Años lleva Palinuro sosteniendo que el PP no es un partido político al uso, sino una asociación de interés integrada por gentes que van a lo suyo sin ningún tipo de miramientos para las leyes. Lo único que las mantiene unidas es exactamente eso, el interés y provecho propios. Lo mismo vienen diciendo los jueces, que se trata de una asociación compuesta por presuntos malhechores, de forma que ya la han imputado en un par de procesos penales. Al partido, como persona jurídica, por beneficiarse de los chanchullos de la financiación ilegal que en el PP parece ser práctica ordinaria. Tanto es así que, en puridad de las cosas, se deberían anular muchas de sus victorias electorales por haber sido producto de malas artes.
Ahora es otra jueza la que procesa al partido y a dos o tres altos cargos (entre ellos, la tesorera) por haber destruido los discos duros de los ordenadores de Bárcenas cuando este también era tesorero. Los pedía otro juez, encargado de los papeles de Bárcenas a petición del encausado. Pero fueron destruidos a conciencia, dice el auto, para que quedaran, como quedaron, absolutamente inservibles. La jueza presume un delito de encubrimiento. Es una evidente destrucción de pruebas quizá incriminatorias para mucha gente de la organización.Una obstaculización de la justicia en beneficio de los compinches, práctica habitual en las organizaciones mafiosas.
El fiscal en la misma causa contra Bárcenas y a petición de este, que parece dispuesto a "tirar de la manta" ha aceptado que se cite a declarar como testigos a todos los extesoreros del PP (Alvarez Cascos, Arenas, entre otros), aunque no a Rajoy y Cospedal, se ignora por qué ya que, en principio, tesoreros han sido los dos como los otros y mientras se producían las prácticas ahora subiudice. En el caso de Rajoy no solo se trata de un extesorero sino del presidente del Partido. Un presidente ausente pues, como hace en la otra presidencia, la del gobierno, no acepta responsabilidad alguna por las tropelías que se hayan podido cometer y de las que es políticamente responsable, quiera o no.
En esa asociación los presuntos malhechores con usos de mafia no solo cometen delitos por los que nunca dimiten ni se les pasa por la cabeza, como se prueba con el caso de Rita Barberá, aforada exprofeso para ponerla fuera del alcance de la justicia, sino que destruyen la confianza de la ciudadanía en la justicia y establecen el reinado del latrocinio y la corrupción como normas habituales de comportamiento de sus cargos, públicos o del partido. Precisamente el hecho de que el partido sea una asociación privada con relaciones privilegiadas con las instituciones públicas es lo que propicia la extensión de la corrupción.
A esta asociación de presuntos malhechores, muchos de ellos en diferentes momentos procesales de su horizonte penal, a esta caterva de mangantes, quieren mantener en el gobierno los socialistas excedentes de cupo, las viejas glorias o viejas infamias, que ejercen o quieren ejercer una especie de tutela sobre la actual dirección del partido, hecha de bisoños. Piden la abstención de los socialistas en la investidura de Mariano Rajoy (algo con lo que este estaría encantado) so pretexto de la urgencia de un gobierno en "interés de España". La solicitud es tanto más descarada cuanto que el propio Rajoy no ha hecho gesto alguno que evidencie una voluntad de generación, sino todo lo contrario. Ha propuesto como presidenta del Congreso a una ex-ministra que tiene una responsabilidad política evidente en la gestión de uno de los peores accidentes ferroviarios de los que se guarda memoria.
Por lo demás, aunque hubiera realizado no un gesto sino toda una pantomima en favor de la regeneración del sistema político, es metafísicamente imposible que lo lograra por cuanto ha sido el el principal causante de su degeneración. Además, si alguna vez tuvo crédito, lo malbarató tras una serie de pomposos anuncios de sucesivas reformas legislativas en pro de la regeneración y la transparencia democráticas que nunca llevó a cabo ni sirvieron para nada.
El PSOE debe entenderse con Podemos y con los indepes catalanes o, si no se logra, quizá con Podemos y C's para un gobierno transitorio de uno o dos años, en cuyo tiempo se tomen las medidas urgentes para afrontar la situación de emergencia
Si esto tampoco se consigue, corresponden terceras elecciones.
Lo que no se puede defender es una prolongación de la actual situación de deterioro, bajo la forma de cuatro años más de agonía, al cabo de los cuales el país puede estar dirigido desde Soto del Real.
NO es NO.