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domingo, 12 de marzo de 2017

Como no sea Europa...

Desde la generación del 98, los atribulados liberales y progresistas españoles han visto en Europa su tabla de salvación frente a la brutalidad carpetovetónica, normalmente impuesta a sangre y fuego. No tenían muy claro cuándo se separó España del continente y tampoco cuánto duraría dicha separación que ellos encontraban (aunque no todos) insoportable. Hoy tenemos alguna respuesta más: España se distanció de Europa con la Contrarreforma y se enquistó en la defensa de unos principios absurdos y unos intereses oligárquicos y eclesiásticos muy concretos que la tienen postrada al día de hoy. El tiempo de la separación, a pesar de las jeremiadas de los del 98, los del 14 y los del 27, también llegaría a la actualidad.

Quienes nacimos en el franquismo sabemos que, en el fondo, la oposición jamás confió en sus propias fuerzas contra la dictadura, y esperaba, más o menos claramente, una intervención europea que nos salvara de la barbarie nacionalcatólica reinante durante 40 años y hoy de nuevo rampante.

Lo primero que hicieron los de la transición fue integrar el País en la CE en la ingenua creencia de que integrarlo en las estructuras era reintegrarlo en el espíritu europeo. Falso. España sigue siendo el mismo nido de intolerancia, represión, autoritarismo, clericalismo, estupidez y fascismo del tiempo de Franco. Con el añadido de que los franquistas actuales ganan a los anteriores en corrupción,  sivergonzonería y afición al pillaje.

Lo anterior es el trasfondo de la última pirueta de la carcunda hispana en Europa que parece haber encontrado respuesta negativa en el continente, aunque con la habitual blandenguería del lugar. El gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta en la Xª legislatura para perpetrar el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y atribuir a este competencias ejecutivas de sus propias sentencias. Esta decisión es una muestra típica del talante dictatorial de los neofranquistas del PP porque, al margen de otras consideraciones, aquí innecesaraias, equivale a convertir en agente político-policial a una instancia que ni siquiera es un tribunal de justicia, sino un órgano político que rellenan a su arbitrio los dos partidos dinásticos, repartiéndose las plazas y dejando de vez en cuando un sillín a algún representante autonómico. Todos sus magistrados son elegidos por sus filiaciones políticas y su anterior presidente, así como el que viene, son militantes radicales del partido de la derecha y el último, además, un sectario del Opus. La reforma permite al TC presentarse como lo que en realidad es: un órgano político al servicio del PP y, subsidiariamente del PSOE en la medida en que este se adapta al PP.

El dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa avisa de lo evidente: convertir en tribunal y corchete de sus propias decisiones a una camarilla de servidores del poder político es contrario al Estado de derecho, un atentado contra la separación de poderes y un paso más en el camino a la dictadura que es el único que conocen las recuas derechistas. El Consejo de Europa lo dice en tono melifluo, sobre todo porque el Estado español se ha empleado a fondo en lo único que hace a gusto: presionar a las escondidas, comprar voluntades, mentir, chantajear, amenazar y recurrir a la guerra sucia para conseguir que el dictamen no sea tan crítico con la habitual brutalidad autoritaria española.

Pero todo el mundo entiende de qué va este negocio: dar una apariencia de legalidad a las medidas antijuíridicas, represivas que están tomándose con Cataluña y seguirán tomándose. Así lo ha entendido el principal monaguillo del PP en los medios, El País que anuncia que el Consejo de Europa valida la reforma del Constitucional pero pide mejoras. Dos maneras de presentar la noticia: una crítica y la otra, servil. El País sabe de sobra, o debiera saber, que cuando el órgano europeo advierte de que el TC no debe tener esas facultades policiales, ignora de qué TC se está hablando y, en su buena fe típicamente europea, cree que es un tribunal imparcial y no un grupo de mandados al servicio de la derecha en su agresión a Cataluña. Y dar a un grupo de mandados del gobierno capacidad para juzgar y ejecutar lo juzgado es dar el último paso hacia la dictadura.

O Europa es más consecuente contra esta banda de delincuentes que, como siempre, viene engañando, o dentro de nada se encontrará con un estado de excepción en Cataluña.

viernes, 17 de febrero de 2017

En nombre del partido

Este gobierno ha destruido el crédito de todas los instituciones del Estado, excluida la Monarquía que se ha encargado de destruirse por su propia larga mano. Todo lo demás se ha deteriorado a extremos insólitos: el Parlamento en la anterior legislatura, los medios de comunicación públicos y en buena medida los privados por la vía de las subvenciones, los servicios públicos, la administración de Justicia, el Tribunal Constitucional y, según se ve, también el Ministerio Fiscal.

En este momento, la justicia en España es la justicia del príncipe que nunca tiene nada de justa. El gobierno sigue indultando delincuentes y la Fiscalía General da la impresión de actuar en defensa de los intereses del gobierno y no del interés público. El caso del presidente de Murcia, del PP, al que la Fiscalía ordena no investigar en contra del criterio de las fiscales del lugar, es justo el simétrico al caso del expresidente Mas, cuando la Fiscalía General ordenó investigar en contra del criterio unánime de los fiscales catalanes. Tan errático comportamiento, propio de casuística vergonzante, explica por qué la Asociación Progresista de Fiscales pide la dimisión del ministro de Justicia.

La situación es ya insostenible, entre una policía política como la que estuvo funcionando en la legislatura anterior y un ministerio fiscal al servicio del gobierno y su partido, aquí, de Estado de derecho no quedan ni las migajas.

jueves, 12 de noviembre de 2015

Inhabilitar, sí, pero ¿a quién?


Ya vuelve el ganado por la querencia. Miguel Ángel Rodríguez, ariete del primer gobierno de Aznar, dice que Mas necesita una fusilamiento. Y él un cerebro.

En cuanto al pintoresco habitante de La Moncloa, el asunto es ya patético: después de cuatro años de abulia e inacción frente a Cataluña; de haber rechazado todas las peticiones nacionalistas; de haberse negado a negociar nada; de haber dicho que las multitudinarias manifestaciones de las Diadas eran algarabías; de haber convertido el Tribunal Constitucional en el alguacil y chico de los recados de sus caprichos; de haber hecho todo tipo de guerra sucia y recurrido a todos los procedimientos para  enfangar la figura de Mas; de haber prohibido la consulta del 9N sin poder impedirla; de imputar en vía penal a los responsables políticos de una consulta democrática; de perder las elecciones del pasado 27 de septiembre; después de todo eso, el gobierno da una patada al tablero y, en un ataque de soberbia y autoritarismo, quiere empapelar a una veintena de representantes democráticamente elegidos.

Para ello ordena al puñado de figurones capitaneados por un viejo franquista en el Consejo de Estado que le den argumentos para impugnar jurídicamente una declaración de intenciones políticas. Se reúne luego de urgencia en consejo extraordinario de ministros y ordena a ese remedo de Tribunal Constitucional (TC) a su servicio que suspenda una hoja de ruta de un órgano legislativo. Lo hace pretextando la defensa de la democracia que solo él y sus agentes en las instituciones están ignorando y pisoteando. Y afirma seguir un criterio de proporcionalidad, lo que seguramente quiere decir que todavía no ha ordenado bombardear el Parc de la Ciutadella.

El TC se presta a este dislate porque, en el fondo, carece de autoridad moral para emplear un juicio propio si alguno tuviera. Pero su pretensión es tan ridícula como las urgencias de un gobierno negligente e inepto, incapaz de prever las consecuencias de sus actos. De un gobierno de irresponsables que ha llevado al país a la ruptura y al riesgo de una explosión social.

En algo coinciden estos personajes, los secretarios fusileros, los gobernantes incompetentes y los magistrados serviciales: en el recurso a la amenaza frente al propósito previamente anunciado de las autoridades catalanas de desobedecer las órdenes y normas de las instituciones españolas que consideran deslegitimadas. Nadie ha explicado a estos genios que solo pueden proferirse amenazas que sea posible cumplir. Si las veintiuna personas designadas nominatim no hincan la cerviz ante la arrogancia y la prepotencia de unos gobernantes sin idea alguna de la que están organizando, ¿qué harán estos? ¿Mandar los tanques a la diagonal? ¿Suspender la autonomía invocando el artículo 155? ¿Aplicar la Ley de Seguridad Nacional, cocinada en secreto con Rubalcaba y que, según el ministro Catalá, estaba pensada para otros menesteres? ¿Encarcelar a los veintiún desobedientes? ¿Procesar a dos millones de independentistas? ¿Clausurar todos los ayuntamientos catalanes que se han adherido a la declaración cuestionada? ¿Decretar el estado de excepción, como decía Palinuro ayer?

Hasta Rajoy se ha dado cuenta de que el problema es el más grave de su mandato. Lo ha dicho en un programa de radio dedicado al fútbol, al parecer el único contexto que estimula su raciocinio. Por ello ha forjado una alianza sagrada con el PSOE, convertido en un partido auxiliar a sus órdenes, reaccionario, monárquico y centralista y con tanta idea del nacionalismo catalán y del nacionalismo en general como del tagalo. Sánchez y él coinciden en que primero va la unidad de España y luego lo demás, si es que hay demás. Y aquel es incapaz de exigir a este cuando menos explicaciones por haber llevado al país a esta situación de crisis constitucional sin precedentes. Y haberlo arrastrado a ella sin margen de actuación propia.  

En Europa están pasmad@s y contienen el aliento, a ver qué nueva barbaridad perpetran estos españoles, cuya pátina democrática ha desaparecido al primer conato de resistencia frente a la arbitrariedad. Palinuro barrunta que ya están preparándola: es posible que, en cuanto la mesa del Parlamento proclame su intención de seguir adelante con la declaración que el TC ha suspendido, los diputados de C's, el PP, también del PSC y quizá de Catalunya Si Que Es Pot (más conocido allí como QWERTY) se ausenten del pleno y escenifiquen una retirada al Aventino, es decir harán lo que el PSOE ha sido incapaz de hacer en esta legislatura en el Congreso por miedo. Así se generará una situación de bloqueo que radicalizará las posiciones en un momento en que ya están preparándose las movilizaciones ciudadanas para defender las instituciones. No duden los estrategas del gobierno de que los catalanes van a salir a la calle a apoyar a sus representantes. Con el parlamento en las únicas manos de los independentistas y el carrer para sus votantes, el presidente de los sobresueldos habrá conseguido el milagro: empujar él solo a la independencia de Cataluña. Así corona ya su desatino. 

Efectivamente, quizá sea pertinente inhabilitar a alguien, pero ¿a quién?