Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "L'ésser i el voler ser", en el que sostengo que el diálogo aparentemente ofrecido por el gobierno central a la Generalitat es falso pues ni siquiera tiene el gesto de paralizar los procedimientos penales que él mismo pone en marcha. El artículo glosa el caso del juez Vidal, a quien el Supremo confirmó ayer su pena de tres años de suspensión de empleo y sueldo. En él se sostiene que afrontar la cuestión catalana como un problema de orden público con medios exclusivamente represivos no servirá para nada al nacionalismo español y, al contrario, avivará el independentismo catalán.
No había terminado de escribir el artículo y ya se conocían los siguientes pasos en este peculiar diálogo en dos dimensiones absolutamente distintas, como en diferentes galaxias. El juez Vidal, trocado en senador Vidal, intervino en la sesión de ayer en presencia del gobierno y pronunció un alegato impecablemente razonado, con lógica judicial, de la absoluta falta de legitimidad del gobierno y el Estado españoles en materia de independencia de la justicia. Un alegato demoledor, avalado por el hecho de que quien lo pronunciaba es víctima directa de lo que denuncia. Merece la pena ver el vídeo del juez Vidal y las caras y los gestos de Rajoy y Sáenz de Santamaría.
Pero no se quedó ahí la cosa. Ayer, el Congreso votó en votación secreta conceder el suplicatorio para que el Tribunal Supremo proceda contra el diputado Homs por presunta desobediencia, creo. Si no he leído mal vino Puigdemont a Madrid a apoyar a Homs. Eso es mucho. El gobierno y toda la clase política debieran pensar a dónde conducen el país por la senda del sostenella y no enmendalla. Porque ahora viene otra andanada mediática: Forcadell citada a declarar en el procedimiento que también se le sigue y del que puede resultar una inhabilitación. La única respuesta que tiene el Estado a la demanda de un referéndum sostenida por más del 70% de los catalanes es procesar a sus representantes, democráticamente elegidos por cumplir el mandato de sus electores. Y eso no tiene salida. Solo la unilateral.
A continuación, la versión castellana del artículo.
El ser y el querer ser
El Tribunal Supremo mantiene la sanción al juez Vidal de tres años de suspensión de la carrera judicial por haber contribuido a la redacción de un proyecto de Constitución para la República Catalana. No se han considerado sus razones de que la sanción no tiene fundamento jurídico sino ideológico y de que, en todo caso, la posible falta ya había prescrito cuando se le sancionó. Por supuesto, lo esencial es la primera razón, si motivaciones jurídicas o ideológico/políticas.
Para decidir habría que saber qué carácter reviste ese proyecto de Constitución, si es un panfleto, un comunicado, un llamamiento a la movilización. Teniendo en cuenta que es una Constitución de la República Catalana, es decir, un futurible, hasta podría tratarse de una utopía. Las utopías no han gustado nunca al poder. A modo de aviso, el fundador del género, Tomás Moro, murió decapitado.
Hasta aquí no se llegará en la presente ocasión, pero es conveniente saber hasta dónde se llegará. Por supuesto que en la sanción al juez Vidal hay una gran carga ideológica. Pero es una ideología básica del Estado español, que lo ve como única nación y a la mayoría de los jueces no le parece ideología sino el fundamento mismo de legitimidad de su actuación. Lo mismo le sucede, aparentemente, al juez Vidal, tan movido por su idea de la legitimidad de la nación catalana como sus colegas sancionadores por la española.
Es un conflicto de legitimidad que se está dirimiendo en un terreno de legalidad, mucho más estrecho. En este, cada una de las partes no puede sino hacer lo que hace. El juez Vidal propugnar la independencia de Cataluña; los tribunales españoles sancionarlo por ello. Los dos saben que es un proceso de acción-reacción que se autoalimenta hasta conducir a situaciones (más) indeseables. Pero no pueden evitarlo, como en las tragedias griegas.
Actualmente el juez Vidal es senador. Desde el Senado, en representación de ERC, seguirá argumentando en pro de la independencia de la República Catalana. Es más, al encontrarse “suspenso” de la carrera judicial, podrá intervenir también en la vida pública catalana, incluso reanudar sus tareas redactoras del proyecto. Habrá quien sostenga que, estando “suspenso”, sigue en la carrera judicial y, por lo tanto, podría solicitarse ya su expulsión completa. Pero eso sería una arbitrariedad ya que el senador podría argumentar que está redactando un proyecto de Constitución de la República Catalana para presentarlo a la consideración de las Cortes españolas, por si tuvieran a bien aprobarlo. Entra dentro de lo filosóficamente imaginable que el Estado que es, deje lugar para el Estado que quiere ser.
Es obvio que la política meramente represiva no va a bastar para aquietar el impulso independentista. Al contrario, va a avivarlo. La experiencia, el sentido común, el realismo, así lo muestran. El independentismo se ha ganado el ser tratado como una cuestión político-constitucional que está pidiendo negociación bilateral urgente. El considerarlo, cual ha hecho hasta ahora el gobierno central, como un mero problema de orden público, solo da como resultado aumentar la movilización independentista fabricándole un panteón de héroes y mártires, Vidal, Mas, Forcadell, etc, tienen una enorme proyección simbólica, son referentes que focalizan una voluntad colectiva.
Parece atisbarse un nuevo talante en el gobierno del PP, un mayor empeño por entenderse con Cataluña y la Generalitat lo ha acogido con gran celeridad por iniciativa del vicepresidente. Justamente ahí parece haberse introducido un equívoco, si es un equívoco y no una manipulación infantil cuando se insinúa que los independentistas cambiarían la hoja de ruta y el referéndum por unas conversaciones del nivel que fuera con el Estado.
La negociación posible que el gobierno apunta y la Generalitat acepta tendrá que empezar con la cuestión del referéndum ¿Con qué, si no? La feroz oposición de principio del PP del “carácter innegociable de la soberanía nacional” se elimina a base de negociar un referéndum catalán y someterlo a la aprobación de las Cortes españolas, que son las depositarias de dicha soberanía. Si el gobierno se presentara ante el Parlamento con un proyecto de referéndum negociado, con una pregunta binaria clara, “sí” o “no”, las mayorías necesarias también negociadas y negociado asimismo el plazo de carencia hasta el siguiente referéndum, ¿por qué no iba a aceptarse si es la única forma democrática y civilizada de encauzar este conflicto?