Pero sí, bien se ve, para la rebelión. Grandes palabras. Aquí se avecina la habitual polémica jurídica sobre la tipificación del delito presunto. ¡Falta el inexcusable requisito de la violencia! se indignan algunos. Eso ya lo ha pensado este fiscal que está en todo, incluido el mundo de la fición novelesca. El asunto depende, razona el jurista, de lo que se entienda por violencia y, para ello, nada mejor que proporcionar una medida objetiva: la votación del referéndum (ese que no existió, según doctrina de su jefe) fue en realidad, un "levantamiento violento". El mismo fabulador ya había dado muestras de su encendida prosa en su requisitoria para procesar a los dos Jordis ante el TSJC, calificando las multitudes o muchedumbres causantes de los supuestos ilícitos de turbas. No le salió en el TSJC que, al parecer, no apreció delito en las turbas y su señoría llevó los papeles a la Audiencia Nacional, dándose la feliz circunstancia de que estaba de guardia la jueza Lamela quien entendió enseguida la perversidad de las turbas y encerró sin mayores miramientos a los dos Jordis.

No hubiera sido preciso hilar tan fino (si tal puede decirse) con las turbas. La jueza Lamela ya dio en su escrito justificando la prisión preventiva sin fianza prueba de una fecunda imaginación para encajar tipos delictivos a su buen criterio. De forma que, oh nueva dicha y felicidad, Lamela vuelve a estar de guardia cuando el fiscal presenta la querella por rebelión contra Puigdemont. Suena, ¿verdad? "Puigdemón a prisión" gritan los manifestantes y coreaban hace poco unos funcionarios del Tribunal Supremo, en evidente muestra del clima de imparcialidad de todos los estamentos de la justicia.

Fulminante, la jueza, cita a declarar al MHP y sus colaboradores mañana y ya les ha preparado fianzas de seis millones de euros. Como es altamente previsible que no comparecerán, habrá de librarse una orden europea de detención que iniciará un largo proceso de actos administrativos, judiciales, recursos, alegaciones, contrarrecursos, apelaciones. 

A lo largo de él habrá tiempo para acumular pruebas más que de sobra para demostrar que no hay ninguna posibilidad de garantizar un juicio justo a Puigdemont. No es muy trabajoso. Basta recordar que España ocupa el lugar vigésimo segundo de los  28 Estados de la UE y el septuagésimo segundo de los 148 analizados en el Foro Económico Mundial en punto a independencia judicial y es probable que hasta el ministro Català entienda que alguna relación hay entre las garantías de juicio justo y la independencia judicial. Cuando se tienen estas calificaciones es muy difícil convencer a nadie (salvo quizá a los croatas o a los iraníes, que aun están peor) de que en España cabe garantizar un juicio justo a nadie. Con mayor razón a Puigdemont, cuya peripecia jurídica resume nuestro fiscal literato como "Más dura será la caída". Es decir, el hombre llevaba tiempo pensando en su desquite.

Pero se va a quedar con las ganas y es de temer que la jueza Lamela también. Deberán conformarse con administrar su justicia en tonos menores, procesando aquí a allá a quien puedan y desmantelando organismos e instituciones de la Generalitat. En esto, Rajoy ha entrado como el ejército imperial en Roma en 1527, a saco. Parece poseído de un frenesí destructivo: ha suprimido el Consejo Nacional para la Transición (quizá en un acto fallido) y todos los institutos y órganos del autogobierno, con especial saña el llamado Diplocat.

Y no iba a suspender la autonomía de Cataluña, no. La ha aniquilado. Para nada. Porque es imposible que la virreina y el consejo del virreinato puedan hacer algo con una administración animada de un espíritu de resistencia pasiva y desobediencia no violenta en todos los niveles, desde el autonómico al municipal. 

No hace falta remontarse al Duque de Alba. Basta señalar los tres ejes que definen el momento español como una remake del franquismo: tenemos cientos de miles de emigrantes ganándose la vida como pueden, tenemos presos políticos y un gobierno en el exilio. Lo suficiente para convencer a cualquier autoridad belga, administrativa o judicial, unipersonal o colectiva. No hay garantías de un juicio justo para Puigdemont porque esta sigue siendo la España de Franco.

Ese periodo de pugna jurídica irá paralelo a los preparativos para las elecciones del 21D, convocadas, obviamente, por presión europea y a regañadientes del gobierno. Las elecciones dilucidarán la pugna judicial: si los indepes las ganan, Puigdemont regresará a España como presidente del govern; si las pierden, como presunto delincuente.  La sociedad catalana, el electorado catalán está forzado a una decisión entre salvar a su presidente o dejarlo a merced de unos vencedores que de sobra han demostrado no tener ninguna. El voto se volcará a favor del Presidente. Es de prever una mayoría independentista superior a la de diciembre de 2015. 

Frente a ella, la derecha afila dos guadañas. Una es la grosera: se aplica de nuevo el 155 y se vuelve a aplicar hasta que los catalanes voten como Santiago y cierra España manda. La otra es la refinada: se recuerda que unos resultados electorales no pueden eximir de responsabilidades penales y, por tanto Puigdemont deberá ser procesado aun habiendo sido elegido. 

La inopinada finta de Puigdemont ha internacionalizado de golpe el conflicto y lo ha situado en el corazón de Europa que ahora seguirá el desarrollo de las elecciones con suma atención. Al igual que lo hará con el trato que reciba durante la campaña electoral una población muy activa y muy movilizada en materia de derechos y libertades. 

Querían unas elecciones autonómicas y se han encontrado con el referéndum que se negaron a aceptar de principio y por principio y, encima, bajo los focos de la atención mundial.

Si ganan los independentistas, Cataluña habrá consolidado su República. ¿Es o no una revolución?  Y los reconocimientos exteriores empezarán a llegar.  

Puigdemont en el exilio

Ironías de la vida. Quiere el destino que Puigdemont esté hoy paseando por esas calles de Bruselas por las que también anduvo Karl Marx, en su exilio belga entre 1846 y 1848, periodo en que se escribió El manifiesto del Partido Comunista. Hoy no es el fantasma del comunismo el que recorre Europa. Es el del nacionalismo. Algunas de las fuerzas que entonces se unieron para conjurar el primero siguen presentes; las más, han desaparecido, pero su lugar lo ocupan otras nuevas. Ayer:  el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Hoy: el Papa y Juncker, Rajoy y Macron, los progres griegos y la CIA yanqui. 

Aquí mi artículo de hoy/mañana en elMón.cat, titulado "Desde Bruselas con firmeza y dignidad". No es necesario extenderse mucho. Creía el triunvirato del 155 (el Sobresueldos y sus dos monaguillos) que bastaría con dar un golpe de Estado, tomar medidas represivas y prevenir a sus jueces de guardia para que cumplieran con su rol de sombríos ejecutores para que la resistencia del independentismo se desmoronara.

Es el lenguaje típico de la derecha española (esa que es extrema derecha, pero se llama "centro derecha"): represión, violencia, agresión. No saben gobernar sin montar guerras. Gobernó Aznar y nos metió en una guerra internacional (doscientos muertos y mil heridos); gobierna el Sobresueldos y nos mete en una guerra interna (por ahora, mil heridos, pero no ha hecho más que comenzar), marca de la casa que la izquierda socialista, convertida en barragana del poder, aplaude con grititos de alegría. 

Pero esta vez, las cosas serán distintas. El enemigo de esta coyunda de oligarcas, curas, ladrones, fascistas y miserables comparsas socialistas que se manifiestan junto a los franquistas mientras los suyos, asesinados por estos, siguen en las cunetas está más fuerte que nunca, más únido que nunca y tiene unos dirigentes de probada voluntad independentista. Es posible que Puigdemont, como Marx, como Trotsky en su día, como Asange hoy, tenga que seguir peregrinando en busca de asilo. Pero la victoria del independentismo está cantada.

Aquí, la versión castellana:

Desde Bruselas, con firmeza y dignidad

¿Qué cabe pensar de un Estado cuyo Fiscal General, reprobado por el Parlamento, encabeza un escrito de querella judicial contra unos ciudadanos con el título (por lo demás bastante manido) de “Más dura será la caída”? Obviamente, que el Fiscal no es digno del cargo. Pero que este funcionario, movido por el odio, revele su talla moral de pigmeo, muestra también que el Estado no existe como Estado de derecho, sino como una partida de la porra. Una partida que se mueve al grito ese de sus cultas huestes del “a por” (sic) ellos”.

Que el Estado español –al que la prensa del régimen llama “democrático de derecho”- es un Estado del “a por” ellos se demuestra también por el hecho de que haya encarcelado sin base jurídica y por razones políticas a dos ciudadanos a los que mantiene en prisión como rehenes. Un Estado con presos políticos y cargos públicos democráticos en el exilio no puede ser de derecho. Por el partido del gobierno que lo rige, el partido de la Gürtel, parece y actúa más como una mafia que como un Estado.

La mafia del 155, nieto del artículo 48 de la Constitución de Weimar de 1919, con el cual se abrió el camino a Hitler, el holocausto y la guerra. El artículo de la llamada “dictadura constitucional” que el presidente de los sobresueldos está dispuesto a emplear hasta sus últimas consecuencias que, por fortuna, ya no incluyen la de contar con esbirros que le entreguen al presidente de la Generalitat para hacer con él lo que su portavoz Casado anunciaba con fruición, convertirlo en un Companys.

Frente a este atropello a la tradición de libertad y democracia de Europa, Puigdemont ha tenido el acierto de presentarse en el corazón mismo del continente, en ejercicio de sus derechos de ciudadanía europea. La ciudadanía cuya naturaleza desconoce Rajoy porque también desconoce la de la ciudadanía española en la medida que tenga algo de dignidad y, por supuesto, la catalana, que le produce urticaria.

Aparte de este valor simbólico de la comparecencia de Puigdemont, deben considerarse dos factores más. En primer lugar, el presidente sigue al mando y cumpliendo su función de legítimo representante de la República Catalana, a la par que dando a esta una visibilidad y proyección internacionales que jamás han conseguido los grises miembros de la partida de la porra que pasa por gobierno de la “gran nación”.

Es decir, toda la maledicencia, el veneno, el odio en bruto que destilan los medios del régimen de la restauración (todos, públicos y privados) y la suciedad que vierten los plumillas y esbirros a sueldo no pueden ocultar que Puigdemont está en donde tiene que estar. Sin defraudar, ni traicionar, ni acobardarse, ni fallar o engañar a sus seguidores como sí han hecho, en repetidas ocasiones sus adversarios, Rajoy, Sánchez e Iglesias.

En segundo lugar, la comparecencia tiene un valor estratégico. Puigdemont, al frente de un movimiento independentista fuerte, pacífico, democrático y más cohesionado que nunca, acepta el reto de las elecciones del 21D, impuestas por la fuerza bruta del ocupante con la ineptitud que lo caracteriza. Porque todo este caos, vandalismo policial, arbitrariedad política, odio de la fiscalía y manipulación de las instancias judiciales (el fiscal ha presentado la querella estando de guardia la jueza Lamela, con lo que ya se sabe de antemano cuál será el resultado), se hizo para evitar un referéndum de autodeterminación. Pero el resultado es que ahora será el propio gobierno del partido más corrupto de Europa el que tendrá que organizarlo legalmente y bajo supervisión directa o indirecta de las autoridades extranjeras ya que nadie, absolutamente nadie, se fía de una gente acostumbrada a “ganar” elecciones haciendo trampas y cometiendo presuntos delitos.

Las elecciones del 21D son el referéndum que el triunvirato nacional español (Rajoy, Sánchez, Rivera) ha tratado de impedir sin conseguirlo. Los más listos del bloque español (alguno hay) ya se han percatado de la metedura de pata de poner como castigo precisamente la consulta por la que el independentismo lleva años luchando ¡y sin poder hacer trampas!

Para arreglarlo, el vicepresidente del Senado del PP, que no se cuenta entre la minoría mencionada, ya ha hecho saber que, si el resultado de las elecciones vuelve a ser mayoría independentista, volverá a aplicarse el artículo de la dictadura y, es de suponer, así se seguirá hasta que los catalanes se dobleguen y voten a los representantes de la España eterna oé, oé, oé, PP, PSOE, C’s, Podemos, los Arrimadas, Albiols, Icetas o Colaus, putas y ramonetas todas juntas.

Proclamar la voluntad de eternizar la dictadura, cuando la Europa democrática se encuentra directamente involucrada en un conflicto del que no ha podido escaparse gracias a la visión y la capacidad de liderazgo (plurilingüe, por cierto) de Puigdemont es, quizá, la penúltima prueba de cómo aquellos a quienes los dioses quieren perder, primero los vuelven locos.

Aguas bravas

La revolución catalana ha entrado en zona de rápidos. Los dieciocho meses de la anunciada hoja de ruta transcurrieron más o menos según lo previsto en medio de la indiferencia, la incomprensión y el desdén de las autoridades centrales y sus oposiciones. La prometida transición de la autonomía a la pre-independencia culminó cuando el pasado 27 de octubre, el Parlament votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en el referéndum del 1/10. Éxito rotundo.

Precisamente ese éxito provocó la abrupta respuesta del gobierno de activar el 155 y entrar a saco en el autogobierno de Cataluña, convocando al mismo tiempo elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. El 155 es, en realidad, una ley de plenos poderes puesto que el único limite es el control del Senado, en donde el partido de la Gürtel tiene mayoría absoluta. Es una dictadura sin más, amparada en un artículo de la Constitución para cargarse la Constitución, para suspenderla sin decirlo, para hacer normal el estado de excepción. El empleo de la coerción es máximo, teniendo en cuenta que el bloque independentista mantiene su actitud radicalmente pacífica.

Fastidia mucho pero debe recordarse que, en todos estos años, la violencia en Cataluña solo ha venido de fuera, con las fuerzas de seguridad y militares de la Guardia Civil y las bandas de nazis, sembrando el terror por donde pasan.

Ese espíritu de resistencia pacífica es el que va a encontrar la administración colonial que pretende gobernar Cataluña como gobierna el conjunto de España. Descabezado el movimiento, con unos dirigentes en la cárcel y otros que se han salvado por los pelos pero están en el exilio, el cálculo de la autoridad ocupante es que esa resistencia se mostrará los primeros días y, luego, irá amainando hasta apagarse por entero.

Efectivamente, es una posibilidad. Pero una que choca con dos hechos: uno pasado y otro presente. El pasado es el referéndum del 1/10, los tres millones de votantes, los dos millones doscientos mil votos con un 90% de síes, los más de mil heridos. Es un hecho que supone un legado y un compromiso ahora. Porque el independentismo es un proceso vivo, no un plan de laboratorio y se siente moralmente obligado a continuar una tarea que viene de atrás. El presente es la realidad de una sociedad muy movilizada y organizada en redes con un gran dominio del universo internet. Una estructura, una organización distribuida, no necesitada de grandes jerarquías, capaz de actuar con rapidez y que solo necesita comunicación con sus líderes, cosa imposible de impedir en nuestra era. 

Y esa es la cuestión. ¿En dónde deben estar los líderes? Sin duda hasta cuando están en la cárcel, como los dos Jordis, mantienen un grado alto (aunque mermado) de visibilidad y capacidad de orientación como símbolos. Pero serán más útiles a los fines colectivos manteniendo plena capacidad operativa, esquivando la prisión y constituyéndose en el exilio. Aquí interviene la habitual mala fe del debate político, cuando muchos críticos entienden el paso de Puigdemont a Bruselas, como una huida, una cobardía, un dejar en la estacada a sus seguidores. La política es así: si, además de criticar al enemigo se puede desmoralizarlo, seguro que se hace. 

Sin embargo, la marcha al exilio de Puigdemont tiene más interpretaciones. En primer lugar, mayor internacionalización del conflicto, más debate, más escándalo, más atención internacional sobre la situación en Cataluña, cosa que odian el gobierno y su auxiliar, el PSOE. Con ello, además, mantenimiento de la legitimidad de la República Catalana en el exterior con la expectativa de que haya reconocimientos. En segundo lugar, conservación del liderazgo del independentismo. La cabeza está en el exilio; pero está y en fluida comunicación con las redes del movimiento. Las acibaradas dudas sobre si Puigdemont huye o se mantiene en su puesto chocan con una experiencia: desde el comienzo de la hoja de ruta no ha fallado nunca. El exilio y el reino. La República frente a la Monarquía.

El asunto entrará en los intríngulis judiciales, unas corridas que no serán tan prolongadas como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto pero tampoco tan rápidos como las prohibiciones que ese mismo tribunal llueve sobre Cataluña prácticamente a diario. Tanto que hay quien lo llama TCpC, Tribunal Constitucional para Cataluña.

La ocupación del Principado tiene como objeto organizar las elecciones del 21D. El independentismo se inclina por participar. La ANC ya lo pide claramente. Esta previsión de elecciones ipso facto tiene pinta de ser una exigencia exterior. La vicepresidenta calculaba un plazo de seis meses 155 en ristre y quizá más. En dos meses hay una alta probabilidad de que el resultado sea una mayoría independentista. En todo caso, pues Europa está atenta, el partido de la Gürtel no podrá hacer las habituales trampas o, al menos, no tan descaradas. Y, por su formidable inteligencia se encuentra, al organizar estas elecciones con que, en realidad, está organizando el referéndum que quería evitar a toda costa.

Porque, es obvio, no pueden hacerse trampas. No cabe ilegalizar las opciones independentistas, ni excluir de las candidaturas a los represaliados. Puede ser un voto masivo independentista para sacar a los Jordis de la prisión y devolver su cargo a los miembros del Govern.

"¡Ah!"- afirma el vicepresidente del Senado, - "si vuelven a ganar los indepes, volvemos a aplicar el 155". Bienaventurados los pobres de Espíritu porque de ellos será el Senado. Eso ya sería la reválida de la dictadura.

Poder dual, acto II

El conflicto catalán ha entrado en una fase de enfrentamiento institucional y configura lo que Palinuro aventuraba hace una semana (casi un año para tiempos de normalidad) como una situación de poder dual. Más o menos, lo que está configurándose en la actual pugna entre el poder del Estado y el de la Generalitat. Este parece consistir en realidad en el que ejerzan quienes no acaten la decisión del gobierno de destituirlos. Se perfila un liderazgo fuertemente pesonalizado en las figuras de Puigdemont y Forcadell y que cuenta con una apoyo social generalizado. Solo así entiende el mensaje del presidente pidiendo una oposición pacífica y perseverante al 155. Es un mensaje dirigido a la sociedad en su conjunto.

La suspensión de la autonomía catalana (pues suspensión es, diga Rajoy lo que diga) no va a ser fácil de gestionar. Si las autoridades catalanas se niegan a acatar su destitución y siguen tomando medidas en infracción de la decisión de la autoridad, esta tendrá que emplear medios coercitivos mayores, sin que quepa excluir la detención, el encarcelamiento del Presidente y, quizá otros cargos. En ese momento se habrá acabado la historia del poder dual. Desde la cárcel, se puede poco. 

¿O no? Para quien las toma (el gobierno y sus aliados del triunvirato nacional) las medidas represivas contra las personas en rebeldía, resolverán el problema catalán porque desmovilizarán la resistencia social. De hecho, la permanencia en prisión de los dos Jordis, presos políticos, demuestra que la represión funciona. Insisto. O no. O esas medidas deben ampliarse a otras autoridades y cargos menores en otros niveles que también se nieguen a cooperar. Por ejemplo, es imaginable que muchos colegios que abrieron el 1/10 para el referéndum prohibido piensen ahora en cerrar para una elección decidida por una autoridad extranjera. Y no serán los únicos casos de desobediencia punible. De los 700 alcaldes independentistas muchos se negarán a acatar otra autoridad que no se la Generalitat. Habrá que procesar o sancionar a media Cataluña. 

Es el famoso poder de los sin poder, una vez que tienen un objetivo por el que movilizarse y sacrificarse y cuentan además con unos líderes competentes. 

Hoy hay en Barcelona una manifestación por la unidad de España convocada por la Societat Civil Catalana, una organización conservadora con tintes reaccionarios, al menos en su fundación. Se prevé sea multitudinaria, para mostrar la fuerza del nacionalismo español. Acuden representantes de todo el abanico político, desde el extremo comunismo de Paco Frutos a la tibia socialdemocracia, por la izquierda. La asistencia de la derecha está toda garantizada. A saber hasta dónde, si hasta la extrema derecha, que suele hacerse presente agrediendo a alguien. Eso también dependerá de la cantidad de autobuses que lleguen. Esta vez Borrell no habla, pero llama a participar. Ignoro si, además, se ha pedido que los asistentes no lleven demasiados símbolos franquistas. 

Es un conflicto político y constitucional. Ya se vio que no podía tratarse como un mero problema de orden público, con medidas represivas ordinarias. Ha habido que intensificar la represión y no hay trazas de arreglo sino de lo contrario, de agudización de la crisis. Y eso con un gobierno embadurnado de la corrupción de la Gürtel hasta las entretelas, empeñado en que Cataluña pague el coste de ocultar su implicación y responsabilidad en una trama criminal.

Así que sí, sigue, el poder dual. 

Vía libre a la dictadura

Breves horas ha tardado el gobierno del partido de la Gürtel en responder al mejor estilo autoritario. Siguiendo su costumbre, Rajoy da por no declarada la independencia ni la República Catalana, igual que decretó la no existencia del 9N, del Referéndum, de la DI. Pero, acto seguido, destituye 52 cargos públicos de la Generalitat, entre ellos el govern en pleno, clausura el Parlamento catalán (con la secreta nostalgia de hacerlo como Franco, por 40 años), prohíbe las manifestaciones públicas que no sean autorizadas por el ministerio del Interior y convoca elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, jueves. Quienes se asombran deben recordar que el domingo es 24 de diciembre, cuando los españoles escuchan arrobados a su Rey, que el jueves siguiente es 28 (cosa arriesgada) y el domingo siguiente, 31, cava (no catalán, por supuesto) y Nochevieja.

Lo peculiar aquí no es el día concreto de la convocatoria sino el hecho de que esta (así como los otros actos) se haya producido. Habiendo declarado el Parlament la independencia de Cataluña y proclamado la República Catalana, lo lógico será preguntar desde cuándo un presidente de un gobierno convoca elecciones del tipo que sean en el país de otro. Para el gobierno, el triunvirato nacional español y los dos referentes de la "auténtica izquierda", Garzón y Podemos, que van por ahí tachando de ilegítima la DI, por supuesto, la independencia y la República Catalana son ilegítimas, ilegales, delictivas... de acuerdo con su legislación. Ningún país del que otro se separa reconoce la legalidad de las medidas de este; no lo hizo Inglaterra con los EEUU ni España con los países latinoamericanos. Ninguno. Esas medidas serán siempre ultra vires, fuera de las competencias del país que se separa. A su vez, para este, las leyes y medidas del país del que se separa no son válidas en su territorio.

Dicho en otros términos más crudos. ¿Qué sucede si las autoridades destituidas y los órganos disueltos se niegan a ser disueltos y destituidas? Es un problema de prevalencia de normas que tiene dos aspectos, uno político y otro jurídico. El político es muy sencillo: ningún Estado admitirá jamás un poder rival en lo que considera su territorio, una dualidad en la que el otro Estado no reconozca su autoridad. Tendrá que proceder contra él aplicando la coerción. En qué medida, dependerá de la resistencia que el otro ejerza. Incluso es posible que, ante una situación de previsible desobediencia muy generalizada, el Estado no consiga imponer su autoridad como monopolio legítimo de la violencia. En ese momento, el problema estará resuelto por la vía de hecho.

El aspecto jurídico también es sencillo. El Gobierno (el Estado) se ampara en el artículo 155 de una Constitución que está obligado a respetar y hacer respetar. Cerremos los ojos a la circunstancia de que ese gobierno no se caracteriza por respetar mucho la Constitución. Eso es aquí irrelevante. Pero ¿y el hacer respetar? Ahí está su punto fuerte: se ampara en un artículo de excepcionalidad para salvar la Constitución en peligro. El artículo 155, traducción literal del 37 de la Ley Fundamental vigente en Alemania y reproducción del 48 de la Constitución de Weimar, el llamado "artículo de la dictadura constitucional", es justo el que invocó el presidente von Hindenburg para dar paso a Hitler que, a continuación, se cargó la Constitución. Lo más probable es que quien pone en marcha la dictadura constitucional (un verdadero oxímoron) vaya por la Constitución, como los policías de Huelva iban "a por ellos" al dirigirse a Cataluña.

Y es así. El 155 es deliberadamente impreciso para dejar manos libres al gobernante y que haga mangas capirotes con las libertades y derechos de los ciudadanos, la democracia y el mismo Estado de derecho. Habla de adoptar las "medidas necesarias" para los fines del gobierno, en el entendido de que por "medidas necesarias" entenderá lo que le dé la gana: por ejemplo, convocar elecciones cuando le plazca, pero permitir que se presenten solamente partidos de su bola y no otros. Por ejemplo: elecciones en Cataluña habiendo prohibido los partidos independentistas.

Sería, más que dictadura, verdadera tiranía. Y por eso, se dice, no puede pasar porque el mismo 155 tiene una clásula garantista: las medidas propuestas por el gobierno deben ser validadas por el Senado. Estamos en un sistema democrático parlamentario, caballero. Lo mismo hace el 37 de la Ley Fundamental alemana: exige el acuerdo del Bundesrat o cámara de representación territorial que, a primera vista es equivalente al Senado. Pero solo a primera vista porque a segunda y sucesivas, son radicalmente distintas: una, la alemana, es una cámara seria, no legislativa (excepto en cierto tipo de leyes que precisan su aprobación), no electiva y compuesta por representantes de los gobiernos de los Länder. La española es un chiste, pues es cámara legislativa (aunque, en realidad no legisla ni hace nada de relieve), es electiva (pero con un sistema distinto del Congreso y pensado para privilegiar la representación de las zonas agrarias, menos pobladas del país) y está compuesta por los mismos partidos políticos del Congreso. Los senadores suelen ser "ángeles Sí Señor" de sus grupos. A los efectos prácticos, este remedo de cámara, además, padece una mayoría absoluta del partido del gobierno con lo que este tiene garantizado que el Senado, servicial, validará lo que se le presente. 

Rajoy asegura que no suspende la autonomía de Catalunya y, por una vez en la vida, dice verdad. No la suspende: la elimina. Como elimina el Parlamento, al tiempo que se apresta a gobernar en un plano de relación metrópoli y colonia más o menos rebelde. ¿Hasta qué extremo? Hasta el que considere "necesario". ¿Hasta qué extremo considerará "necesario"? Dependerá de dos factores que, obviamente, el triunvirato nacional ha infravalorado: la resistencia de la gente y el apoyo exterior. Puigdemont avisó en su día: "no menosprecien al pueblo de Cataluña". Buen consejo, aunque no para la derecha que quiere derrotarlo precisamente porque conoce su fuerza y la teme, sino para la izquierda. A ver si los de la "verdadera" etc., dejan de contar los pelos al rabo de la esfinge de la legitimidad y se enteran de que se quiere perpetrar un ataque contra un pueblo que lucha por su emancipación democrática y pacíficamente. Que esté equivocado, como sostienen los dos genios Iglesias y Garzón, conocedores siempre de la verdad, no quiere decir que no sea una lucha democrática, popular y, con perdón, señorías, revolucionaria. Es una desgracia, desde luego, que no la dirijan ustedes, pero tengan cuando menos la honestidad de reconocerla. Del PSOE nada que decir: comparte gustos y disgustos con la derecha y, como demostrará mañana el PSC manifestándose con los de SCC, también actividades prácticas.

El 155 es la vía libre a la dictadura y la arbitrariedad. Solo la parará el propio movimiento independentista perseverando en su actitud democrática y no violenta. Y la vigilancia exterior. El govern confía en el trabajo hecho hasta hora en Diplocat y espera recoger los frutos en forma de tempranos reconocimiento. Mucha gente está algo desilusionada porque los países europeos no hayan reconocido la República Catalana a la media hora de proclamarse. Estas cosas llevan tiempo, poco, sí, pero alguno para algunos trámites de iniciativa, debate y decisión. Cierto que algunos reconocimientos exteriores serían límites serios a la arbitrariedad del gobierno en Cataluña. Tusk ha mandado un aviso de urgencia y media docena de países europeos, Eslovenia, Estonia, Letonia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, podrían reconocer la República Catalana. Y, según mis noticias, se abre paso una acción colectiva en varios países latinoamericanos para hacer lo mismo.

No tengo nada claro que vayan a celebrarse esas elecciones. Pero sí empiezo a sospechar que quizá se celebren antes en España, si alguien cae en la cuenta del majestuoso fracaso protagonizado por la nacionalismo español, que tuvo 18 meses de plazo (la hoja de ruta) y no hizo nada, salvo llevar el país a una situación de fractura en la que inevitablemente tendrá que intervenir la UE. 

Las horas vivas

Ayer, durante unas horas, un país entero pasó por el diván del psiquiatra. Unos entraron con depresión y salieron eufóricos y otros entraron triunfantes y salieron, literalmente, sin voz. ¡Cuántas cosas se dijeron y cuántas se callaron que serán pienso de arrepentidos!

Habrá, hay ya, todo género de interpretaciones. Que si las dudas, los miedos, las presiones, el Ibex, el Rey, el Pentágono, Putin, los finlandeses, la UE y el sursum corda. Por cierto, en un aparte, para no enfurecer más a la fiera, vaya con el "asunto interno" español. Las negociaciones frenéticas, las amenazas aquí, los desplantes allí, dimisiones, acusaciones, los muy buena tinta e informaciones de buena fuente. Ni Puigdemont sabía a las 10:00 lo que diría Puigdemont a las 13:00, a las 14:00, a las 17:00. Claro que no; porque dependía de la respuesta que obtuviera del gobierno a la primera oferta -hecha en plan de rumor- de convocar elecciones a cambio de la retirada del 155 y, de paso, de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Y este es el meollo del asunto, el charco al que el gobierno se tiró de cabeza con su habitual ineptitud. Ayudaron mucho los socialistas cuya alma buena de Sechuán está consiguiendo destrozarlo todo y que, encima, le caiga sobre la cabeza. Habiendo apoyado la aplicación del 155, se lo cambian a la desesperada a Puigdemont por unas elecciones que eviten la DI. Pero ellos no son quienes para prometer nada porque el 155 depende del Senado con mayoría absoluta del PP. Cuando Puigdemont puso en marcha el rumor de aceptar la oferta, al PP le faltó tiempo para destruirla, afirmando que las elecciones no pararían el 155. Los socialistas se quedaron agarrados a la brocha y sin escalera. Y luego llegó la seria y solemne declaración en el Palau, cuyo aire gótico dejó a la vicepresidenta sin voz.

El MH fue muy contundente al calificar el 155 de abusivo y fuera de la ley y sostener que no hay garantías democráticas para la celebración de elecciones. Obsérvese cómo, quien iba a hacer (e hizo) un referéndum "sin garantías" tiene hoy fuerza moral para denunciar la falta de garantías de unas elecciones que habrían de celebrarse bajo el 155, es decir, en condiciones de dictadura del PP, el partido de la Gürtel.

En la misma comparecencia, Puigdemont residenció la posible declaración de independencia en el órgano al que corresponde, el Parlamento, representación de la voluntad del pueblo de Cataluña. No es apropiada la metáfora de la "pelota" o la "patata caliente". A raíz del referéndum del 1/10 (ese que no se celebró, según Rajoy) Puigdemont anunció que pediría al Parlamento un pronunciamiento sobre el resultado del referéndum, no ya porque no hubiera existido, sino porque dos millones doscientas mil personas acudieron a votar arrostrando una represión y una brutalidad policial cuyos efectos negativos para el nacionalismo español aun no se han acabado. Y ahora, cayendo en la trampa de su propia incompetencia, el gobierno se apresta a intensificar la violencia, la agresión.

Conviene recordar que en la convocatoria del referéndum fantasma se preveía que su resultado sería vinculante. Caben, pues, pocas especulaciones. El mandato del 90% de los votantes el 1/10 es la independencia. De eso se votará hoy. 

Es imposible que los genios del triunvirato nacional español, Rajoy, Sánchez, Rivera, entiendan lo que tienen enfrente. No es su estilo de hacer política. Siguen creyendo -o fingiendo creer- que el llamado "órdago"  o "desafío" o "reto" independentista es un capricho de un dirigente iluminado o una cuadrilla de locos que llevan al gran pueblo catalán al desastre, privándole, además, de sus derechos, según Sáenz de Santamaría, especialista, en cambio, en garantizarlos. No ven -o no quieren ver, aunque, por si las moscas, ya han tomado como rehenes a los dos Jordis, presos políticos- que dentrás de los dirigentes hay una sociedad organizada, animada de una voluntad colectiva de liberación, y muy movilizada. Y con un horizonte republicano. No ven o no quieren ver que es una revolución. Justo la que haría falta en España.

En legítima defensa

A pesar del ruido, del estrépito catalán, la Gürtel ha vuelto a manifestarse con unas conclusiones de la fiscalía que son una impugnación a la totalidad del PP, del gobierno, de Rajoy, durante más de veinte años: una asociación de malhechores para saquear las cuentas públicas a todos los niveles. Desde los sobresueldos del presidente con cargo a la caja B, hasta las comisiones en todas las adjudicaciones y la financiación ilegal. El PP lleva veinte años ganando elecciones ilegalmente, haciendo trampas. Todas sus decisiones son nulas e ilegales. Todas. Incluida la de aplicar el 155. ¿Con qué autoridad invoca la legalidad un gobierno todo él ilegal? Un gobierno que debería haber dimitido hace mucho y haberse puesto a disposición de los tribunales.

Con el PP en el gobierno, España no es una democracia ni un Estado de derecho, por más que los medios y publicistas nacionalistas españoles (prácticamente todos) así lo aseguren. Es imposible llamar Estado de derecho a un país gobernado por un partido fuera de la ley. No solo por encima de la ley, sino fuera de ella. Todos los actos de este gobierno son ilegales de origen y por lo tanto, de ejercicio. 

Por eso centra su atención el triunvirato nacional español en Cataluña. Para desviar la atención de ese hecho que, sin embargo, está en la conciencia de todos y empieza a ser valorado en el extranjero, en donde ya se piden explicaciones detalladas de cómo funcionan las instituciones en España. El hecho de la carencia de legitimidad del gobierno para abordar lo catalán. 

Esta le viene prestada por el apoyo del PSOE (C's no añade nada en punto a legitimidad), que quiere tranquilizar su conciencia moderando la aplicación del 155, como si eso fuera posible. Al estar ya activado, haya o no elecciones auonómicas, el gobierno ha impuesto su criterio de efecto "máximo". De entrar, entramos a saco. Pero hay un plazo de procedimiento y en él la Generalitat tiene previsto declarar la DI y la República Catalana en legítima defensa. Fin de fiesta.

Sigue siendo asombroso cómo, a la vista de los acontecimientos, el triunvirato nacional español no se entera de en dónde se ha metido. Da por hecho que destituir autoridades y cargos, clausurar el Parlamento, intervenir a los Mossos, cortocircuitar (supongo) las administraciones locales, secuestrar los medios de comunicación será coser y cantar. Enfrente tiene una rebelión ya anunciada y muy vigilada desde el exterior, en donde se multiplican las iniciativas intervencionistas. El Parlamento danés, por ejemplo, debate sobre la independencia de Cataluña. 

Aun suponiendo que esta ocupación fuera posible (y no se ve si no se hace con fuerza armada), queda vencer la resistencia de la calle. El gobierno parece dar por descontado que esa resistencia durará una semana y, después, la gente se resignará a ser gobernada desde fuera, como una colonia. 

Solo este propósito debiera poner sobre aviso al PSOE de que la situación no es de recibo. No es solamente que prestarse a reprimir sin más una movilización social durante una semana debiera repugnar a cualquier sensibilidad de izquierda. Es que, además, será inútil porque el alcance y la profundidad de la movilización social catalana son mucho mayores de lo que la capacidad represiva del Estado pueda controlar. 

El 155 es la puerta abierta a la dictadura. Que se invoque la democracia no quiere decir nada. Todas sus perspectivas hacen imposible un retorno a esta pero cada vez más posible un intento dictatorial renovado a base de prohibir partidos políticos independentistas. Algo que el PSOE tendrá que tragar o denunciar, corriendo el riesgo de que también lo prohíban a él. Nunca se sabe con la derecha que no suele defraudar en su gobierno: te mete en una guerra exterior o interior. 

Y como quiera que el gobierno anuncia su decisión de aplicar el 155 en cualquier caso y haga ya lo que haga la Generalitat solo deja a esta la posibilidad de proclamar la República Catalana en efecto, en legítima defensa.

La independencia de Cataluña

Mi artículo de hoy en elMón.cat titulado "La independencia es inevitable". No es solamente que el Estado sea incapaz de frenarla o impedirla, no. Es inevitable porque, llegados hasta aquí, nadie puede obstaculizarla, ni las dudas, temores y vacilaciones de última hora entre los indepes. 

A la vista de cómo ha gestionado el asunto el bloque nacional español, Cataluña no tiene más remedio que declarar la independencia mañana, si quiere sobrevivir. De otra forma, la maquinaria del 155 pretenderá aplastarla (otra cosa es que lo consiga) estableciendo la dictadura. Sabe el bloque que con un estado de excepción encubierto, suprimiendo el govern y el Parlamento, interviniendo a los mossos y controlando los medios audiovisuales no tendrá suficiente. Se verá obligado a suprimir los derechos de asociación, reunión y manifestación y, quizá, a imponer un toque de queda. Tendrá que prohibir los partidos y asociaciones independentistas. 

Al PP esto le parecerá muy bien porque está acorde con su espíritu y realidad franquista. 

¿Y al PSOE? ¿También le parecerá bien haberse convertido en un partido fascista?

Y aun peor: un partido fascista que sirve también para encubrir el saqueo sistemático del país por la banda de ladrones que apoya.

Sigue el texto en castellano: 

La independencia es inevitable

                                                                                              

Si se declara ya como si se deja en el limbo; si se consigue mañana o dentro de una semana o unos meses o para cuando Deulofeu anuncia el fin del imperio español, 2029. Da igual. La próxima independencia de Catalunya es una certidumbre con la que el mundo en general y Europa en particular tienen que contar y, de hecho, ya están haciéndolo.

Desde aquellos lejanos días del fallido y vigente Estatuto de 2006, hoy vulnerado por este golpe de Estado de matachines decimonónicos, estuvo claro que Cataluña no tenía encaje dentro de España. Y ello no porque chocara con el gobierno de turno y, confuso por ello, como señalan los españolistas menos tarugos, confundiera gobierno con Estado. Nada más falso.

En España no hace falta “confundir” el gobierno y el Estado porque todos los gobiernos tienen fundamento en el mismo Estado y este los condiciona, sean del color que sean. El primer ataque contra el Estatut de Maragall vino con el PP y Rajoy recogiendo firmas “contra Cataluña” y en defensa de, mirabile dictu, un referéndum. Era un ataque desde la oposición.

El segundo vino del Parlamento español de la mano del especialista en cepillados, Alfonso Guerra, y el pacto entre Zapatero y Mas para consensuar un Estatuto “cepillado”, “rebajado” . Era un ataque desde el Parlamento y el gobierno.

El tercero y definitivo, luego del voto afirmativo en referéndum catalán, vino del Tribunal Constitucional, que negó la condición nacional a Cataluña e inconstitucionalizó lo que le pareció bien. Era un ataque desde un órgano político que se hace pasar por Tribunal de justicia.

Así que si algo es atacado, rechazado, anulado por el gobierno, el Parlamento, la oposición y los tribunales, no parece exageración decir que es atacado por el Estado. No por este o aquel gobierno que son esencialmente transitorios sino por el Estado sin más, en conjunto, por todo el Estado. Si Cataluña insiste en su condición nacional, es decir, persevera en su esencia y naturaleza, el Estado español trata de aniquilarla.

Las últimas semanas han sido ricas en esperpentos. El gobierno se salta la legalidad que invoca y decreta una situación de excepción en Cataluña y una dictadura seudoconstitucional que quiere extender al resto del Estado, de momento a Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. En pleno siglo XXI. Sumisa y, en el fondo, cómplice de esta arbitrariedad, la izquierda socialista suscribe el atropello en Catalunya y se inventa una vergonzosa excusa para justificar que los socialistas se alíen con la derecha nacionalcatólica y franquista de siempre, con el PP: la de que, cuando se haya “pacificado” Catalunya, se procederá a una reforma de la Constitución que no se creen ni ellos.

Ya no basta con una reforma de esta Constitución que nadie respeta ni respetó jamás porque fue el enésimo engaño para perpetuar el dominio de la oligarquía parasitaria tradicional española y el sojuzgamiento de Catalunya. Ahora ya solo queda aceptar lo que una separación negociada de esta, convertida en flamante República Catalana, pueda deparar y ver si la izquierda española es capaz de imponer un referéndum sobre Monarquía/República en lo que quede de España.

Viéndose perdido, el nacionalismo español recurrió a su última carta, que ya no es un ejército cuya inclinación al golpe militar está coartada por la OTAN, sino su capitán general, el Rey. Lo ha sacado dos veces en un breve lapso, las dos intransigente, insensible, amenazador, jugándose la corona con el respaldo al partido más corrupto e ilegal de la historia de España. Un Borbón que seguirá el destino de su bisabuelo.

Porque a Catalunya ya no hay gobierno ni Estado españoles que puedan contenerla, ni con la ayuda de un PSOE convertido en diligente lacayo de la derecha más monárquica y reaccionaria. Su fuerza no reside en su poderío militar (inexistente), ni en su riqueza económica (que es mucha y muy codiciada por la metrópoli madrileña ), sino en la generalizada y decidida voluntad política de emancipación del pueblo  en su conjunto. Reside en la amplia movilización a través de las organizaciones sociales y los partidos políticos. Reside en la conexión entre esta sociedad y sus instituciones representativas que, habiendo reconocido el mandato del pueblo, lo ejecutan.

El Estado español (el gobierno y sus palafreneros socialistas y de C’s) blande un estado de excepción camuflado bajo un artículo 155 de la Constitución que, no sabiendo cómo se emplea, juzga le da carta blanca para actuar según su convicción y talante autoritarios, dictatoriales. Cree que censurando, reprimiendo, apaleando, procesando y encarcelando conseguirá reducir a Catalunya a su condición de colonia disimulada hasta la fecha y que ahora ha quedado patente.

En su falta de ética, principios y respeto a la ley, el Estado español, probablemente con el beneplácito del Borbón, puede tender una trampa a Puigdemont y valerse de cualquier leguleyería de la vicepresidenta para detenerlo y encarcelarlo. Una felonía de este tipo (frecuente, por lo demás, en el fascismo español) no solo no resolvería nada sino que aceleraría el proceso de independencia y el apoyo exterior que esté recibe cada vez más crecido.

Precisamente porque saben que la independencia es inevitable, quieren su nacimiento como dicta la Biblia, con sangre. Sangre que, derramarse (más) caerá sobre sus cabezas. Sobre todo las de una izquierda que ya no tiene de tal ni el nombre. 

Izquierda a la catalana

La idea empieza a estar manida: el independentismo catalán ha triturado la izquierda española. No solo en Cataluña, sino en toda España. Ahí está Podemos con una de sus habituales purgas, esta vez por lo nacional. Por Cataluña, en concreto. La angélica fórmula que los morados propusieron, esto es "Ni 155 ni DUI: RP (Referéndum Pactado)" no goza de universal aprobación en las filas españolas por tal variedad de razones que es imposible citarlas. El argumento de Bescansa es que la fórmula, en el fondo, es la de los indepes sin confesarlo. Cosa evidente. Seguro que también lo sabe la dirección. Así que la salida de Bescansa no es por lo que piensa sino por decirlo.

Podemos se dará cuenta alguna vez de que sus dificultades de articulacion en una España que ellos mismos definen como plurinacional radican en que la definen pero no la viven como tal. No acaban de ver que, en el caso del Estado/Cataluña, actúan, en realidad, en dos países distintos pero, al representar en el fondo una idea única de nación, pierden apoyos en los dos por razones antagónicas. Esto sucede asimismo con otras voces cualificadas de esta izquierda que no son ambiguas, sino contrarias a la independencia, Llamazares entre los más críticos, aunque no de los más originales y Garzón que, proclamándose comunista, afirma que ser comunista catalán e independentista es algo incoherente. Vuelve la ideología de la mano de la doctrina. No considera la posibilidad de que un comunista catalán pueda hacer el mismo juicio sobre él. Y no la considera porque Garzón, como muchos nacionalistas españoles de izquierda, sostiene no ser nacionalista y lo es, digamos, sin ánimo de pelea, por "inmersión monolingüística", que da la nación por descontada. Nacionalistas siempre son los otros. 

Si se descuida uno le enjaretan unas cuantas teóricas sobre cómo la izquierda no puede ser nacionalista porque es internacionalista. Por dogma y definición. Sin pruebas que lo demuestren. Al revés, abundancia de pruebas en contrario. La izquierda es tan nacionalista como la derecha, aunque lo disimule, que no siempre lo hace. Es inolvidable aquella foto de Sánchez en un escenario de esilo gringo con el fondo de una rojigualda tan grande como la aznarina de la madrileña Plaza de Colón.

También gusta mucho en la izquierda el argumento del nacionalismo insolidario, resultado de unas comunidades ricas y egoístas que no quieren compartir con las menos aventajadas. Al margen de que el asunto es de juicio moral más que de viabilidad, la dicotomía ricos/pobres simplifica de tal modo siglos de historia, de desarrollos distintos, que no merece mayor atención.

En la otra izquierda, la del PSOE, el impacto del independentismo catalán ha sido también destructivo. En lugar de hacer oposición al gobierno del PP en dos frentes distintos, la corrupción y el independentismo, ha decidido alinearse sin reservas con el partido más corrupto de la historia contemporánea y respaldar las medidas represivas que este tome en Cataluña. Es una posición perdedora por partida doble: de un lado cargará con la co-responsabilidad de la gestión de la crisis catalana y su previsible fracaso y de otro aparecerá como cómplice en la tarea del gobierno de ocultar la Gürtel tras la cortina de humo de Cataluña.

La integración del PSOE en la estrategia de la derecha es tan completa que se vale de sus mismos métodos. La operación por la que un editorial sin duda encargado de Le Monde, periódico del que PRISA tiene el 15% de las acciones, aterrizó el mismo día en la mesa de El Intermedio, leído a pantalla batiente por José Borrell es un ejemplo práctico. El mismo Borrell que unos domingos antes había dirigido unas ardientes y patrióticas palabras a una multitud llegada de toda España y sembrada de nazis. De esos que están en todas partes en España pero cuyo nombre se usa solo para insultar a los indepes catalanes.

Realmente, la situación es endiablada. Imagínese que una izquierda esclarecida llevara lo de la plurinacionalidad a sus últimas consecuencias y aceptara que, siendo Cataluña otro país, no le corresponde montar en él una sucursal suya, sino mantener fraternales relaciones (si acaso) de igual a igual con los autóctonos de su misma denominación. Un poco la relación CDU/CSU en Alemania pero más en serio y a la izquierda. El discurso en Cataluña estaría claro, pero no en España. Nada claro. Una propuesta así probablemente no tendría mayoría de sus bases. Causa de una crisis recurrente que ha puesto al PSOE al servicio del PP y a Podemos y aliados en un palco de espectadores y mal avenidos.

Culmina la hoja de ruta

Público ha tenido un curioso lapsus fotográfico. No se le saque punta. Nadie piensa que haya similitud alguna entre Montilla y Zoido. Son seres de galaxias distintas. Pero está claro que hay nervios en todas partes. Hasta en la sala de máquinas.

Si es así que Puigdemont prevé proclamar la independencia y, por ende, la República Catalana, el jueves a las 10:00, la perspectiva es de imprevisibilidad. A las 10:00 vencía el plazo de la requisitoria del gobierno para el retorno a la legalidad de la Gürtel. A las 10:00 empezará a tramitarse en el Senado la aplicación del artículo 155. Lo curioso es que en ningún caso parece el triunvirato nacional español haber anticipado una respuesta y tener prevista una reacción. Puigdemont lo sorprende siempre.

Por ejemplo, todos los cabildeos acerca de la hora y el lugar de la prevista comparecencia del MH son inútiles si hay DI porque, en tal caso, el Fiscal Maza pediría la detención de Puigdemont allí donde se le encontrara bajo la acusación de media docena de presuntos delitos, los más graves del Código. El interesado no llegaría a pisar el noble edificio de la Plaza de la Marina Española, en donde Franco había instalado la sede del Consejo Nacional del Movimiento... nacional, claro.

Si no se declara la DI, seguirá habiendo cierto peligro pero, en principio, sin base jurídica para echarle el guante, Puigdemont volverá libre a su tierra tras haber expuesto por enésima vez sus reivindicaciones y hecho su habitual apelación al diálogo. Pero inmediatamente empezará a moverse la maquinaria del 155.

Y aquí es donde viene la agitación. No porque, PP y PSOE discrepen sobre si unas elecciones paralizarían o no el 155. Eso es indiferente dado que no va a haber elecciones catalanas, como ya han asegurado los indepes. La agitación y el desconcierto arrancan de que, en el fondo, nadie sabe cómo aplicar de modo efectivo el 155 sin provocar una crisis que sería un desastre interno y saltaría las fronteras . Sustituir a unos mandos, cargos, personas por otras puede no ser tan fácil si los substituibles se niegan a aceptarlo. Es obvio que la coerción y todas sus ramificaciones tiene que aumentar y la intensificación de la violencia. Y eso en el contexto de una población muy organizada y muy movilizada en defensa de sus representantes.

Siguen sin entender que no es un problema de orden público sino una crisis constitucional muy profunda que afecta a la organización territorial del Estado y, de rebote, a la Corona. 

Una revolución.

De la tierra del sin fin

Hay algo épico en la posibilidad de que Puigdemont comparezca en el Senado. Si comisión o pleno es irrelevante porque lo darán todas las televisiones, salvo que se atengan al criterio de impacialidad y equilibrio del gobierno, en cuyo caso emitirán la final de Wimbledon de 1998.

La cuestión es la comparecencia en sí misma. Desde los tiempos de Yugurta hay algo extraño en la presencia de rebeldes ante un solemne cuerpo legislativo cuya autoridad aquellos niegan. Extraño y siniestro. Lutero, citado a la Dieta de Worms, fue provisto de un salvoconducto de su protector, Federico III, Elector de Sajonia. Aun así, hubo que salvarlo de las consecuencias del terrible Edicto de Worms por un episodio de capa y espada. No se está haciendo comparación alguna, que sería desmesurada. Aquí no hacen falta salvoconductos. Estamos en un Estado de derecho. Lo de la dieta de Worms fue durante las guerras de religión. En efecto, en donde chocaban pasiones muy profundas. Como ahora con las guerras nacionales o por la nación. Pasiones tan profundas como para obnubilar la razón.

Puigdemont vendría al Senado en Madrid en un clima de franca y generalizada hostilidad. Es verdad que se trata de una buena ocasión para explicarse ante el conjunto de la ciudadanía y al extranjero. Es de suponer que su declaración sea transmitida íntegra por las televisiones. Y también es de suponer que habrá voces pidiendo su detención. Ayer las redes discutían acaloradamente esta eventualidad y así seguramente lo hace el govern. El fiscal general, reprobado por el Parlamento, recuerda que, si se proclama la DI, Puigdemont puede darse por preso. Y dado que la cuestión de la proclamación de la DI es tan insegura como el santo grial, así como que el fiscal Maza gusta de ser expeditivo, bien pudiera pedirse la detención del presidente de la Generalitat al bajar del AVE en Madrid.

Es impensable, ¿verdad? Pero según lo impensable va haciéndose realidad se hace menos impensable.

El plan del gobierno no deja lugar a dudas: un 155 máximo, equivalente en realidad a un estado de exepción, con intervención política (la económica ya funciona hace semanas), en la seguridad y en los medios públicos de comunicación. Esto último ha provocado situaciones tan vergonzosas como ese comunicado del consejo de redacción de RTVE oponiéndose al 155 en los medios catalanes mientras el gobierno siga teniendo la RTVE a su servicio. Un gesto de profesionalidad que ayuda a los trabajadores de TV3 y CAT Radio a negar acatamiento a las directrices de intervención. La intervención de los mossos, que estos también rechazan, así como de las autoridades políticas catalanas (govern y Parlamento) que también anuncian desobediencia, configura una dictadura "constitucional" al estilo del artículo 48 de la Constitución de Weimar. Y más allá. La vicepresidenta del gobierno ya hace saber que la intervención (en realidad, ocupación) de Cataluña podrá prolongarse más de seis meses. Es decir, que se han saltado el último requisito que todavía quedaba en pie de la dictadura constitucional. Es la dictadura sin límite de tiempo, la de Mussolini, Stalin, Hitler y el discípulo de todos ellos y maestro de los actuales gobernantes, Franco.

Y roto el límite de tiempo, por el mismo precio, también se rompe el territorial y, sobrados de 155, los halcones del PP proponen aplicarlo asimismo en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. Menudo éxito el de la Transición.

Con esta perspectiva de dinámica de fascistización, que trata de provocar conflictos sociales para justificar políticas represivas más intensas, la comparecencia de Puigdemont en el Senado es un gesto de enorme importancia. Por si hay alguna duda, invito a considerar lo que Puigdemont representa para las dos partes del conflicto. Para el gobierno y sus aliados, un obstinado rebelde contra la ley y la Constitución, un iluminado, un demagogo, en último término, un delincuente. En su animadversión incurren en el argumento típico de los matones de culpar a la víctima del maltrato: el responsable del 155 es Puigdemont, no quienes lo ponen en marcha. Un sujeto así, que pide que lo maltraten no merece respeto.

Para los independentistas y gran parte de los no independentistas es su presidente, el hombre que representa al pueblo catalán, cuyo ánimo de entendimiento pacífico y concordia está él encargado de exponer en el Senado. Se ha convertido en el símbolo de una lucha que se quiere secular de un pueblo masivamente alzado por su dignidad. Es un delirio, dicen los adversarios. Delirio, iluminación, pero es colectivo y, por cierto, republicano. Y lo representa este hombre.

Sea cual sea el resultado del evento, el nacionalismo español a la antigua usanza, representado en el triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, tiene la batalla perdida porque carece de proyecto viable a medio y largo plazo. A corto es evidente puesto que anda a porrazos. Los de Podemos tratan de mantener la cabeza por encima del agua enunciando una tercera vía, consistente en el referéndum pactado que los indepes estuvieron proponiendo hasta que se hartaron. Como siempre, la tercera vía no existe. Es una de las otras dos más o menos vergonzante.

Porque, en efecto, cuanto más artificio represivo despliegue el Estado, más costará después desmontarlo cuando se compruebe que no ha servido para nada.

La llamada cuestión catalana que, sí, es en realidad cuestión española como se prueba hoy en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra, no es un problema de orden público, tampoco de legalidad; no es una cuestión jurídica siquiera. Es una cuestión de legitimidad, de principios que solo puede abordarse políticamente en una mesa de negociación, con un referéndum pactado por medio. Y lo sabemos todos.

Sustituir este escenario por otro de represión, censura, intervención, prohibiciones, detenciones, controles, multas, sanciones en una sociedad del siglo XXI, organizada en redes distribuidas es ridículo e inútil. Pero puede causar mucho daño y sufrimiento.