Para hoy, último día laborable del señor Rodríguez Zapatero, tiene anunciada visita a La Moncloa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Rouco Varela a petición propia. Después del bestial enfrentamiento con el Gobierno que protagonizó su Iglesia, como parte del tándem derecha civil/derecha clerical, en la legislatura pasada, este encuentro permite auspiciar según algunos un renovado deseo de la Jerarquía por normalizar relaciones con el poder político. Hasta hay quien dice que lo propició el Papa Benedicto XVI favorablemente dispuesto a la idea gracias a la incansable labor diplomática de nuestro embajador en la Santa Sede, señor Francisco Vázquez.
Será bueno que Dios y el César traten de ponerse de acuerdo en lo posible en los asuntos que los dividen, que no son pocos y numeraré luego. En lo posible. Pero mi experiencia dice que cuando la Iglesia hace un movimiento de esta naturaleza lo primero que busca es dinero. En este caso para organizar la siguiente Jornada Internacional de la Juventud que, por gracia expresa de SS a intercesión del Cardenal Rouco, tendrá lugar en Madrid en 2011. Estos happenings multitudinarios de la Iglesia, como las Olimpiadas o las ferias internacionales son acontecimientos que mueven miles de millones de los que se benefician sobre todo las compañías aéreas, las agencias de viajes, los hoteles, paradores, hostales, pensiones, albergues, figones, tiendas de souvenirs y demás comercios y servicios (especialmente los religiosos) de las ciudades en que se celebran; y también cuestan decenas, quizá cientos de millones en organización que alguien tiene que desembolsar. Así que yo no llevaría el alcance de la visita de Monseñor Rouco mucho más allá de un pase de cepillo, a ver qué se le saca al Estado para el evento previsto.
Por supuesto, dada la exquisita habilidad de la Iglesia, la imagen que se dará del encuentro con el presidente del Gobierno (a quien algunos participantes en las manifas movidas al alimón por el PP, la Iglesia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo llamaban "el Anticristo") será la de un encuentro para buscar puentes en los asuntos que los separan. Del dinero aquí ni se habla.
Esos asuntos son muy variados. En primer lugar, la cerrada oposición eclesiástica a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), apoyada por algunas Comunidades Autónomas con presidentes especialmente carcundas, como la señora Aguirre o el señor Camps. Por cierto que, a propósito de EpC el Plural de ayer trae un buen artículo sobre este asunto de Jesús Pichel en el que se prueba que El punto de partida de Educación para la Ciudadanía es en Estrasburgo (1997), ¡con Aguirre de ministra de Educación! Pero como si nada. La actitud de la Iglesia en este asunto es de oposición total porque lo que pretende es mantener la enseñanza de la religión católica como asignatura evaluable, igual que en los tiempos del invicto Caudillo de cuya dictadura fue uno de los pilares más firmes.
En cuanto a los demás contenciosos abiertos con el Estado español (ley de plazos en el aborto, debate sobre la autanasia, reforma de la Ley de Libertad Religiosa) la iglesia es también beligerante en contra, si bien no con el mismo ahínco como con EpC ya que en estos no hay tanto dinero en juego.
Hasta la fecha, la actitud del Gobierno socialista frente a la Iglesia ha oscilado entre la sumisión y la contemporización, tratando siempre de evitar los choques que ésta busca afanosamente. Parece que haya llegado el momento en que el Gobierno deba hablar con la voz fuerte de quien, a pesar de los enfrentamientos de la legislatura pasada, tiene el respaldo mayoritario de los electores que apoyan una actitud de firmeza y no de apaciguamiento (que diría el señor Aznar) con el radicalizado clero católico. Las perspectivas sin embargo no son buenas. El Gobierno ya ha dicho que no piensa tocar los acuerdos con la Santa Sede de 1979, como debiera para acabar de una vez con una situación de privilegio de una confesión religiosa sobre las demás y de instrumentalización del poder civil por el religioso. Monseñor Rouco no se comporta como un cardenal de una confesión que deba convivir con otras en una sociedad gobernada por un Estado laico, sino como el gran sacerdote ante quien debe doblegarse la voluntad del Emperador.
Cuando menos es de esperar y de exigir que ya que se supone seguiremos pagando el estatus de privilegio del catolicismo español, que el Presidente haga comprender al Cardenal algo que éste está harto de decir: que el que paga manda.
(La imagen es una foto de Haddy Bello, bajo licencia de Creative Commons).