En 1939, hace ahora 73 años, terminó la guerra civil que desencadenó un grupo de militares delincuentes y genocidas contra el gobierno legítimo de la IIª República española. Fue un acto de violencia fascista contra un régimen liberal, democrático y pacífico con ayuda de los países fascistas de la época, Alemania, Italia y Portugal. Al concluir las hostilidades, los militares delincuentes establecieron unas dictadura totalitaria y ejecutaron un minucioso plan de genocidio, consistente en asesinar a cientos de miles de personas desarmadas, torturar a muchas más y aterrorizar así a una población indefensa que había quedado a merced del vencedor después de la contienda solo para descubrir que el vencedor no conocía la piedad ni la clemencia que sus curas, sin embargo, predicaban en los púlpitos. Esta labor de exterminio de los rojos (esto es, todos quienes habían hecho algo por la República, fuera lo que fuera, desde combatir en su defensa hasta haber participado en las festividades del 14 de abril) siguió durante los años siguientes más o menos hasta finales de los cincuenta.
En un ejemplo paradigmático del trastorno psíquico que los psicólogos llaman "proyección", los militares genocidas y sus auxiliares (los curas, los falangistas, los banqueros, etc) "juzgaban" (puras farsas), condenaban y ejecutaban sumariamente o simplemente asesinaban en las cunetas de las carreteras a los rojos (y mucho cuidado porque, para los descendientes ideológicos de estos criminales que están hoy en el gobierno, seguimos siendo eso, rojos), acusándolos de sublevación militar, es decir, acusándolos de los crímenes que habían cometido ellos. Los soldados, civiles y milicianos que habían cumplido con su deber defendiendo el régimen legítimo y pacífico de España, sus instituciones y su bandera, frente al asalto de una banda de forajidos sangrientos, pasaron a ser los criminales, los sublevados, los violentos según, claro está, los medios de comunicación de la época, todos ellos sujetos al férreo mando militar y sometidos a la censura política previa o posterior, de la que se encargaba precisamente el falangista Fraga Iribarne, luego fundador del PP.
Esa proyección, ese dar la vuelta a las cosas propio de los criminales fascistas que gobernaron España durante 40 años en la época más tenebrosa de la historia patria es la que esgrime el actual gobierno de la derecha, del partido fundado por el ministro del genocida, de herederos ideológicos de los criminales del 36.,
¿Que la bandera tricolor incita a la violencia? Es igual que decir que los militares que mantuvieron su honra y honor defendiendo el régimen al que habían jurado lealtad frente al asalto de los criminales perjuros eran los delincuentes. Revela la misma mentalidad canalla en los gobernantes actuales.
Y hoy eso es tan falso como entonces. Los republicanos no se habían sublevado contra nadie y la bandera tricolor es símbolo de paz y legitimidad. La que es ilegítima e impuesta por la violencia es la roja y amarilla de los fascistas victoriosos en la guerra y que el Estado español la tenga por oficial no la hace legítima sino que plantea preguntas (de respuestas obvias) sobre la legitimidad de ese Estado.
Pero es que, además de legítima, la bandera republicana es legal, según sentencia del 15 de diciembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba una decisión del Ayuntamiento de Torrelodones (entonces del PP, claro) por la que se ordenaba retirar una bandera republicana de un chiringuito de IU porque ... ¡podía incitar a la violencia!
Como se ve, los franquistas reinciden y reinciden porque lo que quieren es suprimir la bandera tricolor misma y, como ya no pueden asesinar a los rojos, tratan de despojarnos ilegalmente de nuestros símbolos. En el fondo, la razón es clara: la bandera republicana no solo es legítima y legal sino símbolo de la justicia, la libertad y la igualdad y su ondear recuerda a estos neofranquistas del gobierno su procedencia ideológica: el crimen, el terror, el genocidio que tratan de ocultar como sea.
Pero ese abuso de los gobernantes no puede quedar impune. La izquierda tiene la obligación de defender el empleo de los símbolos republicanos todos ellos pacíficos. Esa multa es ilegal y hay que hacer que la retiren. Nuestros representantes están para eso, no para achantarse y bajar la cerviz frente a la chulería y el fascismo de los herederos de un genocida.
(La imagen es una captura del blog Unidad Cívica por la República, bajolicencia Creative Commons).
(La imagen es una captura del blog Unidad Cívica por la República, bajolicencia Creative Commons).