La imagen de España como Estado de derecho, el mirífico relato oficial de lo que ha quedado de la transición, recibe un golpe demoledor tras otro. El país tiene presos/as y exiliadas políticas (como casi siempre en su historia) pero presume de ser eso, un Estado democrático de derecho homologable con otras "democracias defectuosas", como Francia, los EEUU, Alemania. No es orgullo lo que falta en el imperio. ¡Quién iba a decir a los españoles que acabarían dando lecciones de democracia a los EEUU! ¡El 98, por fin, vengado!
Ese Estado de derecho lleva decenios gobernado a distintos niveles bajo el imperio de la ley por un partido declarado asociación de malhechores por los jueces.Las puertas giratorias han acabado siendo los tornos de las prisiones. Es un Estado de derecho gestionado por delincuentes procesados y condenados por los tribunales de justicia.
Y ¡qué justicia! Para asegurarse de que el desastre del Poder Judicial se perpetúa, los dos principales partidos dinásticos se han repartido su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que preside el presidente del Tribunal Supremo. El modo de demostrar la independencia del poder judicial, que numerosos órganos internacionales niegan, consiste en que los dueños de los poderes ejecutivo y legislativo decidan el órgano de los jueces y quién lo preside.
El gobierno del PSOE mantiene una actitud de beligerancia frente al independentismo catalán, heredada del anterior e, incluso, intensificada. Ha convertido el ministerio de Asuntos Exteriores en ministerio de Asuntos Catalanes, dedicado en lo esencial a la propaganda del Estado español en el exterior. La humilde intención del ministro Borrell es contrarrestar la hegemonía del relato independentista y, de paso, acabar con la "leyenda negra". De momento, y mientras tenga presos políticos, cada vez será más negra.
El Estado de derecho de la doctrina oficial también es compatible con la existencia de la policía política. Ya hace falta tener tragaderas. Esa policía política, según parece, es una de las tres cabezas de la hidra de los fondos reservados, que nutren asuntos de crimen organizado, terrorismo y, desde la llegada del PP, cuestiones políticas civiles. Innecesario decirlo, los fondos reservados, más y mejor conocidos como "fondos de reptiles", son dineros secretos. Y siempre que hay secreto y hay dinero, hay todo tipo de delitos. Quién los cometa es otro asunto. Los GAL del PSOE los llevaron a su máxima expresión. Pero venían de antes, del "Batallón Vasco-Español" y delirios de ese tipo.
Y siguieron después, como bien se ve en la loca academia de la policía política del PP. Cuando Fernández Díaz e Ignacio Cosidó ocuparon el ministerior del Interior como ministro y director general de la policía, Palinuro consideró que aquel caía en manos de dos psicópatas. Y, más o menos, los resultados avalan el diagnóstico. Una policía política dedicada a encubrir los delitos de su partido y fabricarlos para destruir al adversario y a espiar a todo el mundo. El objetivo principal de este montaje policial de guerra sucia fue Catalunya y sigue siendo, aunque los policías hayan sido sustituidos por los jueces, tan políticos como los policías.
España no es un Estado de derecho. Si su izquierda es o no izquierda, que cada cual lo juzgue sin olvidar que esgrime ventajas materiales para pasar por encima de la dignidad de un pueblo que reclama la libertad de sus dirigentes políticos democráticamente elegidos e injustamente encarcelados.