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diumenge, 25 de novembre del 2012

El peaje y el imperio de la ley.

¿De dónde, voto al chápiro, han salido estas gentes? ¿Qué idea tienen del Estado de derecho, del principio de legalidad, de la igualdad ante la ley, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿Qué se han creído? Pregunta retórica a fuer de sabida la respuesta: creen que ellos y quienes ellos digan, esto es, los ricos, están por encima de la ley. Si, para conseguirlo, hay que cambiar la ley, se cambia, como han hecho con la de RTVE; si hay que imponer una excepción, se impone, como la amnistía fiscal a los del dinero negro; si hay que legislar ex novo, se legisla, como sucede con la nueva ley de tasas judiciales.
Ahora vienen los peajes. En España el límite en autopista son 120 Km. Si te pasas y te pillan, te multan y mucho. Pero, si tienes dinero, te puedes pasar tranquilamente pagando el peaje que, al fin y al cabo, razonaría un cínico, es como un par de multas en cómodos plazos. En román paladino: la ley es igual para todos menos para los ricos, que están exentos. Como estará exento Adelson (Eurovegas) de pagar impuestos porque a estos gobernantes les da la gana. Es parte del cuadro general que también afecta a la sanidad, la educación; la justicia, ahora la circulación viaria y mañana la seguridad urbana. Y esa es la cuestión esencial del nuevo ataque del gobierno al Estado de derecho y a la democracia. La única que, al parecer no se discute. Y, sin embargo, es la importante porque esa medida es anticonstitucional.
Al presentarla, el PP ha hecho una escenificación entre sentimental y práctica que pretende obviar esa cuestión de fondo de que la propuesta sea anticonstitucional. Que la defensa haya sido a cargo de un diputado parapléjico a causa de un accidente de coche, en su silla de ruedas tiene, desde luego, mucho efecto mediático, pero no el que su partido pretende. El límite de velocidad está para impedir estas desgracias. Utilizar la imagen de esta desgracia para eliminar el límite de velocidad carece de sentido. Salvo si lo que se quiere decir es que la seguridad aumenta con la velocidad y, por tanto, lo mejor es abolir los límites. En peaje, claro. No sería de extrañar pues es su lenguaje habitual: prohiben el derecho de la mujer a decidir con la intención, dicen, de garantizar su libertad; imponen tasas al uso de la justicia para asegurar la gratuidad de la justicia, etc.
Los razonamientos (merece la pena leer el artículo vinculado más arriba) no pueden ser más pedestres y falsos: se pide la elevación del limite de velocidad para garantizar la sostenibilidad de las autopistas de peaje, ya que son deficitarias. Y eso lo hacen los que dicen que el Estado no debe intervenir en el mercado. Obviamente, salvo cuando los ricos están en peligro. Se añade que el tráfico que se vaya al peaje aliviará la densidad de circulación de las autopistas públicas. No se dice pero es muy de suponer, que estas se deteriorarán a gran velocidad y empezará a haber conductores migrantes al peaje en contra de su voluntad. Porque aquí se asiste a una privatización más y en forma de bandidaje de la alta sierra o highway robbery. Ciertamente, se trata de una suposición. Como también se trata de una suposición la malicia de que en las autopistas de peaje no se impondrán multas, ni habrá radares, ni cámaras fotográficas. ¿Nos apostamos algo? Las multas las pagarán los desgraciados de los 120 Km y tocarán a más porque el Estado no aceptará el lucro cesante.
El resto de los argumentos esgrimidos por quienes presentan la proposición no de ley hacen abrigar serias dudas sobre el grado de madurez intelectual de los autores. Sostienen estos, al parecer, que el circular más rápido acorta los tiempos de desplazamiento y ayuda a dinamizar la economía española. No me dirán que lo primero no es brillante: ir más rápido permite llegar antes. Es alucinante. Claro que, en el fondo, no es un enunciado o un aserto sino un reclamo simbólico en donde lo que se quiere decir es si pagas, llegas antes. Bueno, al fin y al cabo es en lo que se basan los servicios de urgencias, incluido el de Correos, un servicio público: si pagas (más), tus envíos llegan antes. El problema es que las autopistas son negocios privados a quienes se exime del cumplimiento de la ley por un pago en metálico para eso, para bolsillos privados.
La segunda afirmación, es que eximir a los ricos del cumplimiento de la ley ayuda a dinamizar la economía española. Es mentira como lo era su teoría madre del trickle down (la teoría del "goteo") reaganiana que, en el fondo, era la elaboración neoclásica de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro y tan fatástica como esta. Además de mentira es una invocación de rigor, como los gritos que daban sus antecesores ideológicos, aquellos del cuya vida guarde Dios muchos años.
Pero si los proponentes tienen este nivel, el de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo supera hacia abajo. Dice una responsable de la DGT que solo se admitirá la subida del límite si se dan tres condiciones: que mejore la economía, que haya un “récord histórico” en baja accidentalidad en los tramos afectados y, siempre, estaría condicionada a las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas. Lo de las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas es como lo de llegar antes. Pero eso de imponer como condiciones dos futuribles es ya puro esperpento.

divendres, 5 d’octubre del 2012

Palabras mayores



Hay perrofalutas por todas partes. A De Guindos le han montado un pollo en la London School of Economics. Se vive una especie de estado de insurrección social permanente frente a los gobernantes. También a Ignacio González lo increpaban los trabajadores de Telemadrid en los pasillos de ese ente o "entillo". Los perroflautas se multiplican. Es raro el desplazamiento de algún gobernante de cualquier nivel que no tropiece con uno u otro tipo de contestación o protesta de los colectivos bajo su jurisdicción. El foro público está agitado, como en abullición en un clima de oposición y crítica crecientes a un gobierno que no parece tener otro objetivo que empobrecer a la gente.
Mientras tanto el debate en los medios se ha llenado de grandes palabras: vuelve la reforma de la Constitución y trae añadida una coletilla más radical que pide un proceso constituyente; se replantea la independencia de Cataluña y regresa a la palestra el derecho de autodeterminación, cuestión sempiterna; se propone modular (esto es, restringir o suprimir) derechos fundamentales. Son términos que apuntan a controversias latentes que nunca se sabe si están zanjadas o no. Desde luego, la de la organización o planta territorial de España no lo está ni mucho menos. Esta conciencia es la que anima las nuevas propuestas de reformar la Constitución. Se quiere reformar la Constitución para encontrar ahora una vía nueva (la del federalismo tiene muchos partidarios al sur del Ebro) de encaje de las autonomías díscolas y que impida la secesión de Cataluña a la que, en poco tiempo, seguiría la del País Vasco.
Pero precisamente porque es un viejo problema español, el nuevo giro del nacionalismo periférico acabará encontrando algún tipo de arreglo con el nacionalismo español al menos por una temporada.
Lo interesante de las grandes palabras es lo referido a los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hay aquí una deriva autoritaria muy preocupante. El gobierno se empeña en considerar que el movimiento de protesta ciudadana es un mero problema de orden público y, amparado en ese criterio, aplica una política de represión preventiva claramente ilegal y se enfrenta a las concentraciones y manifestaciones pacíficas con desmesurada violencia, conculcando derechos fundamentales de la ciudadanía.
Y todo eso, además, según explica el ministerio del Interior, en defensa del buen funcionamiento de la institución clave de la democracia española, el Parlamento. Ya la delegada Cifuentes había calificado el movimiento 25S de golpe de Estado encubierto, algo cuya gravedad (completamente imaginaria) justificaría una política represiva particularmente dura y una criminalización de la oposición extraparlamentaria.
Sin embargo, esta entronización del Parlamento no casa con el orden de prioridades del presidente del gobierno quien no tiene planeado asistir a él en todo el mes de octubre. Resulta irónico pretender encarcelar a la gente por protestar frente a un Parlamento que el propio presidente del gobierno desprecia hasta el punto de no pisarlo.
En realidad, con la mayoría absoluta del PP, el Parlamento toca la irrelevancia frente al gobierno. Y este no se para aquí sino que, cuando los jueces contradicen sus propósitos represivos, defienden la legalidad y se niegan a aplicar penas arbitrarias (lo que ha hecho el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional) los partidarios del gobierno los insultan y someten a un verdadero linchamiento moral con una impudicia que avergonzaría a cualquiera con un respeto mínimo por la independencia judicial. La finalidad está clara: amedrentrar a los jueces para conseguir de estos la misma obsequiosidad que el gobierno tiene del parlamento.
No lo conseguirá. Si lo consiguiese sería ya la conversión de la demediada democracia española en una dictadura completa.
(La imagen es un vídeo de de You Tube, bajo licencia Creative Commons).

dimecres, 22 d’agost del 2012

Estampas del verano. Ana de Palacio nada tiene de Horacio.

Ana de Palacio y del Valle Lerchundi personifica la prueba evidente de que la manida teoría del Rajoy mozalbete de que los hijos de buena estirpe dan mejores resultados es radicalmente falsa. Hija de nobles y ricos, tuvo desde el comienzo las mejores oportunidades en la existencia, la mejor educación, todas las posibilidades del mundo, todos los premios y distinciones. A pesar de ello, hasta su quincuagésimo cuarto aniversario en 2002, llevó una vida gris, oscura, anodina, muy a tono con la completa inexistencia de resultados en sus numerosas, casi frenéticas, actividades de todo orden. A partir de 2002, el hado se cruzó en su camino bajo la pintoresca forma del Superman de Valladolid, Aznar, quien la nombró ministra de Asuntos Exteriores, cargo en el que estuvo hasta que, en 2004, una mayoría electoral puso abrupto fin al gobierno más mentiroso de la historia de España, del que la citada De Palacio era entusiasta participante y en el que llegó a alcanzar su nivel máximo de incompetencia, según el conocido principio de Peter.
Y no solo el nivel máximo de incompetencia sino, al mismo tiempo, el de falsedad, insinceridad y engaño. Fue entusiasta colaboradora de la criminal decisión de Aznar de embarcar a nuestro país en una guerra ilegal, injusta y de rapiña, recorrió los foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas, repitiendo conscientemente la mentira de las armas de destrucción masiva que jamás existieron y fueron una excusa típica de matones para agredir a un tercero y, por tanto, es corresponsable de una de las peores y más absurdas matanzas de la historia.
Parecía difícil superar este nivel de embuste, encanallamiento y agresividad. Pero solo lo parecía. A raíz del atentado islamista del 11M en Madrid volvió a sumarse activamente al innoble intento de Aznar de engañar a 40 millones de españoles y al mundo entero, afirmando que dicho crimen no era, como resultaba obvio, obra de terroristas musulmanes, sino de ETA. Por eso impartió órdenes a todas las embajadas españolas para que propalaran por doquier la indigna fábula del gobierno. La mentira solo trataba de impedir que el PP perdiera las elecciones generales convocadas para tras días más tarde lo cual la hace aun más repugnante si cabe.
Total, después de escasos dos años en el cargo en los que De Palacio dio la medida de sus inexistentes dotes intelectuales y su más inconsistente fibra moral (eso sí, la señora, claro, es muy creyente), volvió a su vida anodina de donde nunca debió salir, ayudada por su nueva proyección y sus numerosos contactos que le aseguran una existencia de enchufada de lujo en los más diversos puestos.
Pero doña Ana retornó ayer voluntariamente a la luz pública por la misma razón por la que la cabra (y soy caritativo en la elección del animal) tira el monte y se despachó con un mendaz artículo en El País, titulado Julian Assange: fraude al Estado de derecho en el que no hay un solo argumento de por qué la posición de Assange es un fraude al Estado de derecho del que la señora habla con impostado respeto. Ni uno. La pieza, en un castellano de escuela de párvulos, está repleta de acusaciones ad hominem y de "tú más", pero ni una sola razón que pruebe el aserto del título. Se dice, se redice, se repite y se machaca que Suecia es un país adelantado en estas cuestiones de legalidad y legitimidad escrupulosas y que Ecuador, Venezuela, Cuba, etc, son imperios del mal, la corrupción y la tiranía. Como si el hecho de haber sido "bueno" garantizara per se el seguir siéndolo y el de haber sido "malos" impidiera para siempre actuar debidamente. Asombra tanta estulticia pero se explica en el hecho de que la señora ignora o pretende ignorar el fondo de la cuestión y confunde con malas artes el juicio que el objetivo merece. Así, pretende cuestionar la honradez de Garzón señalando que, al defender a Assange, actúa a la inversa de como lo hizo con Pinochet. Pero calla que eso es exactamente lo que está haciendo la modélica Inglaterra, lo contrario con Assange de lo que hizo con Pinochet y que Garzón se limita a responder al atropello, en defensa de la razón, la justicia, la legitimidad y la legalidad internacional que De Palacio piensa deben estar al servicio de los amos gringos, como la guerra del Irak.
De Palacio es, entre otras muchas cosas, miembro del Consejo de Estado. Otro caso más para probar que los altos organismos consultivos españoles albergan mucho indocumentado o falsario. Por último, la señora se permite el lujo de transcribir el nombre del Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy como Hermann Von Rompoy. Tres palabras, tres errores. El asunto puede deberse a pura ignorancia, que ya tiene pecado al tratarse de una personalidad relevante del campo de la supuesta especialidad de De Palacio. Pero también puede ser una muestra de ese desprecio o desdén con que los aristócratas simulan ignorar el nombre de los plebeyos para humillarlos. Supongo que Van Rompuy no sabe nada de esta malicia monjil. Pero tampoco sería de extrañar que, al contestar a la acusación de De Palacio de ser "escurridizo", equivocara su nombre y la llamara, por ejemplo, Ano de Falacio. Y lo dejo aquí por no ser hiriente.
(La imagen es una foto del Gobierno de los Estados Unidos en el public domain).

diumenge, 22 de juliol del 2012

Ese maldito Estado.

Corren hoy los neoliberales desesperadamente de un lugar a otro suplicando la intervención económica de estas o aquellas entidades internacionales. Han protagonizado todas las intervenciones económicas del Estado que gobiernan en todos los mercados del país; han intervenido en los salarios, los beneficios, los impuestos, las subvenciones, los precios, en todo, absolutamente todo. Han intervenido impidiendo que cayeran unas empresas privadas, los bancos, y bloqueando por tanto la acción de la ley de la oferta y la demanda.
¡Cualquiera diría que no hace mucho estos mismos neoliberales despotricaban contra el Estado, su intervencionismo asfixiante, su hipertrofia, parasitismo, anquilosamiento, corrupción, etc., etc.! Sus ideólogos siguen empleando el mismo tono. Los más recalcitrantes no solo exoneran a su doctrina de responsabilidad en la crisis sino que achacan esta a la contraria. O sea, la culpa de la crisis recae sobre el desaforado intervencionismo del Estado, ese Estado del que los políticos neoliberales echan mano de continuo para intervenir en el libre mercado en beneficio de las empresas, especialmente de la banca, que son quienes financian la doctrina. Es patente el carácter ideológico de la teoría, su función puramente instrumental; sirve para decir una cosa y hacer otra. No merece la pena tomar en serio doctrinas que son falsas y justificatorias. No obstante cabe hacer una breve referencia a esa extraña obsesión de los neoliberales con el Estado.
Uno empieza a sospechar cuando cae en la cuenta de que, curiosamente, una gran parte de estos neoliberales, baluartes contra el intervencionismo estatal, adalides de la libertad de los mercados, debeladores de los sempiternos funcionarios, son, a su vez, funcionarios: abogados del Estado, inspectores de Hacienda,  catedráticos de Universidad, fiscales (Gallardón es fiscal), técnicos de la Administración del Estado, etc. La guerra contra los funcionarios es la guerra contra el Estado en general, incluido el estado del bienestar y el de derecho.  Emprendida por unos funcionarios que no tienen inconveniente en atacar la función pública pues saben que no volverán a ella ya que una vez cumplido su mandato, los nombran asesores o consejeros de las grandes empresas que se han beneficiado de sus políticas de desregulación, privatización, etc.
El discurso es: hay que conseguir que el Estado se repliegue sobre sí mismo y el mercado se expanda porque es el ámbito de la libertad. Esa mayor libertad se paga al precio de menos igualdad. No es tarea, dicen, del Estado fomentar la igualdad entre la gente. El Estado no debe tener fines morales sino jurídicos. Para igualdad, basta con la igualdad ante la ley. Luego resulta que esto tampoco es cierto y que ante la ley, como en la obra de Orwell, unos son más iguales que otros. Los escrúpulos que algunos puedan sentir se acallan recurriendo al conservadurismo, que es el hermano gemelo del neoliberalismo, un conservadurismo casi victoriano según el cual la holgazanería engendra la pobreza y esta el vicio y el crimen, mientras que la laboriosidad engendra la riqueza y esta la virtud. En resumen, el pobre lo es por inmoral.
Para la masa, la igualdad ante la ley es suficiente. Esto puede aumentar la necesidad y hacer que se planteen problemas de orden público. Nada que el Estado no pueda resolver con la violencia a su disposición. La ley está para garantizar el orden público y la más absoluta libertad en las transacciones mercantiles. Todo debe depender del mercado que tiene sus mecanismos regulatorios. Pero además de la ley que protege la seguridad del mercado en general, el interior de este la única ley que tolera es la del más fuerte. Hasta ahora los neoliberales han admitido a regañadientes que el Estado interviniera cuando la ley del más fuerte, esto es, la de la oferta y la demanda producía disfunciones graves, cosa que este hacía porque, como reza la leyenda en la cubierta de la famosa edición príncipe del Leviathan de Hobbes, que reproduce las palabras de Jehová al describir a Leviathan: "No hay en la tierra poder que pueda comparársele". (Job, 41, 24).
Pero eso era antes; ahora sí lo hay. Sí hay un poder europeo, un superleviathan, capaz de doblegar el Leviathan español que los neoliberales están encantados de destruir pues es lo que siempre habían predicado. El error consiste en poner a cuidar del Estado a sus enemigos.

dimecres, 16 de febrer del 2011

Delincuentes políticos y políticos delincuentes.

La política es una actividad muy mal valorada en todos los sondeos de opinión. El prestigio de los políticos es generalmente bajísimo y los partidos suelen ocupar el último lugar en el aprecio de los ciudadanos. Se asocia con ella la falsedad, el engaño, la mentira, la hipocresía y la demagogia, cuando no los privilegios, el favoritismo y la injusticia y, desde luego, la corrupción. Y eso en cuanto a la opinión que, al fin y al cabo, es una imagen. La realidad viene siendo aun peor. La política mantiene relaciones muy complejas con dos tipos de actividades humanas que todo el mundo condena, incluso los que viven de ellas: la guerra y el delito. Las relaciones con la guerra son de tipo causa-efecto en que la política tanto puede tomar una forma como la otra. Las relaciones con el delito suelen ser de tipo medio a fin y aquí la política viene siendo el medio para el fin delictivo, no el delito en sí mismo.
Ese juicio tan condenatorio que merece la política se pretende contrarrestar a veces echando mano de nobles ideales acerca del bien común, el servicio público, la condición ciudadana, la civilización, que enraizan en la filosofía griega y se mantienen confusamente hoy cuando hasta los políticos a veces distinguen entre la política como sucia actividad cotidiana y la Política (suelen decir que "con mayúscula") como desinteresada vocación.
Es la distinción que también se hace muchas veces entre un político y un estadista. La nobleza del estadista reside, precisamente, en que ha dejado de ser un político, esto es, de ocuparse del bien público desde un punto de vista de partido para pasar a hacerlo desde el punto de vista de la totalidad sin cuestionarse mucho cómo sea esto posible en una sociedad conflictiva. La distinción es un intento de resolver la contradicción que se da entre reconocer de algo (la política) que es imprescindible y tener al propio tiempo la peor opinión de ello.
Son aquellas viejas relaciones de la política con el delito las que están cambiando aceleradamente. El político al servicio del delito gestiona el bien público en interés de un individuo o de un grupo de individuos, una asociación delictiva, por ejemplo la mafia. La importancia de la política para la delincuencia, igual que para los demás quehaceres del hombre, radica en que engloba la actividad legislativa, la capacidad para establecer las normas generales, las reglas del juego. Por ello se está pasando de la instrumentalización de los políticos por los delincuentes a la conversión directa de los delincuentes en políticos. Es el camino que llevan los países en los que el narcotráfico está sustituyendo al Estado. Y el que emprendió Berlusconi hace años si fuera cierto que, efectivamente, los tribunales lo condenan por la comisión de delitos y no digo de cuáles porque, de darse el caso, con Berlusconi puede acabar pasando lo que pasó en su día con Al Capone, que lo buscaban por unos delitos pero lo condenaron por otros. Delitos eran al fin y al cabo.
La diferencia sin embargo es considerable: Berlusconi ha intentado gobernar, poner el aparato del Estado en su conjunto al servicio de sus intereses, el primero de los cuales es no responder ante la justicia por los numerosos delitos de que se lo acusa. Su gobierno ha sido un tejer y destejer leyes procesales para garantizar su inmunidad, muchas veces en detrimento del Estado de derecho. Y al final viene a caer por un presunto delito posterior a su consagración como político, de donde se seguiría que, para él, gobernar no es solamente protegerse frente a los tribunales sino, además, seguir delinquiendo.
El poder ciega. A lo más que puede llegar Berlusconi es a imitar a Sansón y morir bajo los cascotes del templo, en este caso, el Estado de derecho. Pero este proceso que, por fin, le han abierto en Milán permite suponer que el Estado de derecho sobrevivirá a la sacudida. En todo caso, la enseñanza es clara: la política debe estar libre de toda concomitancia directa o indirecta con el delito.
Por esta razón la aventura de Camps es distinta de la de Berlusconi pero tiene elementos en común. El primero eso de que el poder ciega y el miedo a perderlo ciega aun más. Camps pretende imponerse al curso de la justicia no cambiando las leyes sino contraponiéndole un triunfo en un plebiscito. Si la derecha quiere mantenerse dentro de las reglas del juego democrático del Estado de derecho, no puede permitírselo. Esas afirmaciones de Camps de que es el candidato más respaldado de la democracia en el mundo entero demuestran que el hombre ha perdido todo contacto con la realidad en la que se ve con facilidad que ni su propio partido lo respalda, salvo, claro está, su núcleo más fiel de clientes. Únicamente así, como un destello de un espíritu trastornado, puede entenderse que alguien crea que un voto unánime del electorado valenciano en su día pudiera pesar más que la decisión de un solo tribunal. Alguien debiera explicárselo. Explicarle que la fuerza de los tribunales proviene de la legitimidad que les ha dado la decisión de las generaciones en la historia y es muy superior a la que pueda emanar de un destello de una decisión colectiva momentánea, superficial y pasajera. El cadáver de la Gürtel sigue creciendo.
(La imagen es una foto de Alessio85, bajo licencia de Creative Commons).

diumenge, 9 de gener del 2011

El Estado es ilegal.

Palinuro rinde tributo de admiración a Gabrielle Giffords, representante demócrata por Arizona en el Congreso de los EEUU, a pique de pagar con la vida la defensa pacífica de sus ideales. Y a las demás víctimas del tiroteo de ayer en Tucson. Y aprovecha la ocasión para señalar que esos actos detestables son en buena medida resultado de un lenguaje incendiario, vitriólico y muy violento en el debate público, cosa que se experimenta todos los días en Norteamérica y en España.



El nuevo proyecto de ley que prepara el Gobierno para acabar con todas las formas de discriminación promete ser el pimpampum del final de la legislatura. Doble contra sencillo a que algún genio del PP dice que es una cortina de humo. El resto de los comentaristas de la derecha, muy militantes, sacará lo más potente de la bateria libertaria, con aroma a cuartel y sacristía, para zumbar al Gobierno y su partido por su obsesión totalitaria. Nada que decir; ya lo harán esos mártires que, como Javier Vizcaíno, visitan el campo de batalla o se desayunan con varios venenos, como José María Izquierdo y eso todos los días. Loor a ellos.

Esta ley es muy necesaria, desarrolla la Constitución y trata de erradicar la odiosa cuanto generalizada práctica de la discriminación. Por eso y porque está en fase de consultas Palinuro osa hacer algunas propuestas para mejorarla desde el comienzo porque de lo que se trata es de que, por una vez, a la hora de legislar para la sociedad, el Estado lo haga también para sí mismo y se aplique el cuento. Porque, en este caso concreto, el mayor discriminador que hay en la sociedad es el mismo Estado. Se trata, pues, de sumar y no de restar; de conseguir que el Estado deje de ser ilegal en el sentido de que sistemáticamente actúa al margen o por encima de la ley, lo cual es lo más contrario al Estado de derecho que quepa imaginar. Pondré cuatro ejemplos.

Ejemplo primero: los monopolios. Todos los Estados de derecho conocen algún tipo de legislación contra los monopolios y/o las prácticas monopolistas. Sin embargo el mismo Estado se permite tener monopolios. En España llegó a haber una empresa semipública, CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A.) que llevaba el delito en el propio título. Televisiones, trenes, tabacos, loterías, etc, etc son muy diversos los productos y servicios que han sido objeto de monopolio estatal en uno u otro momento. Si el monopolio está prohibido y el Estado lo practica, el Estado está fuera de ley y no lo devuelve a ella invocar razón de Estado alguna. Es, además, un caso de discriminación flagrante a su favor y en contra del libre mercado. No estoy diciendo que deba privatizarse todo sino sólo que, si hay una ley antimonopolio, el Estado debe ser el primero en someterse a ella o derogarla. Otra cosa es discriminación.

Ejemplo segundo: la discriminación propiamente dicha. El proyecto de ley ataca todas las formas de discriminación, incluida la que lo es por razón de la edad. Efectivamente, aunque más admitida que las otras, no es menos injusta porque se trata de perjudicar a alguien en razón de una circunstancia de la que no es responsable. Igual que no se es responsable de ser extranjero, negro, mujer, inválido, tampoco de ser joven o viejo o de mediana edad. En los EEUU no se puede tomar una decisión negativa laboral en función de la edad; ni siquiera se puede preguntar ésta. Aquí sería de agradecer lo mismo. Y que también se lo aplicara el Estado cuyo ministerio de Educación, por ejemplo, discrimina en todas las ofertas contractuales en función de la edad. Sin contar con que ese Estado administra una institución discriminatoria como es la jubilación, obligatoria para una porción de la población trabajadora. La jubilación debiera ser siempre voluntaria (supeditada a la aptitud al puesto de trabajo) en el límite máximo y obligatoria en el mínimo. Esto es, debe haber una edad (quizá entre 60 y 65 años) a partir de la cual el trabajador pueda retirarse si quiere con plenos derechos y nadie pueda obligarlo a seguir trabajando. Los que no quieran, que sigan. Sería bueno que la nueva ley eliminara la discriminación por edad que practica el Estado.

Ejemplo tercero: los privilegios. Todo privilegio es una discriminación. En la hora en que se recortan los salarios de todos los trabajadores, no sólo de los funcionarios, en que descienden los ingresos de las familias, en que millones de personas sobreviven con un salario mínimo que es de los más bajos de Europa, sólo por encima de Montenegro, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia en la zona euro, es impresentable que los representantes políticos de la más variada condición cobren sueldos doce o catorce veces el salario mínimo, además de gajes, bicocas y beneficios. Ya sé que esto suena algo demagógico pero entre la demagogia y la sensibilidad la línea es tenue. Y lo mismo pasa con las pensiones: cuando se anda rateando con las de la gente no es de recibo que los cargos públicos, la "clase política", tenga unas condiciones de retiro escandalosas. Es decir, tanto en salario real como en diferido, el Estado practica una notable discriminación en relación con la población en su conjunto; su personal, en buena medida el que hace la ley, se sitúa por encima de ella porque goza de privilegios.

Ejemplo cuarto: la Corona. La razón misma de ser de la Monarquía es la discriminación por razón de nacimiento. La Corona está por encima de la ley. Las razones para justificar este absurdo son otros tantos absurdos.

Estaría bien que la nueva ley contra la discriminación tomara medidas eficaces para acabar con la discriminación que practica el Estado. Así éste volvería a estar dentro de la ley, a ser legal, a ser un Estado de derecho y no uno de privilegios. Si alguien puede hacer algo así es el PSOE. ¿O tampoco?

(La imagen es una foto de Richard Loyal French, bajo licencia de Creative Commons).

dijous, 8 d’octubre del 2009

Se acabó la farsa.

La Corte Constitucional italiana ha devuelto la dignidad a los italianos impidiendo que se consume la última arbitrariedad de ese indeseable que tienen de primer ministro de ponerse por encima de la ley. Un intento de reventar el Estado de derecho atacándolo en su misma médula, el imperio de la ley y el principio de igualdad de todos ante ella con igualdad de responsabilidad. La intención de que alguien, él en concreto y dos o tres cargos más, para disimular, no sean responsables por sus actos.

De inmediato ha dicho Il Cavaliere que la decisión es política y que el Tribunal Costitucional está lleno de izquierdistas que, ya se sabe, lo persiguen contra todo derecho. Estos personajes, estos Berlusconis, Aznares y Rajoys son iguales en todas partes: juegan a la democracia y al Estado de derecho mientras les conviene pero, si las cosas se tuercen, tiran contra ellos, los deslegitiman porque, en el fondo, no son demócratas; ni siquiera son políticos sino sátrapas arbitrarios acostumbrados a hacer lo que quieren e imponer su voluntad por los medios que sea en la esperanza de que gozarán siempre de impunidad. El señor Berlusconi tendrá ahora que comparecer ante dos tribunales de justicia, a responder por sus hechos. Igual que es de esperar que algún día comparezca ante otro el señor Aznar por la canallada de la invasión del Irak decidida contra toda legalidad internacional en las Azores.


(La imagen es una foto de fabbio, bajo licencia de Creative Commons).

dimecres, 10 de juny del 2009

Hablando de Berlusconi de Roma...

...por la puerta asoma, aquí lo tenemos, en vera efigie, el prohombre contemporáneo, el héroe de Carlyle, el superhombre de Nietzsche, el mando a cuyo imperio se abate la orgullosa majestad de la ley, el que somete con mano firme el ensangrentado caballo alado, la vigorosa lucha final con las fuerzas del mal.

Su comparecencia es siempre heraldo de algún portento mayor, de una decisión insólita que hace crujir las cuadernas del navío. Personifica la solidez y soledad del poder. El guía que toma las decisiones en nombre de todos pero sin ayuda de nadie. Aquel que responde ante Dios y la historia. El encargado de la entrada y el guardian de la puerta de la salida. El depositario del carisma por procedimiento escrupulosamente democrático.

Una figura así encaja mal en el esquema del Estado de derecho. Pero tiene que encajar porque a día de hoy es la única fuente de legitimidad. Que use ésta para socavar la del propio Estado de derecho, para situarse por encima de la ley y romper con el principio mismo del imperio de aquella es parte de la perversión de este tipo de despotismo legal y plebiscitario que ha puesto en marcha Silvio Berlusconi en su país. Una nueva forma de ataque a la democracia para la que (una vez más) ésta no estaba prevenida: el ataque desde dentro, como el gusano de la manzana.

(La imagen es una foto de rogimmi, bajo licencia de Creative Commons).

dissabte, 30 de maig del 2009

Objeción de conciencia.

En los países de tradición romana, como España, el juez es, según Montesquieu, "la boca que pronuncia las palabras de la ley"; lo que, entre otras cosas, significa que las palabras de la ley han de pronunciarse, que el juez no puede dejar de pronunciarlas, no puede dejar de decir qué sea el derecho, no puede dejar de hacer derecho. Por ningún motivo. Tampoco el de la objeción de conciencia. El Tribunal Supremo ha tenido que recordar algo tan obvio a un juez valenciano que pretexta objeción de conciencia para no cumplir con el mandato de la ley de casar a una pareja de lesbianas, creo; de homosexuales en todo caso. Sostiene su señoría tal desatino, supongo, por imitación a otros profesionales, como los médicos, o no profesionales, como los padres de familia, que invocan la objeción de conciencia unos para no practicar abortos y otros para que sus hijos no cursen "educación para la ciudadanía". Pero los jueces no tienen derecho a la objeción de conciencia. En realidad, nadie tiene tal derecho. Ningún Estado puede razonablemente reconocer el derecho a desobedecer la ley por razones de conciencia. Se da alguna excepción, como el reconocimiento de la objeción en alguna situación específica, por ejemplo el servicio militar obligatorio en España. En otros lugares será por otros motivos pero siempre se trtará de situaciones excepcionales- El criterio único dominante es el de el juez está obligado a hacer justicia pronunciando las palabras de la ley (que es lo que significa la iuris dictio) porque la justicia es, además de un principio, un derecho de los ciudadanos.

No hay objeción de conciencia frente a los matrimonios homosexuales como no la hay frente a Educación para la ciudadanía. Ya está bien de negar a la gente sus derechos pretextando nobles principios. Sobre todo principios por los que la izquierda ha luchado siempre contra la derecha como el de objeción de conciencia. O sea, ya está bien de prostituir el mundo.

(La imagen es una foto de antenamutante, bajo licencia de Creative Commons).

dijous, 28 de maig del 2009

Objetivo: Garzón.

Las querellas contra Garzón deben de ser moneda corriente en el Tribunal Supremo. No así las que pasan a estado procesal. Con ello el TS está diciendo que puede haber habido delito, prevaricación, en lo actuado por el juez Garzón. Por ahí se ha lanzado el PP como un solo hombre y haciendo trizas la presunción de inocencia que siempre reclama para sí al dar por supuesta la prevaricación como se deduce de las declaraciones de doña Soraya Sáez de Santamaría de que no puede haber inmunidad "para nadie que pretenda utilizar la ley de forma arbitraria". En las que se viene a admitir que así ha sucedido.

Quien haya seguido la actualidad político-judicial española en los últimos veinte años sabe que el juez Garzón es una pieza clave en un determinado espíritu de regeneración de la vida pública española. Pieza clave asimismo por abatir en los cenáculos de quienes se beneficien o hayan beneficiado del crimen organizado (Garzón comenzó a hacerse célebre en sus actividades en contra del narcotráfico), del terrorismo de Estado en tiempos de los GAL, de la actividad de apoyo social y económico a ETA, de la impunidad de los viejos dictadores por los crímenes cometidos y del mantenimiento del pacto de silencio sobre el pasado de la primera Transición en España. En cualquier de estos capítulos el juez ha hecho méritos suficientes para que la derecha dispare contra él. Disparar balas dialécticas, por supuesto. Sabido es que el PP ha interpuesto numerosas denuncias y querellas contra el señor Garzón por los más diversos motivos. El caso era parar su acción. Y donde no por querellas, la acción se orientaba por el insulto o la descalificación para desprestigiarlo. Todavía sonará en muchos oídos cómo el señor Rajoy decía que el señor Garzón era del PSOE porque en cierta ocasión concurrió a unas elecciones yendo como segundo en la lista del PSOE de Madrid; pero el mismo señor Rajoy oculta ladinamente que en esa misma legislatura el juez Garzón abandonó la política, se reintegró en su puesto de magistrado de la Audiencia Nacional y, desde él, procesó al ex-ministro del Interior socialista y a altos cargos del departamento, que es una curiosa forma de ser del PSOE.

El mérito del señor Garzón se incrementa porque no sólo sale normalmente airoso en su función de pararrayos sino que contribuye positivamente a aumentar la garantía y sentido de la justicia del lugar en que se halle.Y lo hace con nuevas iniciativas. Porque la presencia del juez Garzón en el asunto de la memoria histórica no solamente ha sido un notable incentivo para empezar a hacer justicia a las víctimas del franquismo, sino que ha planteado también un problema que ayudará a avanzar en el campo de la protección efectiva de los derechos de los niños, solicitando que se exhumen los cuerpos de los represaliados por la dictadura y que se indague el paradero de los miles de niños secuestrados por los franquistas y entregados a familias afectas al régimen, a veces en condición de criados.

Se comprende que, aunque lo jaleara en alguna ocasión, la drecha profese verdadera inquina al juez.


(La imagen es una foto de carolonline, con licencia de Creative Commons)

diumenge, 1 de març del 2009

¿Por qué insultan?

Todo el mundo sabe que el discurso político español está trufado de insultos y que los políticos y comunicadores españoles son de insulto fácil y frecuente. Mucho más que en otras latitudes. Y dentro de esa costumbre general del insulto, la injuria y hasta la calumnia, la derecha se lleva la palma con creces. La derecha española y españolista porque las derechas nacionalistas, al estilo de CiU y el PNV no suelen recurrir al insulto; al contrario, los reciben de sus correligionarios mesetarios. Y en cuanto a la izquierda, por cada alcalde de Getafe que llama "tontos de los cojones" a los votantes del PP o por cada comunicador que, como la señora Maruja Torres, los llama "gilipollas", hay diez políticos y comunicadores del PP barbotando insultos contra los votantes, los militantes del PSOE, los políticos y comunicadores de la izquierda, o contra las gentes sin más en quienes ellos suponen esas tendencias, día y noche, sin parar, desde sus columnas de prensa, espacios radiofónicos o programas de televisión. En la foto puede verse al señor Luis Herrero, periodista y europidutado del PP, llamando "golfo" al juez Garzón en un programa de Telemadrid dirigido por el señor Sáez de Buruaga que es un prodigio de manipulación. Este señor Herrero es un insultador compulsivo. Hace poco, desde los micrófonos de la COPE llamaba "cabrón con pintas" al mismo juez Garzón. Quien desee escucharlo en su salsa insultona (no es espectáculo agradable), que eche una ojeada al vídeo a continuación.

No se crea que el señor Herrero es lo más injurioso que hay en lo pagos de la derecha. La COPE es una máquina de insultar y vilipendiar, El Mundo hace lo mismo, el grupo Intereconomía no se dedica a otra cosa en sus distintas variantes. Insultos, ofensas, injurias sistemáticas. ¿Hace falta recordar la batería de insultos que el señor Rajoy dedicó al señor Rodríguez Zapatero durante los cuatro años de la legslatura anterior? Bobo solemne, Bambi, incompetente, irresponsable, antojadizo, indigno, cobarde, perdedor complacido, traidor a los muertos, inútil, maniobrero, chisgarabís, sectario, vacío, insensato, frívolo, incapaz, acomplejado... Y con el señor Rajoy, casi todos los cargos de su partido y los plumillas que tiene repartidos por la prensa afín, desde La Razón a Libertad digital.

La pregunta es: ¿por qué insultan? ¿Por qué son tan agresivos, tan broncas, en definitiva, tan insoportables? La respuesta no es difícil: porque no solamente no son demócratas ni respetuosos con el Estado de derecho (ya que éste último requiere, cuando menos, respetar el derecho al honor de los demás, cosa que, por ejemplo, el señor Jiménez Losantos no hace, como se acredita con reiteradas sentencias judiciales en su contra) sino que ni siquiera son políticos. Que no quieren que haya política, que prefieren la dictadura, en una palabra, y por ello llevan el debate siempre al terreno de la provocación, para desestabilizar cuanto puedan y acabar con la democracia y el Estado de derecho. Ambos, democracia y Estado de derecho son reivindicaciones de la izquierda, no de la derecha. Por supuesto, ésta protesta siempre con grandes aspavientos y de modo bien sonoro su fe en la democracia, dado que hoy no es posible ganar elecciones diciendo que no se cree en ella. Pero su compromiso democrático es inexistente.

¿Pruebas? Muy sencillo: ¿en dónde estaba la derecha durante la Dictadura? En el Gobierno del dictador. ¿Partidos clandestinos de la derecha durante la Dictadura? Ni uno. Un par de cenáculos y grupos de amigos monárquicos y pare usted de contar. ¿Persecuciones de la Dictadura a la derecha por oponerse a ella? Ni una. Nada parecido al Partido Comunista de España, que tenía las cárceles de Franco perpetuamente a rebosar de presos políticos; nada al PSOE, también presente, aunque mucho menos activo que los comunistas. La derecha nacional española jamás se opuso ni resistió a la Dictadura sino que, al contrario, colaboró y se identificó con ella. Era ella misma. La derecha no necesitaba partidos políticos porque su partido político era la propia Dictadura con cuya ideología de "no se metan en política" de Franco comulgaba entonces y comulga ahora.

La derecha se organiza como partido político cuando se acaba la Dictadura y España toma un rumbo democrático, y la organiza un ex-ministro franquista que, en un primer momento, llega a tener a su lado hasta otros seis ministros de Franco. El puro sentido común dice lo demás: ¿a qué aspiraban esos viejos franquistas? ¿A qué podía aspirar Fraga? A volver a la Dictadura a la que tan fielmente habían servido, cuando no era necesario argumentar ni razonar las posiciones porque los adversarios estaban todos en la cárcel o bajo tierra.

¿A qué aspiran ahora? Pues a lo mismo. ¿A qué, si no? Por supuesto, no pueden decirlo con claridad. No pueden decir que prefieren la dictadura a la democracia porque no está el horno para bollos ni los cuarteles para filigranas y, aunque la Iglesia parece a punto de caramelo y volvería encantada a hablar de "cruzada", sin fuerza militar no es posible acabar con la democracia y hay que ganar elecciones. Pero cada vez que barbotan sus sartas de insultos e injurias, cada vez que el señor Baltar llama "mariconazo" a un adversario, cada vez que el señor Fabra dice que va a mear en la sede de IU, cada vez que se lanzan de lleno a la agresión, utilizan la vieja táctica de la extrema derecha de la provocación, a ver si el otro salta y se puede dar una patada al tablero democrático con la excusa de que la política es "irrespirable" que todos los políticos insultan, etc, etc. Mentira, todo mentira. La política no es irrespirable, sino que la hacen ellos irrespirable; los políticos no insultan; son ellos quienes lo hacen.

Así que quede claro: ¿por qué insultan? Porque no son democrátas, no lo han sido jamás, no tienen respeto por el Estado de derecho y prefieren la dictadura, en donde viven mucho mejor.

Una última e incómoda pregunta a todos esos/as conversos/as de la izquierda a la derecha que coadyuvan hoy a sostener el clima de agresividad, enfrentamiento y ataque al espíritu dialógico de la democracia: ¿qué creen que pasaría con ellos si esta derecha agresiva, insultante, injuriosa, antidemocrática, consiguiera sus objetivos reales, no los simulados? ¿Creen que les perdonarían su pasado en atención a los servicios prestados hasta la llegada de la nueva regeneración nacional de la España una, grande y "libre" con la que sueñan?

divendres, 27 de febrer del 2009

Desafueros.

Muy graves deben de ver las cosas en el PP para lanzarse así a tumba abierta a comportamientos de talante tan autoritario y antidemocrático. Desde que se destapó el escándalo de los espías, que ya era pintoresco, se ha producido una especie de escalada de desatinos que se ha exacerbado cuando el patio se llenó también de corruptos haciendo compañía a los espías de forma que al final el respetable ya no sabe si espiaban porque eran corruptos, eran corruptos porque espiaban o ambas cosas tienen ya tan poco que ver entre sí como comer lentejas y jugar a la brisca en Tudela. Y conste que digo Tudela sin intencionalidad alguna, como podía haber dicho Navalcarnero o Sigüenza.

Entre tanto nerviosismo es comprensible que la dirección del PP reaccione agresivamente; comprensible pero no justificable. El señor Rajoy no puede decir por la tele que se está incoando una "causa general" contra el PP porque eso es un solemne desatino, una acusación tremenda contra el Estado de derecho y la democracia porque ¿quién esta incoando esa "causa general" ya que éstas no se incoan solas?: ¿el Parlamento? ¿El Gobierno? ¿El Poder Judicial? ¿La Corona? Conviene que lo diga porque una "causa general" como él sabe muy bien es un delito y un atentado bestial a los principios mismos del Derecho y el último (y primero por lo demás) en cometerlo en España fue Francisco Franco, de cuyo régimen guarda el PP excelente memoria, según dice alguno de sus dirigentes. O sea, que nada de "causa general", ¡qué disparate!

Tampoco puede decir el señor Rajoy que el juez Garzón debe abstenerse "porque es socialista"; otra barbaridad inverosímil en alguien que ha sido vicepresidente del Gobierno. Preguntas: ¿cómo lo sabe él? ¿Qué significa exactamente "ser socialista"? ¿En qué se nota que ser socialista -caso de que "ser socialista" sea un enunciado con sentido y el juez Garzón encaje en ese sentido- perjudica la labor judicial? ¿Más o menos que ser del Opus? ¿Más o menos que ser "popular"?

El presidente del principal partido de la oposición no puede ir por ahí diciendo barbaridades sobre las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Y supongo que tampoco pueden ir haciendo lo mismo, política de tierra quemada, otros cargos del partido imputados o próximos a serlo según rumores. Esto de los rumores está mal, aunque parecen difíciles de eliminar en sociedades abiertas como la nuestra con libertad de expresión y derecho a la información. Lo que no se puede es decir que eso está muy bien y batir palmas con las orejas cuando las filtraciones nos benefician no hablando entonces de filtraciones sino de "periodismo de investigación" y pedir que se persigan cuando nos perjudican que ya no son periodismo de investigación sino puras murmuraciones despreciables movidas por la verde envidia.

No es de recibo que, al saberse nombres de imputados, el señor Camps llamara a los suyos a capítulo, incluido su hombre en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que cerraran filas en torno suyo, como los círculos angélicos, proclamando su oposición a la inexistente "causa general". La inexistente "causa general" sin embargo es una realidad incuestionable: el franquismo abrió proceso por "rebelión militar" y "auxilio a la rebelión militar" prácticamente a todo quisque de forma que la población no se dividía como en los demás países entre inocentes y culpables confesos sino entre culpables confesos y culpables por confesar, la situación más antiigualitaría que quepa imaginar. El señor Camps no puede lanzar a sus mesnadas a una guerra particular con el Gobierno del Estado como si, caso de ser agraviado, fuera a separarse con el viejo Reino de Valencia en donde la gente lleva tanto siglos honrando a los muertos y enchufando a los parientes y deudos, como bien sabe el señor Fabra, firme guardián de las esencias de la raza.

Pero lo que la derecha definitivamente no puede hacer so pena le estalle el orden no ya nacional o internacional sino simplemente el mental es ir contra los principios mismos del orden constituido cosa que sucede cuando en un escrito de denuncia a uno se le cruzan los cables, como le sucede al señor Bárcenas, tesorero del PP, y afirma que el proceso es una "utilización torcida de las instituciones del Estado y de las funciones jurisdiccionales para tramitar, proseguir y auspiciar una verdadera causa general contra el PP. Ya se ha dicho que de causa general, nada y del uso torcido...ya me contarán. ¿Conoce alguien a algún delincuente a quien no le parezca que se está haciendo un uso torcido de la función jurisdiccional para que triunfe el crimen en contra de la gente inocente? Y esto es solo un ejemplo, no por cierto, un intento de implicar "implícitamente" al señor Bárcenas en trama alguna. Eso de "implícitamente" le molesta mucho.

Por último, tampoco puede ir por ahí el señor Bárcenas, sea tesorero o pontífice diciendo que su situación "recuerda los mejores tiempos de la propaganda goebbeliana y resulta intolerable en un Estado democrático y de Derecho". No sé qué creerá este señor que hacía Goebbels pero está claro que no tiene ni idea y que confunde a Goebbels con Torquemada o con Stalin, maestros en la supresión física de los discrepantes.

(La imagen es una foto de Contando estrelas, con licencia de Creative Commons).

dissabte, 7 de febrer del 2009

Italia: camino de la dictadura.

Si se me ocurre comparar a Italia en 2009 con Alemania en 1932, a Giorgio Napolitano con el mariscal Von Hindenburg y a Silvio Berlusconi con Adolf Hitler seguramente estaré exagerando. En el caso de Napolitano/Von Hindenburg por exceso y en el de Berlusconi/Hitler por defecto. Que me estoy quedando corto, vaya. El conflicto que ha provocado Il premiere italiano (cuya capacidad histriónica es superior a la del cabo austriaco) pone en jaque al Estado de derecho en Italia desde el momento en que enfrenta al poder legislativo con el Presidente de la República por una parte y con el Poder Judicial (representado aquí por el Tribunal Supremo cuyas sentencia se niega a cumplir el Gobierno del Cavaliere) por la otra. Téngase en cuenta que el dominio que Berlusconi ejerce sobre el parlamento es muy superior al que ejercía al principio A. Hitler sobre el Reichstag en el que no disponía de mayoría absoluta.

Lanzar a unos poderes del Estado contra otros, al tiempo que se controlan los medios de comunicación y se cuenta con el apoyo incondicional del Vaticano (hoy en manos de un antiguo miembro de la Hitlerjugend o "Juventud hitleriana") es una vía distinta a la de la marcha sobre Roma de los fascistas mussolinianos, pero tiene la misma carga de provocar un golpe de Estado.

Abrigo la esperanza de que la Corte Constitucional italiana anule ese esperpento de ley que il Cavaliere pretende que aprueben sus siervos y lacayos en el Parlamento italiano que pasan por diputados. La base de la anulación es obvia: la ley no es una ley sino un fraude de ley pensado para desobedecer el fallo del Tribunal Supremo y soslayar el veto presidencial. Repito, un fraude.

Y si el Tribunal Constitucional fallara, cosa improbable pero no imposible dado que en la Italia de Berlusconi nada es imposible, espero que la Unión Europea intervenga porque no puede tolerar que semejante ataque al Estado de derecho quede impune.

Y a todo esto, qué canallada que la pobre Eluana y sus familiares tengan que padecer la brutal y autoritaria injerencia en los derechos humanos de un neofascista prepotente y la carcunda vaticana que siempre está al lado del poder cuando éste es criminal.

(La imagen es una foto de vas vas, con licencia de Creative Commons).