La mala fe de la derecha.

El mundo entero está perplejo de la desfachatez del presidente del gobierno español que, encontrándose bajo fundada sospecha de comportamientos corruptos durante años, no dimite, no rinde cuentas, no da explicaciones, no comparece en sede parlamentaria. Es comprensible. Se trata de un mundo en el que lo habitual, lo digno, lo democrático es dimitir a la sombra de una duda o la certidumbre de un comportamiento impropio, por insignificante que sea. El último ejemplo, un ministro japonés dimisionario por haber aceptado el equivalente a unos cuatrocientos euros indebidos. Cuatrocientos euros son la cuarta parte de lo que todos los meses se embolsan muchos diputados españoles que, teniendo casa en Madrid, cobran 1.600 euros para alquiler de piso en la capital; la 850ª parte de los 340.000 euros que, según los papeles de Bárcenas, ha cobrado en sobresueldos Rajoy. No es de extrañar que la negativa a dimitir de este sea portada de todos los periódicos, incluso los de Nueva Zelanda.

También en España cunde la perplejidad y hasta la indignación por la insolencia de un gobierno deslegitimado por la corrupción que se niega a aceptar sus responsabilidades. Ese es el motivo de la moción de censura que anuncia Rubalcaba quien está consensuandola con el resto de la oposición. Ya se ha hecho un ensayo general con el compromiso por escrito de todos los grupos (excepto UPyD) de derogar la regresiva ley de Wert en cuanto ganen las elecciones. Será fácil con esto consensuar un sentido a la moción de censura que, en el fondo, asusta bastante al gobierno. Parece que el PSOE y la oposición en general caen por fin en la cuenta de que la actitud de la derecha con las instituciones democráticas y los poderes del Estado no es de recibo. Que no cabe acordar nada con ella porque solo es posible si se acepta sin rechistar su política autoritaria de imposición, de ordeno y mando y desprecio por la democracia.

Hubieran podido darse cuenta mucho antes de no haber aceptado crédulamente el discurso camaleónico del PP y sostenido por sus medios de ser el partido del centro derecha. No lo es ni lo ha sido nunca. No solo no es de centro sino que tampoco es de derecha si por tal se entiende la mayoría de las fuerzas conservadoras europeas, como el partido conservador británico, las democracias cristianas alemanas o las dos corrientes de la derecha francesa. Nada que ver con ellos. La derecha española es nacionacatólica y franquista hasta la médula. Es posible que en su seno haya una derecha homologable a la europea, pero no pinta nada. Hasta las corrientes neoliberales son nacionalcatólicas.

Los neofranquistas, como los franquistas, no son demócratas, no creen en la democracia, no hacen nada por protegerla y no les importa cargársela. Al fin y al cabo, para ellos era una época de "extraordinaria placidez". La expresión es estúpida, pero muy significativa. La derecha española gobierna en democracia porque no le queda otro remedio, pero no la respeta y no le importa nada que fracase y dé lugar a una nueva dictadura porque sabe que, en tal caso, nadie la perseguirá (como sucedería con la izquierda y hasta el verdadero centro) y, al contrario, seguirá en el gobierno. Así que su respeto por las instituciones democráticas -de las que suelta ditirambos mientras las dinamita- es inexistente.

En ese contexto general hay que enmarcar este nuevo episodio del presidente de Tribunal Constitucional, hombre de partido, del partido del gobierno. El País sale a voz en grito y dice que expertos juristas consultados lo dan como caso de clarísima incompatibilidad. Ignoro quién de ellos, si los juristas o el diario, invoca el artículo 395 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial que, dícese, es taxativo en la prohibición a jueces y magistrados de pertenecer a partidos políticos. Sí, es taxativo, pero no se aplica aquí. El Tribunal Constitucional no está sometido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino solo a su propia Ley Orgánica y a la Constitución que únicamente impide a los magistrados del Constitucional tener "funciones directivas" en un partido, pero no ser militantes de él. A más inri, que dicen los castizos, el señor de los Cobos no es juez ni magistrado, sino catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social y, por tanto, puede pertenecer a lo que le dé la gana. Su situación no es ilegal. El problema no es jurídico, es político.

Aquí es donde está el meollo de la actitud antidemocrática de la derecha española, en esta forma de vaciar de contenido las instituciones democráticas respetando su andamiaje externo. En la mala fe, en el permanente fraude de ley, en su inmoralidad. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Pero no, obviamente, porque sea algo absolutamente ajeno, de naturaleza intrínsecamente distinta a él, sino porque lo contiene en sí, siendo algo en cierto modo "superior". Argumentar esta "superioridad" es harto difícil y muchos dicen que imposible. Para un norteamericano es incomprensible que haya un Tribunal Constitucional ajeno al poder judicial. El Tribunal Supremo es tribunal constitucional. En España (y en otros lugares, como Italia, Alemania o Austria, países que han padecido dictaduras terribles) no es el caso. El Tribunal Constitucional no es el Tribunal Supremo. Pero, al menos formalmente, como si lo fuera. De hecho se llama tribunal y sus miembros, magistrados. Su jurisdicción es el llamado "bloque de constitucionalidad". La Constitución, su eje central, según doctrina al uso, es un texto de consenso, que incorpora y sintetiza visiones distintas del Estado español, tanto en lo ideológico como en lo orgánico. ¿Puede su intérprete único estar presidido por un hombre de partido y de un partido con opiniones y política tan extremas, tan radicales que sostiene puntos de vista que muchos, Palinuro incluido, consideran retrógrados, inhumanos, incluso atroces? Teniendo en cuenta, además, que la presidencia le otorga el voto de calidad en caso de empate. Legalmente, sí. Políticamente, no.

Ignoro qué dirá hoy el gobierno, si es que dice algo. Probablemente que el señor de los Cobos puede pertenecer a lo que quiera y sea legal y que, de todos modos, el hecho de estar al corriente en las cuotas del partido no significa gran cosa pues no hace de él un militante en sentido pleno. Es el punto de vista que sostenía Lenin, para quien el buen bolchevique no era solo el que pagaba las cuotas, sino el que trabajaba para el partido. Eso es, probablemente lo que se aprestaba a hacer De los Cobos cuando El País metió sus narices en donde no debía. ¿Por qué suponemos que se aprestaba a hacerlo? Porque ocultó el dato en la audiencia pública. Es su derecho, por cierto, reputarlo insignificante por cuanto esté convencido de que su militancia no condicionará su magistratura. Pero cualquiera en su sano juicio (él incluido) pensará que no todo el mundo será de la misma opinión y algunos habrían podido cambiar su voto de haber sabido de dicha militancia, ya sea en grado menchevique o bolchevique.

El caso es uno entre muchos. Rajoy tuvo paralizada durante años la renovación del Tribunal Constitucional porque no quería aceptar una composición política del órgano que no le fuera sumisa. Para ello se sirvió de una condición inaceptable: el nombramiento como magistrado del señor Enrique López, entusiasta colaborador de la FAES y activista político de la derecha extrema. El Tribunal Constitucional entró en barrena de desprestigio y acabó coronándose de gloria con la sentencia sobre el Estatut que ha tenido la virtud de poner a Cataluña en pie de guerra. Finalmente, habiendo ganado las elecciones, Rajoy ha impuesto a López. De nuevo legal; de nuevo políticamente lamentable. La alternativa ha quedado clara: si el Tribunal Constitucional no es un Consejo para sancionar las políticas del gobierno (algo parecido al Consejo Nacional del Movimiento, diría un guasón), que no sea nada.

Y no es solo el TC. Son todas las instituciones, distorsionadas, ninguneadas, aniquiladas. Rajoy gobierna de espaldas al Parlamento en el que su mayoría aplastante funciona como una guardia pretoriana que lo protege y lo libera de la enojosa obligación de comparecer a dar cuentas. Aparte, por supuesto de aprobar con aplauso todo lo que el gobierno envía a la cámara, sin variar ni una coma. Muy legal, ciertamente, pero inaceptable desde el punto de vista de los usos y costumbres democráticos, pero no hablar de la llamada "corrección parlamentaria" que la derecha ignora de arriba abajo. Ahí nace esa moción de censura que la oposición ya está tardando en presentar. Y Palinuro insiste en que no será suficiente y la oposición se verá forzada a actitudes de desobediencia, a votar con los pies, lo único con lo que la dejan ya votar.

Lo mismo con la Radiotelevisión pública. Ni un escrúpulo, ni una vacilación. En cuanto Rajoy tomó posesión, lo primero que hizo fue reformar la ley de RTVE vigente para nombrar al director que le diera la gana. Y es lo que hizo. Ese director nombró un equipo acorde con el mandato recibido: acabar con el pluralismo informativo y convertir lo audiovisual público en un aparato de propaganda del gobierno y su partido. Y los nombrados han cumplido. Se nota en las audiencias.

Y así en todo. ¿Qué tiene esto que ver con la democracia? Claramente, nada. Es una mala fe continua, un  permanente fraude de ley, una democracia en la forma y una dictadura en el fondo. La dictadura de un incompetente, embustero y presuntamente corrupto hasta la saciedad. España.