Cuando las derechas, incendiadas e incendiarias, exigían al presidente Sánchez contundente respuesta a las declaraciones del de la Generalitat de "atacar el Estado español injusto" solo pensaban en el Estado español y pasaban de si era o no injusto. A su vez, Quim Torra hacía hincapié en la injusticia, dando a entender que, si el Estado no fuera injusto, no habría ataque.
Es la primera intuición de que la táctica de la Generalitat se aproxima al espíritu del Aikido El ataque de Torra es siempre un contraataque, aprovechando el ímpetu de la agresión original del adversario. Le faltó tiempo para reclamar del ministro del Interior, Grande-Marlaska, cumplidas explicaciones sobre los conflictos en que se ven involucrados guardias civiles y policías nacionales fuera de servicio (en principio), pero no de militancia nacional-española.
Ataques, contraataques; lo más propio es un arte marcial. El Aikido, con una base religioso-filosófica sintoísta y zen, es no violento y absolutamente pacífico e ilustra el carácter pacífico y no violento de la revolución catalana.
Esa es la táctica. ¿Y la estrategia? También Aikido, por cuanto el fin último es la realización del individuo, su equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Léanse con atención las declaraciones de Torra en Prades: el fin último, al que la generación actual de catalanes se siente llamada, es la República Catalana. Luego, según la escatología de cada cual, la realización definitiva se da con la fusión del yo en el universo o la cita judicial del valle de Josafat. Pero eso es brumoso futuro.
Lo importante aquí y ahora es la voluntad de los catalanes de realizarse como nación, protegida por un Estado. Y esa es la base de legitimidad de Torra, la que le permite contraatacar de nuevo anunciando que en el inminente proceso por el 1-O el independentismo no irá a defenderse, sino a atacar. Aprovechará para ello la ciega fuerza bruta de una farsa político-judicial para consumo interno español que la justicia internacional ha desbaratado de un capirotazo.
Aikido: el juez Llarena, incapaz de frenar a tiempo, impulsado por su feraz imaginación y sensación de impunidad, se ha dado de bruces con la justicia belga. Y, con el juez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha sido parte muy beligerante en este desaguisado a ojos de Europa entera. Y con el CGPJ (ya en entredicho por otros lados) la administración de justicia en España y, por deducción, el propio Estado como Estado de derecho.
Quienes pensaban haber dado un escarmiento en Catalunya y “descabezado” el movimiento independentista, han conseguido lo contrario: relegitimar el movimiento; convertirlo en un perpetuum mobile; dar una causa adicional a la de la independencia: la liberación de los presos/as políticas; reforzar la solidaridad interna del independentismo y su unidad de acción. Un éxito. Quizá por ello los haya condecorado el actual gobierno español.
El discurso de Torra es el de Donec Perficiam.
Y ese es el territorio en el que el Estado español debiera plantearse encontrar una propuesta de negociación que la otra parte aceptara. Cualquiera otra opción equivaldría a romper el principio básico del Estado de derecho del gobierno por consentimiento en Catalunya y, lejos de resolver el conflicto, lo enconaría.