Me gusta mucho la expresión movilización social permanente que se debe a Attac; suena bien, tiene un significado dinámico y un punto de romanticismo revolucionario en ese "permanente" que recuerda la revolución permanente de Trotsky.
De movilización social permanente (msp) se puede hablar solo con leer el titular de Público. Mineros, policías, funcionarios y parados volvían ayer a las calles de Madrid a protestar por los recortes del gobierno. Son manifestaciones espontáneas, pacíficas, muy en el estilo de las del 15-M pero tienen pinta de acabar imposibilitando el normal desarrollo de la vida urbana, sobre todo si, además saltan a otras ciudades.
Por ideología y modo de ser los conservadores tienden a ver estas cuestiones como problemas de orden público, aunque no son solamente problemas de orden público sino que tienen un trasfondo político que no se puede ignorar. Pero se ignora. El orden constitucional está claro: gobierna la mayoría y, si es absoluta, lo hace absolutamente, sin considerar en nada la oposición parlamentaria y mucho menos la extraparlamentaria, los perroflautas, vamos, el Lumpen moderno o postmoderno.
La tendencia autoritaria de la derecha se manifiesta a las claras en la perentoriedad, la contundencia de sus medidas, casi de corte cuartelario, justificadas por una improrrogable necesidad de cuya naturaleza no se dan jamás explicaciones claras. Ni falta que hace tratándose de la clase de tropa. Esta actitud ya suscita cierta animadversión pero si se añade algún factor concomitante como el providencial "¡que se jodan!", de Andrea Fabra, la animadversión puede trocarse en ira o furia y producir insubordinaciones, desobediencias, resistencias, en definitiva.
Y ya tenemos una población indignada a lo ancho y largo del país porque, después de cinco años de crisis, estamos peor que al comienzo, cuando decían ver brotes verdes, y sin perspectiva de mejora; lo cual ha de apuntarse en el haber de nuestros políticos cuya inutilidad para resolver los problemas colectivos es antológica. Nada nuevo tampoco en un país que debe de tener el record europeo de gobernantes ineptos. En el siglo XIX los hay a puñados y en el XX a la inepcia alguno añadió varias décadas de crueldad y maldad.
La indignación general tomará las calles mañana en toda España, cuyos habitantes están llamados a manifestarse en contra de la política económica del gobierno, en contra del rescate. Si, como es de suponer, mañana una marea humana lo inunda todo, el gobierno tendrá que pensarse qué hace. Tratar de problema de orden público una cuestión que incumbe a cientos de miles de ciudadanos no es viable.
En su desprecio por el Estado y la función pública en general los neoliberales olvidan que, para llevar a cabo sus políticas, necesitan funcionarios y si los antagonizan a todos, corren el peligro de que les paralicen el Estado. La última agresión a los servidores públicos ha puesto a estos en pie de guerra y el gobierno no ha calibrado que quienes han de combatir esa guerra en su nombre también son funcionarios y que, por lo tanto, su lealtad será problemática.
Si al final el Estado no consigue movilizar sus aparatos represivos que pueden hacer causa común con los rebeldes ni los ideológicos le sirven ya para nada quizá no pueda parar una iniciativa como la que se propone desde los aledaños de DRY o el 15-M, que nunca ando cierto, de ir a unas elecciones anticipadas. Si estas han de ser a Cortes costituyentes, como quieren los del 15-M o a cortes ordinarias como querrán los partidos dinásticos será cosa que, al final, podrán decidir los electores quienes podrán elegir entre continuidad con los conservadores, continuidad con los socialistas o renovación total con el 15-M, en el entendimiento de que esa renovación tendrá unos costes que se presumen superiores a los de la continuidad.
Ahí será en donde se decida nuestro futuro. Si podemos llegar hasta ahí.
Por ideología y modo de ser los conservadores tienden a ver estas cuestiones como problemas de orden público, aunque no son solamente problemas de orden público sino que tienen un trasfondo político que no se puede ignorar. Pero se ignora. El orden constitucional está claro: gobierna la mayoría y, si es absoluta, lo hace absolutamente, sin considerar en nada la oposición parlamentaria y mucho menos la extraparlamentaria, los perroflautas, vamos, el Lumpen moderno o postmoderno.
La tendencia autoritaria de la derecha se manifiesta a las claras en la perentoriedad, la contundencia de sus medidas, casi de corte cuartelario, justificadas por una improrrogable necesidad de cuya naturaleza no se dan jamás explicaciones claras. Ni falta que hace tratándose de la clase de tropa. Esta actitud ya suscita cierta animadversión pero si se añade algún factor concomitante como el providencial "¡que se jodan!", de Andrea Fabra, la animadversión puede trocarse en ira o furia y producir insubordinaciones, desobediencias, resistencias, en definitiva.
Y ya tenemos una población indignada a lo ancho y largo del país porque, después de cinco años de crisis, estamos peor que al comienzo, cuando decían ver brotes verdes, y sin perspectiva de mejora; lo cual ha de apuntarse en el haber de nuestros políticos cuya inutilidad para resolver los problemas colectivos es antológica. Nada nuevo tampoco en un país que debe de tener el record europeo de gobernantes ineptos. En el siglo XIX los hay a puñados y en el XX a la inepcia alguno añadió varias décadas de crueldad y maldad.
La indignación general tomará las calles mañana en toda España, cuyos habitantes están llamados a manifestarse en contra de la política económica del gobierno, en contra del rescate. Si, como es de suponer, mañana una marea humana lo inunda todo, el gobierno tendrá que pensarse qué hace. Tratar de problema de orden público una cuestión que incumbe a cientos de miles de ciudadanos no es viable.
En su desprecio por el Estado y la función pública en general los neoliberales olvidan que, para llevar a cabo sus políticas, necesitan funcionarios y si los antagonizan a todos, corren el peligro de que les paralicen el Estado. La última agresión a los servidores públicos ha puesto a estos en pie de guerra y el gobierno no ha calibrado que quienes han de combatir esa guerra en su nombre también son funcionarios y que, por lo tanto, su lealtad será problemática.
Si al final el Estado no consigue movilizar sus aparatos represivos que pueden hacer causa común con los rebeldes ni los ideológicos le sirven ya para nada quizá no pueda parar una iniciativa como la que se propone desde los aledaños de DRY o el 15-M, que nunca ando cierto, de ir a unas elecciones anticipadas. Si estas han de ser a Cortes costituyentes, como quieren los del 15-M o a cortes ordinarias como querrán los partidos dinásticos será cosa que, al final, podrán decidir los electores quienes podrán elegir entre continuidad con los conservadores, continuidad con los socialistas o renovación total con el 15-M, en el entendimiento de que esa renovación tendrá unos costes que se presumen superiores a los de la continuidad.
Ahí será en donde se decida nuestro futuro. Si podemos llegar hasta ahí.