Mi artículo de hoy en elMón.com, titulado "¿Quién arruina a quién?". Una revista de supuesto análisis y verdadero delirio político asegura que Puigdemont puede ser uno de los personajes que nos "arruinen" el nuevo año 2017. No hace falta entretenerse mucho con ese vaticinio, aparte de pedir humildemente que estos sabiondos dejen de rendirse a los anglicismos más torpes. "Arruinar un año" puede ser algo cargado de sentido en inglés, pero carece de él por entero en castellano. Los años no son ricos ni juegan a la bolsa y, por tanto, no pueden "arruinarse"; como tampoco pueden arruinarse las esperanzas, los deseos, la felicidad, etc.
De todas formas, al margen de este pequeña pelea perdida de antemano frente al cada vez más acentuado spanglish con que nos castigan semiletrados de todo pelaje, lo interesante de esta acusación es que se dirija a Puigdemont, quien no hace otra cosa que cumplir el mandato que el electorado emitió en las últimas ediciones.
Si alguien está arruinando a España en todos los sentidos, incluido el castizo y literal, es Rajoy, el presidente de los sobresueldos, al frente de una presunta asociación de malhechores.
Aquí la versión castellana del artículo:
¿Quién arruina a quién?
“Politicon” vaticina que
Puigdemont es uno de los personajes europeos que pueden “arruinar el año 2017”.
Ese concepto de ruina es demasiado abstracto. Hay que averiguar no qué se puede
arruinar sino a quién. En principio la ruina tiene tres posibles pacientes,
España, Cataluña y la UE. Con respecto a las dos primeras las posibilidades de
Puigdemont son muy buenas. Si se produce la independencia, es posible la ruina de
España, pero no la de Cataluña. Si no se produce, la ruina de Cataluña no es ni
probable. Ambas posiciones ganadoras, así que “Politicon” sabrá lo que dice. En
cuanto a la UE, será preciso ver qué situación movería su intervención, cosa
que, como siempre, dependerá de quién se perfile como ganador.
De todas formas lo profundamente
erróneo de ese vaticinio reside en su personalización. Da a entender que haya o
no confrontación grave entre España y Cataluña depende exclusivamente del
capricho del presidente de la Generalitat. La movilización social,
institucional, política en pro del referéndum de autodeterminación y en parte,
asimismo, de la independencia, al parecer, no cuenta.
La presión en pro del referéndum
y, dentro de él, de la independencia no obedece al designio personal de nadie.
Es cierto que Puigdemont no es un presidente electo como lo hubiera sido Mas a
quien en definitiva se votó primero y se vetó después. Pero ha sido designado
por la mayoría de votos que había ganado las elecciones. Elecciones en las que
han votado millones en favor del referéndum, de la independencia y de la
República Catalana, un objetivo tan legítimo (los independentistas piensan que
más) como el de dejar las cosas según están, con Cataluña sometida a una España
retrógrada coronada por una monarquía cuya fuente de legitimidad es el
franquismo. Esto, para “Político” tampoco cuenta.
Es irónico que atribución de la
potencialidad arruinadora se dirija en exclusiva a Puigdemont, que es uno de
los polos personalesde la confrontación, mientras que queda exonerado de
responsabilidad alguna el otro polo, Rajoy. Visto desde fuera es difícil
entender por qué en el actual conflicto entre España y Cataluña, el responsable
de la ruina ha de ser el catalán y no el español, cuya negativa al diálogo se
aprecia en el hecho de que le haya costado cinco años pronunciar la palabra. Lo
mismo le paso a Zapatero con la palabra “crisis” y al contumaz Rajoy con la de
“Bárcenas”. Nada de extraño pues el diálogo es una actividad profundamente repugnante a un gobierno
neofranquista.
Y esa es la verdadera ruina de
España y no solo en 2017, sino también en los años posteriores, esto es, la que acarrean Rajoy y su gobierno en su
actitud de inmovilismo absoluto: el referéndum no se puede hacer; la reforma de la Constitución no es necesaria;
la legislatura durará cuatro años; aquí no pasa nada y la respuesta al
independentismo catalán la darán los jueces, la policía, las cárceles y, si es
preciso, las fuerzas armadas. Se apuesta porque el país siga como está en la
creencia de que eso es posible. Lo cual es problemático porque no resulta
factible gobernar un territorio cuya parte más adelantada plantea un problema
permanente de desobediencia institucional. Dicho en otros términos, no es
posible gobernar un país con un estado de excepción oculto no menos permanente
que la desobediencia a la que se enfrenta. Porque estado de excepción oculto es
la sistemática persecución judicial de los representantes democráticamente
elegidos en las distintas instituciones catalanas. La deriva hacia un
tratamiento puramente represivo, autoritario y fascistizante del conflicto
catalán se ve en la metáfora de que un antiguo policía franquista, convertido
en juez, encause a un representante democrático catalán, el concejal Coma, con
presunta arbitrariedad.
Si alguien puede arruinarnos el
año 2017 es justamente el presidente Rajoy porque su obstinada negativa a todo
tipo de negociación con la Generalitat no apunta a una solución del conflicto,
sino a su agudización. A la larga las relaciones entre el Estado y Cataluña
pueden “ulsterizarse”, no en el sentido de que haya recurso a la violencia,
pues está descartado en Cataluña por el carácter pacífico y democrático del
movimiento, sino en el sentido del enquistamiento de una situación de
enfrentamiento permanente entre comunidades y sus instituciones.
La ruina de España convertida en
un Estado fallido si, tras demostrar el 9N de 2014 que no puede garantizar el
cumplimiento de la ley en la totalidad del territorio bajo su jurisdicción,
reincide permitiendo la celebración del referéndum en 2017. Y, si no lo permite
y ha de reprimirlo por la fuerza, la ruina será mayor.