Hace unos días, en un magnífico artículo publicado en InSurGente y titulado A cuánto asciende el precio político (I), el profesor Manuel F. Trillo terminaba con la siguiente invitación:
"(Invito desde aquí a Ramón Cotarelo a que aborde cualquiera de las cuestiones pendientes: “qué se negocia” y “a cuánto está la mercancía”; espero una respuesta afirmativa y las apreciaciones que sean precisas a lo dicho)."Gracias, Manuel
Como escribí en un comentario a su artículo, trataré de estar a la altura de la invitación. No lo hago en el propio InSurGente porque algunos lectores de ese periódico tienen la fea costumbre de insultar soezmente en sus comentarios a los articulistas, razón por la cual, siendo yo uno de lxs insultadxs (también se insultan mucho entre ellxs), decidí abstenerme de publicar en él. Puedo entender debates acalorados y subidos de tono (aunque el medio internet es "frío") pero no puedo entender a la gente que insulta. Estamos todos más o menos de acuerdo en que en la sala de espera del dentista no se escupe, y en los espacios públicos no se hace lo que los avisos municipales de Madrid antaño llamaban aguas menores y mayores. Pero, al parecer, no lo estamos en que en un foro público no se insulte, cosa que a mi juicio equivale a soltar aguas mayores o menores.
Así que he decidido aceptar la amable invitación de Manuel en mi propio espacio público donde, si alguien insulta le borro el comentario sin más, porque en mi casa no se insulta. Lo que es, dicho sea de paso, la razón por la que no puedo considerar InSurGente mi casa. Ello no obsta para que, si quieren, reproduzcan allí este escrito.
Al grano.
(Al tratarse de asunto vascón, vuelvo a las fabulosas imágenes de l'Épinal. En la primera viñeta, Caperucita retrocede espantada al oír la ronca voz del lobo, que se hace pasar por la abuelita, pero olvida simular la entonación. En la segunda, el lobo aflauta la voz para engañar a la infeliz niña. Continuará).
Creo que la condición política no se la niega nadie al conflicto del (o en el) País Vasco, ni a quienes participan en él. Otra cosa es que eso dé para calificar de presos políticos a los reclusos etarras, como hace InSurGente. Está en su derecho, desde luego, pero también lo estoy yo llamando boniatos a los leones de las Cortes, que es, más o menos, la distancia que media entre lo que considero un preso político y unos individuos que tienen asesinatos a sangre fría sobre sus conciencias. No obstante, tampoco se me escapa que, aunque no sean presos políticos (que son quienes estén en la cárcel sólo por sus ideas y no por asesinatos) tampoco son presos comunes. Son un tertius genus que habrá que tratar como tal.
Y todo lo demás que afecta al conflicto es político. Pero no, a mi juicio, porque un Gobierno no negocie jamás con una banda de mafiosxs. Esa es una razón a mi juicio endeble, ya que los Gobiernos tienen la obligación de negociar con quien sea (con el diablo, decía Churchill) si necesario es para sus fines, sobre todos si son buenos, y en el entendimiento de que algún gobierno haya tenido alguna vez fines buenos. O sea, que también negociará con bandas de mafiosxs. Lo hace con banqueros, ¿no? Me reservo, pues, mi opinión sobre qué sean hoy los etarras porque, sean lo que sean, el asunto es irrelevante
El conflicto es político porque es un debate sobre la organización jurídico-política de la colectividad y afecta a las cuestiones del poder, esto es, a aquellas que consisten en decir a la gente lo que tiene que hacer o dejar de hacer, que es lo que significa el poder y quién lo ejerce.
Y de la mano de esto viene la cuestión del precio llamado “político”. ¿Qué significa "precio político"? Si leemos el último artículo del señor Cebrián en El País no enteraremos de que el autor considera que en el PV es necesaria
"Una estrategia que no puede ser sólo policial, por más que se extreme el rigor en este aspecto, sino que pide a voces la instrumentación de una acción política". (Cursiva, mía).Pero no se le pidan más precisiones, pues no las tiene. Dice eso de la "acción política", que ya pone de los nervios a sus propios editorialistas, pero no puede especificar más, obviamente, porque no se le ocurre ninguna.
¿Quién explicará la cuestión del precio político? En la parte independentista está clara: el precio político que el Gobierno (o "los españoles", o España, o España y Francia o el sursum corda) tiene que pagar es el derecho de autodeterminación y la territorialidad. ¿Y en la parte española? Ahí me temo que no puede aclararlo nadie pues, para unos, la derecha, el precio político, cualquier precio político, es anatema y usan la expresión "precio político" como una maza, para rechazar cualquier concesión que el gobierno socialista pueda soñar en hacer, por ej., el acercamiento de presos. A su vez, los socialistas (y la izquierda española en general) tampoco pueden aclararlo porque lo usan de señuelo, pero sin precisar en qué consistirá pues temen que la derecha/ultraderecha se les eche encima, manifa va, manifa viene.Permítaseme aportar una definición tentativa: por “precio político” habrá de entenderse cualquier cambio acordado en función de la negociación y que toque lo que la doctrina viene llamando el “bloque de constitucionalidad” o, si quiere uno ponerse estrecho, la Constitución (CE) sin más. ¿Queda algo fuera de ese bloque? En principio no, porque algunas otras medidas, como el acercamiento de los presos, no debiera ser materia de negociación, sino de estricto cumplimiento de la ley: el Gobierno tiene que acercar los presos etarras o asimilados al PV porque la política de dispersión es injusta y no de recibo y haga ETA lo que haga.
Ahora bien, en la medida en que el "precio político" implica tocar la CE, está claro que la competencia excede al Gobierno en sí, por la misma razón por la que el Jefe del Estado puede comprometerse con otro Mandamás de otro país a lo que quiera que si luego el Parlamento no ratifica el compromiso, el compromiso es nulo. Del mismo modo aquí. Cualquier "precio político" que el Gobierno aceptara pagar en sus negociaciones con ETA, tendría que llevarlo al Parlamento y dudo mucho que este Parlamento (en realidad, cualquier Parlamento que se precie) acepte hacer una concesión arrancada a punta de pistola.
No se hable del cumplimiento concreto de los famosos compromisos en las negociaciones y antes, que Gara trae por tercera vez como noticia, con el mismo tufo a camelo y manipulación que las anteriores. El artículo en donde se da cuenta de esos incumplimientos etc., es confuso, alambicado y perfectamente carente de verosimilitud, desde el momento en que vuelve a citar a los hipotéticos organismos internacionales que, se supone pueden certificar la verdad del incumplimiento de compromisos del Gobierno, pero sigue sin decir cuáles son y la única fuente de la noticia es ETA, lo que equivale a dar verosimilitud al boletín de noticias del estado mayor de un bando en guerra. Si Gara no miente, que diga los nombres de los organismos y que estos, efectivamente, den fe de que había tales compromisos del gobierno.
Por lo demás, haya habido los compromisos que haya habido, es claro que el gobierno no puede ir contra el ordenamiento y, en consecuencia, carece de sentido hablar de "precio político". Aquí no hay si no dos posibilidades:
Posibilidad A (a la que me apunto), se juega a la democracia y al Estado de derecho, en cuyo marco es posible defender todas las opciones políticas, incluida la independencia del PV. De acuerdo con ella, ETA cesa definitivamente en su actividad armada (pues es condición del Estado democrático de derecho que no se puede matar en defensa de ideas políticas; hay que jorobarse, qué cosas es preciso repetir), se acaba la violencia y la izquierda española (al menos la que piensa como el suprascrito) lucha por el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los distintos pueblos que componen el Estado español y porque puedan ejercitarlo en condiciones de libertad y de seguridad que, desgraciadamente, para el PV tardarán unos años en llegar.
Posibilidad B (a la que no me apunto pero que entiendo pueda sostener otro sector de la izquierda); nada de aceptar la democracia y el Estado de derecho, que son añagazas de la burguesía, nada de entregar las armas; al contrario, a seguir luchando hasta arrancar lo que queramos, sea esto la independencia de Euskadi, la de Euskal Herria, la revolución socialista o todas a la vez. Es también un punto de vista, sin duda.
Pero, en cualquiera de los dos casos, hablar de "precio político" en este conflicto carece de sentido y únicamente, a mi entender, le conviene a la derecha, que puede esgrimirlo para asustar e incendiar a sus huestes. Para los demás, al "precio político" en relación con España le ocurre como a la muerte, según Epicuro: que cuando España está, la muerte (el "precio político") no está; y cuando ella (la muerte/precio político) está, España no está.