dijous, 16 de maig del 2019

Todos a la cárcel

Que la revolución catalana es una revolución de nuevo tipo se ve en el desconcierto que provoca. El Estado no sabe cómo reaccionar; el gobierno, tampoco. Las opciones son escasas: se cede a la petición independentista de referéndum o se interviene la Generalitat con un 155 beligerante, un estado de excepción permanente. La intervención no será aceptable en el exterior; la cesión no lo será en el interior. La posición intermedia es imposible porque Sánchez y el PSOE están cerrados al diálogo. Por contra, el independentismo recalcitrante sigue siendo mayoritario y unido, a pesar de las discrepancias internas.

Lo que los unionistas tienen enfrente no es un partido o una alianza de partidos, sino una sociedad en toda su complejidad. Los partidos tienen a sus dirigentes presos o exiliados. Pero el Govern de la Generalitat manifiesta estar en la misma onda y el MHP Quim Torra, procesado por desobediencia se reafirma en su actitud, "hasta las últimas consecuencias" que, en España quiere decir, la cárcel. De momento. Pero, junto a Torra, comparecen representantes de las asociaciones sociales, ANC, Ómnium, AMI, ACM y autoridades como el presidente del Parlament. El gobierno, el poder legislativo, la sociedad civil. Todos dispuestos también a las "últimas consecuencias". El horizonte penal se amplía.

Hablando de sociedad civil, el independentismo se ha hecho con la Cámara de Comercio catalana, que agrupa a más de 420.000 empresas. No es una conspiración de un par de partidos. Es toda la sociedad. Son las profesiones, ahora también los sindicatos. Responsable de esta situación es la inaudita torpeza del Estado español en el tratamiento de la cuestión como una de orden público, de policía, jueces y cárceles. El recurso a la represión garantizó la existencia de un motivo para la rebeldía. Esa torpeza inicial se agranda con los socialistas, incapaces de encontrar una vía política de negociación y entregados a la misma vía suicida de la represión por los tribunales que el PP.

En el fondo, la cuestión de fondo, es que ni el PP ni el PSOE ni los demás partidos españoles, Podemos, C's o Vox saben qué hacer ante una revolución de nuevo tipo que son totalmente incapaces de entender. Desde un Iglesias, que se dice "orgulloso de ser español" hasta algún chalado de Vox que quiera imponer el Cara al sol como el himno de la nación española, hay un hilo de continuidad, esa condición de españoles que, al parecer, les impide entender que otros tengan otra con el mismo derecho.

La gestión de los políticos ha sido tan inepta que han acabado convirtiendo la "cuestión catalana" en el iceberg que ha hundido el Titanic del Estado democrático de derecho en España. En su lugar pretende que actúe un régimen absurdo en el que el ataque a los derechos de la población, la persecución de las ideas y opciones políticas, la criminalización de los discrepantes, la represión indiscriminada recaiga sobre los jueces y los tribunales. Falto de todo proyecto político, el Estado español encarga el ejercicio de la tiranía a su peculiar justicia. El poder judicial es el brazo ejecutor de las decisiones políticas del Estado y el gobierno. El rey ya aleccionó al Tribunal Supremo; el gobierno restringe el activismo de la abogacía del Estado, pero no el de la fiscalía. Dicen buscar vías políticas, pero dejan rienda suelta a la fiscalía.

Y ahí están los fiscales catalanes empeñados en meter en la cárcel también a decenas de cargos y funcionarios de la Generalitat. La criminalización es imparable porque el proceso político está judicializado. Así que más gente a la cárcel. ¿De qué acusan los fiscales a los nuevos empapelados? De organización criminal, cosa indudable por cuanto todos ellos cooperaban a un fin delictivo como era la secesión de Catalunya del reino de España. He aquí un programa político, votado en un parlamento, como un mandato popular, convertido de pronto en un delito de organización criminal.

Naturalmente, desde el momento en que propugnar la independencia de Catalunya y procurarla por el medio pacífico de un referéndum es delito, todos los que a él coadyuven son delincuentes, en mayor o menor medida.

Que unos fiscales no sepan distinguir un programa político y un mandato popular de una organización criminal, quizá esté en la naturaleza de las cosas. Que no los distinga un partido y un gobierno es lo insólito y temible. Temible porque, en la lógica de la represión judicial, detrás de los funcionarios y cargos medios que gestionaron la comisión de un delito, viene el personal de los colegios y centros de votación, directores, subalternos y personal de limpieza. Y detrás de estos, los casi tres millones que se acercaron a votar en el referéndum, es decir, colaboraron en la comisión del delito. Tendrán que procesar a media Catalunya. En distintos grados, pues los tribunales son equitativos, pero media Catalunya. Y no sé si habrá cárceles para tanta gente.

Cuando el poder utiliza la justicia contra sus adversarios políticos por serlo, tanto el primero como la segunda han perdido toda legitimidad,