Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera.
En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.
El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.
Aquí, la versión castellana del artículo:
Zafarrancho de combate
El Congreso de fin de semana del
PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por
si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde
el comienzo se entonó el himno de la igualdad
de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos
y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.
Para la encendida arenga final de
Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la
que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría
absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso
es algo que también deben decidir todos
los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre
serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un
asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de
un referéndum.
Nada nuevo, ciertamente. Un
discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un
lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se
mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos
días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente
de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los
miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban
también algunos que votaron contra esa misma Constitución.
Dureza e intransigencia que
denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación
posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan
trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los
intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al
empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.
Hasta la oferta de “diálogo” que
encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una
nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos
meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de
soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la
reacción del bloque independentista.
Para avivar más el conflicto, el
Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la
política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción
jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente
demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega,
caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como
político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser
la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han
propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador,
miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie
puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los
inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más
claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo
catalán.
Es de prever que, dentro de la
lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las
posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán
adelantar la convocatoria del referéndum. Responder al zafarrancho con otro zafarrancho,
una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu
habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio,
de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la
independencia de Cataluña.
La legitimidad de la hoja de ruta
es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación
aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego
de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de
ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte.