dijous, 23 de juliol de 2015

Llegan las amenazas.

En realidad, siempre han estado ahí. Pero ahora son explícitas y proceden de las más altas autoridades del Estado. El ministro avisa de que puede recurrir al 155 de la CE. Ya se sabe que no es posible suspender la autonomía porque eso sería suspender el estatuto, cosa que no cabe hacer unilateralmente. Pero sí puede forzarse a las autoridades de una Comunidad al cumplimiento de la ley, impartiendo las órdenes oportunas, incluso al conjunto de las autoridades de esa Comunidad. En términos de hoy, lo que el gobierno central pretende es conseguir el control remoto de la Generalitat. Para lo cual va a necesitar "troyanos", ya que puede encontrarse con una reacción de desobediencia civil generalizada en Cataluña. Es de suponer que el ministro tendrá algo preparado en estas circunstancias. O quizá sea mucho suponer.

Algo distinto de la Ley de Seguridad Nacional que el PP pactó con el PSOE de Rubalcaba y que, según el ministro, está pensada para cosa diferente de los conflictos con las Comunidades Autónomas. Escaso crédito merece el hombre. Primero porque el mismo enunciado de la ley, a fuer de ambiguo, está pidiendo que la empleen en lo que sea. Así se consideran dignos de especial protección unos etéreos "valores constitucionales". Y en segundo lugar porque, en el fondo, el gobierno central está dispuesto a hacer cualquier cosa para frenar el proceso soberanista en este punto de exaltación a que se ha llegado por méritos del nacionalismo catalán y deméritos del nacionalismo español.

Por ejemplo, una moción de censura al gobierno de la Generalitat. Ignoro si la señora Camacho cuenta con los requisitos, pero está claro que la moción no se presenta para ganar sino con el fin, según parece, de retrasar las elecciones autonómicas de septiembre que, por cierto, siguen sin convocarse oficialmente, que yo sepa. Si de retrasar las elecciones se trata, seguro que a alguien se le ocurre provocar un incidente que fuerce el aplazamiento y quién sabe si la nueva Ley de Seguridad Nacional o, con algo de suerte, un estado de excepción. Cualquier cosa con tal de que no haya elecciones. Las cloacas del Estado estarán a pleno rendimiento en defensa, por supuesto, de la democracia y el imperio de la ley.

La obediencia a la ley es la doctrina Rajoy que todos sus colaboradores repiten religiosamente. La ley está para acatarla. Es igual para todos. Nos obliga a todos y el gobierno la hará cumplir. Los soberanistas catalanes quieren desobedecer y, según Rajoy, cambiar unilateralmente las reglas del juego. Algo nefando, imposible de aceptar pero que es exactamente lo que hace él mismo con el proyecto de ley de reforma de la ley electoral que el PP pretende aprobar a tres meses de las elecciones, en el caso de pucherazo preventivo más asombroso que vieron los tiempos. Es decir, los soberanistas deben obedecer la ley que el PP cambia cuando le parece. Y con el recochineo añadido de que se les dice que, si no estan conformes con ella, que la cambien, sabiendo de sobra que, al ser una minoría nacional, los catalanes nunca podrán ser mayoría en el conjunto de España.

Esta actitud de choque de trenes que originó el PP ya desde sus campañas anticatalanas en contra del Estatuto, cuenta con el vergonzante apoyo del PSOE. Es difícil encontrar una muestra mayor de desconocimiento e insensibilidad frente a Cataluña que esa desgraciada expresión de Sánchez de que Mas tiende una trampa a los catalanes. Al margen de que lo diga en Hospitalet, que tiene su interés, queda por averiguar exactamente qué quiere decir con el término "trampa". A primera vista es bastante ofensivo para las autoridades y el conjunto de los catalanes, al parecer unos simples a quienes se puede engañar con trampas. Pero, sobre todo, revela verdadera rudeza de espíritu. A la vista de cómo se toma el gobierno la cuestión del proceso soberanista, no es inimaginable que Mas acabe en la cárcel. Llamar tramposo a alguien que arrostra la cárcel por sus convicciones no es de recibo.