La portada de El País es monopolio de la sección de tribunales. La política española es de tribunales. El ramillete expuesto trae tres de los cuatro asuntos escandalosos. El cuarto pertenece al ámbito que el periódico suele censurar y prefiere ocultar: Cataluña. Vayamos por partes, incluida la ausente catalana:
Los ladrones de guante blanco y tarjetas negras. Una metáfora del proceso por el que la clase política en su conjunto (los tres partidos estatales, los sindicatos y la patronal) saqueó durante años Caja Madrid, Bankia y la condujo al desastre con enorme quebranto público. Cincuenta y tantos o sesenta y tantos mendas que pillaban una pasta para todo tipo de caprichos a cuenta de los impositores a los que, por otro lado, al parecer, se estafaba mediante las llamadas "preferentes" y, en último término, los contribuyentes. De estos "tarjetistas", Blesa y Rato so los cabecillas. No sé gran cosa de Blesa salvo que fue compañero de pupitre de Aznar, lo cual es suficiente para que no extrañe viéndolo de safari, con trofeos de caza mayor, muy orgulloso, como si fuera Teddy Roosevelt. De Rato, ex-ministro de Economía, que estuvo a punto de ser presidente del gobierno mientras hacía chanchullos con (contra) Hacienda, sé decir que le viene de casta, porque ya su padre, banquero, estuvo en la cárcel en tiempos de Franco y no por política. Y para que Franco metiera a un banquero en la cárcel tuvo que ser gorda la del banquero.
El cuñadísimo En España siempre hay un cuñadísimo. En tiempos de Franco, Ramón Serrano Suñer, casado con una hermana de Carmen Polo de Franco. En los actuales, Urdangarin. Es continuidad, sin duda, pero hay sus diferencias. Serrano Suñer era un figurín fascista, admiraba a los nazis y se vestía como ellos siempre que podía. Tenía cuentas personales pendientes con los republicanos y persiguió a los exilidos en Francia, haciéndolos detener y traer a España, a la tortura y la muerte. Era un tipo siniestro, malvado, pro no era tonto. Este sí, aunque no menos malvado. Un vividor, lo que antes se llamaba un play boy, que se ha puesto a hacer lo que sin duda veía que estaba haciéndose. Debió llegar a creerse eso que los medios repiten hoy como loros de que todos somos iguales ante la ley. Y se equivocó. Por ser miembro de la Casa Real, creyó ser también de sangre real y estar cubierto por el manto de la inviolabilidad. Y no fue así, sino lo que reza la famosa consigna de Rebelión en la granja: "todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros". Esa desigualdad es la que media entre la absolución de la infanta (esa sí, de sangre real) y los seis años que han caído a su cónyuge. Una pena mínima, casi simbólica, para quien ha estado lucrándose con el dinero de los contribuyentes y por medios tan odiosos como instrumentalizar una organización benéfica de niños discapacitados. Recuerda en su miseria de cuñadísimo a aquel otro personaje, muy parecido a este, aunque menos afortunado en lo físico, Roldán, que llegó a apropiarse de los fondos de un colegio de huérfanos de la Guardia Civil.
El fiscal del príncipe. El escandalazo de la fiscalía ha sido un terremoto. Un relevo masivo para poner el ministerio fiscal al servicio del ministro de Justicia y del gobierno, de los que recibe las órdenes al dictado. Todo un espectáculo que estalló en Murcia con un fiscal denunciando presiones políticas y una presunta injerencia del poder político para que no se impute al presidente de la Comunidad. Preguntado al respecto Rajoy ha respondido la habitual sinsorgada de que a él las decisiones del Fiscal General siempre le parecerán bien. Justo en ese momento, la jueza Alaya denunciaba que hay una justicia para los poderosos y otra para los que no lo son, que hay presiones políticas sobre la judicatura, una interferencia continua y un continuo ataque a la independencia del poder judicial, lo cual es evidente.
Donec Perficiam. Y más evidente aun en Cataluña, en donde se ha dado el cuarto escándalo de la jornada que El País ha preferido ignorar. La fiscalía del TSJC ha comunicado su querella a la mesa del Parlamento catalan por desobediencia, por haber votado la convocatoria del referéndum. En el caso de la presidenta, Carme Forcadell, se le abre un segundo procedimiento. Tan político como el primero. Más, incluso, porque, en esta ocasión, el fiscal excluye de la acusación al vocal Juan Jose Nuet que votó con el conjunto de la mesa, presumiendo que no lo hizo con la misma intención que los otros tres miembros. Es decir, el fiscal acusa por la intención. Nuet ha tenido la lealtad de advertir que él debe estar comprendido en esa querella porque lo es por la votación de la mesa y no por si cada uno de los miembros es o dejar de ser una cosa. Sí, eso es lo correcto. Pero la fiscalía lo ha excluido y lo ha hecho aduciendo la razón que aduce. Con lo cual, ella misma, la fiscalía, ha convertido el proceso en un proceso político contra el independentismo.
Y así, el Estado no va a ninguna parte.