Hace un año, más o menos, cuando, a raíz de las elecciones de 27S los indepes catalanes se vieron en apuros para formar gobierno, las risotadas de los analistas políticos madrileños (que saben tanto de Cataluña como de la vida religiosa de las orugas) se oían en todos los confines de la Gran Nación. Los indepes tuvieron su gobierno en tiempo y forma y llevan ocho meses funcionando a pleno rendimiento. En España, en cambio, tras dos elecciones generales indecisas y diez meses de barullo, inepcia y parálisis, vamos camino de terceros comicios con muy escasas seguridades de que resuelvan la situación.
Es una burla del destino. A los muy y mucho españoles no les apura quedar en ridículo, siempre que no sea ante los catalanes a los que los muymuchos odian porque los envidian. Cataluña iba a vagar por espacios siderales, en ingeniosa expresión de uno de estos linces del gobierno de los sobresueldos. No sé cual porque todos se parecen mucho y dicen las mismas manidas gansadas. Es España la que vaga y no por los "espacios siderales" sino por el pudridero de una política corrupta hasta el alma, administrada por franquistas esencialmente contrarios a toda idea de libertad y democracia.
Cataluña sigue su hoja de ruta y va camino a la constitución de una República Catalana. Es decir, tiene via libre a la independencia y, a partir de hoy, cuando el Parlament otorgue la confianza al Presidente Puigdemont, esa vía libre se acelerará, mientras en España nadie puede darle réplica alguna porque no puede formarse gobierno.
Aquí, la versión castellana:
Vía libre
Pasadas las elecciones autonómicas gallegas y vascas, puede verse que las cosas no han cambiado nada en el conjunto del Estado, que Rajoy no está más cerca de formar gobierno ni tampoco Sánchez. Si acaso, este último, está más cerca del despido porque su voluntad de cerrar el paso al gobierno de la derecha, ha puesto histérico al establecimiento mediático. Lo atacan también los demás partidos, incluido Podemos, muy interesados en que el PSOE deje camino expedito a Rajoy para que haya un gobierno de la derecha. Es una actitud inmoral la de los dirigentes de la oposición, porque, al fin y al cabo, no son ellos quienes padecerán los resultados de las medidas reaccionarias de Rajoy. Las padecerá la gente de la calle, la que paga sus impuestos (no evade), no tiene chollos opacos con tarjetas black, ni cobra sueldos de ensueño, ni subvenciones otorgadas por enchufe, ni tiene pensiones altísimas garantizadas por vida.
Es imposible que los políticos españoles sean tan estúpidos que estén tirando piedras contra su propio tejado por no ser capaces de encontrar un acomodo que satisfaga al mismo tiempo su obligación y sus intereses. Apenas se entiende. Salvo que, en realidad, se trate de otra forma de actuar, esto es, los políticos españoles no llegan a ningún acuerdo de gobierno porque, en el fondo, nadie quiere ser investido ya que quien lo sea tendrá que bregar con la tropa independentista catalana y se puede encontrar en la desairada posición de presidir sobre la desmembración del país.
Porque la hoja de ruta del movimiento independentista sigue su curso a su ritmo, aplicada por un gobierno con voluntad de hacerlo y un presidente que ha resultado tener una cantidad de recursos que pocos le imaginaban. En el día de hoy se vota la cuestión de confianza. Antes de aquilatar su importancia, una sola reflexión: ¿se recuerda cuando se decía hace seis meses que llegaría un momento en que el gobierno catalán tendría firme base parlamentaria mientras que España carecería de gobierno y de ideas y/o planes para hacer frente al movimiento independentista? Aquel momento es este.
Superada la cuestión de confianza como es previsible que suceda, Cataluña inicia la desconexión de España. De hecho, ya se ha comenzado con el primer proyecto de ley de desconexión, que anula el conjunto de las actividades penales del franquismo. El mensaje que este proyecto -que también saldrá aprobado en su momento y ya veremos con qué voto del PSC, si a favor o en contra- envía a las autoridades del Estado, así como a su clase política, a los intelectuales y a todo el mundo consiste en probar fehacientemente que, para salir del franquismo hay que separarse de España. No merece la pena seguir discutiendo sobre si España es solo circunstancialmente franquista o el franquismo es condición esencial de lo español. Tiempo habrá der averiguarlo. De momento, romper por fin con el franquismo es romper con España.
Había poca duda de que la derecha sigue siendo franquista, a pesar de su desganado intento de disimularlo. Pero tampoco la había acerca del antifranquismo de la izquierda. Sin embargo, con esta primera ley de desconexión, es la izquierda la que tiene ahora que decantarse. Será cosa de ver qué votará el PSC cuando el proyecto esté listo para aprobación. Puede votar que sí, que no o abstenerse aduciendo, quizá, que la ley excede las competencias del Parlament. Pero una abstención equivale a un “no”, igual que una abstención en la investidura en España equivale a un “sí”. Y esa misma situación se repetirá con el PSOE en el caso de que sea necesario votar sobre esta ley de desconexión en el Parlamento español. El PSOE no puede votar que no. Pero si vota que sí, será como una enmienda a la totalidad de la transición y a su aportación en ella.
La confianza de la Cámara abre el último tramo de la hoja de ruta y lo hace de un modo demoledor pues, al declarar nulo lo actuado por el franquismo, se cuestiona la transición misma y se deja en el aire la propia situación actual ya que la legitimidad de las instituciones de hoy depende de lo actuado entonces. En otros términos si el franquismo es nulo, el Tribunal Constitucional actual es ilegítimo y carece de autoridad sobre el Parlamento. Este deriva la suya del Estatuto de Nùria, de 1932 ilegalmente derogado por un grupo de golpistas. El pasado no puede modificarse, desde luego, pero puede reinterpretarse y, en función de esta reinterpretación se actuará posteriormente.
Con la denuncia y anulación del franquismo –cuestión ante la que los demás partidos en España no pueden permanecer indiferentes- el independentismo catalán adquiere una legitimidad de origen que nadie puede negar. Lo que se actúe después, durante la hoja de ruta, dará la medida de la legitimidad de ejercicio. Al final de ese trayecto, de aquí a menos de un año, tiene que haber un referéndum vinculante. Si ese referéndum es o no pactado con el Estado, depende del mismo Estado. Y de que sea o no pactado dependerá que luego haya una declaración unilateral de independencia o no.