Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "Café pa tós" una altra vegada. Versa sobre cómo se ha celebrado el aniversario de la Constitución de 1978 de una forma peculiar: en Cataluña, más de 300 municipios han considerado que no había nada que celebrar y un par de cientos de patriotas españoles, con la bicolor a cuestas, se han paseado por alguna céntrica calle de Barcelona. En España todos los que la celebran piden su reforma y algunos hasta su derogación. Incluso Rajoy y el PP admiten la posibilidad de que este texto sacrosanto (en contra del cual votaron sus predecesores ideológicos franquistas) se revise siempre y cuando sea por la mínima y sin abrir expectativas peligrosas que, para la derecha, son todas. Así pues, la reforma de la Constitución que ayer se celebró es deseo generalizado. Mi artículo sostiene que esa repentina fiebre reformista, azuzada en buena medida por el inesperado renacimiento de una conciencia nacional andaluza que, como el Guadiana, aparece de vez en cuando, lo que busca es enredar otra vez a los independentistas catalanes con una actualización del bonito cuento de federalismo. Desde el momento en que la Constitución blinda el Concierto vasco y el Convenio navarro pero deja la financiación de Cataluña al régimen común, hay dos conclusiones evidentes: a) fiscalmente hablando, Cataluña está fuera de la Constitución porque: b) es evidente que la pretendida igualdad de las personas y las tierras de España es una falsedad mientras existan los dos regímenes de privilegio vasco y navarro. A Cataluña no le interesa una reforma de la Constitución española, sino realizar un referéndum de autodeterminación y, si sale independencia, proceder en consecuencia. Porque eso es una revolución.
La versión castellana del artículo:
Café pa tós otra vez
El fallo más grave del llamado “Estado de las Autonomías” de la Constitución de 1978, cuyo aniversario se celebró ayer en España fue la generalización del régimen autonómico en condiciones de igualdad en todo el territorio español. La justificación, formulada por el entonces ministro adjunto para las Regiones, el andaluz Clavero Arévalo, fue que hubiera “café para todos”. La Constitución preveía un régimen extraordinario para Cataluña, el País Vasco y Galicia y un régimen común para el resto de los territorios, en la línea de la Constitución de 1931 y a semejanza de la vigente Constitución italiana de 1947. Pero la insistencia de Andalucía en ser tratada en igualdad de rango con las “nacionalidades históricas” (perífrasis de “nación” en el ánimo del legislador), movida por el PSOE y tácitamente aceptada por la UCD, la derecha de entonces, dio al traste con la intención del texto. Fue entonces cuando se impuso la idea de un régimen uniforme de autonomía para toda España, el “café para todos”.
De ese modo, al convertirlo en un problema de “todo el Estado”, se frustraba la pretensión original de las naciones catalana, vasca y, en menor medida, gallega de conseguir un tratamiento diferenciado en el seno del Estado español. Era una política de uniformación que todavía se quiso endurecer más con la extinta LOAPA (Ley Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos), de 1982. “Armonización” era un término menos violento que la Gleichschaltung que aplicaron los nazis en Alemania pero compartía su espíritu: poner a todos al mismo nivel.
A esa doctrina igualadora, uniformadora, llamaban los glosistas, comentaristas y panegiristas de la Constitución de 1978, el “carácter federal” del Estado Autonómico. Según ellos, al haberse conseguido que las autonomías pudieran alcanzar todas el mismo máximo techo competencial, España había pasado a convertirse en una federación de hecho. No se usaba la palabra porque tenía mala fama, pero se daba la realidad.
Se trataba de una falsedad ideológica típica, como se ha demostrado posteriormente. Tanto el País Vasco como Cataluña han dado pruebas abundantes de querer mantener y agudizar su singularidad. Sobre todo Cataluña que es donde más ha avanzado la conciencia y voluntad nacionales, hasta el punto de plantear directamente la opción de la independencia. Frente a esa voluntad secesionista, parte del nacionalismo español, especialmente el PSOE y la izquierda en general, vuelve a agitar el señuelo federal.
Prueba evidente de que aquel federalismo que se decía condición material de hecho del Estado de las Autonomías era falso. El llamado “federalismo material” del Estado autonómico no lo era porque no consistía en una alianza y conjunción de territorios que estos hubieran acordado soberanamente por separado, sino de una imposición desde arriba por obra de un Estado que había decidido descentralizarse hasta cierto punto como podía y puede, y así lo hace cuando le viene en gana,, recentralizarse sin que las Comunidades Autónomas apenas puedan casi opinar.
El actual avance del independentismo catalán está generando reacciones similares a las de aquellos intentos “armonizadores” de los años ochenta. Tanto la moderación del nacionalismo vasco como la exacerbación del nacionalismo andaluz, ambos repentinos, en el fondo van dirigidos a remansar el independentismo catalán, unos por defecto y otros por exceso. Para los nacionalistas vascos carece de sentido la independencia frente a España, dado que ellos ya cuentan con un concierto que equivale a la independencia fiscal. Para los andaluces se trata de una nacionalismo “reactivo” cuyo único horizonte, como en los años ochenta, es no quedarse atrás en relación a Cataluña por más que ellos no hayan movido un dedo en estos treinta años por aumentar su autogobierno.
El terreno de la vuelta al café para todos está ya preparado: se trata de arbitrar una reforma de la Constitución que busque un nuevo “encaje de Cataluña en España”, en el entendimiento, ya claramente expuesto de nuevo en Andalucía de que ese “nuevo encaje” será también igual para todos. Porque, como dice el gobierno machaconamente: la reforma no puede romper la igualdad de las personas y las tierras de España, como si no fuera obvio que, con el Concierto vasco y el convenio navarro, esa igualdad no existe.
Cataluña no tiene nada que esperar de una reforma de la Constitución de 1978 y menos si es en un acuerdo con las demás comunidades del Estado. Cataluña solo puede llegar a un acuerdo bilateral con el Estado para la realización de un referéndum de autodeterminación en el que quede claro cuál sea el mandato de las autoridades catalanas y qué forma adoptará.