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jueves, 15 de noviembre de 2012

Después de la huelga, la manifestación.

La jornada de HG culminó con manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades españolas que han permitido visualizar mejor el grado de oposición e indignación suscitado por la política injusta, clasista e inhumana del gobierno. En bastantes lugares se dice que son las más concurridas que se hayan visto. No obstante, Cifuentes, la gobernadora de Madrid, calcula la asistencia en la capital en 35.000 personas. De la falsedad de esta afirmación puede hacerse una idea cualquiera (incluida Cifuentes) que eche una ojeada a esta magnífica foto de Álvaro García en El País, que ha corrido por la red mundial como la pólvora. 35.000 hubo en Santander y en Valladolid. En Madrid, diez veces más.
Ese intento absurdo del gobierno por negar los hechos a la vista de todos prueba el nerviosismo de las autoridades por el aumento de la oposición y la resistencia populares a sus políticas. Un miedo que lo ha llevado a pedir y lograr una improvisada comparecencia del comisario europeo competente en la materia, Olli Rehn, a decir que no se pedirán más ajustes a España. Confía el gobierno en que los españoles otorguen más crédito a Rehn del que le conceden a él. Pero es inútil. Todos saben que Rehn miente tanto como Rajoy. Que se lo pregunten a los griegos.
En la calle, las órdenes de la policía han sido similares: a palos con los manifestantes al menor pretexto y hasta sin pretexto. Hay que escarmentar a la díscola población autóctona y mostrar a los alemanes que se está dispuesto a hacer lo que sea por cumplir sus órdenes. Así que la represión se ha extremado. La odiosa práctica de enviar agentes provocadores ("infiltrados" los llaman cuando son delincuentes de hecho) se ha generalizado en Madrid y en Barcelona. En la ciudad condal, la actuación de los Mossos ha sido especialmente brutal, con pelotas de goma a voleo y agresiones a menores de edad. Seguramente la Generalitat quiere demostrar a sus votantes que sabrá machacar a la población en una Cataluña independiente y que Madrid no ostenta el monopolio de la barbarie.
Aunque lucha con denuedo por mantenerlo. En la capital se habían preparado para los peores supuestos, como se prueba por la ostentosa presencia de policía montada frente a las Cortes. Fue tanto el hostigamiento y tanta la agresividad de las llamadas fuerzas del orden que, al final de la jornada, en Atocha y Santa María de la Cabeza se pasó a mayores con barricadas incendiadas y sedes de bancos reventadas.
Así que, a tono con las declaraciones de la directora general de la policía, Díaz, el gobierno considera "normal" una jornada de huelga general que ha paralizado buena parte del país, ha sacado a cientos de miles de ciudadan@s a las calles y ha dejado un reguero de detenid@s, herid@s y destrozos urbanos de consideración. El día en que el gobierno considere que la situación es "anormal" será preciso guarecerse en los refugios.
Esa costumbre de informar sobre la realidad negándola es la práctica de una actitud consistente en gobernar de acuerdo con una doctrina, la neoliberal, y como agente y brazo ejecutor de decisiones que se toman en otras latitudes. De ahí que Rajoy haya dicho ya que mantendrá el rumbo y no habrá cambios. Los sindicatos siguen pidiendo un referéndum, pero esa no es una actitud muy inteligente. En primer lugar es muy difícil hacer un referéndum sobre algo tan complejo como una política económica ("los ajustes") en su conjunto y, por tanto, sería en realidad un plebiscito sobre Rajoy, lo cual no nos llevaría muy lejos. En segundo lugar, en caso de ser factible, el referéndum no resolvería nada pues no revelaría alternativa alguna a las políticas que se condenaran. Salvo que sirviera para convocar elecciones anticipadas. Pero, en ese supuesto, ¿por qué no empezar por ahí y pedirlas? Razones sobran: Rajoy ha tomado medidas que nada tienen que ver con el programa con que ganó las elecciones. Fue, por tanto, una victoria fraudulenta que deslegitima al gobierno. En tercer y último lugar, las movilizaciones sociales son el único lenguaje que entiende este gobierno, cuya política parlamentaria es inexistente y coinciden con un derecho de la ciudadanía, el de manifestación. Así que eso es lo conveniente: mantener la protesta extraparlamentaria siempre dentro de los límites de la no violencia y, si acaso, la desobediencia civil que es, por definición, pacífica. Para forzar al gobierno a negociar. Igual que ya lo hace con los empresarios, con los banqueros, la iglesia y las instituciones financieras internacionales, que lo haga con la oposición parlamentaria en primer lugar, con los sindicatos y con la extraparlamentaria en segundo, incluida la comunidad de internautas, coordinada en las redes sociales. 
Eso sería lo democrático en lugar de este trágala neoliberal y nacional-católico impuesto a palos en las calles.

jueves, 30 de septiembre de 2010

Piquetes violentos.

La rehala de comentaristas liberales -de ese liberalismo patrio de cristazo y tentetieso- bate al unísono que la huelga de ayer fue un fracaso total a pesar de la violencia de los piquetes. Ya había sido tema recurrente en las jornadas anteriores: la huelga saldría en donde hubiera piquetes violentos. Al margen de que esto sea cierto o no, pues es mera suposición, sí lo es que, en realidad, la expresión "piquetes violentos" es casi redundante pues los piquetes suelen ser violentos. Ese adjetivo de "informativos" viene a ser una excusa para justificarlos. Por tanto los piquetes violentos son condenables porque en nuestra sociedad, que se dice civilizada, condenamos toda violencia.

Condenamos toda violencia siendo de suponer que sabemos qué condenamos, esto es que sabemos qué sea la violencia. Y eso es problemático. De entrada no es cierto que condenemos toda violencia sino solamente la que no proviene del Estado ya que la de éste nos parece legítima. ¿Y sólo hay esas dos violencias, la ilegal de los piquetes y la legítima del Estado? De nuevo depende de lo que se entienda por violencia. Si se ve como la aplicación de la fuerza física, la coacción material con resultado de violación de derechos, no hay duda; pero si se entiende asimismo como la aplicación de la fuerza psíquica, la coacción moral con igual o peor resultado, empiezan los problemas. Y sin embargo violencia es; y peor.

Para entender la violencia empresarial basta ponerla por pasiva. La siniestralidad laboral en España es altísima. El de obrero es un oficio de riesgo. Según los datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre agosto de 2009 y julio de 2010 hubo en España más de medio millón de accidentes leves, 4.756 graves y 591 mortales. Lo que equivale en un año a la mitad de los asesinados por ETA en toda su historia. Y sólo en el tajo. Eso no se clasifica como violencia, pero lo es porque afecta al derecho fundamental por excelencia: el derecho a la vida y está presente en todos los países. Si alguien piensa que exagero, que explique porqué los trabajadores de Apple en Taiwán se suicidan a puñados, once suicidios en lo que llevamos de año, algo más de uno al mes.

Hay en España casi cinco millones de parados, personas que sobreviven como pueden en medio de su zozobra sobre si conseguirán salir de ésta. Ello no es únicamente culpa de los empresarios y financieros sino que el Estado se lleva también su parte. Lo mismo que con la siniestralidad en la que, al margen de la imprudencia que pueda darse entre los trabajadores, la mayor culpa recae sobre los patronos por no imponer la seguridad y sobre las autoridades públicas por no vigilar que sea así. El paro no se considera violencia, pero lo es y afecta a otro derecho fundamental, aunque con menor protección jurídica, el derecho al trabajo. Es una forma de violencia intrínseca a las relaciones capitalistas de producción.

Según cálculos del INE basados en la Encuesta de Condiciones de Vida para 2004 la tasa de pobreza en nuestro país era de casi el 20 por ciento de la población, unos nueve millones de personas. La pobreza es una forma de violencia que atenta contra el derecho a llevar una vida digna. Y es así porque no es una condición natural o genética sino producto de unas relaciones sociales (mal) determinadas. Es violencia que se desprende del funcionamiento normal del mercado.

Violencia es el conocido y generalizado chantaje empresarial de amenazar con el despido al posible huelguista. Téngase en cuenta que los precarios alcanzan los once millones, chantajearlos es muy fácil y sale gratis porque no se detecta, no es violencia física. Simplemente, no te renuevan el contrato, cosa que no se puede denunciar. No aparece como violencia, pero lo es y de las más duras porque el personal se juega el cocido. Y junto a ese chantaje, tan extendido como oculto, ¿no es violencia el acoso sexual y el acoso laboral que sólo recientemente han comenzado a ser tratados por lo penal? Pero sólo recientemente. Y afectan al derecho al honor, a la intimidad, a la salud.

El señor Díaz Ferrán, patrono de patronos, entre otras lindezas, ha dejado de pagar el sueldo de los empleados de una de sus empresas durante tres o cuatro meses: decenas de personas, de familias, que viven endeudándose o recurriendo a la solidaridad de parientes y amigos y sin saber si cobrarán o no, si trabajarán o no. Igual que el Ayuntamiento de Madrid, que lleva tres meses sin pagar la nómina de los empleados de recogida de basuras que dependen de un intermediario. Esa dejación atenta contra el derecho a la dignidad humana puesto que obliga a las personas a trabajar gratis, como los esclavos. Es violencia aunque no se clasifique como tal, y aunque el responsable no solamente no sufra el condigno castigo sino que sea el representante de los empresarios.

Es un sistema perverso, basado en la violencia de las relaciones económicas injustas pero que reduce la acusación de la práctica de aquella a una actividad concreta de un sector social determinado un día cada seis u ocho años: los famosos piquetes que, sin embargo, no son sino una manifestación esporádica en un contexto de violencia cotidiana que no se admite como tal. El capitalismo es un sistema fundamentado en la violencia y reducir ésta a la que practiquen ocasionalmente los desfavorecidos es una muestra de hipocresía.

De eso se encargan las cohortes mediáticas que todos los días dominan las ondas con fuego graneado de infamia, insulto y ataque, una violencia verbal incontenible, a lo largo de la trinchera, permanente, acorazada frente a cualquier tentación dialogante. La violencia verbal, las injurias, los exabruptos, son violencia a secas con resultado de atentado al derecho a la información y a la discreción, la cortesía y el buen gusto, que no son derechos pero debieran serlo.

Al condenar la violencia se condenan muchas cosas, bien se ve. No hay inconveniente en comenzar con la de los piquetes. Vayamos ahora a la del paro, la siniestralidad laboral, la precariedad, la subalternidad de las mujeres, la pobreza. Luego, ya veremos.

La imagen es una foto de Ferminius, bajo licencia de Creative Commons.