Daos presos, catalanes.
Llueven las querellas sobre la Generalitat y los organizadores del akelarre del 9N y estos ven cómo los señalan ya numerosos dedos acusadores. La querella de UPyD, no admitida en un primer momento, se ha trasladado de instancia. Se le suma media docena más de diversas procedencias. Pero la querella insignia, la que abandera la ofensiva española, es la que insta la Fiscalía.
Allá va el fiscal general del Estado atacando la caterva secesionista mientras grita como don Quijote: non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Un solo caballero con todo el poder del Estado detrás. Un juez que acude en nombre del Rey a pedir responsabilidades por el crimen cometido. Con lo que el escenario cambia de don Quijote a Fuenteovejuna y ahora son los responsables quienes, reagrupados, responden al juez: ¿Quién mató al Comendador?/Fuenteovejuna, Señor./¿Quién es Fuenteovejuna?/Todo el pueblo, a una.
La querella va dirigida contra Artur Mas y dos colaboradoras suyas, Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat, e Irene Rigau, consejera de Educación. Pero todos los partidos soberanistas, que apoyaron la consulta, se han autoinculpado en una carta conjunta enviada al fiscal general del Estado, Torres Dulce. En ella recuerdan que el Parlament aprobó el 13 de noviembre una moción por la que asumía de forma colectiva las consecuencias del proceso participativo y que rechazaba que se exigieran responsabilidades por vía judicial. Forman piña a una frente al juez. Su unión s fortalece pues toma la forma de la protección colectiva. Fuenteovejuna, Señor.
Los catalanes llevan unos meses en la cresta de la ola de un movimiento soberanista de carácter político, pacífico y democrático que ha visto desatendidas todas sus peticiones, incluida la de dialogar. El Estado no ha querido reconocerle ningún derecho ni legitimidad alguna como movimiento político y se ha negado a toda negociación. Al extremo de que de lo sucedido el 9N, de la votación de 2,2 millones de catalanes, hay dos versiones absoluta, casi ontológicamente opuestas. De un lado, según el nacionalismo catalán, los catalanes realizaron un acto de soberanía originaria, hasta ahora negada por el Estado y ejercieron un derecho a decidir que reclaman para sí y el Estado tampoco reconoce, un hito en un proceso, un camino, que ven como construcción nacional de un nuevo Estado. De otro, según el Estado, en Cataluña no se ha realizado nada que tenga la más mínima relevancia jurídica: una cantidad imprecisa de catalanes se pusieron de acuerdo para hacer una especie de fiesta que, al estar instigada, organizada y amparada por instituciones públicas, tiene ribetes delictivos y, frente a ello, el Estado está obligado a actuar para imponer el respeto a la ley.
Contestar a las iniciativas políticas, sobre todo las que están respaldadas por notables movilizaciones populares, con la represión y los tribunales nunca ha sido una solución adecuada como se ha comprobado innumerables veces. En el movimiento por la emancipación nacional de los Países Bajos, por ejemplo, precisamente en contra de España que jamás negoció y se limitó a reprimir, al final, los perdió. Fueron estos Países Bajos el primer Estado moderno en Europa y no ese español que Rajoy se ha inventado puesto que, además, irónicamente, lo fueron en contra de España.
Si el Estado cree que la respuesta al llamado reto soberanista catalán es meter en la cárcel al presidente de la Generalitat no solamente está equivocado, sino que aviva el incendio que quiere sofocar. Convertir a Mas en una víctima, en un mártir por la dignidad y la independencia de Cataluña es justamente lo más absurdo que cabe hacer en esta situación. En el orden internacional es insostenible y en el interno, ya se ve, da lugar a una formulación de Fuenteovejuna, Señor, según la cual no será suficiente con encarcelar al principal líder sino a todos los políticos soberanistas catalanes, como si quisiera constituir con todos ellos una especie de comité nacional por la independencia catalana actuando desde la cárcel.
Todos los ejemplos, las experiencias, los consejos dados desde todas las latitudes al gobierno central para que negocie una salida política a la crisis han sido inútiles. Y España demuestra una vez más que no aprende de sus fracasos en la historia.