Noviembre se decide en septiembre.

Las elecciones de 27 de septiembre, de las que nadie sabía nada en España hace dos meses y medio se han convertido de pronto en decisivas y obligado a los participantes a tomar decisiones drásticas en diversos órdenes. Drástico ha sido sustituir a Sánchez Camacho por el gigante xenófobo García Albiol. Y drástico ha sido que el PSC renuncie explícitamente al derecho a decidir. En general se observa un corrimiento de fuerzas en el campo unionista, por consideraciones tácticas sobre cómo hacer frente mejor al independentismo. Es como si todos pensaran que echándose algo más a la derecha se encontraran en mejor posición.

Podemos, el último llegado a esta compleja realidad de la política catalana, ha pagado su bisoñez con una notable pérdida de personalidad. Su clientela, de izquierda unionista, no estaba muy conforme con las ambigüedades de la dirección sobre el derecho a decidir y el proceso constituyente en el que iba a decidirse todo. Inseguros respecto a su lugar se aliaron con la IU catalana en Catalunya Sí Que Es Pot, es decir, con los mismos con quienes se vienen negando a confluir en el Estado, sin que sus razones sean más convincentes para lo uno o para lo otro. Entregaron la marca. Ahora clarifican que no apoyarán ninguna DUI después del 27 septiembre. Con ello, probablemente, tratan de contener la sangría de efectivos unionistas a una nueva formación confluyente, de izquierda, pero no soberanista. Ojo, Podemos no es soberanista. Su pretensión, según explican sus dirigentes, es aglutinar voto catalán de izquierda no independentista. Su porvenir es problemático. Tiene que competir con la CUP, que es voto de izquierda, soberanista, pero no coincidente con el independentismo burgués o "político". Pero también ha de hacerlo con el PSC que, no ya a la DUI, al mero derecho a decidir hace ascos. Y, encima, sumerge su marca registrada en una denominación de las muchas que hay en la oferta. No parece que quepa esperar resultados halagüeños.

Ahora bien, los estrategas del partido confían en las elecciones catalanas para insuflar ánimos nuevos a un decaído Podemos después de las últimas consultas. Si, como es de imaginar en un panorama tan abigarrado como el catalán, el voto real a Podemos no llega al 15%, ¿cuál será la expectativa para noviembre? Algunos dirigentes avisan de que, después de estas, habrá que ir a posibles pactos. Los pactos se basan en consensos. Con consensos no se asaltan los cielos. Podemos queda reducida a una fuerza política nominalmente antisistema y realmente prosistema. Aliada al PSOE en el mejor de los casos. Se mirará como se quiera, pero es un fracaso.

Al final es bastante posible que una parte importante de los votos unionistas en Cataluña vayan a parar a Ciudadanos, esto es, el partido de la derecha civilizada que en Cataluña es una realidad a diferencia del conjunto de España en donde es una quimera. Sobre todo teniendo en cuenta que el candidato del PP, impuesto por la Meseta, es de extrema derecha. También a C's pude ir a parar un voto unionista que hubiera sido socialista pero huye del PSC porque en él avizora tendencias soberanistas, como el caso de ese presidente del partido que pide el reconocimiento de su carácter nacional. 

Un hipotético buen resultado electoral de C's en Cataluña, recogiendo votos de todas las fuerzas unionistas, desde Podemos hasta el PP, será la mejor prueba del carácter plebiscitario de las elecciones del 27 de septiembre,

La mar cambiante.

Comparaba ayer Palinuro la opinión pública con el movimiento continuo de la mar. (Por cierto, se me pasó mencionar el nombre de mareas que, muy apropiadamente, han empleado varios movimientos de protesta). Y tan continuo. Hoy trae Público un análisis electoral hecho por el estudio de Jaime Miquel y Asociados que ofrece una interpretación algo distinta de la que se desprende del CEO de ayer, no porque los datos sean muy discrepantes, sino porque lleva intencionalidad. La interpretación recoge la división de CiU y también el apoyo de Ómnium y la ANC a la lista única por la independencia. Luego los datos son valorados con perspicacia y rigor por Carlos Enrique Bayo que empieza y acaba su pieza de modo lapidario. Al inicio: La estrategia de Rajoy para negar los derechos de soberanía y de autodeterminación de Catalunya ha sido un auténtico desastre... para su partido. Al final: Más aun, Rajoy ha conseguido tamaño desastre (para el PP) casi sin hacer nada... o precisamente por ello. Entre medias, la demostración con las cifras en la mano.

Palinuro suscribe el juicio de Bayo con una pequeña precisión. El desgobierno no ha sido solo desastroso para el PP sino, sobre todo, para el país, España, esa que Rajoy no para de llamar gran nación según la empequeñece. Hay una trágica ironía en este desastre del modo de enfocar la cuestión catalana. Los herederos ideológicos de los de antes roja que rota, de los que hicieron una guerra para evitar ambas cosas, no la dejan muy roja, pero sí rota.

Los datos más apabullantes del estudio son que la DUI se queda a un escaño de la mayoría absoluta y que los partidarios del derecho a decidir llegan al 70% de los escaños. Ambas cosas coinciden algo más con el clima que se respira en Cataluña. Ahora considérese la elección en sí misma. Los soberanistas la quieren plebiscitaria; sí o no. Por eso propugnan una lista única por la independencia. Pueden ganar o no. El estudio da ganador seguro al bloque autodeterminista, del que incluso fija números: 96 escaños de 135, un 71%. Aunque sean algunos menos, pues no es claro que todos los de Barcelona en Comú simpaticen con el derecho a decidir, serán más de dos tercios, mayoría más que suficiente para lo que quieran.

En definitiva, el ganador es el bloque independentista porque gana incluso cuando pierde. Quizá la DUI no tenga mayoría absoluta. Pero la tendrá el bloque autodetermista, que es su segunda opción en preferencia. Porque si los partidarios del derecho a decidir son más de dos tercios del Parlamento catalán, ¿qué otra cosa harán sino pedir un referéndum de autodeterminación? Y ya está la situación igual que cuando la cogió Rajoy, ese prodigio de gobernante.

Bueno, igual, no. Mucho peor para el nacionalismo español. Porque al gobierno que salga de las urnas en noviembre va a tocarle enfrentarse a una situación muy complicada. Aunque las elecciones de septiembre no sean plebiscitarias, está claro que los catalanes deciden por amplia mayoría que tienen derecho a decidir. Y lo primero que querrán sus representantes, en efecto, será decidir.

Habrá que ver cómo reacciona un gobierno nuevo, probablemente de coalición, en Madrid. La frecuente invocación de una reforma constitucional de calado, de carácter federal, muy probablemente no contará con las supermayorías que la Constitución exige para tramitarla y mucho menos para sortear todos los obstáculos que la rigidez del texto opone a las posibles revisiones. Es decir, aunque se iniciara alguna de estas, se eternizaría, como se ha eternizado la absurda reforma del Senado.

Visto lo cual, los más animosos, estilo Podemos, invitan a ignorar la vía reformista e ir directamente a un proceso constituyente. La posible confluencia de Podem con el procés constituent de Forcades puede darle votos en Cataluña, sobre todo si, al final, montan otro ómnibus con Catalunya en Comú. Pero en España, el proceso constituyente no despierta pasiones y no es probable que consiga una mayoría parlamentaria capaz de arrastrar a los demás a juramentarse en el jeu de paume.

Así que, tarde o temprano, el gobierno español tendrá que autorizar la celebración de un referéndum de autodeterminación de los catalanes, como han hecho sin mayores problemas los quebequeses en el Canadá y los escoceses en el Reino Unido. Y tendrá que hacerlo por tres motivos:

Primero, porque los catalanes han demostrado una firme voluntad sostenida de nación y de ser tratada como tal, hasta sus últimas consecuencias. Esto no es una algarabía (según Rajoy), ni un capricho, un acto de demagogia, una manipulación o una conjura identitaria propia de nazis. Es una movilización popular que arrastra al sistema de partidos y a sus dirigentes, especialmente, claro, los nacionalistas. Lo adecuado es calibrar qué alcance tenga esa movilización y actuar en consecuencia.

Segundo, porque el gobierno central no ha sido capaz de resolver el problema ni parece estar en su mano (o interés) hacerlo. Ni un gesto de negociación en cuatro años. Rechazo, altanería y desprecio. Recurso permanente a la represión, agravada con el insulto de que es preciso cumplir las leyes, dicho por alguien que, como Rajoy, las cambia de veinte en veinte cuando le interesa a través de su sumisa mayoría parlamentaria. Ni un gesto de entendimiento. Conflicto abierto, incluso por la vía penal.

Tercero, porque la opinión pública internacional, incluidos gobiernos, parlamentos y hasta el Consejo de Europa presionan para que haya una solución negociada del contencioso catalán y será imposible negociar nada ignorando la voluntad de dos tercios del Parlamento.

Y así nos encontramos como al principio, habiendo perdido años tratando de evitar lo inevitable. Ese referéndum debió hacerse cuando se planteó por primera vez. Todo hubiera sido más fácil. Aun así, tampoco está mal hacerlo ahora. Porque esa consulta sí puede abrir un proceso constituyente en España.

Flujo y reflujo.

La opinion pública es como el mar. Nunca está quieta. Hasta cuando parece inmóvil, como la calma chicha, contiene fuerzas actuando. Llega la pleamar casi inadvertida y se va luego como vino. La opinión se encrespa, recede, se agita, se solivianta, se aplaca.

El resultado de la segunda oleada del CEO, Centre d'Estudis d'Opinió, correspondiente al mes de junio pasado, es un jarro de agua fría sobre los ardores independentistas. La prensa de Madrid ha mandado heraldos con clarines: los partidarios del "no" a la independencia de Cataluña llegan al 50%, mientras que los del "sí" se quedan siete puntos por detrás, en un mísero 42,9%. Con esto, obviamente, no cabe una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Las intenciones de voto a los partidos son, respectivamente, un 34,2% a favor de los independentistas, CiU, ERC y CUP (en el momento de la encuesta, CiU aún existía) y un 29% a favor de los no independentistas, Podemos, PSC, C's y PP. Los votos de EU-ICV, 3,5% podrían distribuirse a partes iguales, pues la organización se divide por la mitad en achaques de independencia. Convertidos en escaños, esos resultados están lejos de garantizar una mayoría parlamentaria suficiente para la DUI.

 

Calma chicha que pudiera preceder a la tormenta. Suele señalarse que el CEO es un "CIS catalán", pero con eso no está diciéndose nada. Los datos sorprenden por lo negativos que son para la Generalitat. No faltará, sin embargo, quien argumente con algún retorcimiento, que los malos augurios están "cocinados", para enardecer los mustios ánimos independentistas. No parece muy probable, entre otras cosas porque esos ánimos tienen poco de mustios. Entre los resultados del sondeo y el espíritu nacionalista, catalán que los españoles consideran hegemónico, hay cierta disonancia.

 

Por ello, el propio CEO se siente obligado a contextualizar el sondeo, recordando que el trabajo de campo se hizo antes de la escisión de CiU y la consiguiente resurrección de la lista única civil por la independencia que Mas quiere encargar a la Assemblea Nacional Catalana. Es posible que estos movimientos cuenten, pero también pueden ser pura espuma de los días, marejadilla sin consecuencias. Por mucha lista única o lista país o lista patria que se presente, si, como parece, el electorado se inclina por votar más en clave social que nacional en septiembre, el carácter plebiscitario de las elecciones quedará muy deslucido.

 

En definitiva, esto no es un drama. Si la lista única no se presenta o pierde, los soberanistas mantendrán su derecho a seguir exigiendo la consulta de autodeterminación de modo pleno y no de tapadillo, a  través de unas elecciones pensadas para otra cosa. Y, a la hora de negociar con el nacionalismo español, el catalán tendrá una posición quizá no muy sólida, pero sí muy clara.

 

Por supuesto, el resultado también puede ser muy diferente al previsto por el sondeo. Hay fuerzas ocultas en el fondo que mantienen en tensión la opinión independentista. Los partidarios de la independencia (37,9%) no son mayoría absoluta pero sí una potente mayoría simple. Y apoyada en un sentimiento más amplio puesto que el 63% de la población cree que Cataluña no ha conseguido un grado suficiente de autonomía.

 

Terminado el tiempo de la ambigüedades, Podemos aparece firmemente anclado en el campo español de rechazo al Estado catalán independiente. Un 70,4% de sus votantes no lo quiere. Son menos que en el PSC (85,5%) y que en C's (94%) o el PP (97,8%), pero son más de dos tercios de sus apoyos. El bloque españolista en Cataluña, a su vez, compite en el eje izquierda/derecha, de forma que, ya lo dijimos, Podemos riñe el lugar al PSC, como al PSOE en España, y como en España, parece estancado, mientras asiste a la recuperación del PSC.

 

La más curiosa es la disonancia que se produce entre la intención del voto en las elecciones autonómicas y en las generales. Ha sido siempre un rasgo de Cataluña, pero ahora parece hacerse más visible. Así como el electorado vota mayoritariamente por opciones nacionalistas en la Comunidad, al Congreso manda un nutrido frente de izquierdas, con Podemos en primer lugar, ERC en segundo y el PSC en tercero, relegando a los burgueses de CiU a un cuarto puesto. Se denota aquí una intencionalidad diferenciada. Los analistas políticos hablarán de la sabiduría del electorado catalán, que prima el nacionalismo en su casa y la izquierda en la de todos. Hasta en eso van a parecerse el PSOE y Podemos, en que los dos derivarán del contingente catalán buena parte de la fuerza de sus grupos parlamentarios en el Congreso, que auguran ser numerosos.

 

Para los nacionalistas más exaltados, cualquier cosa que no sea la independencia será un fracaso. Para los posibilistas, que son un buen puñado, la situación es halagüeña pues el haber llevado la iniciativa política los ha puesto en posición  ganadora suceda lo que suceda ya que solo es previsible el triunfo de su programa máximo, la independencia, o del mínimo, una reforma constitucional de carácter federal.  

 

Ambas opciones son, en principio, posibles. Pero la independentista pasa por reflujo. La necesidad de articularla ahora como lista patriótica, al haber desaparecido CiU, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja principal -y también su mayor inconveniente- es dar a Mas una base política de acción interpartidista, transversal, incluso aunque él mismo decida quitarse del primer plano. Eso da al voto un carácter caudillista que suele inspirar miedo en los sectores más conservadores de la opinión que no tienen por qué ser necesariamente los de la derecha burguesa.

 

Además, esos sectores no carecen de opciones alternativas que les mitiguen la mala conciencia nacional. Podem y el PSC son el puente de plata del reformismo que todavía puede tener a Cataluña unida a España, la última esperanza, el último tren en el que muchos querrán acomodarse. Con ERC en el parlamento, habrá un bloque catalán de izquierda que velará por el respeto a la condición nacional de Cataluña dentro de una España reformada. O eso se dice.

 

Suena a previsible. De hecho, Errejón lo ha formulado con su habitual contundencia gracianesca que saca a muchos de quicio pero es cristalina:  "Cuando aparece la posibilidad de reformar el Estado, se reduce la voluntad de construir otras repúblicas”. Obvio, ¿no? Una vez construido el Pueblo, ¿quién va a querer independizarse?

 

Oriol Junqueras suele explicarse igualmente como un libro abierto y avisa de lo improbable de que, pasadas las elecciones de noviembre, haya una mayoría en las Cortes para acometer reforma alguna de la Constitución. Y no se hable ya del proceso constituyente, una figura que comparten hasta las monjas.

En Cataluña y por el derecho a decidir de los catalanes.

Hoy, sábado, 20 de junio, Palinuro estará en Cornellá, a las 18:00, en un acto plural en apoyo al derecho a decidir de los catalanes que acabará de ganarle muchas simpatías sin duda entre los nacionalistas españoles en Madrid. Qué se le va a hacer. A lo largo de la vida, los amigos y enemigos que uno trata van cambiando según se articulan las opciones vitales de cada cual. Y no hay más. Si tus convicciones morales y políticas te llevan a adoptar determinada actitud que choca con la dominante y mayoritaria en tu entorno, tienes dos opciones: te las callas y te conviertes en un hipócrita o las expresas y te conviertes en un apestado sometido al ostracismo. Y hay que elegir. Mi apoyo al derecho de autodeterminación de los catalanes me ha hecho muy popular en Cataluña e invisible en Madrid.

He explicado cientos de veces que soy un acendrado nacionalista español que cree que la nación (cualquier nación, la española incluida) solo es merecedora de nuestra lealtad si la pertenencia a ella es voluntaria. No es el caso de una nación que fuerza a otra u otras a formar parte de ella en contra de su voluntad y que, para mayor evidencia y opresión, no solo se niega a permitir que la nación o naciones sometidas puedan separarse si así lo quieren, sino también a admitir una simple consulta popular que permita averiguar cuántos ciudadanos en cada caso serían partidarios de la independencia en unos u otros lugares.

La nación que obliga a otra a ser parte de ella en contra de su voluntad no merece respeto. No es una verdadera nación sino, si acaso, una cárcel de naciones. Es más, como sucede en España, sus partidarios no son verdaderos nacionalistas pues no confían en la fuerza y la legitimidad de su idea para mantener a las naciones voluntariamente en su seno. Al contrario, desconfían, no creen en ella, por mucho que falsarios como Rajoy digan que es una gran nación. No se atreven a ponerla a prueba y recurren a todo tipo de embustes y violencias para impedir que la gente pueda manifestar libremente su voluntad.

Hago mías las palabras de un gran irlandés, diputado de la Cámara de los Comunes británica en tiempos de la independencia de América, Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo contemporáneo, al defender los derechos de las colonias:  "No sé cómo desear éxito a aquellos que, de vencer, nos separarán de la mayor y más noble parte de nuestro Imperio. Pero todavía deseo menos el triunfo de la injusticia, la opresión y el absurdo."

He aclarado mi posición en mi último libro, que encuentra el lector en la columna de la derecha de Palinuro, La desnacionalización de España. De la nación posible al Estado fallido, así como muchas otras consideraciones acerca de la historia del país, la polémica de las dos Españas, el nacionalcatolicismo, los nacionalismos no españoles y sus posibilidades, la función de los intelectuales en los conflictos nacionales que se viven en España desde hace ciento cincuenta años, etc.

 

Por la tarde hablaremos de todo ello.

Gracias, Pilar.

El bueno de Palinuro está tan poco acostumbrado a que alguien hable bien de él en la prensa que, cuando eso sucede, se pone como unas castañuelas. He aquí el artículo que publicaba ayer Pilar en La Vanguardia y que nunca le agradeceré bastante. Antes se hizo cargo de la presentación del libro junto con Alfred Bosch en el Ateneu barcelonès. Compartimos un buen momento con Carme Forcadell y Muriel Casals, dos mujeres admirables.

El libro de que aquí se habla es un largo lamento por la España que no pudo ser. Bueno, dirán ustedes, y ¿qué tiene eso de nuevo? ¿No es llorar escribir en España? ¿No es la jeremiada por la decadencia el motivo del pensar español? ¿No están las librerías y bibliotecas llenas de esos lamentos? ¿No adoran los españoles hurgar en la llaga abierta de su mal avenida historia y su problemática conciencia nacional?

Pues sí, es cierto. La desnacionalización de España es un escalón más en el descenso (o ascenso, según cómo se mire) hacia el infierno propio que nos hemos trazado. Pero tiene, o creo que tiene, una novedad: no alimenta falsas esperanzas. Hasta ahora las reflexiones sobre el desastre español tenían como colofón la fe en la llegada de algún tipo de remedio. Sí, España es un desastre, pero dejad que llegue la Ilustración; sí es un desastre, pero dejad que llegue el positivismo; que llegue la industrialización; que llegue Europa; la educación; la democracia.

La Ilustración, el positivismo, la industrialización, Europa, la educación, la democracia llegaron y sigue habiendo dos Españas. La impositiva, autoritaria, chulesca, nacionalcatólica, la del andrajo imperial, que habla a voces, humilla lo distinto y reprime la libertad. Y la liberal, tolerante, plural, pero acobardada, acallada, sumisa y, en el fondo, cómplice de la otra.

 

Y nada más. Se ha acabado. Ya no cabe esperar más advenimientos milagrosos o salvíficos que corrijan el rumbo al desastre como no sea, precisamente, la posibilidad de la independencia de Cataluña. Es una ironía de la historia que, para constituir una nación española en la que quepamos todos haya que empezar por desnacionalizar lo que hay.

Querer no es poder.

Jaime Pastor (2014) Cataluña quiere decidir. ¿Se rompe España? Diez preguntas sobre el derecho a decidir. Barcelona: Icaria. 95 págs.

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Reseñar un libro de un colega y amigo, aunque sea uno breve como este, no es tarea fácil. Todo cuanto se diga será sospechoso de parcialidad, incluso aunque uno recuerde y pretenda seguir al pie de la letra la famosa frase atribuida a Aristóteles de Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Dado que el autor no es Platón y el crítico mucho menos Aristóteles, la cita alimentará otra sospecha de que se invoca precisamente para contravenirla y convertirla en su contraria: Soy amigo de la verdad, pero soy más amigo de Jaime. Sospechas fuera. Expresaré mi juicio imparcial sobre la obra. Habiendo confesado la relación entre comentarista y comentado, el lector se hará su juicio. Esta situación de mutuo conocimiento y amistad entre autores y recensionistas es más frecuente de lo que se supone porque suele ocultarse, lo cual vicia muchas reseñas en muchos y muy respetados medios. Y no sigo.

La cuestión España/Cataluña está que arde. Se aceleran los tiempos, se acumulan las propuestas, se calientan los ánimos. Todo el mundo quiere opinar. Y hace bien. Y también lo hacen los estudiosos que facilitan materiales para mantener el debate y ayudar a formarse opiniones. Consciente de esta necesidad, Pastor presenta una contribución sucinta, pero argumentada, exponiendo su punto de vista en un trabajo, poco más que un folleto, con un decálogo de preguntas y sus correspondientes respuestas. Pasaré por alto lo del decálogo, de tan evidente influencia bíblica, y acompañaré al autor en sus respuestas, no sin animarlo a que la próxima vez ponga más de diez preguntas o menos. Hay que secularizarse.

1ª. Los antecedentes históricos. Coincido con Pastor en que el contencioso viene de antiguo y en que la nota predominante de las relaciones España-Cataluña ha sido la hostilidad. Buen comienzo.

2ª. ¿Fue la Transición Política una oportunidad perdida? Para Pastor, el Estado autonómico ha fracasado y la respuesta es que, en efecto, fue una oportunidad perdida. En nuestros días se trata ya casi de un debate historiográfico, pero apunto mi discrepancia. En historia no hay "oportunidades perdidas" que, como cuestiones contrafácticas que son, solo sirven para echar a unos unas imaginarias culpas y quedar otros como príncipes. La transición fue lo que fue y la situación actual se explica, ante todo, por los comportamientos de quienes la administraron subsiguientemente, hasta llegar al día de hoy en que cada cual debe cargar con sus responsabilidades de lo que se hace aquí y ahora. Aquí y ahora.

3ª. ¿Fue la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto un punto de inflexión? Nueva coincidencia. Claro. Fue la gota que colmó el agitado vaso al privar a Cataluña del derecho a considerarse nación con argumentos jurídicos que, o estaban fuera de lugar, o pretendían adelantarse a los acontecimientos mediante una especie de jurisprudencia preventiva dotada de una intuición profética que de jurídica no tiene nada.

4ª. De si la crisis tiene influencia en la "agravación del conflicto". Me parece una pregunta de relleno. Es palmario que esta crisis influye sobre todo lo conflictivo y lo no conflictivo. Y siempre para mal. Pastor aprovecha el hueco para dar por tardía la posible solución federal y hablar del proyecto "destituyente-constituyente democratizador" que pueda llevar a una "libre unión de los pueblos", según dice Gerardo Pisarello (p. 43),  asunto que confieso no tener muy claro de momento.

5ª. De si el soberanismo/independentismo catalán es un instrumento de la derecha nacionalista catalana. Otra pregunta ociosa. A estas alturas, la cuestión me parece redundante. Suficientemente claro ha quedado ya el apoyo, la raíz popular, del soberanismo. Que la derecha también lo apoye, al menos en parte, ya no quiere decir casi nada.

6ª. ¿De qué van los nacionalismos? Esta pregunta y la siguiente me parecen el obligado tributo que el profesor, el estudioso, el académico que lleva años rumiando tan difícil cuestión ha de rendir para no dar la impresión de hablar a tontas y a locas y mostrar que se ha quemado las cejas consultando tratados y viejos legajos para llegar a alguna conclusión respecto a esa endiablada quisicosa de qué sea una nación. Pastor se remite a la celebrada definición de Benedict Anderson, para quien la nación es una comunidad imaginada y aclara, aunque me parece innecesario, que imaginada no es "inventada". Coincido con él, por supuesto, en la medida en que esta visión desecha todo intento de definición objetiva y se remite al ámbito de lo subjetivo. Pero creo ir un poco más allá al afirmar que esa subjetividad se fundamenta en una voluntad colectiva. La nación es el producto de la voluntad colectiva mayoritaria (no necesariamente unánime) de ser una nación. Por supuesto, los problemas empiezan a partir de este momento. 

7ª. ¿Y el derecho de autodeterminación (DA)? Aquí se explaya el autor, con un recorrido por las vicisitudes del concepto, desde el lejano origen kantiano, pasando por la Iª Guerra Mundial, la descolonización y los casos más actuales en la antigua Yugoslavia y otros lugares. El autor hace tres precisiones en torno a ese derecho con las que coincido pero no creo que se deriven como conclusión de un proceso histórico anterior. En contra de lo que suele pensarse las cuestiones históricas tienen escaso peso substantivo en la viabilidad de las opciones políticas. Estas precisiones son: 1ª  el DA es un derecho colectivo; 2ª está desvinculado ya de su marchamo descolonizador; 3ª puede ejercerlo no toda la población de un Estado sino la parte que, con suficiente fundamento, quiera ejercerlo. Ninguna de las tres propuestas está libre de polémica pero el sentido común y la comprobación práctica reciente indican que son aceptables.

8ª. ¿Qué es el federalismo y por qué no aparece como una alternativa creíble? El federalismo, dice Pastor, tuvo su momento pimargalliano, pero muchos avatares lo hicieron imposible. La resurrección de este zombie en la Declaración de Granada del PSOE, en 2013, no es satisfactoria porque, a juicio del autor, está fuera de la marcha de los hechos. Tiendo a coincidir con esta idea, reputando también inviables las propuestas de federalismo asimétrico, pero, con cierta prudencia, me guardaré de ignorarla alegremente entre otras cosas porque, vistas las demás opciones, quizá sea la única viable, al menos transitoriamente.

9ª. Los argumentos de los contrarios a la consulta. Nobleza obliga. El adversario debe hablar. Pastor identifica cuatro argumentos: 1º) no hay en España más nación que la española y pedir el reconocimiento de otras es un desatino o una cortina de humo para desviar la atención de cuestiones más importantes; 2º) la Constitución no permite consulta alguna de ese tipo; 3º) para hacerla habría que reformar la Constitución, se necesitaría el concurso del PP y eso es imposible; 4º) la consulta fractura la sociedad catalana. Todos estos argumentos se resumen en uno, a juicio de este crítico: la minoría no puede decidir su futuro libremente porque los dirigentes de la mayoría no quieren.

10ª. ¿Podría ser legal la consulta anunciada para el 9 de noviembre de 2014? Los acontecimientos de ayer nos ahorran grandes disquisiciones: no.

En resumen, un pequeño e interesante ensayo que argumenta a favor de una solución que, hoy por hoy, no se dará. 

España y Cataluña

Entrevista realizada a Palinuro por George Mills, redactor de The Local. Spanish News in English y publicada bajo el título de  Catalonia could be the shock Spain needs.

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Si el presidente de Cataluña, Artur Mas, consigue su propósito, la gente de la Comunidad participará en una votación el 9 de noviembre sobre su independencia del resto de España.

No hay garantías de que la “consulta” vaya adelante. El Parlamento español ha declarado que es ilegal mientras que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho repetidamente que recurrirá al Tribunal Constitucional español si Mas insiste en llevar adelante sus planes.

Algunas personalidades del partido gobernante en Cataluña empiezan a considerar otras posibilidades, al margen de la consulta, según un artículo publicado en “El País”, el diario español de centro-izquierda.

Pero ¿qué sucederá si la votación se produce? ¿Qué función cabe aquí al próximo referéndum en Escocia? ¿Cómo surgió esta última confrontación entre Madrid y Cataluña?

Para encontrar respuesta a estas preguntas, The Local habló hace poco con Ramón Cotarelo, director del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Comencemos con el resultado más dramático posible. El 6 de octubre de 1934, el president de Cataluña, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán. Los militares españoles tomaron el Parlamento catalán en diez horas y sofocaron la rebelión. ¿Podría pasar lo mismo ahora?

No. España no va a invadir Cataluña. Eso no va a pasar y nadie cree que se trate de una posibilidad real.

No obstante, es obvio que Madrid y Cataluña están enfrentadas en un conflicto grave. Y la cuestión real es que el gobierno central no tiene una respuesta a la situación.

¿Se producirá la votación el 9 de noviembre incluso aunque el Tribunal Constitucional la invalide, como se espera que haga?

La realidad –y es importante recordarlo- es que los partidarios de la independencia no tienen nada que perder. Tanto los grupos más radicales, como ERC (en la izquierda) como los más moderados, como CiU (partido centrista gobernante) están en una posición muy cómoda. Ello se debe a que pueden decidir ir adelante con la votación, aunque el Tribunal Constitucional la anule. Y el motivo es que consideran que el Tribunal es un instrumento del gobierno central.

¿Qué importancia tiene aquí el resultado del voto en el referéndum del 18 de septiembre sobre la independencia de Escocia? Un voto negativo, reduciría el apoyo a la independencia en Cataluña?

El voto escocés es muy importante por una serie de razones. Muchos catalanes, por ejemplo, ven el referendum y dicen: “¿por qué los escoceses sí y nosotros no?”

El resultado concreto del referéndum escocés, en cambio, es menos importante. Lo importante tanto para España como para Cataluña es que Escocia pueda hacerlo sin problemas.

El referendum de Escocia niega la legitimidad de la posición del gobierno central español. El presidente Rajoy ha dicho varias veces que ningún país democrático ha celebrado jamás un referéndum en contra de su soberanía territorial. Falso. Los canadienses lo han hecho dos veces con Quebec y los británicos una con Escocia. Lo importante en relación con el referéndum es el hecho de que se celebre.

Una última cuestión: aunque Cataluña llame “consulta” a la votación, es evidente que esta es un referéndum sobre el futuro de España.

El Partido Socialista español, el PSOE, apoya una llamada “tercera vía” en Cataluña con una España federal en la que Cataluña tenga más poderes. ¿Es esto posible o, como dicen algunos, es demasiado tarde?

En política todo es posible y nunca es demasiado tarde. El problema es que el PSOE ha escogido el federalismo como un mal menor.

Ese partido estuvo veinte años en el gobierno y no hizo nada acerca de Cataluña: lo cierto es que no está a favor de la independencia de Cataluña y tampoco es un partido realmente federal. Es como si quisiera ponerse la venda antes de la herida.

¿Sería diferente la situación en Cataluña si estuviera el PSOE en el poder en lugar del PP, conservador?

No veo gran diferencia entre el nacionalismo español de derecha y el de izquierda; pero sí hay una diferencia considerable en su actitud general.

El nacionalismo de la derecha Española está más en la tradición del nacionalcatolicismo, que fue la ideología dominante durante la dictadura de Franco, en la que la Iglesia católica controlaba muchos aspectos de la vida pública española. Y la forma de actuar del PP en este problema ha sido recurrir a sus procedimientos tradicionales y brutales.

Lo hemos visto en las declaraciones del ministro de Educación, Wert, sobre “españolizar” a los catalanes y en la negativa de Rajoy a entablar un diálogo apropiado con Cataluña.

Por otro lado, el PSOE se negó en 2006 a apoyar un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, al no admitir la definición de esta como una “nación” y porque daba excesivas competencias a la Comunidad. El resultado final fue un documento aguado.

Es una verdadera vergüenza que España no se diera cuenta de la importancia del Estatuto en aquel momento. (El Estatuto de 2006 sigue siendo un punto focal de discordia entre el gobierno central y Cataluña).

Con todo lo dicho hasta ahora, no creo que el PSOE actuara con mayor agresividad hacia Cataluña que el PP.

¿Cuál es la función que ha cumplido la idea de la desigualdad de financiación entre las comunidades autónomas en el surgimiento del nacionalismo catalán?

Desde luego, el dinero ha sido algo muy importante en el debate. Si observamos las cifras publicadas por el gobierno español vemos que las cuatro comunidades que son pagadoras netas a las arcas del Estado son Madrid, Cataluña, las Baleares y Valencia.

Esto significa que tres de los cuatro mayores contribuyentes son catalán-hablantes.

Pero también la lengua, la cultura y las tradiciones jurídicas propias son decisivas para entender a Cataluña. Cataluña tiene una larga historia y el presidente de la Generalitat es casi una figura patriarcal para los catalanes, algo que la gente en el resto de España no acaba de entender.

Hay que recordar que Lluís Companys es el único presidente democráticamente elegido y fusilado en Europa. Hay sentimientos muy profundos.

¿Qué función ha cabido a la crisis económica en el resurgimiento del nacionalismo catalán?

La crisis ha tenido una importancia grande, desde luego. Ha afectado a todo en la vida de los españoles, como todos comprueban a fin de mes.

Pero el problema fundamental en cuanto a Cataluña ha sido la falta de una perspectiva democrática en el gobierno. No nos equivoquemos: ha actuado de modo franquista, aplicando la tradición autoritaria española.

El PP no pudo acabar con ETA. El gobierno socialista anterior sí lo hizo. Así que ahora el PP quiere ganarse su propia medalla acabando con el independentismo catalán.

Y ¿cómo se siente usted personalmente respecto al deseo de una consulta de independencia en Cataluña?

Obviamente, es una pregunta complicada. Racionalmente hablando creo que los catalanes tienen derecho a decidir y hay que respetarlo. Por otro lado, me entristecería si se marcharan.

Pero quizá una Cataluña independiente sea la única forma de que los españoles comprendan la realidad de su país, que ha pasado de ser un imperio mundial a un país en andrajos.

España es un desastre y gran parte de su situación se debe a la incompetencia de sus clases dominantes, algo que procede del hecho de haber sido gobernada por extranjeros desde hace siglos.

Tome Gibraltar, por ejemplo. ¿Qué otra “gran nación” europea permitiría que una potencia extranjera controlara una parte de su territorio de importancia estratégica?

Lo que la gente tiene que entender es que el debate actual no es acerca de la independencia de Cataluña, sino del posible fin de España como existe actualmente.

Y quizá este sea el mayor efecto de la independencia de Cataluña: sería un choque enorme para la nación, algo que la sacudiera de su situación moribunda y la obligara a reaccionar reconstruyéndose sobre una nueva base.

El próximo libro de Ramón Cotarelo con el título provisional de “El ser de España y la cuestión catalana”, se publicará en octubre en Planeta, Barcelona.

¡Ay, la legalidad!

Mas lo repite sin cesar: la consulta se hará dentro de la legalidad. Y eso es lo que aprobó ayer la Conferencia de IU sobre el modelo de Estado por 47,2% de votos favorables frente a 52,8% de negativos y abstenciones. Claro. Mas es un dirigente de un partido burgués, de orden. IU es una organización de izquierda radical y su núcleo, el Partido Comunista, tiene una tradición revolucionaria que se ha manifestado de sopetón dejando a algunos dirigentes perplejos, pues no se lo esperaban. Ahí es donde IU tropieza con un problema de clarificación frente a la opinión pública que no gusta nada de encarar. ¿Somos o no somos legales?

Mas lo tiene facilísimo. Si no puede hacerse la consulta directamente por impedimentos legales se hará indirectamente a través de unas elecciones que llaman plebiscitarias, pero dentro de la legalidad.

Para la tradición revolucionaria, específicamente la comunista, eso de la legalidad tiene un valor relativo, meramente instrumental. Sí, casi el 50% ha votado a favor de la legalidad; pero más del 50% lo ha hecho en contra o se ha abstenido. ¿Quiere decir que vota a favor de la ilegalidad? Seguramente no. Pero lo deja en un limbo impreciso al asegurar que el derecho a decidir es previo y superior a la legalidad y que el apoyo que se le presta es superior a esta.

Por contra, la ponencia sobre el federalismo con inclusión del derecho a la secesión ha recibido un apoyo cerrado, superior al noventa por ciento. Por lo tanto, la discrepancia no está en la cosa en sí, pues se reconoce el derecho de secesión, ahora prudentemente llamado derecho a decidir. La discrepancia está en el método, el modo de ejercerlo. 

El problema es que la vía legal es clara, previsible (aunque pueda dar sorpresas) mientras que la vía a-legal es imprevisible, incierta y, probablemente, deba ir justificándose sobre la marcha. Y ahí está esta compleja cuestión que formularemos como cadena de preguntas: 

- ¿Qué vías indiferentes a la legalidad -si no claramente contrarias a ella- se proponen y cuál es su alcance? 

- Y, para proponerlas, ¿se ha de esperar a que se agoten las legales o puede empezarse ya?

- ¿Se admite que, para saber el grado de apoyo de las propuestas, sea preciso concurrir a las elecciones?

- ¿Y no habrá que hacerlo como parte específica e independiente en lugar de como sector perdedor en la votación de la Conferencia sobre el modelo de Estado?  

Una provocación disfrazada de palo y zanahoria.

A la hora de comentar un discurso de Rajoy (o sea, una lectura en público de algo que alguien le haya escrito), es obligado avisar de que el crédito del orador es nulo. Quien asegura en Barcelona que mientras él sea presidente no habrá referéndum ilegal ni se fragmentará España es quien dijo que no subiría los impuestos (los subió); no pediría rescate (lo pidió); no tocaría las pensiones, (las bajó); no recortaría la educación y la sanidad, (las recortó),  etc., etc. El mismo que reconoció no haber cumplido su palabra, amparándose en la vergonzosa excusa de cumplir con su deber, cuando el único deber de un hombre cabal es cumplir su palabra y, si no, no haberla dado. O largarse con viento fresco.

El crédito de Rajoy es cero. Y menos de cero en Cataluña. Su palabra no vale nada. Pero no quiere decir que sus intenciones no sean aviesas. El mismo tipo que ha dicho en Barcelona en tonos casi místicos, que ama a los catalanes y se siente identificado con Cataluña es quien pidió firmas en contra del Estatuto, quien alentó el boicoteo a los productos catalanes, quien -prodigio de sensibilidad, previsión e inteligencia- calificó la Diada de 2011 de algarabía nacionalista y  es el responsable directo del aumento del independentismo por haber recurrido el Estatuto ante el Tribunal Constitucional, cuya estúpida sentencia al respecto en 2010 desembocó en esta situación. ¿Crédito de Rajoy en Cataluña? Menos de cero.

Fiel a su estilo, sobre las mentiras y las bravatas, la mayor confusión posible porque, ¿en calidad de qué hablaba? ¿De presidente del gobierno o del PP? ¿Y a quién hablaba? ¿A los militantes de su partido allí reunidos? ¿A los catalanes? ¿A todos los españoles? Imposible saberlo si no es con un análisis cuidadoso.

Alguien le dijo que diera imagen de firmeza. Así pues comenzó y terminó su breve e insulsa pieza con la misma "promesa": no habrá referéndum catalán.

¿Y qué razones esgrime para ello? Solo una: la ley y la Constitución no lo permiten. Una ley que él y su partido reforman cuando les molesta y una Constitución con la que hace lo mismo, con la impagable colaboración del otro partido dinástico. Para sus intereses y conveniencia, sí; para los de los demás, no. A los efectos de disfrazar tan irritante arbitrariedad, el orador se embarcó en una melopea teórica de maestro ciruelo sobre el sentido de la democracia y el Estado de derecho demostrando, además, que no sabe de lo que habla porque confunde los dos conceptos. Tanto daba, de todos modos, pues no sería su público quien se lo echaría en cara.

Terminado el hocus pocus de la Constitución y la Ley con que este menda fue a engañar a la tribu cataláunica, pensando que está compuesta por bobos, abordó el territorio de las realidades prácticas. Terminada la zanahoria, el garrote. Envuelta en lamentaciones, una sarta de amenazas: Cataluña independiente será más pobre, nadie le comprará nada, quedará olvidada en un rincón, fuera de Europa y de todos los tratados internacionales, sola, con la seguridad social en quiebra, sin poder cobrar las pensiones.

¡Ah! Pero para eso está él. Por eso -más amenazas- no cortará el grifo de su generosidad con el principado, siempre, claro, que los catalanistas abandonen sus proyectos y se sometan. Porque, ¿acaso no ha dicho mil veces que está abierto a todo tipo de diálogo? Véase, si no: se ha hecho 600 kilómetros de un salto para venir a decir a Mas (a quien no nombró, como si fuera un Bárcenas II) que está dispuesto a dialogar sobre lo que sea excepto sobre lo que a él no le dé la gana.

Coronó su inenarrable pieza oratoria con dos de sus habituales mentiras, una referida al pasado y otra al presente. La del pasado: España es la nación más antigua de Europa y Cataluña siempre ha formado parte de ella. La del presente: tenemos señales inequívocas de que estamos dejando atrás esta pesadilla de la crisis.

Dicen los del PSC que Rajoy es incapaz de resolver la relación de Cataluña y España. Cierto, pero, ¿quién ha dicho a estos ingenuos que quiera hacerlo?  No fue a Cataluña a resolver nada sino a mentir, amenazar y provocar a los nacionalistas, a ver si el conflicto se encona aun más, tenemos un lío y él puede ocultar que preside un gobierno dedicado a esquilmar el país, expoliar a los españoles, dejarlos sin trabajo, condenarlos al paro y la emigración, desmantelar el Estado del bienestar, conseguir que los ricos se enriquezcan, entre ellos él y su propia gente a base de sobresueldos y los delincuentes se libren de la justicia, por lo que les pueda tocar también a ellos mismos.

Y si para eso hay que provocar una fractura en España, la provocará.

Ese discurso es una provocación.

 (La imagen es una captura del vídeo de Público.)

El problema español.

Los frentes están cada vez más claros y los puentes van rompiéndose. El País considera llegada la hora de la lucha por la unidad nacional y toma posiciones. Da la noticia y la interpreta al mismo tiempo. La decisión del Parlamento catalán no tiene salida. Adelanta incluso la respuesta del Parlamento español: no. Vale. La cuestión ahora es: ¿cuál es la salida? Para muchos, esta pregunta carece de sentido. Responden con otra: ¿por qué hay que buscar una salida? Las cosas deben seguir como están; los catalanes tienen que ajustarse a la Constitución y ya está. Por lo demás, cabe negociar.

Es un enroque. Frente a él los soberanistas catalanes probablemente mantendrán alto el nivel de hostigamiento institucional por todas las vías posibles, compatible con un clima de creciente desobediencia civil, a veces mayor, a veces menor, pero permanente. ¿Puede el sistema político español soportar esta continua tensión estructural? ¿O habrá que buscar una solución a pesar de todo? Piénsese en que, paralelamente a la cuestión catalana, se plantea la vasca y otros problemas de calado. No siendo el menor la agresividad del gobierno hacia el bienestar de la población en general, que lo ha deslegitimado para otros asuntos.

Frente a una probada ineptitud en el tratamiento de la cuestión nacional de los dos genios que rigen los destinos de los partidos dinásticos, mayoritarios, el sistema político sí reacciona poco a poco a los nuevos planteamientos. El aumento de la cantidad de los partidos se orienta por estos aires. UPyD y Vox comparten un postulado: la animadversión a las comunidades autónomas.

A su vez, el voto del Parlamento catalán ha sido fatal para el PSC y un golpe duro para el PSOE que, si no es con respaldo catalán, no tiene expectativas razonables de llegar al gobierno.

Es decir, los dirigentes no se enteran, pero está claro que el sistema español responde ante todo a la cuestión catalana; justo aquella frente a la que los dos partidos dinásticos carecen de propuestas porque no respeta los límites impuestos por el relato oficial de la oligarquía dominante Autodesignados administradores únicos de una realidad que no entienden, ambos partidos se obstinan en negar la realidad plurinacional de España, cuyo reconocimiento podría obligar a abrir  un proceso constituyente nuevo, una vez que el ciclo de la transición ha desembocado en la inoperancia.

No es una cuestión que puedan gestionar los dos dirigentes actuales que no están ni de lejos a la altura de las circunstancias, como se prueba por las valoraciones ridículamente bajas que les otorgan los ciudadanos. Y aun así resultan demasiado altas para lo que en realidad hacen, que es nada. Pero, eso sí, tampoco se apartan y dejan que otros con más empuje tomen el relevo. La rutina es una bendición. Los españoles tienen una extraña sensación de vértigo de estar quedándose sin país, que se les va de las manos a estos dos burócratas del poder, carentes de cualquier idea o propuesta con alguna perspectiva o iniciativa políticas. Y es que para esto no basta con llevar treinta años subido a un coche oficial y cuidando la imagen. Es algo para lo que se requiere lo que se llamaba estadistas, o sea, líderes, capaces de formular proyectos que susciten el apoyo de la mayoría de los habitantes de España, incluidos los catalanes, voluntariamente, por supuesto.

Pero, ¿en dónde están?

Toda pregunta es una ofensa a España.

¡Qué dura es la política! La guerra por otros medios y, como en las guerras, nadie puede prever en dónde ni cómo se dará la próxima batalla, ni quién la ganará. Estaban los dos partidos mayoritarios absortos en sus quisicosas, los socialistas en sus juegos sucesorios y los conservadores en sus tribulaciones penales a causa de la corrupción y su endurecimiento de la política represiva, cuando los nacionalistas catalanes les lanzaron el órdago de las preguntas del referéndum, poniendo el Estado patas arriba y sembrando el desconcierto en las filas españolas.

El momento no puede ser más propicio para los catalanistas porque la gobernación de España se encuentra en manos de los dos políticos (los líderes del gobierno y la oposición) más incompetentes que ha visto el país en muchos años. Dos profesionales del ámbito público, burocratizados, rutinarios, sin ideas ni visión, con unas valoraciones populares tan bajas que rayan en el ridículo; dos personajes que rechaza el ochenta por ciento de la población. Y con sobrados motivos. Ninguno de los dos se había tomado en serio la cuestión catalana porque no la comprenden y, en consecuencia, por más que se les ha avisado desde hace meses, no tenían respuesta alguna. 

Los socialistas, que sí habían barruntado algo (sobre todo porque han estado a punto de escindirse) se sacaron del baúl de la abuela una propuesta federal que jamás propusieron en sus largos años de gobierno y en la que, en el fondo, no creen. Rubalcaba se limitó a usar dos veces el twitter, una para decir que CiU lleva a Cataluña a un callejón sin salida y otra para asegurar que las preguntas son la actualización del derecho de autodeterminación, que los socialistas rechazan. Lo del callejón sin salida suena amenazador y será mejor darlo por no enunciado. La negación del derecho de autodeterminación tiene más enjundia. ¿Quiere acaso decir que todo lo que los socialistas rechazan (si es verdad que lo rechazan) es imposible e irrealizable? Será solo si depende de ellos porque, en principio, los socialistas también rechazan el capitalismo y conviven tan ricamente con él. 

La reacción del gobierno, el otro protagonista de tan exaltada jornada, no pudo ser más lamentable. Tampoco tenía nada preparado porque no cabe llamar preparación a esa bobada que lleva meses repitiendo Rajoy de que "España es la nación más antigua de Europa" que, sobre no ser verdad, tampoco quiere decir nada. Es obvio para cualquiera excepto para Rajoy que el hecho de ser el más antiguo de un baile no te garantiza que vayas a seguir bailando. Más antiguo era el Imperio Bizantino y sucumbió. 

Ignoro si el peculiar ministro del Interior puede considerar las preguntas propuestas para el referéndum como una ofensa a España pero, visto su comportamiento hasta la fecha, no sería extraño que mandara una compañía de antidisturbios a la Generalitat a identificar a los consellers e imponerles sendas multas de 30.000 uracos. 

Rajoy compareció en rueda de prensa con Van Rompuy y leyó una declaración institucional anunciando la firme voluntad de impedir la consulta catalana. La leyó porque este hombre es incapaz de decir nada de importancia sin leerlo y, aun así, no es infrecuente que se equivoque o que, queriendo improvisar, se desdiga de lo que acaba de decir. Dicha declaración descansaba sobre tres pilares, otras tantas falsedades que Rajoy pronuncia como verdades, como suele, pues está acostumbrado a que nadie lo contradiga:

Primera falsedad: el gobierno (este o cualquier otro) no puede negociar lo que pertenece a la soberanía nacional cuyo titular es el pueblo español. No es verdad. Lo hace continuamente y, a veces, consulta al pueblo (como en el referéndum sobre la Constitución europea en 2005) y, a veces, no (como en la reforma constitucional del art. 135 CE), según le dé y le interese.

Segunda falsedad: el gobierno ha hecho todo lo posible por fortalecer los lazos de cariño etc., etc., con Cataluña. No es cierto. Desde las recogidas de firmas contra el estatuto catalán y el boicot a los productos catalanes hasta las injerencias del ministerio de Educación en la enseñanza catalana, pasando por el dislate de la sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno y su partido no han hecho otra cosa que alimentar la división, el enfrentamiento y la hostilidad a Cataluña.

Tercera falsedad: Hay que obedecer la Constitución y las leyes. Una Constitución que el propio gobierno reforma cuando le place e incumple sistemáticamente y unas leyes que cambia a su antojo, cuando le da la gana, en defensa de sus intereses de partido o, incluso, de prácticas faccionales o corruptas. El gobierno carece de autoridad moral para exigir el cumplimiento de las leyes.

En general, carece de toda autoridad moral a causa del cáncer nacional de la corrupción en el que está metido de hoz y coz. Quiera o no. El caso Blesa, literalmente, hiede. Es esa conciencia de falta de legitimidad la que lo lleva a dictar leyes represivas, arbitrarias, injustas, leyes probablemente anticonstitucionales, que tratan de criminalizar el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas. Como la vergonzosa Ley Mordaza.

A tono con ese espíritu dictatorial, autoritario, represivo, franquista, la rueda de prensa deparó otra desagradable sorpresa: de ahora en adelante será el propio Rajoy quien diga cuáles periodistas preguntan y cuáles no. Las preguntas, ya se sabe, son ofensas. Y antes de que, además, diga qué es lo que pueden preguntar, por fin, los periodistas han empezado a plantarse. Leo que en eldiario.es han decidido no acudir a las ruedas de prensa del presidente. Ya era hora. El ejemplo debe extenderse. Y no solo a los periodistas, que no pueden permitir esta humillación. También deben plantarse los partidos de la oposición en el Parlamento y negar la colaboración a lo que ya está siendo una burla.

Por lo demás, si los periodistas quieren ser más eficaces en su lucha por sus derechos (que, al fin y al cabo, son los de todos), además de no prestarse a ese atropello deben hacer algo más: informar a los mandatarios extranjeros antes de las ruedas de prensa qué odiosa práctica censora están justificando. Porque muchos de ellos no lo sabrán y, si se les informa, algunos, seguramente, se negarán a comparecer con un trilero de ese jaez que no hace ruedas de prensa sino que las escenifica como lo que son, farsas.

Del increíble follón de Blesa y el juez Elpidio Silva hablamos mañana.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

El derecho de autodeterminación de los catalanes.

¡Ah, qué tiempos aquellos de la Transición, cuando no era infrecuente ver a la izquierda del PSOE y del PCE en manifestaciones callejeras pidiendo el derecho de autodeterminación (DA) para los pueblos y naciones de España! Del Estado español, como se decía, con cierto complejo. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Si hoy se pregunta a la izquierda postcomunista, a IU y asimilados, se obtiene una confusa cuanto medida respuesta afirmativa a regañadientes y llena de considerandos y matices. Si la pregunta se traslada al PSOE, la respuesta es un rotundo no. Hay que visitar los grupos de la izquierda más radical para encontrar clara empatía con el DA. Pero, ya se sabe, tales grupos son testimoniales, sin ninguna incidencia en la representación parlamentaria, que es donde se corta el bacalao. ¿Diremos así que, en el fondo, el cambio de 180º de los socialistas se debe a cálculos electorales en el supuesto de que el pueblo español rechaza por abrumadora mayoría tal DA? Algo de esto hay, sin duda, pero, por no ser injustos, habremos de presumir razones sinceras y de principios. Y escucharlas con atención y buena fe. En verdad, lo que este debate en general (el enésimo sobre la cuestión nacional española) pide a gritos es capacidad para argumentar racional y respetuosamente, escuchar y ser escuchado, intervenir en un intercambio esclarecedor, que nos lleve a algún sitio por fin. Como lo tienen o han tenido otros pueblos, Inglaterra, el Canadá, Chequia/Eslovaquia. No como ha resultado en la extinta Yugoslavia. ¿Será posible?

No lo sabemos. Los síntomas no son halagüeños. La derecha se niega a hablar del asunto. A Rajoy, quien no está dispuesto, según dice, a "jugar con la soberanía nacional" y para quien la nación española (obviamente, su idea de la nación española) es indiscutida e indiscutible, el concepto le parece una blasfemia. El hecho es que en España hay mucha gente convencida de que en la existencia humana hay algo indiscutible e indiscutido. Lo cual es peligroso. A esa derecha se suman, probablemente, millones de votantes que aplauden la determinación cerrada de Rubalcaba de que del DA ni se habla. Al margen de que esta actitud provoque un problema grave en el PSC que pone en riesgo una hipotética mayoría del PSOE (para la cual siempre han sido precisos los votos y escaños catalanes), al formar bloque nacional ambos partidos dinásticos, el peligro se acentúa. Peligro de polarización y enfrentamiento. Peligro de rechazo discursivo, negación a todo diálogo, cierre de filas ideológicas.

Los nacionalistas catalanes concitan una inquina aguda como traidores a España, a la nación española, que es la única que aquí cuenta por decisión, entre otros, del Tribunal Constitucional. Traidores somos asimismo quienes defendemos el DA de los catalanes; y peores, incluso, pues somos y nos reconocemos españoles. Incluso nos reconocemos nacionalistas españoles y aun más nacionalistas que los otros, los negadores del traído y llevado derecho. A diferencia de ellos, nuestra confianza en la nación española nos lleva a verla capaz de reconocer libertad de elección a sus hijos, lo que la hace más grande y verdadera nación, merecedora de que estos sus hijos elijan en libertad formar parte de ella, libertad que solo es tal si también pueden decidir libremente lo contrario. Si tan orgullosos dicen sentirse de su nación los nacionalistas españoles, ¿cuál es el problema de ponerla a prueba?  Enteca seguridad tienen en ella quienes desconfían del resultado de un referéndum de autodeterminación.

No es cosa de aburrir al personal recurriendo al trillado debate sobre los aspectos técnicos, filosóficos, jurídicos, políticos, históricos del DA: que si los derechos colectivos, el derecho internacional, la inexistencia de ejemplos en el mundo, los problemas de delimitación del sujeto, etc., etc. Todo se ha dicho y redicho mil veces, pero la cuestión subsiste. No solo en España, también en otros lugares y eso porque, con independencia de lo que sea en otros aspectos, el DA es una forma de poder constituyente y este es originario, no dependiente de reconocimiento o autorización previos. Si este derecho no pudiera ejercitarse sino en el marco de un ordenamiento jurídico superior, los Estados Unidos no existirían. Y con ellos, muchos otros. Ciertamente, es un argumento resbaladizo porque plantea la legitimidad de un derecho en contra del derecho vigente y, no pudiendo este racionalmente admitir un derecho a la revolución, lleva la cuestión al terreno de los hechos. Así es, así se plantea, con los riesgos consiguientes y así ha de tratarse.

La cuestión está más o menos zanjada al día de hoy gracias a la famosa decisión del Tribunal Supremo canadiense en el asunto de Quebec, en la que toma pie algún reputado jurista español, como Rubio Llorente, para recomendar que, pues la situación de hecho es persistente, generalizada y concita un amplio apoyo transversal en la sociedad catalana, lo sensato es arbitrar la vía jurídica para dar cauce a esa petición del DA. Por supuesto, Rubio señala que a él le dolería la separación de Cataluña porque concibe la nación española en sus dimensiones actuales. Muchos compartimos esa actitud pero pensamos que una cosa es lo que nuestros sentimientos dicen y otra lo que la razón y la justicia demandan.

Aquí es donde el nacionalismo español toca a rebato y despliega su abanico de argumentos que, en lo esencial son tres: a) el del nacionalismo banal; b) el de la sospecha y la deslegitimación; c) el del principio de la mayoría cuando no la soberanía nacional.

a).- En un inteligente libro de Germá Bel que acaba de salir (Anatomía de un desencuentro) y del que espero hacer una reseña en los próximos días, se recuerda el concepto acuñado por Michael Billig de nacionalismo banal para identificar el español, ese que ataca ferozmente los demás nacionalismos no españoles (en España, claro) en cuanto nacionalismos, dando por supuesto que él no lo es. Es un fenómeno muy conocido pero la expresión de Billig nunca me ha convencido porque, aunque la actitud esté bien descrita (esto es, un nacionalismo que, como el sonido de las esferas celestiales de Pitágoras, no es reconocible para quienes viven en él) el nombre no es el adecuado. Banal es un espantoso galicismo que quiere decir trivial, insubstancial. Y no es el caso en absoluto. En absoluto. Si se quiere definir ese nacionalismo español indiscutido e indiscutible, la expresión correcta es nacionalismo axiomático, algo tan evidente que no precisa demostración. Por supuesto, tratar los sentimientos, las identidades colectivas, con axiomas es perfectamente absurdo, con permiso de Espinoza.

b).- Sospecha/deslegitimación. También lo señala y refuta Bel: el nacionalismo independentista catalán es un juego de gana-gana de la oligarquía y la burguesía catalanas; como si el nacionalismo español no lo fuera también. La sospecha de las motivaciones turbias, fraudulentas es hoy especialmente aguda, pero siempre ha habido un fondo de desconfianza hacia ese nacionalismo. De hecho, la crítica marxista ortodoxa del último tercio del siglo XX lo entendía como un ardid de la burguesía catalana en la lucha de clases y la competencia con la burguesía central. Todo movimiento nacionalista esconde multiplicidad de intereses, pero es una forma de la denostada teoría de la conspiración el suponer que siempre hayan de triunfar los más sórdidos. Cuesta admitir que más del ochenta o el cincuenta por ciento de los catalanes (según lo que se compute) tengan motivaciones sórdidas.

c).- El principio de la mayoría, molde sagrado en el que se funde el de soberanía que corresponde al pueblo español. Los nacionalistas españoles más progresistas piden que sea un referéndum en toda España el que decida si los catalanes pueden hacer un referéndum, esto es, ejercer el DA por su cuenta. Confían en que el resultado será abrumadoramente mayoritario en contra del DA. Lo será, seguramente. ¿Y qué más? Las decisiones en democracia se toman por mayoría. Cierto. Pero mírese el asunto destotra manera: en España, por ejemplo, el "no" gana por el noventa por ciento y en Cataluña gana el sí por el setenta u ochenta por ciento. ¿Es justo que una minoría deba aceptar una decisión que la inmensa mayoría en su seno rechaza? "Bueno", responde el demócrata nacional español, "manda la mayoría en España. Que sean mayoría". Pero los catalanes jamás podrán ser mayoría como catalanes en España. Aplicarles el rodillo de la mayoría española no es juego limpio y, además, es absurdo desde el punto de vista práctico pues hoy no es pensable sofocar por la violencia una reivindicación nacional y la conllevancia orteguiana es un fardo muy pesado, que consume muchas energías, sin duda necesarias en otros menesteres urgentes.

Es tal el desconcierto del nacionalismo español puramente represivo que aun ahí lleva el catalán la iniciativa. Es lógico, tiene un objetivo poderoso, se sabe o se cree llamado a protagonizar una palingenesia nacional, la creación de la República catalana. Por contra, el nacionalismo español (de ambas orillas ideológicas) está a la defensiva, sin estrategia alguna que no sea el enrocamiento y la preservación del statu quo. Su objetivo es evitar el desmembramiento, una crisis que supone pavorosa. 

No, por ejemplo, atreverse a reformular la nación española sobre bases nuevas, con un Estado plurinacional y ofrecerla en buena fe y en pie de igualdad frente a las peticiones de independencia en un referéndum de autodeterminación al que los catalanes tienen derecho.

De eso, no quiere ni oír hablar.

(La imagen es una foto de Wikimedia Commons, bajo licencia Creative Commons).

Rosa Díez defiende España.

En un artículo publicado ayer en El País se preguntaba Rosa Díez  ¿Quién defiende a España? y se respondía que ella y, con ella, el partido Unión, Progreso y Democracia, del que es portavoz  porque, asegura, es la defensa de la mayoría. Díez y UPyD están en su derecho de defender lo que quieran, por más que lo defendido no parezca tener otra entidad -según lo expuesto por la autora- que la suma de los ciudadanos españoles. Esta suma, la ciudadanía española bajo el techo de la Constitución de 1978, parece a Rosa Díez un bien en sí mismo por el que merece la pena luchar frente a otros ciudadanos, también españoles de momento, que han dado en la flor de no querer serlo y de buscarse la habichuelas por su cuenta. Las razones de estos ciudadanos -únicos a los que Díez llama "nacionalistas", adjetivo que no se aplica a sí misma y del que parece abominar según la cita de Camus en cabeza del artículo- le resultan detestables, étnicas y hasta tribales.

Para ella, Díez prefiere el término patriota, lo cual nos pone sobre la pista del trasfondo no explícito del artículo: una aplicación a España de la doctrina del patriotismo constitucional, elaborada por cierta iuspublicística alemana en los años cincuenta del siglo pasado y paradójica conversión del espíritu alemán de la sangre y el suelo al nacionalismo liberal de raigambre francesa. Al haber fracasado el intento de los liberales españoles (los de verdad; no este remedo de la carcunda nacionalcatólica hoy gobernante) de conseguir lo mismo en España, vino bien hace unos años recurrir al hallazgo germánico. Y hacerlo ignorando que el problema de este préstamo hispano era el mismo en ambos casos, pues ni Francia ni Alemania hubieron de lidiar con naciones y nacionalismos contendientes de alguna magnitud que cuestionaran esa asimilación de la nación al ideal ilustrado liberal y a su objetivación constitucional.

Se escandaliza Díez de que la nación española carezca de defensores (llega a decir que los dos partidos dinásticos han renunciado a defenderla), siendo así que hoy se basa en la existencia de una Constitución que garantiza la igualdad de todos, con independencia de su etnia y del territorio en el que habiten. Una ciudadanía sumatorio de todos los españoles en aquello que tienen en común, por encima de los particularismos, el ser sujetos de derechos como individuos, no como razas, territorios o tribus. A ese propósito orienta Díez la acción política de UPyD.

El patriotismo es constitucional porque es la Constitución la que otorga los derechos a la totalidad del pueblo español, conjunto de ciudadanos que son tales por ser individuos sujetos de esos derechos. Esto es un razonamiento circular o falta un elemento sobreentendido. En efecto, se trata de la nación española, la que aparece en el famoso artículo 2 y que fundamenta la Constitución. Y ¿que existencia tiene esa nación? La que da la atormentada historia de España y ese artículo 2. La Constitución no otorga derechos sino que reconoce unos pre-existentes, pudiendo, por tanto, reconocer unos y no otros, a tenor de la decisión de esa previa nación española. La Constitución no puede otorgar el derecho de los españoles a tener una constitución, por ejemplo.

El razonamiento de Díez resulta desfasado pues retrotrae la controversia al punto de origen sobre los sujetos de los derechos cuando hasta un ex-presidente del Consejo de Estado y ex-magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, ve posible y conveniente realizar la consulta del dret a decidir de los catalanes. Tampoco es tan estrambótico. Se trata de una opinión dada con autoridad, en el sendero de otras también de mucho peso como la famosa recomendación del Tribunal Supremo canadiense en relación con Quebec y la actitud civilizada y pragmática de Gran Bretaña en el caso de Escocia. Habría que reformar la Constitución, dice Rubio Llorente. Bueno, otros piden modificarla con distintos motivos cercanos o alejados de este. La Constitución es una norma reformable. Es la nación la que decide. Y ¿por qué habría la nación de negar a una comunidad parte de ella el derecho a ser asimismo una nación con todos sus atributos si así lo desea una mayoría cualificada democrática en ambos casos (como nación española y nación catalana)? ¿Por qué no pueden los catalanes constituirse en una nación animada por el mismo patriotismo constitucional? Las expresiones peyorativas de "tribu", "etnia", "territorio", ¿no son asimismo predicables de los españoles?

Y aquí es donde la exposición de Diez alcanza su interés. En realidad,  no merecería la pena reflexionar sobre esta pieza de pobre retórica electoral en busca de los votos de una mayoría que, en realidad, es la del nacionalismo español, de no ser porque, en la exposición, se escapan a la autora dos gazapos muy reveladores respecto al contenido de este enfrentamiento entre nacionalismos en España. Uno de ellos es la referencia a la transición modélica que, mira tú, se ha descuajaringado. El otro el lamento por la ruptura de los vínculos con los que se estaba constituyendo nuestra incipiente ciudadanía española.

Dejo a los transitólogos críticos la carnaza de ese modélica que los pondrá a cien. Lo interesante aquí es el alfa y el omega del drama que pone en pie de guerra a Díez y la UPyD: la transición (o sea, la Constitución de 1978) y la ruptura de los vínculos etc. Hay varias interpretaciones de este lapso. Me voy a la más benévola.

¿Cuál es la nación española pre-existente que fundamenta la Constitución? Obviamente la media nación (para entendernos) del franquismo que se puso de acuerdo con parte de la otra media (la otra parte estaba bajo las cunetas y ahí sigue) para dotarse de una Constitución y hacerse respetable. Para lo cual empezó por aprobar una Ley de punto final (pues eso es la Ley de Amnistía de 1977) anterior a la Constitución. Tan modélica, obviamente, no fue. Habló la media nación franquista, nacional-católica. Los demás acataron y negociaron un lugar al sol con la promesa de un régimen democrático. De ahí viene la incipiente ciudadanía española. Estaba haciéndose. La Constitución fue un contrato. Una parte pagó en el acto y la otra difirió su cumplimiento. Y no cumplió.

Así se entendió en la época y eso es lo que los españoles votaron mayoritariamente (con las habituales pejigueras vascas) en 1978. Fue un gesto de magnanimidad ingenua. Pero funcionó mientras el reto a la unidad española provino de la violencia etarra, del terrorismo, incluso en los momentos más difíciles cuando este estuvo a punto de destruir el menguado Estado de derecho, convirtiéndolo a su vez en terrorista con los GAL. La democracia resistió y las gentes siguieron esperando el avance de España hacia una forma de democracia desarrollada a partir del compromiso de mínimos de 1978.

Pero había de suceder al revés. Silenciadas las armas, creció en potencia el nacionalismo pacífico catalán y, en paralelo, creció el nacionalismo de la derecha española, el nacionalcatolicismo de siempre. A lo mejor Zapatero pecó de ingenuo -la ingenuidad de la transición- al hablar del Estatuto catalán. Pero quien lo tumbó fue la derecha.

La derecha sin complejos, intacta en sus tradiciones gracias a la modélica transición que lleva ahora dos años arremetiendo contra el nacionalismo catalán, negándose a todo tipo de conversación o negociación,  acicateando su deriva independentista.  Hay quien dice que lo hace por pura brutalidad y desconocimiento. Hay quien lo atribuye a intenciones más bastardas como su uso a título de cortina de humo del caso Bárcenas o como medio perverso de destripar el PSOE.

Sea como sea algo está claro: el nacionalismo español enfrentado al nacionalismo catalán es el nacionalcatolicismo de siempre revivido en este gobierno de la derecha radical que, además, está desacreditado por su presunta corrupción. Lo cual, dicho sea de paso, es un elemento decisivo en la legitimación del independentismo por más que las elites conservadoras catalanas sean tan corruptas como las españolas. El nacionalcatolicismo que, cual sarpullido veraniego, se ha extendido por diversos puntos de España brazo en alto y que proyecta montar un espectáculo en Barcelona el próximo 12 de octubre.

Bueno, pues tal es la razón por la cual España no tiene quién la defienda, al decir de Díez. Ciertamente, cabe un nacionalismo español que no descanse sobre los bates de baseball, pero será preciso encontrar las razones que no aparecen por lado alguno en el discurso de Díez. Este consiste en propugnar una moral republicana (en hopalanda monárquica), cívico, laico, basado en la igualdad de derechos pero que niega de raíz el derecho de algunas minorías territorialmente localizadas a decidir por su cuenta. Tampoco hace falta afinar mucho. El discurso nacionalista español tendrá siempre amplio respaldo electoral. El franquismo tuvo mucho apoyo social. A la vista está. Ahí hay votos, pero ¿para qué?

De seguir la dinámica como va, la negación del derecho de autodeterminación lleva en último término al empleo de la violencia institucional. Es de suponer que casi nadie abogue por soluciones militares (excepto algunos militares) pero, ¿acaso serán más viables y más sostenibles en el contexto europeo las soluciones civiles de la suspensión o la declaración del estado de excepción?

(La imagen es una foto de www_ukberri_net, bajo licencia Creative Commons).

Análisis de la carta.

Rajoy ha tardado cincuenta días en contestar la carta de Mas. No se ha precipitado. Es razonable, por tanto, pensar que la suya estará muy meditada, sopesada y medida. Nada será casual. No lo son los cincuenta días. Es un modo de indicar a Mas su posición subalterna. Que espere. ¿Desde cuándo los superiores contestan a los inferiores cuando estos quieren?

Más sutil es el error en la dirección: Pina de Sant Jaume, una dirección inexistente. No es un error, sino una tergiversación adrede. Más subalternidad. Los señores suelen equivocar los nombres, los apellidos, las direcciones de los subordinados. "Oiga, Alfonso, digo Arturo..." Una forma de salir del brete de verse obligado a escribir "Plaça Sant Jaume". Y menos mal que no la dirigió a "Pira de Sant Jaume". Eso hubiera sido más de Rouco Varela.

El contenido es típico del estilo del presidente. Ofrece diálogo sin fecha de caducidad (seguramente aportación de Arias Cañete a la misiva) y abierto. Mas debe sentirse muy honrado pues el presidente le ofrece generosamente lo que niega a los periodistas (cuyas preguntas no admite), a los diputados (cuyas interpelaciones bloquea), a los cargos y militantes de su propio partido (a quienes ha impuesto un silencio de omertà) y hasta al cuello de su camisa. Un presidente mudo, oculto, desaparecido, se muestra abierto a charlar de lo que sea con Mas. Aquilátese el valor de la oferta teniendo en cuenta que ganó las elecciones prometiendo dar la cara y llamar al pan, pan y al vino, vino.

Sostiene Rajoy que el mejor servicio a la legitimidad democrática que usted invoca es precisamente respetar ese marco jurídico en el que los gobiernos hallan su fundamento y legitimidad. Aparte del estilo cantinflesco, se trata de una formulación típica del más obtuso positivismo jurídico conservador, según el cual la legitimidad procede del marco jurídico, o sea, del derecho positivo, y no al revés. Es obvio: la justicia emana de la ley, sin duda, pero mucho más emana la ley de la justicia. No perdamos, sin embargo, el tiempo, con disquisiciones teóricas y vayamos a lo práctico. ¿Así que la legitimidad emana del respeto al marco jurídico, a la ley? Vale. ¿Qué fue lo primero que hizo Rajoy al tomar posesión? Reformar la Ley de TVE para poder nombrar con los votos de sus solos diputados a un comisario político como director. ¿Qué ha hecho con el marco jurídico laboral? Literalmente, cargárselo. ¿Qué con la ley de educación? Derogarla con una trapacería indigna. Si por respetar el marco jurídico se entiende cambiarlo cuando nos incomoda para ponerlo al servicio de nuestros intereses, ideologías o caprichos, ¿cuál es el valor de la admonición a Mas? ¿Respete usted el marco jurídico que a mí se me antoje?

Dice asimismo Rajoy que hay fuertes vínculos que nos mantienen unidos que y no se pueden desatar sin enormes costes afectivos, económicos, políticos y sociales. Hay un eco como de amenaza y, para mitigarlo, añade el presidente que es preciso fortalecer esos lazos y huir de los enfrentamientos. Y eso lo dice quien quiso promover un referéndum contra el Estatut, apadrinó campañas de boicot a los productos catalanes; quien tiene un ministro que quiere "españolizar" a los niños catalanes y quien ha impuesto un presidente del Tribunal Constitucional para quien en Cataluña se educa en el desprecio a la cultura española. Formas sutiles de estrechar lazos.

Lealtad recíproca pide quien no ha sido leal ni a su propia palabra.

Terminemos. La carta de respuesta podía haber ido en blanco. Total, tampoco responde claramente a la petición de Mas. No llama al pan, pan; ni al vino, vino. No dice que no. Dice que deben seguir trabajando para resolver los problemas reales de los ciudadanos. Sabida es la tendencia de los catalanes a resolver los irreales.

En realidad, Rajoy había escrito otra carta y, como no le dejaron enviársela a Mas, se la encomendó a Palinuro, que la publicó hace un rato.