¿Alguien tiene duda alguna de que el PP ha puesto a Rita Barberá en el Senado con objeto de aforarla para defenderla de su procesamiento? La señora sabe tanto del Senado como de tagalo y no pinta nada en él. Claro que los demás senadores, tampoco. Es cierto que la Cámara, que no sirve para nada más que para entorpecer, es un depósito de zombies políticos, personajes que algún día fueron algo en las instituciones y ahora no tienen acomodo, pero tampoco quieren dejar de vivir de gorra. Barberá da perfectamente el tipo. Después de 24 años forrándose, al parecer, en el Ayuntamiento dee Valencia, ahora seguirá cobrando de las arcas públicas como si hiciera algo que lo mereciera. Pero, además de garantizarle un jugoso estipendio, lo que se quiere con su nombramiento de Senadora es librarla en la medida de lo posible del alcance de la justicia que, por fin, empieza a ocuparse del robo sistemático que los peperos han perpetrado en la Comunidad Valenciana bajo el mando de diversos personajes que parecen de chiste, entre los cuales, Camps, Barberá y otros.
Hace muy bien Cristina Cifuentes en pedir que la zafia y vulgar ex-alcaldesa de Valencia renuncie al aforamiento y responda ante los jueces de sus supuestas fechorías que, por lo que va sabiéndose, bien pudieran encajar en más de media docena de delitos del código penal. Quizá no persiga Cifuentes un único objetivo regenerador sino también tenga cálculos de ambición personal, haciéndose visible y propiciando sus posibilidades como presidenta del PP de Madrid, en lugar de la también achulapada Aguirre. Es lógico que quiera fomentar su carrera haciendo como que reprime la corrupción. Pero el hecho es que la presunta ladrona Barberá debiera renunciar al aforamiento. Nada hay más anti-sistema que ver cómo el sistema protege a los sinvergüenzas.
Porque de eso se trata. En sus orígenes, el aforamiento era una precaución para proteger a los diputados de las arbitrariedades de los reyes que los hacían acusar ante sus jueces de cualquier barrabasada que se hubieran inventado para encarcelarlos. Es decir, era una medida progresista que garantizaba la libertad de expresión de los representantes del pueblo. Pero, con el tiempo, ha degenerado y, bajo el dominio de esta banda de presuntos ladrones a la que llaman partido, se ha convertido en un procedimiento para garantizar que los delincuentes de su organización se libren de la acción de la justicia. Como es el caso de esta supuestaa ladrona que era alcaldesa de Valencia, según parece, para enriquecerse ella, sus amigos, parientes y demás patulea.
Porque de eso se trata. En sus orígenes, el aforamiento era una precaución para proteger a los diputados de las arbitrariedades de los reyes que los hacían acusar ante sus jueces de cualquier barrabasada que se hubieran inventado para encarcelarlos. Es decir, era una medida progresista que garantizaba la libertad de expresión de los representantes del pueblo. Pero, con el tiempo, ha degenerado y, bajo el dominio de esta banda de presuntos ladrones a la que llaman partido, se ha convertido en un procedimiento para garantizar que los delincuentes de su organización se libren de la acción de la justicia. Como es el caso de esta supuestaa ladrona que era alcaldesa de Valencia, según parece, para enriquecerse ella, sus amigos, parientes y demás patulea.
Pero hay más. El aforamiento debe desaparecer -y debiera ser una de las primeras medidas legislativas del Parlamento si quiere que nos tomemos en serio lo de la lucha contra la corrupción- por otra razón de igual o mayor peso: porque es una injusticia para los otros procesados en los sumarios en que haya un aforado. La sola presencia de uno de estos privilegiados, obliga a abrir la causa ante la última instancia de la justicia, lo cual hace que los procesados que lo acompañan (y siempre son bastantes) pierdan el derecho al "juez natural" y el de la doble instancia penal. Es decir, para que los aforados mantengan sus privilegios, los demás justiciables del proceso tienen que perder sus derechos.