Una vez que los papeles con dictámenes "legales" autorizando las torturas se hicieron públicos, el margen de maniobra del señor Obama se estrechó mucho. Dijo entonces el presidente que los funcionarios que habían aplicado las normas "legales" de tortura actuaban de buena fe y no se los procesará. Palinuro comentó en su día que, siendo los EEUU un Estado democrático de derecho, lo que el Presidente diga tendría una importancia relativa. En una entrada titulada Una cumbre a la izquierda mi alter ego señalaba: "Dice el señor Obama que no se perseguirá a los responsables de torturas porque "obedecían órdenes". Me extraña que ignore que la obediencia debida no es eximente en los casos de tortura. Los torturadores deben comparacer ante la justicia y estoy convencido de que, diga lo que diga Mr. Obama, comparecerán, porque habrá mucha gente, víctimas, ciudadanos comprometidos en la lucha contra la tortura, defensores de los derechos humanos, etc, que llevarán a los torturadores ante los tribunales. Entre los acusados debieran estar Donald Rumsfeld, Richard Cheney y, por supuesto, el máximo responsable de la práctica de la tortura en los EEUU durante el mandato de George W. Bush: George W. Bush."
Y así van las cosas. Precisamente los papeles mencionados se han hecho públicos porque una de esas organizaciones, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) obligó a publicarlos mediante procedimiento judicial. Y lo mismo puede acabar pasando con todos los que participaron en esos repugnantes métodos bendecidos por el Gobierno de derecha del señor Bush. De momento parece abrirse la posibilidad de incoar procedimientos contra los asesores legales del Gobierno Bush que sancionaron el empleo de la tortura justificándola con el rollo de la "guerra contra el terrorismo". Los muy refinados señores John C. Yoo, Jay S. Bybee y Steven G. Bradbury pueden acabar sentados en el banquillo por decir que métodos como el ahogamiento simulado, la privación del sueño, las bofetadas, los encierros en lugares angostos, la obligación de estar de pie, la adopción de posiciones incómodas o el hecho de compartir con insectos un encierro en un cajón no son torturas. De todos ellos el más peligroso me parece el señor Yoo, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Bekeley (cómo cambian los tiempos) y padrino de la teoría de que, una vez declarada la guerra, en este caso, esa fantasmagórica "guerra contra el terrorismo", el Presidente ya no tiene límites a sus poderes, que las Convenciones de Ginebra no son de aplicación y que el Presidente puede poner en marcha, como lo hizo, un programa de espionaje en masa a sus propios ciudadanos, pinchando sus teléfonos o violando su correspondencia, aparte, claro es, de torturar a quien le plazca, siempre que no mate al torturado o lo mutile. He aquí a un catedrático de la Universidad en un país libre razonando como un esbirro de las SS.
Este John Yoo, por lo demás, no es sino un pálido reflejo del verdadero espíritu de torturadores y delincuentes que se apoderó de los gobernantes de los EEUU en aquellos aciagos años. ¿No ha salido por la televisión el señor Dick Cheney, ex-vicepresidente de los EEUU, diciendo que si se han hecho públicos los memoranda de la tortura, también deben hacerse aquellos otros en los que se rinde cuenta de lo fructíferas que han sido las torturas? No sé si alguien ha oído recientemente una formulación más canalla de la vieja teoría de que el fin justifica los medios, pero de eso se trata. Con estas declaraciones el señor Cheney ya tiene garantizado un procedimiento de oficio y, con él, su jefe, el siniestro amigo del siniestro señor Aznar.
Con razón salía asimismo el señor Tenet, ex-director de la CIA diciendo que se estaba poniendo en peligro la invención esa de la "guerra contra el terrorismo" (versión contemporánea de la "guerra contra el comunismo") y que esos documentos no debían de haberse hecho públicos nunca. Por cierto, para quien quiera verlos, están aquí: Top Secret. Y con mayor razón decía Kant que todo aquello que no puede hacerse público es malo.
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