La esfera pública española está cargada de electricidad, de tensión, de conflicto y miedo. Ayer, Duran lloriqueaba en el Intermedio, verdaderamente asustado, la necesidad de que haya entendimiento, cordura, paz en casa. De unas partes se escuchan voces estentóreas y amenazas; de otras, gritos júbilo y tambores de guerra.
Hay dos ideas circulando por el albero: a) esto no es un problema jurídico sino político y requiere soluciones políticas, y b) la inacción permanente del gobierno desde 2012 empieza a parecer como negligencia altamente culpable. Lo dicen todos, los cenáculos y mentideros, las tertulias de la tele, los editoriales de los periódicos más serios, empezando por El País, al borde de un infarto si los periódicos sufren tales cosas, los círculos de empresarios, las diversas cancillerías. Probablemente acabará por decirlo Rajoy cuando comprenda la situación porque es hombre de sentido común. Absolutamente común.
Que la cuestión es política es patente hace años. Un conflicto político típico en el que una parte, el nacionalismo catalán devenido independentismo, ha mantenido siempre la iniciativa mientras que la otra, el nacionalismo español en el gobierno y en la oposición ni siquiera se ha dado por enterado hasta hace un par de lunas. Y no será porque no se les ha advertido. Pero su visión es tan estrecha, pedestre y tradicional española que no han sido capaces de entender lo que se estaba preparando. Y, por cierto, a la vista de todo el mundo, pacífica, democráticamente. Es un contraste entre la vita activa, la agitación cívica catalana y la vita contemplativa de la quietud española y el marasmo de la corrupción, que no son otras las maravillas filosóficas que se contemplan. En Cataluña, sucesivas movilizaciones más y más numerosas de gente con reivindicaciones más y más claras que para el genio residente en La Moncloa, cuando alcanzaron el millón y medio de personas, eran una algarabía. Solo por eso debiera haberse ido a su casa fulminantemente. Porque ahora es el Tribunal Constitucional el que ha de habérselas con la algarabía que la incompetencia del gobierno ha propiciado.
No es un problema jurídico sino político. La prueba es que nadie sabe qué hacer. Poniendo en marcha los tribunales se acelera el momento, por así decirlo, de la verdad, el de la confrontación abierta si el Parlament desobedece la decisión del tribunal. La razón manda aplazar. Pero la misma razón dice que aplazar no sirve de nada porque no resuelve la cuestión sino que la posterga y por muy poco tiempo.
La irritación del nacionalismo español es comprensible, pero absurda. Todos los medios, el gobierno, la oposición, cargan contra Mas, Forcadell, el Parlament, la CUP, acusándolos de golpe de Estado... democrático. Es difícil de entender el concepto de "golpe de Estado democrático". Se amenaza a los independentistas con medidas represivas en caso de quebrantamiento de la ley pero, mientras tanto, se les conmina a que depongan su actitud y cejen en sus pretensiones. Todos reconocen que el gobierno ha sido incompetente, absolutamente incapaz de prever y gestionar la situación. Y, sin embargo, la culpa es solo de los independentistas y nadie extrae las consecuencias lógicas de la ineptitud de la autoridad central. Porque, en definitiva, si hay un problema de gobernanza en un Estado, la culpa es principalmente, si no exclusivamente, del gobierno, incapaz de garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio si no es acudiendo a métodos de excepción o, según piden ya algunos, de sitio. Recuérdese a Hobbes: la legitimidad del Rey depende de que garantice a los súbditos una vida sin miedo.
Los líderes políticos se pasan la vida al teléfono, hablando sobre el problema de los problemas, la cuestión catalana. Y eso que se habían comprometido a no emplearla como arma de pelea electoral. Deben de pensar que la gente es boba. ¿Cómo no van a recurrir a meter miedo con la cuestión catalana si ahí tienen un semillero de votos españoles y los partidos están ahora justamente a ganar las elecciones. ¿A cualquier precio? Los políticos dirán que no, pero la gente sabe que no van a cumplir su palabra. Una de las razones de este desastre es que en España los políticos no cumplen lo que dicen. No paran de cruzarse acusaciones, críticas y contracríticas sobre el tema crucial en estos momentos. Tanto que ha oscurecido el de la crisis y la corrupción. Pero no hacen nada por buscar soluciones. No quieren. No saben. No pueden.
Y ahora Bildu presenta un proyecto de ley para votar la independencia de Euskadi en 2016. Están en su derecho, visto el desbarajuste de la gran nación gobernada por esta luminaria, pero no van a ayudar precisamente a tranquilizar los ánimos de quienes ya están pidiendo que se encarcele a los sediciosos y se proclame el Estado de sitio.
El Reino es una algarabía.