El juicio-farsa tuvo ayer una jornada vivaz. Los medios españolistas, como El País, titulan hoy encantados que las defensas empiezan a ponerse nerviosas, a cuenta de las declaraciones de Nieto, Millo y Pérez de los Cobos, a las que atribuye mucho crédito y peso por lo técnico, documentado, etc. No es opinión universalmente compartida. Otros opinan que las declaraciones de Nieto y Millo fueron un desastre para el bloque unionista y la causa de achacar violencia a las procesadas. Ninguno de los dos aportó prueba alguna y suss fuentes solían ser comentarios, observaciones, seguramente chascarrillos. De otro modo es imposible entender que Millo sacara la patraña del Fairy y dejara ya el juicio visto para sentencia de la corrala o algún concurso televisivo.
Los dos, Nieto y Millo, trataron de salvar a sus jefes sin pringarse mucho ellos. El resultado fue un pastiche de conjeturas, titubeos, enmiendas e incapacidad para citar un solo hecho concreto que probara lo que decían. El tribunal continuó ayudando a la tarea, no permitiendo el acceso a documentos probatorios.
Bueno, pero eso fueron los políticos. Llegó luego la hora de los técnicos. Declaraba Pérez de los Cobos, un experto en represión, toda una vida, desde mozalbete, dedicada a la causa de la España imperial. Estuvo al frente del "operativo" del 1-O. O sea, por primera vez comparece, como testigo, el protagonista directo de los hechos, el que dio las órdenes. Nada de política; estricta competencia técnica en el mantenimiento del orden y cumplimiento de la ley con métodos democráticos.
En la primera parte de su declaración pareció que se había equivocado de juicio ya que fue un ataque en toda regla a la actuación del mayor Trapero, al que se sigue causa asimismo, pero en la Audiencia Nacional. Y ya veremos si no llevan a los monjes de Montserrat a alguna jurisdicción eclesiástica ya que, según sostiene el cardenal Cañizares, el independentismo catalán es un pecado contra el Espíritu Santo. De los Cobos se quedó en esta tierra, echando basura sobre Trapero, a quien vino a acusar poco menos que de haber organizado él el referéndum. Le quedó poco tiempo para negar la violencia policial y atribuírsela a los votantes, como hicieron con escasa fortuna los otros declarantes. Nieto y Millo negaron sin más las cargas y violencia policiales basados en el principio del esse est percipi, al revés, lo que no es percibido, no es. Y, como no es posible visionar videos, la violencia no existió y la que existió fue exquisitamente proporcionada, íncluso mínima. Como si dijeran que fue pantagruélica. No había modo de comprobarlo.
Pero llega el técnico y prueba la afirmación de que la violencia policial no existió, fue mínima y proporcionada. Lo hace rememorando las escenas de todos conocidas de la policía irrumpiendo en los colegios electorales, muchas veces por la fuerza, sí, pero respetando las personas. Iban por las urnas, las cogían y se las llevaban, pero no detenían a nadie.
En efecto, ese aspecto de la represión centrada en el secuestro violento de las urnas, en su usurpación, reside la fuerza simbólica de este acto, la materialización cruda de la negación del derecho de sufragio a los ciudadanos.
Pero eso no fue violencia, dictamina fríamente el técnico, capaz de ver violencia en un cono volador, ya que la policía actuó con intervención mínima. Si hubiera cargado, habría desalojado los locales. Aparentemente, tiene razón. Todos recordamos que, con fuerza o sin ella, la policía se llevó las urnas y solo las urnas. Pero es una razón falsa. En los colegios había miles, decenas de miles de personas. ¿Qué iban a hacer? ¿Dispersarlas con gases? ¿Detenerlas a miles? ¿Y en dónde las metían? ¿Y cómo procesaban luego a miles de ciudadanos? Mienten siempre como bellacos. Aplicaron toda la violencia que pudieron y mientras pudieron. Actuaron como comandos en territorio enemigo, repartiendo estopa para abrirse paso. Aflojaron solo cuando vieron las consecuencias. Nunca estuvo justificada la violencia policial el 1-O y menos puede estarlo hoy en un tribunal.
Claro que esto no es un tribunal en el estricto sentido del término, sino un órgano judicial al servicio de la línea política nacional, fijada en su momento, por el jefe del Estado, Felipe VI. Jurídicamente no se tiene de pie. Políticamente, tampoco.