La votación parlamentaria de la moción no de ley de UPyD, negando el derecho a decidir sobre la organización territorial del Estado a todo aquel que no sea el conjunto del pueblo español, con 265 votos a favor, 48 en contra y 13 abstenciones del PSC, ya preavisa del resultado que en esa sede puedan tener los proyectos del nacionalismo catalán si incluyen el dret a decidir de los habitantes de la Comunidad Autónoma. Preavisa de más cosas; también de la contradicción en que vive el PSOE con el PSC desde que el soberanismo tomó nuevos bríos. Realmente, la cuestión del referéndum en Cataluña, de la consulta, prevista en principio para 2014, plantea una cuestión de supervivencia al PSOE. Si este, que ha votado a favor de la moción, aplica su principio, perderá votos en Cataluña; si no lo aplica, los perderá en España. Un panorama francamente difícil a la hora de ganar unas elecciones hoy por hoy en España y formar gobierno.
Quizá sea esta la razón por la que Rubalcaba prolonga el ejercicio de su cargo probablemente más allá de lo que la táctica electoral aconseja. Cerrado enemigo de toda veleidad autodeterminista, el secretario general no debe de fiarse de que, si abandona el puesto, el PSOE no se parta por la falla catalana. El problema es que, si se queda, esa posibilidad puede darse también. Es más, para algunos, si no se ha producido aún es porque el PSC desaparecería, repartido entre nacionalistas españoles y catalanes.
El derecho a decidir o derecho de autodeterminación tiene una enorme carga por sí mismo, ya que cuestiona la comunidad nacional en la que se plantea. El pronunciamiento parlamentario se limita a glosar la vigencia de los preceptos constitucionales al respecto, pero da una idea de la fuerza numérica del nacionalismo español: más de dos tercios. Los nacionalismos no españoles, que han votado en contra, no llegan a la séptima parte. Para quienes creen que los conflictos políticos se resuelven siempre apelando a las mayorías, la cuestión está zanjada. Por eso, la moción no de ley reafirma la vigencia de la Constitución de 1978, que provee la base de essta posición.
Pero en Cataluña las proporciones se invierten. El problema está territorializado, circunscrito a los límites de una Comunidad específica. No se trata de una minoría de ciudadanos mezclada con una mayoría y con expectativas razonables de convertirse a su vez en mayoría. Se trata de una minoría estructural que jamás conseguirá ser mayoría en el marco institucional. La consecuencia es obvia: la cuestión de si los catalanes tienen derecho a decidir por su cuenta seguirá planteándose en el futuro inmediato, tensionando la vida política española, obstaculizándola. Si la respuesta es que da igual y que España sobrevive siempre a los retos nacionalistas, hay poco más que decir. Pero si la respuesta es que debe encontrarse una solución acordada, que satisfaga a catalanes y no catalanes, habrá que actuar de otro modo y tomar en cuenta otras consideraciones.
Según los sondeos, más del 80 por ciento de los catalanes reclama el derecho a decidir y el 58 por ciento votaría a favor de la independencias. ¿Es posible ignorar estos datos? ¿Aplicar a los catalanes el rasero de la aplastante mayoría española? Palinuro entiende que debe encontrarse una fórmula satisfactoria mediante negociación. No le cuesta mucho, pues es partidario del reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones.
Quien aparece atrapado entre dos ruedas de molino (y nunca mejor dicho) es el PSOE. En cualquiera de los dos casos puede ofrecer escasa resistencia frente al predominio de una sola opción. Y sus expectativas de conectar con la mayoría en España se diluyen. En un momento especial en el que la acción de ese partido es imprescindble para recuperar todo lo que la rapiña de la derecha ha aniquilado.