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viernes, 21 de diciembre de 2012

Retiren ese plan. Dimitan.

España cuenta con uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo. Eso es de conocimiento general. No lo niega nadie. Mejor en todos los sentidos, universalidad, eficacia, rapidez, profesionalidad, modernidad, etc. Sin embargo, el gobierno de la C.A. de Madrid lleva años convertido en punta de lanza de una actitud hostil hacia él, basada en el criterio de su insostenibilidad económica. Algo tremendamente subjetivo porque todo depende de cómo se hagan los cálculos y qué decisiones políticas se adopten de repercusión presupuestaria. En el fondo, una excusa para desmantelar el sistema nacional y entregárselo a las empresas privadas para que los amigos, parientes, deudos y enchufados de la derecha hagan pingües negocios a costa de la salud de los madrileños.
Esa hostilidad se ha manifestado no solamente en el terreno económico sino en muchos otros, con verdaderas campañas de desprestigio de la sanidad pública por ser eso, pública. El bochornoso episodio del intento de linchamiento institucional del doctor Montes, sus consecuencias judiciales, fue absolutamente ilustrativo del espíritu con que los gobernantes autonómicos se relacionaban con el sistema sanitario cuya gestión les estaba encomendada.
Para acelerar el expolio, el triunfo del PP en las pasadas elecciones ha traído una catarata de ataques al sistema público de salud, a través de restricciones, exclusiones del acceso al servicio, cese de la gratuidad de este y diversas fórmulas de repago que pondrán muchas prestaciones fuera del alcance de sus supuestos beneficiarios, dependientes, discapacitados, jubilados.
Amparado en esa actitud asimismo hostil al sistema del ministerio correspondiente, el gobierno autonómico de Madrid se ha sacado un nebuloso plan de privatizaciones de la gestión hospitalaria que prácticamente desmantela el carácter público de la sanidad madrileña y pretende imponer al mejor estilo del trágala, sin debate alguno, sin información previa, sin ninguna fundamentación. Esperanza Aguirre, cuya repentina dimisión sigue sin estar clara, continúa argumentando que no nos podemos permitir el sistema actual de salud. Y, como si fuera la orden de la Kommandantur, su substituto en el cargo, Ignacio González, ha dado las órdenes pertinentes y, de no remediarlo los dioses, ese plan de desmantelamiento de la sanidad pública echará a andar en una semana.
Llamarlo "nebuloso" es caritativo. Se trata de un plan secreto pues todo cuanto se pretende imponer en la realidad sin debatirlo previamente es secreto. Seguramente estará hablado, pactado, acordado con las empresas privadas que resultarán beneficiarias de las adjudicaciones, todas ellas con ánimo de lucro orientadas a la maximización de beneficios. Pero no pactado ni consensuado con nadie más, con la población interesada, los pacientes, el personal médico y hospitalario en general.
Es más, ese plan secreto no se justifica con ningún tipo de documentación mínimamente creible. Insisten en la insostenibilidad económica pero no la prueban. El consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, no tenía ni idea de cuánto se ahorraría aplicando las políticas por él propugnadas. Sospecho que no sabría si quiera si se ahorraría algo. Solo este dato demuestra el carácter profundamente arbitrario de la medida. No hay un solo estudio independiente que muestre la conveniencia de las privatizaciones desde ningún punto de vista. Lo único claro y evidente es que unas empresas privadas en las que, además, algunos políticos del PP parecen tener intereses, harán un negocio fabuloso a cuenta de las arcas públicas y al coste de deteriorar y encarecer la atención universal de salud, que es un derecho de los ciudadanos.
Se han encontrado, sin embargo, con una resistencia inesperada, fortísima. Todo el sector sanitario madrileño se ha opuesto al plan y lleva ya tres semanas de movilizaciones y huelgas, en una actitud de rechazo frontal. Cuenta, además, con un amplio respaldo de la población que se siente directamente agredida en el ataque a un derecho esencial. En estas condiciones, sorprendidas por la fuerza de la reacción colectiva, las autoridades no se han atrevido a recurrir a sus habituales tácticas de desprestigio. Pero, el enconarse el conflicto y amenazar los responsables de la atención sanitaria con la dimisión, les ha salido la vena autoritaria, despreciativa e Ignacio González, cuyo equipo (o él mismo) tuitea consignas cercanas ya al "Por Dios, España y su Revolución Naconalsindicalista", ningunea a los facultativos en actitud rayana en la chulería que únicamente va a agudizar más el enfrentamiento, sobre todo si Fernández-Lasquetty, en lugar de dimitir, se engalla y llama "irresponsables" a los de la marea blanca.
En estas circunstancias el gobierno central no puede intervenir pues la Comunidad actúa en el marco de sus competencias. Pero el PP, sí. Y debe hacerlo. Por supuesto, las empresas privadas presionan para comenzar ya el negocio porque les urgen los beneficios. Igualmente la Comunidad tiene prisa por culminar la operación para tapar los desastres y las ruinas de los acuerdos anteriores de Aguirre. La Comunidad, o sea, los madrileños, pagan 900.000 euros al mes por el hospital de Collado-Villalba, aunque está cerrado. Es uno de los cuatro hospitales de gestión enteramente privada de la CA de Madrid y está gestionado por Capio, la empresa que quiere más parte del pastel.
Pero, por muy urgido que esté el gobierno autonómico por los negocios, la sociedad española no puede permitirse este foco de conflicto permanente del gobierno madrileño en un momento especialmente duro para el conjunto del país y con otra bronca independentista montada en el Noreste de la Península. Alguien en el PP debe frenar al señor González, cuya concepción descarnadamente patrimonialista del poder político (en donde tiene colocada a casi toda su familia agnada y cognada) es más propio de latitudes sicilianas. Y debe frenarlo en los dos proyectos más simbólicos de su mandato, los dos igualmente oscuros, arbitrarios y, en el fondo, inmorales, esto es, Eurovegas y el sistema público de salud. Lo razonable sería que el gobierno autonómico retirara el plan y, con el plan, se retirara él.