Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado L'Estat prevaricador. Versa sobre la cacicada de la Junta Electoral Central (JEC) que, con división interna, trató de eliminar la candidatura de JxC a las elecciones europeas, encabezada por el MHP Puigdemont. Y sobre la forma en que este ha desbaratado el abuso y lo ha vuelto contra quienes querían perpetrarlo.
No es solamente que la JEC haya hecho un espantoso ridículo que ahora se apresta a aumentar Casado recurriendo la decisión al Tribunal Constitucional contra toda razón y legitimidad. Es también que ha destruido de un plumazo los complicados ejercicios de embellecimiento y propaganda que realiza el ministerio de Asuntos Catalanes con el dinero de todos. Nada menos que doscientos diplomáticos han recibido órdenes de salir a los caminos de Europa a defender el buen nombre de España como Estado de derecho, según un libro rojigualda que llevan en el zurrón.
Y, cuando estos apóstoles de la gloria hispana congregan algún auditorio, aparece la JEC, como la nueva Santa Hermandad, y procede a despojar arbitrariamente de sus derechos fundamentales a unos ciudadanos europeos que están fuera del alcance de sus garras. Y menos mal; si no, los hubieran enviado a servir al rey en galeras.
Además de hacer trizas la agit-prop borrelliana, la fallida alcaldada de la JEC, órgano administrativo del Estado, pone de manifiesto la beligerancia anticatalana del Estado español. Tratándose de ir contra Catalunya, el Estado español no tiene inconveniente en fisgar en las normas administrativas, igual que el dios de Santa Teresa andaba entre los pucheros.
Aquí, la versión castellana:
El Estado prevaricador
No se sabe qué llama más la atención de la cacicada de la Junta Electoral Central (JEC), si su arbitrariedad o su ineptitud. Apenas le ha durado 72 horas pero ha conseguido con creces lo contrario de lo que pretendía. Quiso destruir una candidatura y ha asegurado su triunfo arrollador haciéndole gratis la campaña.
La arbitrariedad no puede quedar sin respuesta. La JEC es sospechosa de haber prevaricado. Habrá querella, que será contra los miembros del órgano que hayan cometido supuestamente el delito. Si hubiera reparaciones por el evidente daño causado, el responsable subsidiario sería el Estado. Es el Estado el prevaricador. Es el Estado el que, siempre que puede, se salta su propia ley cuando se trata de Catalunya.
En el caso concreto de la prohibición de la JEC, la presunta prevaricación es patente, lo que facilitará su denuncia y sanción. Los miembros de este órgano quedarán inhabilitados una temporada y serán sustituidos por otros, probablemente tan catalanófobos como estos, aunque quizá menos incompetentes. Lo importante es que este caso pone de manifiesto una actitud general prevaricadora en las instituciones y poderes del Estado con relación a Catalunya. Los tribunales, el gobierno de turno, el Parlamento, sea cual sea su composición, todos actúan habitualmente haciendo un uso partidista del derecho.
Prevarican, incluso, de "buena fe". Niegan que estén saltándose la ley o aplicándola fraudulentamente y menos por razones partidistas. Entienden que dar primacía a la unidad de España sobre el principio democrático de la voluntad de los gobernados, esto es, el unionismo, sea algo partidista. "España no es un partiddo", se dicen a sí mismos, "sino la razón de ser de la justicia". Los partidistas y posibles prevaricadores son los otros, quienes no quieren ser españoles. Los nacionalistas son siempre los demás.
Sin embargo, al ser el conflicto sobre la unión (que los independentistas consideran colonialismo) o la independencia (que los unionistas consideran separatismo), el unionismo es un partido. Uno de los dos partidos aquí enfrentados, el que está en posición de poder porque dispone del poder del Estado y administra la justicia. Y, al emplear el derecho en su propio interés, hace un uso partidista de él. O sea, prevarica.
De aquí se sigue la eficacia del contraataque del presidente Puigdemont tras destruir la táctica prevaricadora de la JEC. Pone de relieve ante la opinión pública europea y mundial la ilegalidad e injusticia del Estado español frente a Catalunya y destruye su pretensión de construir un relato exterior propagandístico que presenta a España como un Estado democrático de derecho cuando no lo es. Es una eficacia que, como se ha señalado reiteradamente se debe a la fuerza de un exilio capaz de hacer frente y derrotar al Estado prevaricador.
Advertido el unionismo ya en tiempos de Rajoy de la importancia de la propaganda exterior, creó un organismo, Marca España, que, concebido por la corrupta derecha española solo fue un chiringuito de enchufados del franquismo sin incidencia real alguna. Los unionistas del PSOE, algo más avisados, le cambiaron el nombre por el de España global y Borrell lo puso en manos de enchufados del PSOE, esperando mayor eficacia en su tarea de embellecer la tiranía española a ojos exteriores. Un proyecto tan prevaricador y malversador como todos los demás porque consiste en emplear ingentes recursos públicos de todos (también los catalanes) para defender una interpretación partidista e interesada de un conflicto interno entre España y Catalunya. No existe un juicio unívoco y generalmente aceptado sobre la naturaleza de ese conflicto y, en buena ley, el Estado debiera actuar con imparcialidad y neutralidad y no ser el instrumento de una de las partes y utilizado, además, con tácticas de guerra sucia y abuso de poder.
El relato hegemónico exterior es claramente favorable al independentismo porque se construye libremente, a través de la comunicación en sociedades que no están viciadas por el carácter prevaricador del Estado español, heredero de la prevaricación esencial que fue el franquismo, hoy dominante en las instituciones.
La prueba más evidente es que este Estado produce las arbitrariedades, y abusos a mayor velocidad de la que nunca podrán alcanzar los burócratas borrellianos en justificarlas y disimularlas, por mucho que les paguen.