Sabido es que a partir del siglo XVII el destino al que la mayoría de españoles aspiraba era el de funcionario. Todos a trabajar para el Estado o a holgazanear a su cuenta. La mala fama que recaía sobre los empleados públicos en todas partes se decuplicaba en el país del "vuelva Vd. mañana". Y así fueron marchando las cosas hasta que en el último tercio del siglo XX la derecha, que era la que de modo más completo había patrimonializado el Estado, lo había usufructuado y esquilmado como si fuera un cortijo, se había beneficiado de la venalidad de los cargos públicos hasta hacerlos hereditarios en muchos casos, decidió convertirse al neoliberalismo.
Aquí comenzamos entonces a escuchar la nueva (nueva en estos pagos) doctrina acerca de la maldad intrínseca del Estado, su sistemática corrupción, su incompetencia, su imparable tendencia al despilfarro. Frente a ello se alzaban las ventajas del mercado libre, de la empresa privada frente a la pública, de la libre competencia. Cualquiera podía ver la necesidad de privatizar todo lo oficial en beneficio de la colectividad, la de poner coto a la voracidad fiscal de las autoridades, de entender que, como decía aquel gran estadista que dejó su país endeudado hasta las cejas, Mr.Ronald Reagan, el Estado no es la solución sino el problema.
Empresarios, patronos, banqueros, especuladores y sus portavoces entre los políticos, los periodistas, los curas, los intelectuales, a través de partidos, fundaciones, grupos de presión, periódicos, emisoras, púlpitos, editoriales, cátedras universitarias, másters de todo tipo y escuelas de negocios expandieron la nueva doctrina hasta que acabó calando en el conjunto de este país, antaño minado por la incuria administrativa y hogaño bullente con las genialidades de la iniciativa privada; la que dio la vuelta a la moral dominante, desde la del perezoso funcionario sin horizontes vitales a la del impetuoso ejecutivo dispuesto a enriquecerse antes de que su hijo hiciera la primera comunión.
No hace falta decir que todo esto no es más que un conjunto de patrañas. La experiencia de los últimos treinta años en que el neoliberalismo ha intentado desmantelar el Estado del bienestar para implantar el reinado indiscutible del mercado libre, muestra que, cuando las cosas vienen mal dadas para el capital, los empresarios recurren al Estado y que en el fondo son tan partidarios de la socialización estatal como los más correosos socialistas, sólo que con un matiz: estos pretenden socializar los beneficios mientras que los capitalistas quieren privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Bien claro está quedando en el curso de los actuales sobresaltos financieros: cada vez que un banco entra en dificultades a causa de sus desafortunadas operaciones especulativas es la autoridad monetaria la que acude en su auxilio con el dinero de todos los contribuyentes.
Viene esto a cuento de que es lo que los empresarios de la construcción en España quieren hacer. Como se ven con el agua al cuello porque no consiguen vender el stock acumulado de viviendas a los exorbitantes precios a que estaban acostumbrados, piden la intervención de los poderes públicos para mantener sus beneficios. ¿Y por qué no venden las viviendas? Porque están a precios estratosféricos que nadie puede permitirse. Pongo un ejemplo: una pareja de mileuristas que quiera comprar un pisito en Madrid (un pisito minúsculo, no el Palacio de Buckingham) se enfrenta a precios que son doce veces su salario anual completo, mientras que en otros países ese precio viene a ser cuatro veces dicho salario. ¿En dónde reside la diferencia? Básicamente en los increíbles márgenes de beneficios de los constructores españoles, que les han permitido enriquecerse en pocos años, conjuntamente con una tira de especuladores, funcionarios corruptos, intermediarios y sinvergüenzas.
En tales condiciones ¿qué tendrían que hacer unos empresarios que funcionaran según la ley de la demanda y la oferta en el mercado que tanto predican? Bajar los precios, o sea reducir sus beneficios. Pero en lugar de ello y con todo el morro del mundo, recurren a los poderes públicos para tratar de colocarles el stock de viviendas llorando a causa de la crisis y amenazando con el paro que inevitablemente va a producirse. Leo que diez Comunidades Autónomas van a convertir pisos libres en viviendas de protección oficial (VPO), obviamente para salvar el pellejo a los empresarios del ladrillo. Este asunto es tan indignante, tan escandaloso, que este mes he subido dos posts sobre él, uno el diez de mayo titulado La estafa del ladrillo y el otro el doce de mayo titulado El keynesianismo sinvergüenza.
Aquí viene el tercero. La noticia de 20 minutos sobre la conversión de pisos libres en VPOs es confusa sin duda a propósito, no del periódico, sino de quienes la producen. Hay una pregunta inmediata: ¿a qué precio van a comprar las CCAA esos pisos libres? Porque el asunto no está nada claro. Si los compran a precios protegidos (que es a los que tienen que venderlos después) ya estarán comprando por encima del valor real del mercado y haciendo un favor a los empresarios del ladrillo con el dinero de los futuros adquirentes de las viviendas. Pero si, como es de sospechar, los compran a los precios que los constructores han fijado, entonces están malversando el dinero de todos los contribuyentes (sean o no compradores de esos VPOs), pues compran muy por encima del valor del mercado para seguir enriqueciendo a los constructores. Para estos, el negocio es de ensueño: tienen venta segura, no han de gastarse un euro en promociones ni publicidad y, como el paro en el sector de la construcción ya ha aumentado en un 64%, todo serán benefios pues los salarios de los trabajadores ya los estamos pagando también todos con cargo al subsidio de desempleo.
Que esto lo hagan los gobernantes de las CCAA de la derecha, bajo cuya legislación y mandato se produjo esta burbuja inmobiliaria, está en la lógica de las cosas. Que lo hagan los gobernantes de la izquierda es lo que resulta incomprensible e indignante. Estoy seguro de que los electores socialistas no votaron al PSOE para rascarse a continuación el bolsillo y hacer una transferencia neta de cientos, de miles de millones de euros a los de los empresarios; de los pobres a los ricos. Sí, esos ricos que en los años pasados no construían VPOs porque no eran rentables para ellos y que ahora quieren colocárnoslas a la fuerza y a precio de mercado libre socializando las pérdidas en que han incurrido por su codicia.
(La imagen es una foto de Crouching Donkey, bajo licencia de Creative Commons).