La sentencia sobre La Manada ha soliviantado al país de modo tan fulminante como multitudinario y por primera vez ha puesto a todos los políticos a largar lindezas más o menos acicaladas sobre los jueces navarros; hasta los de C's, que siempre esperan a ver de dónde sopla el viento para adoptar una posición de principios, han mostrado su consternación. También han salido los habituales maestros ciruelos a avisar de los peligros de la ley de lynch y lo que llaman los "juicios paralelos". Así razonan también los tres jueces que, sin duda, se sienten víctimas de un atropello por haber aplicado escrupulosamente la ley, sin atender a las pasiones del momento. Raro será que no pidan amparo al Consejo General, que se lo concederá encantado.
La reacción social, además de multitudinaria, ha sido muy meticulosa en fundamentar el encendido rechazo con razones de peso. Los medios y las redes se han llenado de copias de los documentos procesales, sobre todo los hechos que se dan como probados. Múltiples juristas los han analizado, escandalizados. Algunos no han podido terminarlos. Y, ¿por qué indignan los "hechos probados"? Según entiendo porque reflejan, muestran, evidencian la presencia de violencia y la violación. Si hay violencia, hay violación. Pero el tribunal ha descartado la segunda porque no encuentra la primera. No hay violación en donde no hay violencia.
Y ya estamos en el tema de nuestro tiempo, el de la violencia y sus interpretaciones. Si el tribunal navarro hubiera querido informarse habría podido preguntar al juez Llarena, que ve violencia incluso en la no-violencia. Pero esto no sería oportuno. En un caso se trata de asegurar que hubo violencia en donde no la hubo y en el otro, todo lo contrario, que no hubo violencia en donde la hubo.
Al margen de la cuestión en sí misma de la violencia, que es interesante, resulta patente la pauta que sientan los tribunales: la existencia o no de violencia depende de quién sea el acusado, si indepes pacíficos o una manada de jóvenes borrachos entre los cuales había un guardia civil y un militar. Es decir, violencia es lo que los jueces dicen que es, aunque no coincida con la ley ni con el sentido común. Esta situación solo sería admisible en el caso de que los jueces fuesen justos e infalibles.
Pero no es así. Para demostrarlo basta mirar el juicio de Altsasu que tiene toda la pinta de ser un proceso amañado, cargado de pruebas falsas y prácticas dudosas con una petición fiscal desmesurada y una acusación de terrorismo a unos chavales por una pelea de un bar realmente absurda e inhumana.
Seguimos con la portada de El País. Sube el paro; baja la población activa. Radiografía de la recuperación que vende este gobierno de incompetentes y corruptos. El último en la lista de imputados ayer mismo, el ex-ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón.
Y, para ennegrecer el horizonte resulta que el PP se hunde en intención de voto por el inenarrable episodio de Cifuentes que deja detrás dos bombas de relojería: la corrupción en la URJC y el departamento de juego sucio interno al PP. Un hundimiento que, para desesperación general, favorecerá a C's. El joven partido de extrema derecha (según la prensa francesa) que, con reminiscencias falangistas, aspira a la conquista del Estado. O de lo que quede después del paso del PP.
La izquierda, irrelevante. Tan irrelevante que no merece comentario. Ni crítico.