El cartel de la foto es muy simpático. Está claro que para el autor sólo hay un mayo significativo, es de suponer, el de 1968. No podía ser, por ejemplo, el mayo de 1802, que inicia la lucha contra el francés o el mayo de 1871, última batalla de la Comuna de París que había empezado en marzo. Pero mayo de 1968 fue una llamarada, un fogonazo cuyas consecuencias se dejan sentir al día de hoy (la prueba, el cartel de marras) pero no porque el movimiento se hubiera puesto en práctica mediante algún tipo de reforma institucional. Al contrario, la inmediata reacción al mayo del 68 fue la movilización de la derecha. Mayo del 68 prendió en las conciencias y cambió muchos usos y costumbres de la sociedad civil pero a lo largo de los años. Nadie propuso una reforma concreta y específica de institución alguna sino que, a lo más, se formularon vagos deseos de una revolución de alcance indeterminado, incluso se hablaba de la revolución de la vida cotidiana.
El movimiento 15-M por el contrario, quiere transformar la realidad institucional aquí y ahora y, sin decirlo claramente, tiene voluntad de permanencia para lo cual habrá de dotarse de algún tipo de estructura orgánica, guste o no a los sectores más ácratas en su seno. Quizá un partido de nuevo tipo, igual que en su día hubo un ejército de nuevo modelo en Inglaterra en los tiempos de Cromwell y en la China en los de Mao. Un partido de nuevo tipo podría ser uno más participativo, todo lo asambleario que se pueda, con cargos rotatorios y revocables durante el mandato. No debe olvidarse, con todo, que estos factores suelen dificultar el funcionamiento de los partidos y que, para garantizar este, los partidos suelen recurrir a prácticas oligárquicas. Es un peligro de todos los partidos.
En Facebook ha colgado DRY un documento de mínimos, los puntos esenciales de su programa. Son mínimos en su contenido pero eso no quiere decir que no les sobre todavía algo de verborrea. Es de suponer que en su versión definitiva sean más concisos, más precisos, más completos. Los puntos son los siguientes:
Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real. Este es el meollo de la cuestión. Ahora bien, la reforma electoral puede entenderse de dos modos: a) como cuestión que se planteará una vez elegidas las Cortes de 2012; o b) como reforma previa precisamente para elegir esas Cortes con una nueva y más justa ley electoral. Esta segunda opción debiera ser la que, a juicio de Palinuro, adoptaran IU, el PSOE y la organización que tenga a bien darse DRY. Una reforma electoral también de mínimos, que no obligue a reformar la Constitución, algo en la línea de lo ya recomendado por el Consejo de Estado: reducción a uno de los diputados de adscripción inicial a cada provincia, elevación a 400 de la cantidad de diputados y creación de una circunscripción nacional única para la adjudicación de los cincuenta diputados nuevos en proporción a los resultados de los partidos. Esta reforma, que necesita la mayoría absoluta, se puede tramitar en meses como ley orgánica y entrar en vigor a tiempo para las elecciones de marzo de 2012. La Cortes podrían tener entonces una mayoría de izquierda que permitiera abordar una revisión a fondo de la Constitución, incluida una nueva reforma del sistema electoral para hacerlo estrictamente proporcional. En principio las otras propuestas de DRY se seguirían de ésta.
Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política. Aquí aparece ya la verborrea en ese "mediante normas, etc" que no quiere decir nada porque cualquier reforma se hará siempre mediante normas. De lo que se trata es de aportar propuestas prácticas y hay una que sería de eficacia probada contra la corrupción: la publicidad obligatoria de todas las transacciones económicas de las administraciones públicas. Si todos los organismos de la administración del Estado y otros entes suben a la red sus presupuestos y la información completa sobre su ejecución, las posibilidades de corruptelas disminuyen drásticamente.
Separación efectiva de los poderes públicos. Esto es tan problemático que el punto entero se acerca a la verborrea. En los regímenes parlamentarios es imposible separar el legislativo del ejecutivo ya que éste no es otra cosa que una especie de comité del parlamento, ante el que rinde cuentas y que, en teoría puede sustituirlo igual que el gobierno puede disolver el parlamento. Para que haya separación completa de ejecutivo y legislativo hay que pasar al régimen presidencialista, al estilo gringo. Problema añadido es el del tercer poder, el del judicial. En ninguna parte del mundo existe una garantía completa de independencia del poder judicial aunque, por supuesto, hay países donde se da mayor y países donde menor independencia. La existencia del ministerio fiscal que es del Estado y en dependencia directa del gobierno o siendo gobierno el mismo ministerio viene a complicar las cosas. Por eso lo más sensato es copiar las soluciones que dan países en donde el poder judicial alcanza los mayores grados de independencia, por ejemplo, los Estados Unidos (a los que a veces se acusa de ser un gobierno de jueces) pero sin olvidar que algunas instituciones de aquellos no son fácilmente traspasables, por ejemplo los jueces y fiscales de elección directa de la ciudadanía.
Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política.Una pretensión bienintencionada pero también con algo de verborrea. Hay que preguntarse si hace falta crear mecanismos nuevos, cosa nada fácil, o puede bastar de momento con activar los existentes que no se emplean. La responsabilidad política se substancia en los órganos representativos que tienen delegada esa exigencia. Si alguien cree que deben instituirse otros órganos fuera del Parlamento que realicen esa función, que diga cómo. ¿Comités ciudadanos de vigilancia parlamentaria? Eso no parece realista. Esa tarea la realiza el Parlamento y la cumple razonablemente. Si el gobierno se ve abocado a plantear la cuestión de confianza, lo hará. Si la oposición puede presentar una moción de censura con visos de prosperar, lo hará. De eso no hay duda. El punto flaco está en las comisiones, sobre todo las de investigación, que no suelen servir para nada porque las controla el ejecutivo. Reformar la composición de estas comisiones es un buen punto, pero complicado. En cuanto a los mecanismos nuevos cabe considerar la implantación de la revocación de mandato por iniciativa popular, que sería una buena experiencia aunque asimismo difícil de articular.
No sé si las gentes de DRY reparan en que sus propuestas presuponen un grado apreciable de conciencia ciudadana y de disposición a participar en asuntos de interés público que no es claro sea el predominante en nuestra sociedad, cuyo comportamiento colectivo está muy condicionado por la televisión.
Lo último lleva a la observación de lo que Palinuro cree que es una ausencia clamorosa en las propuestas, incluso recordando que son de mínimos: una referencia a los medios de comunicación, especialmente a los de titularidad pública que en algunos casos (Madrid y Valencia especialmente) son meros aparatos de agitación y propaganda del partido en el poder. Y, por supuesto, otra al libre acceso a la red.
(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).