El Estado policiaco.

Proyección. Es el término que emplean los psicólogos para designar la táctica preferida de la derecha española. Se trata de atribuir a los demás las intenciones propias, de acusarlos de lo que uno mismo hace. No es el clásico y socorrido "y tú más" sino un intento de ocultar las fechorías de un bando adjudicándoselas al otro. ¿Quién no recuerda a Cospedal hace un par de años denunciando a bombo y platillo el "Estado policial" que había implantado o quería implantar el PSOE? La misma Cospedal afirmaba ser objeto -ella o sus compañeros de partido- de espionaje ilegal. Por supuesto, no puede demostrar nada en los tribunales. Es más, ni siquiera acude cuando es citada en las querellas por calumnias y, cuando acude, no se ratifica en sus acusaciones. Porque son falsas. Son pura proyección pues, además, se hacen en los momentos en que se destapa algún caso propio, como el de esa increíble Gestapillo madrileña.

La Gestapillo. Según denuncias hoy en los tribunales, el gobierno de la Comunidad de Madrid pudo tejer una red de espionaje ilegal, incluso delictivo, para obtener información comprometedora sobre rivales del mismo partido del gobierno. Es un caso bastante zarrapastroso, como del neorrealismo italiano, por eso le va tan bien el nombre. Ahora, según dice El País, la policía puede estar recurriendo a métodos ilegales, también delictivos, para hundir las reputaciones de los politicos catalanes soberanistas. Que (parte de) la policía se dedique a delinquir no es nuevo en España ni en ningún lugar del mundo. La policía de Franco era, en realidad, una organización criminal, como la Gestapo alemana o la Stasi, asimismo alemana. Los socialistas españoles también pasaron su bautismo de fuego con el vergonzoso caso GAL, nunca enteramente aclarado. Ahora es el gobierno del partido que acusa a los demás de "Estado policial" quien parece recurrir a él.

Publicidad. Y en una dinámica especialmente grave porque consiste en calumniar una opción política pacífica y legal con un gran despliegue publicitario. Esas presuntas actividades delictivas de la policía probablemente sean el origen de los famosos documentos falsos que publicó en su día El Mundo con la obvia intención de dañar las expectativas electorales de CiU. Puro montaje para torpedear una opción política por ser soberanista. Se pregunta El País si los mandos del ministerio del Interior conocen estas actividades parapoliciales. Una pregunta retórica. ¿Cómo van a ignorarlas si llevan ya casi un mes investigándolas? Lo mandado ahora es la comparecencia del ministro del Interior para que, entre rezo y rezo, explique las líneas de actuación de su departamento.

Explicaciones. El ministro y los más altos cargos de Interior están obligados a explicar en sede parlamentaria su política de orden público y las actividades de las fuerzas que coordinan. En lo específico y en lo más general. Debe hacerse la luz sobre esa sórdida historia de los informes apócrifos, si son o no falsos y, si lo son, como parece, quién los ha redactado y por órdenes de quién. Pero no basta con estas explicaciones concretas. Los responsables de Interior deben explicar cuál es su actitud en general en el orden público y por qué presenta un aspecto tan autoritario y propio de un Estado policiaco.

El Estado policiaco. Hace unas fechas el gobierno indultó a cuatro agentes de la policía catalana condenados en firme por un delito, entre otros, de torturas. España no ha conseguido salir de la lista de negra de países en los que se recurre a la tortura, pero este gobierno da un paso especialmente grave al indultar a torturadores.

El gobierno tiende a entender todo acto de protesta o crítica, todo ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación como peligros de orden público y reacciona frente a ellos de modo autoritario, represivo, arbitrario y en buena medida, ilegal. La delegación del gobierno en Madrid desarrolla una actividad represiva consistente en hostigar a los ciudadanos en la calle, obligarlos a identificarse sin motivo solo para denunciarlos después y condenarlos a multas por faltas imaginarias. Es un uso de los cuerpos de seguridad que los asemeja a matones a sueldo pues su función consiste en intimidar a la ciudadanía. Esos casos en que la Guardia Civil ha detenido autocares en dirección a Madrid en los que viajaban gentes cuyo propósito era acudir a una manifestación en la capital son más propios de un estado de excepción que de normalidad democrática.  Y eso cuando no se fabrican montajes para simular que se han cometido delitos inventados por la propia policía. O se detiene y aprisiona gente de forma harto irregular a modo de rehenes.

Es obvio que las autoridades máximas del ministerio están al corriente de estas prácticas y las alientan. El mismo director general de la policía, Cosidó, proponía no hace mucho prohibir la grabación de las actuaciones policiales en las calles, es decir, pretende garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando actúan ilegal y hasta delictivamente.

¡Cómo no van a conocer estas gentes las andanzas de sus policías en Cataluña!
El Estado policial, señora Cospedal, es el suyo.